Susana Juárez Hernández y Otros.
Expediente 278/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Juárez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO AVISO... Número de expediente: 278/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Susana Juárez Hernández y Carmela Juárez Hernández, contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades, con registro de este Juzgado 278/2019. Ahora bien, debe desecharse la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo; ya que en el caso se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." En la especie, las inconformes reclaman del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca y otras autoridades, la abstención u omisión de judicializar las carpetas de investigación números 1541/FSV/2019 y 9009/FSV/2019, en las cuales se querellaron al ser víctimas del delito de lesiones. Ahora, las quejosas antes de ocurrir al juicio de amparo, debieron agotar el principio de definitividad previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de las omisiones del Fiscal responsable, medio de defensa innominado previsto en el citado ordinal, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Esto, en la medida que el acto controvertido encuadra en los supuestos a que se refiere el mencionado numeral, por lo que las quejosas previo a instar la acción constitucional, debieron acudir previamente ante el Juez de Control a promover el medio de defensa innominado ordinario que estable dicho dispositivo legal, para que convoque a una audiencia a fin de revisar las actuaciones del Ministerio Público, si fue legal o no, y en su caso decrete las medidas para que esa conducta omisiva cese, y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito. Así, las omisiones del Ministerio Público en la fase de investigación que reclaman las aquí quejosas en calidad de víctimas, debieron impugnarlas ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, página 943, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Por ello, no se establece si se actualizan las excepciones a este principio de definitividad, como lo señala el párrafo segundo de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que existe jurisprudencia, por contradicción de tesis, obligatoria en su observancia para este órgano jurisdiccional, acorde al numeral 217 de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causal de improcedencia, impone desechar la demanda de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 113, de dicho ordenamiento legal. Por otra parte, téngase a las quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y como autorizados únicamente para esos efectos a las personas que refieren. Téngase como representante común de la parte agraviada a Susana Juárez Hernández, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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