Sonia Lorena Ramos Torres
Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sonia Lorena Ramos Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 239/2021-VI. Previamente al estudio del fondo del asunto, se analiza la procedencia del presente juicio, lo aleguen o no las partes, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] De lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, como fue establecido, la quejosa reclama la negativa de la autoridad responsable en brindarle el servicio de atención médica, pues fundamentalmente arguyó que personal adscrito a la institución de salud responsable le informó que no le podían brindar la atención medica solicitada porque aparecía dada de baja de la corporación en que labora. Sin embargo, del informe relativo a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable y anexos que acompañó, se advierte que con fecha posterior a la presentación de la demanda, mediante comunicación oficial consistente en el oficio MSGS/CS/41/2021, signado por el Coordinador del Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, requirió al Coordinador de Calidad y Servicio del Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, a fin de que se le proporcione la atención médica que requiera la parte quejosa, contando siempre con el consentimiento informado de la paciente y con las instrucciones del médico tratante, y se emitió una diversa comunicación oficial informando dicha circunstancia a la parte quejosa. En ese sentido, es claro que cesó la conducta omisa de las autoridad de responsable proporcionar la atención médica completa a la quejosa, en lo relativo a autoriza sea proporcionado el servicio médico que la parte quejosa requiere, y por ende, ha sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello, en razón de que la pretensión de la parte quejosa quedó colmada en el momento en el que la autoridad responsable autorizó que le sea brindado la atención médica que sea requerida por la parte quejosa, porque es evidente que con ello se le está proporcionando el servicio de salud, y consecuentemente dejó de existir el motivo por el que fue solicitado el amparo, además de no existir manifestación alguna de la parte quejosa, respecto a lo informado por la autoridad responsable; de ahí que resulte evidente que el juicio sea improcedente, pues sería ocioso examinar la constitucionalidad del acto, ya que dejó de existir la causa que la parte quejosa consideró violatoria de sus derechos humanos. Lo anterior revela que la omisión reclamada por la quejosa, dejó de existir en fecha anterior a la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, pues como lo acreditó la autoridad responsable, fue autorizado que le sea brindado el servicio médico que sea requerido por la directamente agraviada. Es decir, el acto reclamado cesó, pues fue autorizado que le sea brindado el servicio médico a la parte quejosa y con ello, se cubrió la atención médica integral requerida; más aún cuando de las mismas constancias, se evidencia que la atención médica requerida por la quejosa, seguirá su curso con independencia de su situación laboral; por lo que, de incurrir nuevamente en dicha omisión las autoridades responsables, queda expedito el derecho de la quejosa para promover el medio ordinario de defensa que proceda. Por lo que al destruirse los efectos del reclamo, como si se hubiera otorgado el amparo solicitado, se concluye que cesaron sus efectos y, por ende, dejó de ser necesaria la protección de la Justicia Federal. Sin embargo, se considera que en el presente caso al haber determinado la autoridad responsable que proporcionará la atención médica a la quejosa, no se surte el supuesto precisado en dicho criterio. En esa medida, es dable concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de amparo y en consecuencia procede decretar el sobreseimiento en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el telegrama de la Jueza Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en Xalapa, Veracruz, por el que informó que con fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de vista prevista por el numeral 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, sin que hasta esa data, se hubiese dictado auto declarativo de herederos y como consecuencia no se ha designado albacea en la sucesión intestamentaria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en Xalapa, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio que derive del presente proveído, informe el estado actual que guarda el juicio intestamentario 30/2020/V de su índice y en su caso, se sirva proporcionar el nombre y domicilio del albacea que se hubiese designado en el citado juicio, promovido a bienes del tercero interesado Pedro Meza Valenzuela; con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II de la ley en cita. Por otra parte, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, la copia autorizada del oficio SEPLE./GEN./001/1112/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que se declararon como días no laborables para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el treinta y uno de marzo, primero y dos de abril de dos mil veintiuno y toda vez que del estado que guardan los presente autos se observa que por auto de primero de marzo del año en curso, se fijaron las once horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, dejando sin efectos la fecha y hora señaladas y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente.
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