Susana Ávila López
Expediente 549/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Susana Ávila López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE ORDENA ENVÍO DE INFORME Ahora bien, toda vez que en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando que se avocó al conocimiento del presente asunto con motivo de la competencia que le fue declinada, mismo que registró bajo el consecutivo 299/2023; en ese sentido, remítase a dicho órgano jurisdiccional el informe precisado en el párrafo que antecede, previa copia que del mismo se deje en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 894/2022-VIII, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Ambas autoridades con residencia en Zamora, Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Lo es el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. 2.- Lo es el Ciudadano Actuario (expedientes nones) del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A las autoridades señaladas como ordenadoras se les reclama: Por lo que respecta al Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el haber ordenado en el Considerando CUARTO de la sentencia definitiva de condena pronunciada en fecha 31 treinta y uno de Octubre de 2019 dos mil diecinueve, dentro del expediente 965/2018, formado con motivo del Juicio Ejecutivo Mercantil, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el endosatario en procuración de la moral: "SERVICIOS CAMÉCUARO S.A. DE C.V.", frente al demandado JOSÉ LUIS OROPEZA SÁMANO, sacar a remate el bien embargado al demandado, y con su producto, pagar a la actora las prestaciones que obtiene; sentencia definitiva de condena que fue dictada a mis espaldas sin que a la suscrita se le haya oído y vencido en juicio. Por lo que respecta al Ciudadano Actuario (expedientes nones) del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el haber llevado a cabo la Diligencia de Requerimiento de Pago, Embargo y Emplazamiento, de fecha 19 diecinueve de Septiembre de 2018 dos mil dieciocho, dentro del expediente 965/2018, formado con motivo del Juicio Ejecutivo Mercantil, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el endosatario en procuración de la moral: "SERVICIOS CAMÉCUARO S.A. DE C.V.", frente al demandado JOSÉ LUIS OROPEZA SÁMANO, sin que la suscrita se le haya oído y vencido en juicio. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda de garantías; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación que formuló alegatos; reconoció el carácter de tercero interesado a "Servicios Camécuaro S.A. de C.V." y José Luis Oropeza Sámano, actora y demandado en su orden, quienes fueron emplazados el primero por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, el seis de marzo de dos mil veintitrés; y, el once de abril de dos mil veintitrés, este último que se tuvo por apersonado en proveído dictado por este juzgado el diecisiete de abril del mismo año. Asimismo, se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; la cual, previos diferimientos, se celebró el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman actos que derivan de un procedimiento civil que tienen ejecución material dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que la quejosa, ostentándose como tercera extraña típica, señala como actos reclamados a las autoridades responsables, los siguientes: 1. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en la que se trabó embargo sobre los derechos de copropiedad que corresponden al demandado, sobre el inmueble ubicado en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, inscrita con el número 0000002, del tomo 00001710 de fecha vente de agosto de dos mil tres, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Zamora, Michoacán; y, como consecuencia de ello la sentencia definitiva pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 965/2018 que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el endosatario en procuración de "SERVICIOS CAMÉCUARO S.A. de C.V.", en contra de José Luis Oropeza Sámano. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables, aceptaron la existencia del embargo que les fue atribuido; no obstante negaron que se hubiera realizado sobre un bien de la quejosa. Sin embargo, tal negativa debe desvirtuarse, porque de las constancias que al efecto acompañaron a su respectivo informe justificado, se colige que en diligencia de embargo realizada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por el Actuario responsable, en cumplimiento al auto exequendo de diez de agosto de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 965/2018 del índice de la responsable, que se siguió en contra de José Luis Oropeza Sámano, sí se embargó el inmueble ubicado en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, inscrita con el número 0000002, del tomo 00001710 de fecha vente de agosto de dos mil tres, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Zamora, Michoacán. Bien raíz que aduce la quejosa, es de su propiedad, por cesión de derechos de copropiedad de inmueble celebrado entre el citado José Luis Oropeza Sámano y la quejosa ********************. Tales afirmaciones se corroboran con las copias certificadas que de tal procedimiento remitió como complemento de su informe justificado el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Por lo tanto, se tiene probada la existencia de los actos que en esta vía constitucional son reclamados a las autoridades señaladas. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por quien suscribe; y, considerando que quien aquí resuelve no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen minucioso de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que la promovente de la protección constitucional aduce medularmente que la diligencia de requerimiento de pago, embargo, emplazamiento y sentencia pronunciados dentro del juicio ejecutivo mercantil número 965/2018, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el endosatario en procuración de la moral "SERVICIOS CAMÉCUARO S.A. de C.V.", frente a José Luis Oropeza Sámano, transgrede sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 14 y 16 por los siguientes motivos: Sin que se le haya oído y vencido en juicio el inmueble ubicado en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quedó formalmente embargado mediante la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. En su momento se pretenderá rematar y/o adjudicarse la parte proporcional que le correspondía al demandado en el juicio de origen, aun cuando la quejosa es la propietaria de esa parte proporcional. Anteriores circunstancias por las cuales la promovente solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Tales asertos resultan infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: Con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, el apoderado de "Servicio Camécuaro, S.A. de C.V.", promovió ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en la vía ejecutiva mercantil y acción cambiaria directa demanda sobre pago de pesos y otras prestaciones en contra de José Luis Oropeza Sámano, de lo que por razón de turno correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de aquel Distrito Judicial, quien lo registró con el número 965/2018. En proveído de diez de agosto de dos mil dieciocho, la ahora responsable pronunció auto de admisión en la vía y términos propuestos, la demanda de pago de pesos y otras prestaciones planteadas. Autorizó al actuario de su adscripción en funciones de Ministro Ejecutor se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera del pronto y efectivo pago de las prestaciones reclamadas; de no hacerse el pago, se requeriría al demandado o a la persona con quien se entiende la diligencia, para que señalaran bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento que de no hacerlo el derecho para señalar bienes pasaría al actor, sobre los cuales se haría traba real y se pondrían en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designara la actora. Ordenó el emplazamiento del demandado a fin de que dentro del término de ocho días contado a partir de que surtiera efectos el emplazamiento correspondiente, compareciera ante ese juzgado a realizar el pago de lo reclamado o a oponerse a la ejecución, si para ello tuviera excepciones y defensas que hacer valer en su favor. En diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el actuario responsable, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle General Carlos Salazar número 796 de la población de Zamora, Michoacán, en donde localizó y entendió la diligencia directamente con el demandado José Luis Oropeza Sámano, y luego de hacerle saber el contenido del auto pronunciado por la responsable el diez de agosto de dos mil dieciocho, el funcionario actuante asentó en el acta relativa: "Que no nos permite el acceso al domicilio no reconozco el adeudo ni mi firma, no deseo señalar bienes para garantizar ya que no reconozco el adeudo. No conozco ni al señor que dice que yo le debo. Siendo todo lo que desea manifestar. Se le concede el uso de la voz a la parte actora quien manifiesta: Vista la negativa de la parte demandada para permitirnos el acceso a su domicilio, así como su oposición expresa en señalar bienes que garanticen el adeudo que se le reclama. Es que haciendo uso del derecho que me asiste en este momento señalo para su embargo todos y cada uno de los derechos que como propietario le corresponden sobre la finca urbana ubicada en la calle Mariano Jiménez número 203 doscientos tres, del municipio de Tangancícuaro, Michoacán del Distrito de Zamora, Michoacán, cuya propiedad se acredita con el certificado de propiedad con número de registro 00000022 (veintidós) del tomo 00001710 (mil setecientos diez), de fecha 20 veinte de agosto del año 2003 dos mil tres del libro de propiedad del distrito de Zamora, mismo que anexo en original a la presente para su debida constancia legal, así mismo me reservo en este acto el derecho para señalar depositario judicial, igualmente me reservo el derecho de hacer una respectiva ampliación de embargo en caso de ser insuficiente el inmueble señalado así como de solicitar el uso de los medios de apremio es decir fuerza pública y rompimiento de chapas y candados para el debido cumplimiento del auto que se cumplimenta. Siendo todo lo que manifiesta." En auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la responsable tuvo al demandado por contestando en tiempo la demanda enderezada en su contra, oponiendo excepciones y defensas con lo que dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, lo que así tuvo por hecho en diverso de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. El tres de diciembre de dos mil dieciocho, a solicitud del actor, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de inscribir el embargo referido previamente (fojas 44 y 45 del tomo de pruebas); lo que sucedió el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, como se aprecia del certificado de gravámenes exhibido por la parte quejosa (foja 23 del juicio de amparo). Seguido el procedimiento, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, pronunció sentencia definitiva con los siguientes puntos resolutivos: "(.) SEGUNDO.- Resultaron fundadas las pretensiones de la actora, en consecuencia, se condena a José Luis Oropeza Sámano a pagar a la persona moral denominada "Servicio Camécuaro", S.A. de C.V., la cantidad de $155,228.93 ciento cincuenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos con noventa y tres centavos por concepto de suerte principal, así como los intereses moratorios que se generen desde la constitución en mora hasta que realice el pago total del adeudo, a razón del 6% seis por ciento mensual, los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia. TERCERO.- Se ordena sacar a remate el bien embargado al demandado para, con su producto, pagar a la actora las prestaciones que obtiene. CUARTO.- Se condena al demandado al pago de costas. Notifíquese personalmente. (.)." (La anterior determinación integra la presente litis constitucional). Inconforme con tal fallo, el enjuiciado promovió el amparo directo civil número 23/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el que con fecha quince de octubre de dos mil veinte, dictó sentencia que negó la protección constitucional impetrada por el quejoso (fojas 22 a 54 del tomo 2/2 de pruebas). Por su parte, José Luis Oropeza Sámano promovió el diverso juicio de amparo 5/2022 del índice de este juzgado, contra la interlocutoria de liquidación dictada en el juicio natural el dos de diciembre de dos mil veintiuno; en el cual con data veintisiete de julio de dos mil veintidós, se negó la protección constitucional impetrada (fojas 55 a 64 del tomo 2/2 de pruebas). Con base en lo expuesto, son infundados los conceptos de violación expuestos por la peticionaria de amparo. Como quedó de manifiesto, la quejosa reclama la falta de llamamiento y, con ello, la afectación a sus derechos fundamentales de seguridad jurídica (audiencia), legalidad (falta de fundamentación y motivación), acceso a la jurisdicción y propiedad, con motivo de lo resuelto en el juicio ejecutivo mercantil número 965/2018, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el endosatario en procuración de "SERVICIOS CAMÉCUARO S.A. de C.V." en contra de José Luis Oropeza Sámano; y, como consecuencia, todos los actos inherentes a afectar su derecho de propiedad sobre la parte alícuota que por cesión de derechos realizada en su favor por el reo en cuestión, refiere es de su propiedad, ubicado en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, inscrita con el número 0000002, del tomo 00001710 de fecha veinte de agosto de dos mil tres, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Zamora, Michoacán. Derecho de propiedad a su favor que acredita con: Copia certificada el quince de agosto de dos mil veintidós, del contrato privado de cesión de derechos de copropiedad de inmueble realizado entre José Luis Oropeza Sámano como parte cedente y la ahora quejosa como parte cesionaria respecto de la finca urbana ubicada en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, fechado el quince de enero de dos mil quince y ratificado ante el Notario Público número ciento veintinueve con ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán, el dieciséis de enero de dos mil quince. Copia certificada de la escritura pública número 1,773 de quince de julio de dos mil tres, que hace constar la protocolización de las principales constancias del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Lucía Sámano Villanueva, ordenada en el expediente número 1178/2002 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en favor de los herederos Lucía, Alejandra, Leonardo, José Luis y Enrique, todos de apellidos Oropeza Sámano, respecto del inmueble ubicado en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Sin embargo, se estima que en la especie se actualiza la figura de la causahabiencia. Es así porque la quejosa adquirió del demandado del juicio de origen, la parte alícuota del bien raíz que fue materia del controvertido de origen, con posterioridad a que se efectuó e inscribió el embargo sobre el bien raíz afecto, de modo que se sustituyó en las consecuencias jurídicas de su causante; a más de que el contrato de cesión de derechos de copropiedad a la fecha no se encuentra inscrito. En efecto, es preciso señalar que la doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o que ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización de éste adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A los autores del acto jurídico se les conoce como causantes y a quienes los sustituyen, como causahabientes. En otras palabras, se define al causahabiente como la persona que después de celebrar un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. El causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de los autores del acto, sustituyendo o subrogándose a éste a quien se le denomina causante. Existen dos clases de causahabientes: a) A título universal. b) A título particular. La causahabiencia a título universal se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión testamentaria o intestamentaria en la que los beneficiarios de la sucesión comprenden la masa del patrimonio de su autor. La causahabiencia a título particular se constituye cuando la sustitución se refiere únicamente a hechos u obligaciones determinados en forma específica, y puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 512, Tomo IV, del Apéndice 2000, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente texto: "CAUSAHABIENCIA. CUÁNDO SE ACTUALIZA.- La causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, que la mera sustitución del propietario de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada." En alusión a la naturaleza de la causahabiencia, es inconcuso que cuando ésta se actualiza procesalmente en el juicio natural, los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes, pues únicamente asumen el lugar que le corresponde a éstos, ya sea a título universal o a título particular en una medida idéntica del derecho sustituido. Lo anterior tiene fundamento en la siguiente jurisprudencia VI.2o. J/55, Materia(s): Civil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Página: 553, cuyo rubro y texto son: "CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes". Al aplicar la figura de la causahabiencia en materia de amparo, debe tomarse en consideración que la persona tercera extraña quejosa tiene que probar la existencia del derecho que ostenta, aunque no sea idéntico al que detente su causante, como ocurre cuando, por ejemplo, el quejoso es arrendatario y su causante es propietario; esto es así, porque sólo si se prueba ese derecho, quedaría acreditado su interés jurídico de ejercer la acción constitucional correspondiente, lo cual, como se advierte de párrafos precedentes, quedó satisfecho en este caso. Desde luego, el pronunciamiento que el tribunal de amparo haga respecto de ese derecho, no implica un reconocimiento jurídico de la validez del mismo, pues ese aspecto en todo caso debe ser decidido en el controvertido que para ese efecto se promueva ante la potestad común. Ahora, una vez acreditado el interés jurídico con la comprobación del derecho con que comparece la parte quejosa, sólo significa que el causahabiente deberá asumir el mismo rol jurídico que le correspondería a su causante en el amparo. Lo anterior nos lleva a distinguir algunos de los matices que adquiere la figura de la causahabiencia en el ámbito procesal del juicio natural y en el ámbito del juicio de amparo indirecto. Conforme a tales previsiones, en atención a los antecedentes destacados en esta sentencia, se arriba a la conclusión de que el estado jurídico en el que se coloca la peticionaria de amparo con la escritura pública 1,773, -relativa a la finca ubicada en el número 203 de la calle Mariano Jiménez, del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán-, la convierte en causahabiente y a su vez del demandado en el juicio de origen. Pues con posterioridad al inicio del juicio de origen, así como del embargo realizado y su inscripción, fue que adquirió fecha cierta el acto jurídico por el que José Luis Oropeza Sámano cedió a ******************** los derechos de propiedad sobre la parte alícuota de la finca descrita en el párrafo que antecede, en concreto, la data que aparece en la certificación de copias del Notario Público ciento cuarenta y nueve con ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán (quince de agosto de dos mil veintidós). Circunstancia que la propia quejosa reconoce en sus alegatos, pues insiste en la defensa de su derecho de propiedad por haberlo adquirido por cesión de derechos que realizó en su favor José Luis Oropeza Sámano. De manera que si la fecha de la certificación del citado instrumento público con el que pretende obtener la tutela constitucional, data del quince de agosto de dos mil veintidós, es claro que es posterior a la fecha en que se inició el juicio de origen, esto es, al seis de agosto de dos mil dieciocho, en que se presentó la demanda civil, así como en que se realizó el embargo y se inscribió. De ahí que se estime que la quejosa adquirió derechos litigiosos del demandado y, por ende, debe resentir las consecuencias jurídicas de esa persona como parte procesal. Si bien es cierto que la quejosa no es parte formal en el procedimiento del que derivan los actos reclamados y que de manera directa no puede intervenir en él, por no estar legitimada para ello; también es verdad que por virtud de la figura de la causahabiencia es dable concluir que fue oída y vencida por conducto de su causante José Luis Oropeza Sámano, quien sí fue parte legítima para hacer valer los medios de defensa necesarios para la conservación del bien, en su carácter de demandado. Por ende, al actualizarse en el caso la figura de la causahabiencia no se vulnera el derecho fundamental de audiencia en agravio de la solicitante de amparo, ya que al haber adquirido el inmueble que defiende con posterioridad al inicio del juicio, se encuentra sujeta a las resultas del juicio promovido en contra de su causante. Más aún, si bien es de fecha cierta el citado contrato; empero, el acto jurídico de la cesión de derechos de copropiedad no ha sido inscrita ante el Registro Público de la Propiedad del Estado; por ende, tampoco es oponible a terceros ni apto para conceder el amparo. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil." De la misma manera se estima aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE DE FECHA CIERTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, ES INSUFICIENTE PARA CONCEDER EL AMPARO A LA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE ORIGEN, CUANDO ADEMÁS DEL EMBARGO RECLAMA EL REMATE Y LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN. Hechos: Una persona extraña al juicio ejecutivo mercantil ostentándose propietaria de un inmueble promovió demanda de amparo indirecto, en la cual señaló como actos reclamados el embargo, remate y la adjudicación del bien a favor de un tercero, y al efecto exhibió un contrato privado de promesa de compraventa de fecha cierta no inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si un contrato privado de promesa de compraventa de inmueble de fecha cierta no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es insuficiente para conceder el amparo a la persona extraña al juicio ejecutivo mercantil de origen, cuando además del embargo reclama el remate y la adjudicación del bien. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2008 estableció que es ilegal el embargo trabado sobre un inmueble que está fuera del dominio del deudor a causa de un contrato privado de compraventa de fecha cierta que no se ha inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de lo que se deduce que para efectos del amparo, el contrato de fecha cierta no inscrito tiene efectividad cuando el derecho de propiedad del quejoso se enfrenta al derecho personal del embargo; también lo es que con posterioridad la propia Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 333/2012, de la que derivo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.) sostuvo: "... cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil."; por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclama además del embargo del inmueble, su remate y adjudicación; entonces, el derecho real del impetrante de amparo, sustentado en el contrato privado de promesa de compraventa no inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, pues se trata de derechos de la misma naturaleza que, en todo caso, deberán dilucidarse en función de la inscripción del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio." Además también se estima aplicable al particular la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad." Así ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, procede negar a la promovente de amparo la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Actuario adscrito al juzgado responsable, virtud de que su actuación no es reclamada por vicios propios. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formularon las partes, por las razones que se da la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos y las autoridades que quedaron precisados por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*
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Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 954/2018-X, promovido por Sergio Flores Martínez, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y... Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Flores Martínez, contra los actos precisados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el tercero y cuarto de los considerandos de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Flores Martínez, contra los actos precisados en los numerales 6 y 7 del considerando segundo, por los motivos expuestos en el sexto considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy dieciséis de mayo de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, a once de mayo de dos mil veintitrés. RINDE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A SUSPENSIÓN DE PLANO Y SE RESERVA Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por los apoderados jurídicos de las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, mediante el cual rinden el informe que les fue solicitado sobre la suspensión de plano concedida en el presente asunto a la parte quejosa Susana Ávila López. Con lo anterior, se tiene a los ocursantes rindiendo el informe requerido sobre el cumplimiento dado a la indicada medida cautelar, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que de momento proceda realizar mayor pronunciamiento al respecto, hasta en tanto se conozca qué órgano jurisdiccional por razón de turno, conocerá de la demanda de amparo que motivó la formación del presente cuaderno, mismo que quedó radicado con el número VI-549/2023 del índice de este juzgado; una vez que lo anterior acontezca, dése nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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