Sugey Karina Morales Vásquez y Otros.
Expediente 765/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sugey Karina Morales Vásquez y Otros.
- Sugey Karina Morales Vásquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de nueve de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 459/2018, del índice de este juzgado, girado a fin de notificar a las promoventes Lisbet Romero Perez, Sugey Karina Morales Vásquez y Óscar Raúl Márquez Ramírez, el auto de nueve de agosto del año pasado; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el libro respectivo. Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se aprecia la razón de veintinueve de agosto del año en curso, asentada por el ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de la que se desprende que no le fue posible notificar personalmente a los citados promoventes el auto de nueve de agosto del actual, en virtud de que los datos proporcionados del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, son insuficientes para localizarlo; en tal circunstancia, se ordena notificarles dicho auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis número II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 1058, del Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." NOTIFÍQUESE.-----------------------------------------------------------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LOS PROMOVENTES EL DIVERSO AUTO DICTADO EL 09/08/2018, QUE DICE: --------------------------------------------------------------------------------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueven Lisbet Romero Pérez, Sugey Karina Morales Vásquez y Óscar Raúl Márquez Ramírez, contra los actos reclamados a la director técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 765/2018. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. Es así, toda vez que los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades que se señalan como responsables, se refieren esencialmente a cuestiones laborales, como son: "incremento de la jornada laboral, carga excesiva de trabajo, violencia moral, negativa de cambio de oficina, hostigamiento laboral, cambio de centro de adscripción, y el memorándum número CFRS13/DG/3139/2018 de cinco de julio del presente año, en el que se comprometen a trabajar sin imprudencia y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así, lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre los aquí quejosos y las responsables que designan, pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. En efecto, no les reviste el carácter de responsables, pues los actos que se combaten se refiere a cuestiones inherentes como trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA" (se desempeñan como psicólogos); luego, se está en un plano de igualdad, y los actos de las responsables no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, se está ante un derecho laboral reclamable ante los tribunales de arbitraje que corresponda. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que establece: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Lo expuesto permite establecer que las señaladas como responsables, no resultan ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues los actos reclamados se suscitan entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el arábigo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Toda vez que los promoventes señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José María Abasolo, con calle Dieciséis de Septiembre sin número, colonia la Merced, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de la materia, y tomando en consideración la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia en turno, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, notifique a los promoventes Lisbet Romero Pérez, Sugey Karina Morales Vásquez y Óscar Raúl Márquez Ramírez, el presente proveído, en el domicilio indicado. Asimismo, deberá requerirlos para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días siguientes a la misma, señalen domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se les harán por medio de lista de acuerdos, conforme con lo establecido en la fracción III, inciso a) del numeral 27, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, remita a este Juzgado de Distrito, el despacho de mérito, con las constancias correspondientes; con apercibimiento al Juez mencionado que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueven Lisbet Romero Pérez, Sugey Karina Morales Vásquez y Óscar Raúl Márquez Ramírez, contra los actos reclamados a la director técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 765/2018. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. Es así, toda vez que los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades que se señalan como responsables, se refieren esencialmente a cuestiones laborales, como son: "incremento de la jornada laboral, carga excesiva de trabajo, violencia moral, negativa de cambio de oficina, hostigamiento laboral, cambio de centro de adscripción, y el memorándum número CFRS13/DG/3139/2018 de cinco de julio del presente año, en el que se comprometen a trabajar sin imprudencia y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así, lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre los aquí quejosos y las responsables que designan, pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de amparo. En efecto, no les reviste el carácter de responsables, pues los actos que se combaten se refiere a cuestiones inherentes como trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA" (se desempeñan como psicólogos); luego, se está en un plano de igualdad, y los actos de las responsables no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, se está ante un derecho laboral reclamable ante los tribunales de arbitraje que corresponda. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que establece: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Lo expuesto permite establecer que las señaladas como responsables, no resultan ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues los actos reclamados se suscitan entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el arábigo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Toda vez que los promoventes señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José María Abasolo, con calle Dieciséis de Septiembre sin número, colonia la Merced, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de la materia, y tomando en consideración la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia en turno, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, notifique a los promoventes Lisbet Romero Pérez, Sugey Karina Morales Vásquez y Óscar Raúl Márquez Ramírez, el presente proveído, en el domicilio indicado. Asimismo, deberá requerirlos para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días siguientes a la misma, señalen domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se les harán por medio de lista de acuerdos, conforme con lo establecido en la fracción III, inciso a) del numeral 27, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, remita a este Juzgado de Distrito, el despacho de mérito, con las constancias correspondientes; con apercibimiento al Juez mencionado que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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