Sonia Noyola Guevara

Expediente 1577/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1577/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Sonia Noyola Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos, formación y registro de expediente. Se tiene por recibida la demanda promovida por Sonia Noyola Guevara, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado, con seis copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1577/2022-I-L. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la citada demanda, porque en relación con la actuación impugnada se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, pues no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que el peticionario del amparo reclama del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente de origen 755/2019, la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte tercero interesada en dicha controversia. Así también, en los antecedentes del acto reclamado, la quejosa menciona: Que es albacea definitiva de la sucesión a bienes de Francisco Noyola Martínez, y demandó en fecha once de junio de dos mil diecinueve la reivindicación de un inmueble. Posteriormente se emplazó a la parte demandada y surgió el carácter de terceros interesados a Valente Alejandro y Juan Alejo ambos de apellidos Tello Flores. Que en su oportunidad, diversas personas con el carácter de herederos de la sucesión, comparecieron al juicio iniciado por la albacea definitiva, respecto de reivindicación del inmueble; no obstante, no se les reconoció carácter alguno, por considerar que no eran parte dentro del procedimiento referido. Además, una de dichas personas falleció y al efecto, se hizo del conocimiento tal circunstancia en el procedimiento de reivindicación del inmueble, pues el de cujus tenía el carácter de adjudicatario respecto del bien que se demanda la reivindicación. Por dicha circunstancia, se suspendió el procedimiento, hasta lograr la comparecencia del representante del de cujus. Con relación a dicha determinación, Valente Alejandro y Juan Alejo ambos de apellidos Tello Flores, interpusieron recurso de revocación, mismo que fue resuelto procedente y fundado, ordenando la continuación del procedimiento. Por ende, estima la quejosa que esa determinación y el hecho de omitir suspender el procedimiento, lesiona sus intereses jurídicos, por cuya razón promueve esta instancia constitucional. Por otro lado es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, se puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma afectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, se concluyó que son dos las condiciones que el legislador, dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. 1 Época: Décima Época; Registro: 2006589; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia ; Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h; Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia; AMPARO INDIRECTO. POR REGLA ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. También fortalece lo expuesto la jurisprudencia que señala; CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.3 2 Época: Décima Época; Registro: 2011580; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086. 3 Época: Décima Época. Registro: 2011428. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 1/2016 (10a.). Página: 15. En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga un resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional en los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, de tratarse de actos que no afecten de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. En ese sentido debe establecerse que la sentencia interlocutoria dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de origen 755/2019 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante la cual, se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte tercero interesada; y se negó la suspensión del procedimiento, por el momento sólo ocasiona una afectación a derechos adjetivos o procesales de la quejosa; pero, con ello no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa situación ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia en la medida en que influya en sentido negativo para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esas violaciones adjetivas mediante el juicio de amparo directo, siempre que hayan afectado las defensas de la inconforme, trascendiendo al resultado, en términos de lo prescrito en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa línea, es evidente que la determinación adoptada por la citada autoridad, no puede conducir a considerar que se está frente actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que el afectado obtenga una resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hayan causado con las referidas omisiones. Luego, si los actos que reclama no afectan materialmente algún derecho sustantivo del promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. En consecuencia, por más que la recurrente manifieste que el acto reclamado transgrede sus derechos sustantivos, ni así es posible darle curso legal a la acción constitucional, pues es manifiesto que la consecuencia de dicho acto solo tiene como resultado inmediato de que prosiga el juicio; lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; sino que tiene el carácter de eventuales violación de naturaleza formal, intraprocesal o adjetiva. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Sonia Noyola Guevara, en términos de lo dispuesto en el ordinal 11 de la Ley de la materia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a José Luis Palomino García y Felipe de Jesús Ramírez Vázquez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la persona restante que señala, por así solicitarlo. Asimismo, se le tiene por señalando correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Autorización de consulta de expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, al usuario ravf900216CM. Autorización de medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de documentos, formación y registro de expediente. Se tiene por recibida la demanda promovida por Sonia Noyola Guevara, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado, con seis copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1577/2022-I-L. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la citada demanda, porque en relación con la actuación impugnada se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, pues no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que el peticionario del amparo reclama del Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente de origen 755/2019, la cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte tercero interesada en dicha controversia. Así también, en los antecedentes del acto reclamado, la quejosa menciona: Que es albacea definitiva de la sucesión a bienes de Francisco Noyola Martínez, y demandó en fecha once de junio de dos mil diecinueve la reivindicación de un inmueble. Posteriormente se emplazó a la parte demandada y surgió el carácter de terceros interesados a Valente Alejandro y Juan Alejo ambos de apellidos Tello Flores. Que en su oportunidad, diversas personas con el carácter de herederos de la sucesión, comparecieron al juicio iniciado por la albacea definitiva, respecto de reivindicación del inmueble; no obstante, no se les reconoció carácter alguno, por considerar que no eran parte dentro del procedimiento referido. Además, una de dichas personas falleció y al efecto, se hizo del conocimiento tal circunstancia en el procedimiento de reivindicación del inmueble, pues el de cujus tenía el carácter de adjudicatario respecto del bien que se demanda la reivindicación. Por dicha circunstancia, se suspendió el procedimiento, hasta lograr la comparecencia del representante del de cujus. Con relación a dicha determinación, Valente Alejandro y Juan Alejo ambos de apellidos Tello Flores, interpusieron recurso de revocación, mismo que fue resuelto procedente y fundado, ordenando la continuación del procedimiento. Por ende, estima la quejosa que esa determinación y el hecho de omitir suspender el procedimiento, lesiona sus intereses jurídicos, por cuya razón promueve esta instancia constitucional. Por otro lado es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, se puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma afectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, se concluyó que son dos las condiciones que el legislador, dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. 1 Época: Décima Época; Registro: 2006589; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia ; Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h; Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia; AMPARO INDIRECTO. POR REGLA ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. También fortalece lo expuesto la jurisprudencia que señala; CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.3 2 Época: Décima Época; Registro: 2011580; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086. 3 Época: Décima Época. Registro: 2011428. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 1/2016 (10a.). Página: 15. En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga un resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional en los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, de tratarse de actos que no afecten de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. En ese sentido debe establecerse que la sentencia interlocutoria dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de origen 755/2019 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial, mediante la cual, se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte tercero interesada; y se negó la suspensión del procedimiento, por el momento sólo ocasiona una afectación a derechos adjetivos o procesales de la quejosa; pero, con ello no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República, o bien, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa situación ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia en la medida en que influya en sentido negativo para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatir esas violaciones adjetivas mediante el juicio de amparo directo, siempre que hayan afectado las defensas de la inconforme, trascendiendo al resultado, en términos de lo prescrito en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa línea, es evidente que la determinación adoptada por la citada autoridad, no puede conducir a considerar que se está frente actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que el afectado obtenga una resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hayan causado con las referidas omisiones. Luego, si los actos que reclama no afectan materialmente algún derecho sustantivo del promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. En consecuencia, por más que la recurrente manifieste que el acto reclamado transgrede sus derechos sustantivos, ni así es posible darle curso legal a la acción constitucional, pues es manifiesto que la consecuencia de dicho acto solo tiene como resultado inmediato de que prosiga el juicio; lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; sino que tiene el carácter de eventuales violación de naturaleza formal, intraprocesal o adjetiva. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Sonia Noyola Guevara, en términos de lo dispuesto en el ordinal 11 de la Ley de la materia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a José Luis Palomino García y Felipe de Jesús Ramírez Vázquez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la persona restante que señala, por así solicitarlo. Asimismo, se le tiene por señalando correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Autorización de consulta de expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, al usuario ravf900216CM. Autorización de medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

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