Sumando Esfuerzos, I.A.P.

Expediente 483/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
483/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Sumando Esfuerzos, I.A.P.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-483/2020, promovido por ******************** en cuanto representante de la persona moral "********************.", contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "I", con sede en Morelia, del Servicio de Administración Tributaria; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado el veintiuno de agosto siguiente a este órgano jurisdiccional, ******************** en cuanto representante de la persona moral "********************.", solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE MICHOACÁN "I", CON SEDE EN MICHOACÁN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA". "ACTO RECLAMADO La resolución| con número de oficio ********************, de fecha 27 de abril de 2020, mediante la cual la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "I" con sede en Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, resolvió negar la condonación solicitada en relación con la multa impuesta bajo el número de control ********************, de fecha 29 de octubre de 2019". Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se ordenó admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución material dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La resolución del veintiocho de abril del dos mil veinte, contenida en el oficio ********************, dictada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a través de la cual negó la condonación de multa solicitada por la ahora quejosa, derivada de la resolución determinante número ******************** del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Administradora Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1", Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, tal afirmación se corrobora con las documentales que anexo a su informe justificado, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, las jurisprudencias del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PÚBLICOS.". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Ángeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este juzgador estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, al dictarse nuevas determinaciones, no pueda analizarse la constitucionalidad del mismo sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado se hace consistir, en la resolución que contiene el oficio número ******************** del veintiocho de abril del dos mil veinte, dictada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a través de la cual negó la condonación de multa solicitada por la ahora quejosa, derivada de la resolución determinante número ********************, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, de las pruebas que se allegaron al sumario, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: El veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, se emitió la resolución determinante de multas ********************, a la organización ********************, por la suma de $********************.), en virtud de haber incurrido en omisión respecto de la presentación del "Informe de transparencia, relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017". A través del escrito con folio ********************, ********************, en cuanto representante de la referida persona moral, ahora quejosa, presentó escrito ante la autoridad ahora señalada como responsable, en el cual solicitó la condonación de la multa referida en el punto anterior, bajo el argumento esencial de que su representada es una institución de enseñanza sin fines de lucro en beneficio de la niñez moreliana que no recibió donativos con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de dos mil diecisiete. El veintiocho de abril de dos mil veinte, la responsable emitió la resolución contenida en el oficio ********************, en la cual determinó que no procedía otorgarle a la ahora amparista, la condonación de la multa de forma determinada en la resolución número ******************** de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", dictó mandamiento de ejecución a ********************., hasta por la suma de $********************.) a fin de que se le requiriera del pago del crédito a su cargo, con el apercibimiento en términos de artículo 151 del Código Fiscal de la Federación Vigente, que de no acreditar al momento de practicarse la diligencia de requerimiento de pago, haberlo efectuado, se procedería de inmediato conforme a lo dispuesto por las fracciones I y II de este último artículo, es decir al embargo de bienes suficientes para obtener el importe del crédito y sus accesorios a través del remate de los mismos, al embargo de depósitos o seguros, o al embargo de la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. En cumplimiento al anterior mandamiento, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, el verificador, notificador y ejecutor Héctor ********************, se constituyó en el domicilio fiscal de ********************., en donde fue atendido por ********************, quien manifestó ser la representante de la sociedad antes citada, a quien se le requirió el pago del crédito fiscal y sus accesorios legales, cuyos importes refirió se encontraban contenidos en la liquidación del adeudo señalado en el mandamiento de ejecución, por lo que después de ser requerida, dicha representante manifestó que exhibía pago realizado por la cantidad de $********************; y al resultar dicha suma insuficiente para cubrir la totalidad del adeudo, procedió al embargo de diversos bienes y cuentas propiedad de la empresa. En esa tesitura, es evidente que como ya se adelantó, el presente juicio de garantías resulta improcedente acorde a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues aunque subsiste la resolución que negó la condonación de las multas impuesta a la parte quejosa, en la actualidad ha ocurrido un cambio de situación jurídica que hace imposible el análisis de dicha determinación, sin afectar las diversas actuaciones verificadas con posterioridad, como lo son el mandamiento de ejecución y el embargo sobre bienes de la persona moral quejosa ********************., para garantizar el pago del importe las multas ya determinadas. Es decir, las violaciones que la parte quejosa considera le ocasionó la resolución que negó la condonación del pago de las multas impuestas a la moral quejosa, han quedado consumadas irreparablemente, ante el dictado del mandamiento de ejecución del diecinueve de octubre de dos mil veinte, diligenciado el veintiocho de ese mismo mes y año, al embargar diversos bienes y cuentas de la asociación requerida, hoy amparista. De tal manera que, aunque el juicio de amparo llegara a resultar favorable a los intereses de la aquí quejosa, se tornaría imposible restituir a la misma en el goce del derecho fundamental que considera violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de la modificación del entorno en el cual fue emitida la resolución reclamada, al ya haberse dictado con posterioridad a ésta el mandamiento de ejecución por el cobro de dichas multas, haber verificado la representante de la persona moral hoy quejosa, el pago de una parte de lo requerido e incluso haberse embargado bienes propiedad de la referida asociación. Sirve de apoyo la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018570 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: I.11o.C.28 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1065 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 100/2017. Edith García Carrasco. 28 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 113/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación." En consecuencia, no es procedente la pretensión de la quejosa a la luz del numeral 61, fracción XVII, lo cual conduce a sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** en cuanto representante de la persona moral "********************.", respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE FECHA 10 DIEZ DE MAYO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-483/2020, promovido por ******************** en cuanto representante de la persona moral "********************.", contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "I", con sede en Morelia, del Servicio de Administración Tributaria; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado el veintiuno de agosto siguiente a este órgano jurisdiccional, ******************** en cuanto representante de la persona moral "********************.", solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.)AUTORIDADES RESPONSABLES ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE MICHOACÁN "I", CON SEDE EN MICHOACÁN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA". "ACTO RECLAMADO La resolución| con número de oficio ********************, de fecha 27 de abril de 2020, mediante la cual la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "I" con sede en Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, resolvió negar la condonación solicitada en relación con la multa impuesta bajo el número de control ********************, de fecha 29 de octubre de 2019". Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se ordenó admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución material dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La resolución del veintiocho de abril del dos mil veinte, contenida en el oficio ********************, dictada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a través de la cual negó la condonación de multa solicitada por la ahora quejosa, derivada de la resolución determinante número ******************** del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado.Al rendir su informe justificado la Administradora Desconcentrada Jurídica de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1", Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, tal afirmación se corrobora con las documentales que anexo a su informe justificado, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, las jurisprudencias del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PÚBLICOS.". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Ángeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, este juzgador estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, al dictarse nuevas determinaciones, no pueda analizarse la constitucionalidad del mismo sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado se hace consistir, en la resolución que contiene el oficio número ******************** del veintiocho de abril del dos mil veinte, dictada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a través de la cual negó la condonación de multa solicitada por la ahora quejosa, derivada de la resolución determinante número ********************, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, de las pruebas que se allegaron al sumario, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: El veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, se emitió la resolución determinante de multas ********************, a la organización ********************, por la suma de $********************.), en virtud de haber incurrido en omisión respecto de la presentación del "Informe de transparencia, relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017". A través del escrito con folio ********************, ********************, en cuanto representante de la referida persona moral, ahora quejosa, presentó escrito ante la autoridad ahora señalada como responsable, en el cual solicitó la condonación de la multa referida en el punto anterior, bajo el argumento esencial de que su representada es una institución de enseñanza sin fines de lucro en beneficio de la niñez moreliana que no recibió donativos con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de dos mil diecisiete. El veintiocho de abril de dos mil veinte, la responsable emitió la resolución contenida en el oficio ********************, en la cual determinó que no procedía otorgarle a la ahora amparista, la condonación de la multa de forma determinada en la resolución número ******************** de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", dictó mandamiento de ejecución a ********************., hasta por la suma de $********************.) a fin de que se le requiriera del pago del crédito a su cargo, con el apercibimiento en términos de artículo 151 del Código Fiscal de la Federación Vigente, que de no acreditar al momento de practicarse la diligencia de requerimiento de pago, haberlo efectuado, se procedería de inmediato conforme a lo dispuesto por las fracciones I y II de este último artículo, es decir al embargo de bienes suficientes para obtener el importe del crédito y sus accesorios a través del remate de los mismos, al embargo de depósitos o seguros, o al embargo de la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. En cumplimiento al anterior mandamiento, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, el verificador, notificador y ejecutor Héctor ********************, se constituyó en el domicilio fiscal de ********************., en donde fue atendido por ********************, quien manifestó ser la representante de la sociedad antes citada, a quien se le requirió el pago del crédito fiscal y sus accesorios legales, cuyos importes refirió se encontraban contenidos en la liquidación del adeudo señalado en el mandamiento de ejecución, por lo que después de ser requerida, dicha representante manifestó que exhibía pago realizado por la cantidad de $********************; y al resultar dicha suma insuficiente para cubrir la totalidad del adeudo, procedió al embargo de diversos bienes y cuentas propiedad de la empresa. En esa tesitura, es evidente que como ya se adelantó, el presente juicio de garantías resulta improcedente acorde a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues aunque subsiste la resolución que negó la condonación de las multas impuesta a la parte quejosa, en la actualidad ha ocurrido un cambio de situación jurídica que hace imposible el análisis de dicha determinación, sin afectar las diversas actuaciones verificadas con posterioridad, como lo son el mandamiento de ejecución y el embargo sobre bienes de la persona moral quejosa ********************., para garantizar el pago del importe las multas ya determinadas. Es decir, las violaciones que la parte quejosa considera le ocasionó la resolución que negó la condonación del pago de las multas impuestas a la moral quejosa, han quedado consumadas irreparablemente, ante el dictado del mandamiento de ejecución del diecinueve de octubre de dos mil veinte, diligenciado el veintiocho de ese mismo mes y año, al embargar diversos bienes y cuentas de la asociación requerida, hoy amparista. De tal manera que, aunque el juicio de amparo llegara a resultar favorable a los intereses de la aquí quejosa, se tornaría imposible restituir a la misma en el goce del derecho fundamental que considera violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de la modificación del entorno en el cual fue emitida la resolución reclamada, al ya haberse dictado con posterioridad a ésta el mandamiento de ejecución por el cobro de dichas multas, haber verificado la representante de la persona moral hoy quejosa, el pago de una parte de lo requerido e incluso haberse embargado bienes propiedad de la referida asociación. Sirve de apoyo la tesis: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018570 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: I.11o.C.28 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1065 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 100/2017. Edith García Carrasco. 28 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 113/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación." En consecuencia, no es procedente la pretensión de la quejosa a la luz del numeral 61, fracción XVII, lo cual conduce a sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708."Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** en cuanto representante de la persona moral "********************.", respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia.Notifíquese personalmente.Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. SE DA CUENTA CON RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial levantada el catorce de octubre de dos mil veinte, por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa José Armando Méndez Estrada, por sí o a través de sus apoderados, el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte; por los motivos que esgrime en la misma. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, así como las subsecuentes a la parte quejosa en cita, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcionen nuevo domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista a la parte quejosa el auto de nueve de octubre de dos mil veinte. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano