Soraida Cicibel Rodriguez Arias

Expediente 135/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
135/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Soraida Cicibel Rodriguez Arias

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Adscripción de Secretario en funciones de Juez de Distrito. Se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que no obran los acuses de recibo relativo a los oficios 25/2023 y 1830/2023 dirigidos a la autoridad responsable DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA COFEPRIS, por medio del cual se ordenó notificarle el auto de tres de enero del dos mil veintitrés y el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto. En virtud de lo anterior y a fin de estar en aptitud de acordar lo correspondiente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Administrador de Correos de esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, se sirva remitir los acuses de recibo relativos a las comunicaciones oficiales citadas en el párrafo que antecede, las cuales fueron listadas y les correspondieron los números de registro RM018982193MX y MA025186323MX, en las facturas recibidas el cuatro y treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, o manifieste el motivo que se lo impide, acompañándole para tal efecto copia autorizada de dichas facturas; apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica por Eliseo López González, mediante el cual refiere desistirse del presente juicio de amparo, el cual promovió en favor de la directamente agraviada Soraida Cicibel Rodríguez Arias. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la directamente promovente Soraida Cicibel Rodríguez Arias, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique ante la presencia judicial el contenido del escrito de cuenta, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por no desistida; en la inteligencia de que se faculta al actuario de la adscripción para que al momento de notificar este proveído recabe dicha ratificación. Sin perjuicio de lo anterior, dígasele que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, por la directamente agraviada (promovente) es igual al signado ante la presencia judicial. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), de la segunda sala, visible en la página 1533, libro 8, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de 8 de diciembre de 2021, Undécima Época, con registro digital 2023937, que dispone lo siguiente: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente vía electrónica.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida vía electrónica la demanda de amparo presentada por Eliseo López González a nombre de Soraida Cicibel Rodríguez Arias, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y de otra autoridad; conforme lo prevén el artículo 3° párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis. En atención a su contenido y como lo prevé el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 135/2023-III, y al Secretario respectivo vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integran el presente expediente. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, fracción I, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, para el caso de que no lo presente vía electrónica, a fin de que: PRIMERO. Precise y amplíe, bajo protesta de decir verdad, de manera clara y precisa, los antecedentes del acto reclamado y los hechos o abstenciones que los constituyen o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Ello en virtud de que no se advierte de manera clara el lugar en el que se encuentra detenida la persona en favor de quien promueve, puesto que, primeramente refiere que se encuentra detenida en la Estancia Provisional en una zona despoblada entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo "El Cupape 2", donde se encuentra desde el dieciocho del presente mes y año; asimismo refiere que la directamente quejosa iba en compañía de otras personas quienes se encuentran alojadas en custodia en el albergue para migrantes ubicado en carretera internacional panamericana kilómetro 19, municipio de Berriozábal, Chiapas; y finalmente, quien promueve manifiesta que la quejosa lleva más de treinta y seis horas detenida en las instalaciones de la estación migratoria de la Ventosa en Oaxaca. Siendo que ello representa una irregularidad en su demanda, que no permite clarificar debidamente los antecedentes de los actos reclamados. SEGUNDO. Precisado lo anterior, aclare a qué autoridades señala como responsables, pues en se mismo sentido, del contenido de su escrito de cuenta no se advierte de manera clara tal circunstancia, y a qué autoridades pretende señalar como responsables, conforme al lugar donde la quejosa se encuentre alojada. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo requerido, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Consecuentemente, de momento no es factible pronunciarse sobre la suspensión de plano solicitada, debido a que para ello, la parte promovente deberá desahogar la prevención señalada, a fin de que este órgano de control constitucional provea lo conducente. Notifíquese a la parte promovente por la vía electrónica.

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