Sonia Ramirez Luna

Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
418/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Sonia Ramirez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Sonia Ramírez Luna, con tres anexos y nueve copias que acompaña, contra actos de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 2°, 14, 16, 17, 20 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hace consistir en esencia en lo siguiente: La resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad identificado como P48/2020 dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno, notificada el veintidós de citado mes y año. El acuerdo de dieciséis de abril del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso interpuesto en contra de la citada resolución. El oficio No. C.J. 1574/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, que ordena citar a la aquí quejosa para que reciba la amonestación pública, con el apercibimiento de multa de doscientos salarios mínimos en caso de no presentarse. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se arriba a la conclusión que deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, sin promover el juicio de amparo respectivo. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, como se adelantaba, por lo que corresponde a la resolución reclamada dictada dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad identificado como P48/2020 el uno de marzo de dos mil veintiuno, la aquí quejosa señala bajo protesta de decir verdad, que el acto entonces reclamado, le fue notificado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, lo que se corrobora del anexo que adjunta al escrito inicial. Por tanto, si de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la propia impetrante en el escrito inicial, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento de la resolución que pretende combatir, desde el veintidós de marzo del año en curso. Deposición la anterior que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no sea ofertada expresamente como prueba, pues son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad. Lo que se concatena con el anexo exhibido, consistente en la cedula de notificación realizada por la Actuaria del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Así, de lo narrado con antelación, se pone de manifiesto que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos controvertidos, desde el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; por su parte, la demanda de amparo que ahora nos ocupa fue presentada hasta el siete de mayo de dos mil veintiuno. Bajo esa óptica jurídica, es válido concluir que el plazo de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. Ahora bien por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en el acuerdo de dieciséis de abril del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso interpuesto en contra de la citada resolución y el posterior oficio No. C.J. 1574/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, que ordena citar a la aquí quejosa para que reciba la amonestación pública, resultan actos derivados de un acto consentido, como lo fue la resolución en cita, misma que fue consentida por no haberse atacado en tiempo y forma. Lo anterior, precisamente porque lo que se pretendió controvertir, se encuentra vinculado a la resolución que le impuso una amonestación, misma que no ataco en sede de amparo en tiempo y forma. De manera que al consentir la resolución que reclama en forma destacada y no promover amparo en tiempo y forma, entonces, los diversos actos que derivan como producto de la amonestación de la sentencia, son de aquéllos que derivan de uno consentido. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Sergio Ernesto García Basauri y Mariano Francisco de la Rosa Rodríguez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, tal y como lo exige el citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto mediante el usuario "sergioivanbadillo", así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Sonia Ramírez Luna, con tres anexos y nueve copias que acompaña, contra actos de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 2°, 14, 16, 17, 20 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hace consistir en esencia en lo siguiente: La resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad identificado como P48/2020 dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno, notificada el veintidós de citado mes y año. El acuerdo de dieciséis de abril del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso interpuesto en contra de la citada resolución. El oficio No. C.J. 1574/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, que ordena citar a la aquí quejosa para que reciba la amonestación pública, con el apercibimiento de multa de doscientos salarios mínimos en caso de no presentarse. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se arriba a la conclusión que deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, sin promover el juicio de amparo respectivo. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora bien, como se adelantaba, por lo que corresponde a la resolución reclamada dictada dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad identificado como P48/2020 el uno de marzo de dos mil veintiuno, la aquí quejosa señala bajo protesta de decir verdad, que el acto entonces reclamado, le fue notificado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, lo que se corrobora del anexo que adjunta al escrito inicial. Por tanto, si de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la propia impetrante en el escrito inicial, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento de la resolución que pretende combatir, desde el veintidós de marzo del año en curso. Deposición la anterior que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no sea ofertada expresamente como prueba, pues son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad. Lo que se concatena con el anexo exhibido, consistente en la cedula de notificación realizada por la Actuaria del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Así, de lo narrado con antelación, se pone de manifiesto que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos controvertidos, desde el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; por su parte, la demanda de amparo que ahora nos ocupa fue presentada hasta el siete de mayo de dos mil veintiuno. Bajo esa óptica jurídica, es válido concluir que el plazo de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. Ahora bien por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en el acuerdo de dieciséis de abril del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso interpuesto en contra de la citada resolución y el posterior oficio No. C.J. 1574/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, que ordena citar a la aquí quejosa para que reciba la amonestación pública, resultan actos derivados de un acto consentido, como lo fue la resolución en cita, misma que fue consentida por no haberse atacado en tiempo y forma. Lo anterior, precisamente porque lo que se pretendió controvertir, se encuentra vinculado a la resolución que le impuso una amonestación, misma que no ataco en sede de amparo en tiempo y forma. De manera que al consentir la resolución que reclama en forma destacada y no promover amparo en tiempo y forma, entonces, los diversos actos que derivan como producto de la amonestación de la sentencia, son de aquéllos que derivan de uno consentido. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Sergio Ernesto García Basauri y Mariano Francisco de la Rosa Rodríguez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, tal y como lo exige el citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto mediante el usuario "sergioivanbadillo", así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados

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