Susan Adelina Hernandez Velasco
Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susan Adelina Hernandez Velasco
- Visitador General de la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 84/2021; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. SUSAN ADELINA HERNÁNDEZ VELASCO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de contestación, seguimiento, integración, prosecución procesal y debido proceso, y resolución al expediente de queja DDHPO/1545/(01)/OAX/2020; el nulo respeto al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita; el indebido respeto y acatamiento de lo establecido por el artículo 45 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, la falta de insumos y material para atender la pandemia generada por el virus COVID-19; la falta de seguridad laboral; la falta de medidas para garantizar la seguridad laboral y el mínimo vital ante la posible pérdida del empleo; la indebida e ilegal reducción del salario. Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 4 y 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de contestación a su queja radicada en el expediente de queja DDHPO/1545/(01)/OAX/2020; así como la dilación en su prosecución. Del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, la falta de insumos para atender la pandemia generada por el virus COVID-19; así como la falta de medias para garantizar su estabilidad en el empleo. TERCERO. El Coordinador Jurídico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, lo que demuestra con las constancias que anexó al mismo, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. En efecto, pues el análisis de las citadas documentales permiten conocer que SUSAN ADELINA HERNÁNDEZ VELASCO y otros, presentaron queja ante la responsable en contra del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, por violaciones a su derechos laborales, quedando radicada con el número DDHPO/1545/(01)/OAX/2020. A tal promoción recayó el acuerdo de doce de octubre de dos mil veinte, en el cual se admitió la instancia y se solicitó a las autoridades su declaración y/o informe del acto que se les reclama; proveído que le fue notificado el trece de octubre de dos mil veinte, en el domicilio señalado para tal efecto. Luego, al haber ocurrido tales actuaciones con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiocho de enero de dos mil veintiuno); es evidente que a la fecha de su presentación, no existía el acto reclamado. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible a página 313, Tomo XIV, Octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO: Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Ahora, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la dilación para proseguir el expediente de queja; debe tomarse en cuenta que el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un asunto, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional (en el caso la falta de contestación a su escrito de queja), es improcedente, dado que se trata de actos futuros, inciertos e indeterminados. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible a página 835, Libro 13, Diciembre 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Consecuentemente, y ante la inexistencia del acto reclamado, conlleva a sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Previo a determinar si el acto reclamado al Secretario de Salud, y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, es existente o no, conviene precisar si les reviste la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por otra parte, es pertinente precisar que no basta estimar que los actos reclamados violenten derechos fundamentales, para estimar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para estimar realizado un acto de autoridad, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Conforme a lo anterior, resulta evidente que la relación existente entre la quejosa y el Secretario de Salud, y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado lo constituye en esencia, la falta de insumos para atender la pandemia generada por el virus COVID-19; así como la falta de medias para garantizar su estabilidad en el empleo, lo que evidentemente no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XIX Bis, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: (.) XIX Bis Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; (.)" Como se aprecia del transcrito numeral, los actos reclamados a las dependencias de salud que señala como responsables, son cuestiones inherentes a sus derechos como trabajadora, por tanto, esa relación no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que tenga celebrado, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública. Así, es evidente que la falta de insumos para atender la pandemia generada por el virus COVID-19; así como la falta de medias para garantizar su estabilidad en el empleo, incide en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadora; por lo que no se está en el caso de tener al Secretario de Salud, y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión, se reitera, de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 84/2021, promovido por SUSAN ADELINA HERNÁNDEZ VELASCO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Coordinador Jurídico de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, los indicados en el oficio de cuenta. Con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al informe de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de corroborar en su oportunidad, se hayan exhibido todas las constancias que se indican, pues el presente acuerdo se emite como "trabajo a distancia", de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, vigente a partir del tres de agosto en curso; por lo que, sólo en caso de no estar completa la documentación, se emitirá acuerdo al respecto. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y se fijan nuevamente las CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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