Stefany Berenice Carreón Reyes

Expediente 963/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
963/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Stefany Berenice Carreón Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de mayo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvanse a las autoridades responsables las documentales que remitieron en apoyo de su informe justificado; solicitándoles el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil diecinueve. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 963/2018-IX, promovido por Stefany Berenice Carreón Reyes, por propio derecho, contra actos de los Directores de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B" y "D", adscritos a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y al Director General de Seguimiento "B", todos de la Auditoría Superior de la Federación; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Stefany Berenice Carreón Reyes promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades señaladas con antelación de quienes reclamó los actos que precisó en los siguientes términos: ".De las autoridades señaladas con los numerales 2 y 3 se reclama: La declaratoria de no solventación de los Pliegos de Observaciones, cuyos datos y características preciso más adelante y de daño a la Hacienda Pública Federal, por las cantidades que señalo, determinados en los mencionados dictámenes técnicos, en mi calidad de Directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en los periodos que precisa, en los oficios que indica. .De la primera. La emisión de los acuerdos de inicio del procedimiento para el fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias de fecha ocho de octubre del dos mil dieciocho." Acto que la parte quejosa, consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó el asunto como el expediente 963/2018; y, se previno a la quejosa para que aclarara su demanda sobre diversos aspectos. Solventado lo anterior, el veintinueve de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención al Ministerio Publico de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el pasado ocho de marzo de dos mil diecinueve, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por reclamarse actos cuya ejecución tendrá verificativo dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a la autoridad responsable, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, son los siguientes:  La falta de llamamiento al procedimiento de fiscalización de cuenta pública 2014, realizado respecto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2014; con motivo del cual se generaron los pliegos de observaciones PO0340/2016, PO0339/16 y PO00341/16; y,  Como consecuencia, el inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su respectivo informe justificado, algunas de las responsables negaron la existencia de los actos reclamados; no obstante, de las constancias que integran tanto el procedimiento de fiscalización de cuenta pública, como de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027, se obtiene que sí existen los actos combatidos. Lo anterior, debido a que dicho medio de convicción merece pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, al rendir su informe justificado el Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D" adujo que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV , en relación con el diverso 17 , ambos de la Ley de Amparo. Tal aserto es fundado. De inicio, resulta necesario precisar que los artículos 5 de la otrora Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el veintinueve de mayo de dos mil nueve, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son del tenor siguiente: "Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el Presupuesto, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal." "Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional." (En ambos casos, el énfasis es añadido) De las porciones normativas reproducidas, en lo que interesa, se desprende que a falta de disposición expresa en la ahora abrogada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, debía observarse lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y, que las notificaciones de carácter personal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Ahora, de las constancias que integran el expediente administrativo del que derivan los actos combatidos se obtiene que mediante diligencias de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, verificadas en cumplimiento a los respectivos citatorios de dieciocho anterior, la Auditora Jurídica "A" se constituyó en el inmueble ubicado en: ".calle uno, número 7, colonia San Miguel Chalma, código postal 54140, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.", para hacer del conocimiento de Stefany Berenice Carreón Reyes, de manera personal, los oficios DGRRFEM-D-5591/18, DGRRFEM-D-5595/18 y DGRRFEM-D-5599/18; a través de los cuales se le citaba para comparecer a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027, instaurados en su contra por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de las irregularidades detectadas en el procedimiento de fiscalización de cuenta pública 2014, realizado respecto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2014. De lo expuesto, se desprende que, al menos desde el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la aquí quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los procedimientos de fiscalización de los que derivan los pliegos de observaciones, que a su vez, dieron lugar a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027 (procedimientos los cuales dieron génesis a los actos reclamados). Tan es así, que la propia quejosa exhibió los citatorios DGRRFEM-D-5591/18, DGRRFEM-D-5595/18 y DGRRFEM-D-5599/18, por medio de los que se hizo de su conocimiento que dentro del procedimiento de fiscalización de cuenta pública 2014, realizado respecto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2014, se emitieron los pliegos de observaciones PO039/16, PO040/16 y PO0341/16; y, que con base en tales determinaciones se dio inició a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades referidos supralíneas. También, se desprende que por el tipo de notificación (personal), dicha comunicación surtió sus efectos desde el mismo día en que fue realizada, es decir, el mismo diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Lo anterior, porque en esa fecha se efectuó la diligencia de notificación respectiva; y, porque ya quedó establecido que el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé que las notificaciones de carácter personal surten efectos en la propia fecha de su realización. Tal circunstancia, a su vez permite afirmar que el término para la promoción del juicio de amparo en contra de los actos que aquí se reclaman transcurrió del veintidós de octubre al trece de noviembre de dos mil dieciocho; ello, sin tomar en consideración los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, ni tres, cuatro, diez y once de noviembre, por haber sido sábados y domingos respectivamente; ni uno y dos de noviembre, por haber sido inhábiles. Luego, si la demanda fue presentada hasta el quince de noviembre de dos mil dieciocho, es factible afirmar que el juicio de control constitucional resulta improcedente, al haberse promovido en forma extemporánea. Para evidenciar lo anterior, conviene insertar el siguiente esquema: LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO O C T U B R E 19 20 21 NOTIFICACIÓN (SURTE EFECTOS) 22 23 24 25 26 27 28 DÍA UNO DÍA DOS DÍA TRES DÍA CUATRO DÍA CINCO 29 30 31 DÍA SEIS DÍA SIETE DÍA OCHO N O V I E M B R E 1 2 3 4 INHÁBIL INHÁBIL 5 6 7 8 9 10 11 DÍA NUEVE DÍA DIEZ DÍA ONCE DÍA DOCE DÍA TRECE 12 13 14 15 DÍA CATORCE DÍA QUINCE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Como puede verse, la demanda fue presentada hasta el día diecisiete posterior a que surtió efectos la notificación de los oficios a través de los cuales se informaba el inicio de los procedimientos de responsabilidad, cuya instauración se reclamó en el presente asunto; lo cual patentiza que, en efecto, la demanda fue promovida de manera extemporánea. Máxime, porque en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; pues en el caso, no se reclama una norma general autoaplicativa; ni una sentencia definitiva dictada en un proceso penal; tampoco actos que pretendan privar de manera total o parcial, temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios; mucho menos se trata de actos proscritos por el artículo 22 constitucional; de modo que debía observarse el término genérico para la promoción del juicio de amparo. En tal virtud, al resultar patente la actualización de la causa de improcedencia anunciada al inicio de este capítulo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio de amparo. QUINTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro aspecto, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Stefany Berenice Carreón Reyes, contra actos de los Directores de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B" y "D", adscritos a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y el Director General de Seguimiento "B", todos de la Auditoría Superior de la Federación, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil diecinueve. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 963/2018-IX, promovido por Stefany Berenice Carreón Reyes, por propio derecho, contra actos de los Directores de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B" y "D", adscritos a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y al Director General de Seguimiento "B", todos de la Auditoría Superior de la Federación; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Stefany Berenice Carreón Reyes promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades señaladas con antelación de quienes reclamó los actos que precisó en los siguientes términos: ".De las autoridades señaladas con los numerales 2 y 3 se reclama: La declaratoria de no solventación de los Pliegos de Observaciones, cuyos datos y características preciso más adelante y de daño a la Hacienda Pública Federal, por las cantidades que señalo, determinados en los mencionados dictámenes técnicos, en mi calidad de Directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en los periodos que precisa, en los oficios que indica. .De la primera. La emisión de los acuerdos de inicio del procedimiento para el fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias de fecha ocho de octubre del dos mil dieciocho." Acto que la parte quejosa, consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó el asunto como el expediente 963/2018; y, se previno a la quejosa para que aclarara su demanda sobre diversos aspectos. Solventado lo anterior, el veintinueve de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención al Ministerio Publico de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el pasado ocho de marzo de dos mil diecinueve, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por reclamarse actos cuya ejecución tendrá verificativo dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a la autoridad responsable, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, son los siguientes:  La falta de llamamiento al procedimiento de fiscalización de cuenta pública 2014, realizado respecto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2014; con motivo del cual se generaron los pliegos de observaciones PO0340/2016, PO0339/16 y PO00341/16; y,  Como consecuencia, el inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su respectivo informe justificado, algunas de las responsables negaron la existencia de los actos reclamados; no obstante, de las constancias que integran tanto el procedimiento de fiscalización de cuenta pública, como de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027, se obtiene que sí existen los actos combatidos. Lo anterior, debido a que dicho medio de convicción merece pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, al rendir su informe justificado el Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "D" adujo que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV , en relación con el diverso 17 , ambos de la Ley de Amparo. Tal aserto es fundado. De inicio, resulta necesario precisar que los artículos 5 de la otrora Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el veintinueve de mayo de dos mil nueve, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son del tenor siguiente: "Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el Presupuesto, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal." "Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional." (En ambos casos, el énfasis es añadido) De las porciones normativas reproducidas, en lo que interesa, se desprende que a falta de disposición expresa en la ahora abrogada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, debía observarse lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y, que las notificaciones de carácter personal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Ahora, de las constancias que integran el expediente administrativo del que derivan los actos combatidos se obtiene que mediante diligencias de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, verificadas en cumplimiento a los respectivos citatorios de dieciocho anterior, la Auditora Jurídica "A" se constituyó en el inmueble ubicado en: ".calle uno, número 7, colonia San Miguel Chalma, código postal 54140, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.", para hacer del conocimiento de Stefany Berenice Carreón Reyes, de manera personal, los oficios DGRRFEM-D-5591/18, DGRRFEM-D-5595/18 y DGRRFEM-D-5599/18; a través de los cuales se le citaba para comparecer a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027, instaurados en su contra por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de las irregularidades detectadas en el procedimiento de fiscalización de cuenta pública 2014, realizado respecto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2014. De lo expuesto, se desprende que, al menos desde el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la aquí quejosa tuvo conocimiento de la existencia de los procedimientos de fiscalización de los que derivan los pliegos de observaciones, que a su vez, dieron lugar a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias identificados con los expedientes DGRRFEM/D/10/2018/14/025, 026 y 027 (procedimientos los cuales dieron génesis a los actos reclamados). Tan es así, que la propia quejosa exhibió los citatorios DGRRFEM-D-5591/18, DGRRFEM-D-5595/18 y DGRRFEM-D-5599/18, por medio de los que se hizo de su conocimiento que dentro del procedimiento de fiscalización de cuenta pública 2014, realizado respecto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en específico, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2014, se emitieron los pliegos de observaciones PO039/16, PO040/16 y PO0341/16; y, que con base en tales determinaciones se dio inició a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades referidos supralíneas. También, se desprende que por el tipo de notificación (personal), dicha comunicación surtió sus efectos desde el mismo día en que fue realizada, es decir, el mismo diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Lo anterior, porque en esa fecha se efectuó la diligencia de notificación respectiva; y, porque ya quedó establecido que el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé que las notificaciones de carácter personal surten efectos en la propia fecha de su realización. Tal circunstancia, a su vez permite afirmar que el término para la promoción del juicio de amparo en contra de los actos que aquí se reclaman transcurrió del veintidós de octubre al trece de noviembre de dos mil dieciocho; ello, sin tomar en consideración los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, ni tres, cuatro, diez y once de noviembre, por haber sido sábados y domingos respectivamente; ni uno y dos de noviembre, por haber sido inhábiles. Luego, si la demanda fue presentada hasta el quince de noviembre de dos mil dieciocho, es factible afirmar que el juicio de control constitucional resulta improcedente, al haberse promovido en forma extemporánea. Para evidenciar lo anterior, conviene insertar el siguiente esquema: LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO O C T U B R E 19 20 21 NOTIFICACIÓN (SURTE EFECTOS) 22 23 24 25 26 27 28 DÍA UNO DÍA DOS DÍA TRES DÍA CUATRO DÍA CINCO 29 30 31 DÍA SEIS DÍA SIETE DÍA OCHO N O V I E M B R E 1 2 3 4 INHÁBIL INHÁBIL 5 6 7 8 9 10 11 DÍA NUEVE DÍA DIEZ DÍA ONCE DÍA DOCE DÍA TRECE 12 13 14 15 DÍA CATORCE DÍA QUINCE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Como puede verse, la demanda fue presentada hasta el día diecisiete posterior a que surtió efectos la notificación de los oficios a través de los cuales se informaba el inicio de los procedimientos de responsabilidad, cuya instauración se reclamó en el presente asunto; lo cual patentiza que, en efecto, la demanda fue promovida de manera extemporánea. Máxime, porque en la especie no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; pues en el caso, no se reclama una norma general autoaplicativa; ni una sentencia definitiva dictada en un proceso penal; tampoco actos que pretendan privar de manera total o parcial, temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios; mucho menos se trata de actos proscritos por el artículo 22 constitucional; de modo que debía observarse el término genérico para la promoción del juicio de amparo. En tal virtud, al resultar patente la actualización de la causa de improcedencia anunciada al inicio de este capítulo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio de amparo. QUINTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro aspecto, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Stefany Berenice Carreón Reyes, contra actos de los Directores de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B" y "D", adscritos a la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y el Director General de Seguimiento "B", todos de la Auditoría Superior de la Federación, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados acordados en proveído de veintiuno de enero del año en curso, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Feoms

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