Stephanye Gabriela Ruiz Hernández

Expediente 995/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
995/2016
Año
2016
Actuaciones
29
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Stephanye Gabriela Ruiz Hernández
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Mich y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO mediante resolución dictada por este Juzgado y confirmarse la misma por el Tribunal de Alzada, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión tanto provisional como definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy Fe/*arga*/*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte tercero interesada, atento a su contenido, dígasele que una vez que el obre acuse correspondiente, donde se advierte que todas las autoridades fueron notificadas de la resolución dictada por este juzgado, se proveerá lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Operación y Promoción de BIDES, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa, que de acuerdo a los registros del Banco Bienestar, S.N.C., el billete de depósito (BIDES) N-781774, expedido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), se encuentre vigente para su pago; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán; once de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de daños y perjuicios relativo al juicio de amparo número VII-995/2016, promovido por Raquel García García, autorizada en términos amplios del tercero interesado Marco Antonio Bolaños Soto contra actos del Juez, Secretario y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Promoción del juicio de amparo. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 8 del juicio principal), ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Stephanye Gabriela Ruiz Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez, Secretario y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, de quienes reclamó la orden de desalojo del inmueble ubicado en Libramiento Sur número 579, esquina con Moctezuma, predio denominado La Hortaliza, en Maravatío, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 822/2015, promovido por Marco Antonio Bolaños Soto, frente a José Nemesio Morones Cisneros y Aida López Baca. SEGUNDO. Admisión del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien previa aclaración, por auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis (fojas 22 a 24 ídem), admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; ordenó emplazar, entre otros, al tercero interesado Marco Antonio Bolaños Soto; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Resolución del juicio de amparo. Seguido que fue el juicio por sus cauces legales, en engrose de diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 134 a 149 ídem), se dictó sentencia en el juicio de amparo de donde emanan los presentes cuadernos incidentales, en la que en su único punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Dicho punto es del tenor siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Stephanye Gabriela Ruiz Hernández, por los actos, autoridades, motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo." CUARTO. Impugnación de la sentencia dictada en el juicio de amparo. No conforme con la sentencia, la quejosa de que se trata mediante escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revisión, el cual se tuvo por interpuesto en auto de seis de marzo de ese año (fojas 159 a 162 ídem). Por razón de turno, correspondió conocer del mencionado recurso al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien mediante auto de veinte de abril de dos mil diecisiete lo admitió a trámite, registrándolo como amparo en revisión número 85/2017 (foja 177 ídem). Mediante sentencia de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el tribunal colegiado en cita resolvió dicho recurso, en el que determinó confirmar la sentencia recurrida en la que se sobreseyó el juicio de amparo (fojas 179 a 197 ídem). QUINTO. Concesión de la suspensión provisional y definitiva al quejoso. En proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis y resolución interlocutoria de once de noviembre de ese mismo año, se concedió a la quejosa Stephanye Gabriela Ruiz Hernández, la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (fojas 20 a 24 y 49 a 53 del incidente en que se actúa), para los efectos de que, si con motivo de lo determinado en el juicio ordinario civil 822/2015, no se había ejecutado la orden reclamada, y por ende, llevado a cabo la diligencia de desalojo y/o desocupación y/o lanzamiento, y de ser la materia del mismo el inmueble que defendió la quejosa y de encontrarse éste en posesión de ésta, no se llevara a cabo dicha diligencia, hasta en tanto la responsable recibiera la notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dictara en el juicio de amparo de donde emanó el incidente de suspensión, en el concepto de que la medida cautelar concedida no surtiría efecto alguno en caso de que ya se hubiere desposeído del inmueble en cuestión a la impetrante del amparo, caso en el que no la autorizaba a entrar en posesión del mismo, si se trataba de actos de fecha posterior a la presentación de la demanda o si emanaren de autoridades distintas a las señaladas como responsables, o bien, si el acto fue dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Lo anterior, previa garantía de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y 10,000 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), sumas que se tuvieron por exhibidas en autos de veintiséis de octubre y dieciocho de noviembre, ambos de dos mil dieciséis (fojas 36 y 83 ídem), a través de los billetes de depósito números N-778556 y N781774, respectivamente, pedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. SEXTO. Promoción del incidente de responsabilidad de daños y perjuicios. A través del escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 118 a 121 ídem), Raquel García García, autorizada en términos amplios del tercero interesado Marco Antonio Bolaños Soto, promovió el incidente de responsabilidad de daños y perjuicios que nos ocupa, el cual se inició en auto de veinticuatro de abril del año en cita (foja 122 ídem), respecto del cual se ordenó correr traslado a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de ese auto, para que manifestara lo que a su interés conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes; asimismo, en dicho auto se le tuvo por ofreciendo como medio probatorio todas las actuaciones relacionadas en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, de las que se ordenó hacer relación en la audiencia relativa; asimismo, se admitió la prueba pericial técnica sobre estudio de mercado y rentabilidad, teniendo como perito de este juzgado a Enrique Villalobos Bravo y de la incidentista a Edgar Sandoval Luz, quienes emitieron su respectivo dictamen y su ratificación correspondiente (fojas 153 a 157, 245 a 234 y 158 y 245 ídem); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente, en términos de lo dispuesto por los artículos 128, 156 y 157 de la Ley de Amparo y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un incidente de reclamación de daños y perjuicios, ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados, en un juicio de amparo concluido. SEGUNDO. Oportunidad. El incidente respectivo se promovió una vez que concluyó el juicio en lo principal y dentro del lapso de seis meses establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo. En efecto, si el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 198 del juicio principal), se dictó el auto en el cual se tuvo por recibido el testimonio del órgano revisor, que confirmó la sentencia recurrida, mismo que fue notificado a las partes el veinticinco de octubre del año en cita, y el incidente se presentó el veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 118 a 121 del incidente); es inconcuso que no transcurrió el plazo previsto en el precepto mencionado en el párrafo que antecede, ya que el término para su presentación fenecía el veintiséis del mes y año en cita. En ese sentido, se estima que la promoción del presente incidente de daños y perjuicios es oportuna. TERCERO. Estudio y decisión de la acción incidental. El incidente de daños y perjuicios es la vía legal a través de la cual, el tercero interesado puede hacer efectiva la responsabilidad que se origine con motivo de la suspensión, cuestión que debe ser decidida por el juzgador; asimismo, impone al actor incidentista la carga de acreditar los extremos propuestos. Así, la litis se constriñe a demostrar que la suspensión de los actos reclamados, le produjo daños y perjuicios, pues no puede estimarse que el hecho de haberse fijado una garantía dé por sentado que se generaron daños y perjuicios al concederse la suspensión, pues es una carga que corresponde al incidentista. En ese sentido, es menester tener en consideración que los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, disponen lo que sigue: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente". De los preceptos transcritos se desprende que el incidente de daños y perjuicios, tiene como objetivo restituir al tercero interesado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. De modo que, podemos concluir que la materia del incidente será resarcir al tercero interesado de los daños y perjuicios generados con motivo del otorgamiento de la suspensión a la quejosa, a quien se le negó el amparo, o bien, como en el caso, se haya sobreseído el mismo. En ese sentido, para la procedencia de la incidencia en comento, se requiere la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1. La existencia de un tercero interesado; 2. El otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados; 3. La exhibición de la garantía exigida con motivo de la suspensión de los actos reclamados. 4. El dictado en el juicio de amparo de una sentencia desfavorable a la parte quejosa. 5. La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Para la demostración de los daños es necesario que se acredite el hecho, acto o situación concreta que los generó, para poder determinar el vínculo o nexo causal entre los daños y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios no es necesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; por el contrario, basta con la narración o explicación de los hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Es aplicable al caso la tesis del contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 159870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.120 K (9a.) Página: 1983 DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 58/2010. Rufina Meléndez Cruz. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García." Asimismo, los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal, establecen lo siguiente: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación". "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación". "Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse". Así las cosas, el artículo 2108 del Código Civil Federal establece que debe entenderse por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; el diverso 2109 del ordenamiento civil señala que el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, en tanto que el artículo 2110 dispone que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Con relación a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que para demostrar los daños y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, para constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. Por lo que hace a los perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, es necesario ubicarse en un plano hipotético y tratarse de situaciones posibles. Lo anterior deriva de la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 161105 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 80/2011 Página: 148 DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. Contradicción de tesis 27/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaráz. Tesis de jurisprudencia 80/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil once." Aplicado en la especie, el acto reclamado consistió en la falta de emplazamiento y todo lo actuado en juicio ordinario civil número 822/2015, promovido por Marco Antonio Bolaños Soto frente a Aida López Baca y José Nemesio Morones Cisneros, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, en específico, la orden de desalojo y/o desocupación del inmueble materia de Litis natural, ubicado en Libramiento Sur número 579, esquina con Moctezuma, de esa localidad, predio denominado La Hortaliza; por lo que la suspensión se otorgó para el efecto de que no se ejecutara ningún acto tendente a privar a la quejosa de la posesión de dicho inmueble, con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con demandados en el juicio de origen. Como requisito de eficacia, la quejosa presentó el billete de depósito número N781774, expedido por el Banco del ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se tuvo por exhibida y se determinó que la medida continuaría surtiendo efectos. Ahora, la parte tercero interesada incidentista narró, en esencia, como hechos que sustentan el pago de perjuicios, el que en el juicio ordinario civil 822/2015 del índice del Juzgado Segundo de primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, que sobre terminación de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, promovió frente a Aida López Baca y José Nemesio Morones Cisneros, con fecha siete de enero de dos mil dieciséis se les condenó a la desocupación y entrega del predio urbano denominado La Hortaliza, ubicado en Libramiento sur número 579. Esquina con Moctezuma, de Maravatío, Michoacán, así como al pago de las rentas reclamadas de los meses de febrero a mayo de dos mil quince, a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), sentencia que fue confirmada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con sede en esta ciudad. Que con motivo del juicio de amparo que nos ocupa, promovido por la quejosa Stephanye Gabriela Ruiz Hernández, en el que se concedió la suspensión del acto reclamado para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se ejecutara la sentencia dictada en el juicio ordinario civil número 822/2015, hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo, no pudo disponer del inmueble en cita, dejando de percibir una renta mensual del mismo por la suma de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional, precio que oscila en el mercando de rentabilidad, que de habérsele entregado el inmueble habría generado una ganancia lícita de aproximadamente $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por el tiempo que duró la tramitación del juicio de amparo; en el concepto -refiere- que la garantía otorgada por la quejosa no cubre tales perjuicios pues el juicio duró en su tramitación doce meses; que la tramitación del juicio repercutió en su economía ya que con motivo del mismo ya que tampoco se cubrieron las rentas vencidas a los demandados en el juicio de origen. Partiendo de dichas premisas, se estima que la presente incidencia es fundada, por los siguientes motivos. Asiste razón a la incidentista porque si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar; también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, como ya se adelantó, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia ya precisados anteriormente. Respecto al punto que antecede, atendiendo a lo determinado en el presente fallo, es necesario precisar que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios, debe ser de manera presuntiva, dado que con la promoción de un juicio de amparo, y la obtención de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica, es inconcuso que se causa una afectación al tercero interesado, en tanto que se ve privado del disfrute de un derecho que le corresponde. Por tanto, es desproporcional solicitar que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo se puede advertir de forma presuntiva si el tercero interesado resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que en cuanto a la demostración de los perjuicios no es necesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; es decir, basta con la narración o explicación de hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Precisado lo anterior, como ya se dijo, asiste razón a la recurrente en virtud de que del análisis de la instrumental de actuaciones, puede inferirse que con la concesión de la suspensión decretada en el juicio de amparo, se le provocó una afectación, en tanto que no se pudo materializar la orden de lanzamiento ordenada por el juez responsable en el expediente 822/2015. De ahí que, con ese retraso, es jurídicamente aceptable considerar que se causó una afectación al recurrente, pues no pudo disponer de un bien inmueble de su propiedad, por lo que no estuvo en posibilidad de arrendarlo o venderlo; asimismo, la afectación deriva que el recurrente no pudo tener pleno uso de un inmueble de su propiedad con motivo de que la quejosa en el juicio de amparo pretendió hacer valer un derecho de posesión que quedó acreditado no tiene, lo que únicamente provocó un retraso en la ejecución del lanzamiento ordenado en el juicio natural citado. De modo que, quedó demostrado el perjuicio que se ocasionó al recurrente, pues si bien es cierto no es necesario que se narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; también lo es que, como sucedió en la especie, basta con la narración o explicación de los hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado, pues al no haberse podido lanzar al poseedor del inmueble, el recurrente como propietario no pudo hacer uso del mismo. Así, de lo expuesto se infiere que: a) La parte quejosa se ostentó como poseedora del inmueble controvertido. b) Al momento de ejecutarse la sentencia definitiva del juicio de origen, acudió al juicio de amparo generador a su vez de este incidente. c) Se benefició con la medida suspensional, respecto de la cual exhibió la garantía que se le fijó. d) No obtuvo sentencia favorable en el amparo en sus dos instancias. En ese contexto, se concluye que el tercero interesado no pudo disponer del inmueble materia del juicio natural por virtud de la concesión de la medida suspensional, lo que por sí solo demuestra el perjuicio resentido con motivo de la suspensión de los actos reclamados. Así, se consideran acreditados los elementos de la acción incidental, pues la intentó el tercero interesado; hubo concesión de la medida suspensional; se exhibió la garantía; la quejosa no obtuvo sentencia favorable en el particular en ambas instancias; se acreditó el hecho de que se benefició con la medida; y, con las pruebas ofrecidas en el incidente y las constancias del expediente se acredita que la tercera interesada, derivado de la falta de disponibilidad de su bien inmueble, por virtud de la suspensión de los actos reclamados, sufrió el perjuicio que ello le generó, al menos por las cantidades otorgadas para que surtieran efectos las suspensiones provisional y definitiva, esto es, al menos $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional). Cabe destacar, que aun y cuando pudiera llegar a considerarse que los perjuicios resentidos por el tercero interesado pudieran ascender a una cantidad mayor a las exhibidas por la quejosa como garantías para que surtieran efectos la suspensión provisional y definitiva, lo cierto es que en el juicio de amparo únicamente podrán hacerse efectivos tales garantías hasta por el monto total por el que fueron fijadas y otorgadas, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda hacer valer lo que a su interés crea conveniente en diversa vía ordinaria que eventualmente pudiera llegar a ser procedente. En consecuencia, se condena a Stephanye Gabriela Ruiz Hernández, al pago de los perjuicios reclamados, solo en lo concerniente a los billetes de depósito que por concepto de la suspensión provisional y definitiva fueron otorgados por la quejosa, a través de los billetes de depósito números N775586 y N781774, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, valioso por las sumas de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); por consiguiente, una vez que la presente resolución quede firme, entréguense dichos billetes de depósito al tercero interesado Marco Antonio Bolaños Soto, a fin de cubrirle los perjuicios que le fueron ocasionados con motivo de la suspensión provisional y definitiva decretadas en autos. Por lo expuesto, fundado, con apoyo en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es fundado el incidente de reclamación de daños y perjuicios. SEGUNDO. Se ordena hacer efectivas en favor del tercero interesado Marco Antonio Bolaños Soto las garantías exhibidas por la quejosa Stephanye Gabriela Ruiz Hernández. TERCERO. Una vez que la presente resolución quede firme, entréguense los billetes de depósito números N775586 y N781774, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, valioso por las sumas de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), al tercero interesado Marco Antonio Bolaños Soto, a fin de cubrirle los perjuicios que le fueron ocasionados con motivo de la suspensión provisional y definitiva decretada en autos.

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