Soledad Concepción Sánchez Alcalde
Expediente 65/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Soledad Concepción Sánchez Alcalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de garantías promovida por Soledad Concepción Sánchez Alcalde; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.aksa
- Principal
En veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con el escrito registrado con el número 1767 y copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa Soledad Concepción Sánchez Alcalde, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, exhibe cinco copia más de su escrito de demanda; por lo que se le tiene por cumplida con la prevención formulada en autos. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, del propio ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora al Notario Público Uno de Colotlán, Jalisco a quien le reclama "La falta de consentimiento en el contrato de donación registrado bajo la escritura número 15,486."; sin embargo, no tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, en principio, debemos tener como punto de referencia que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como finalidad resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiéndose como acto de autoridad toda actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales a través de los cuáles crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado con motivo de sus funciones oficiales, ya sea modificando obligaciones existentes o limitando derechos. Por otra parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece qué debe de entenderse por autoridad responsable: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. . Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Todo acto de autoridad tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta. La voluntad del particular queda sometida a dicho acto. Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. Con base en lo anterior, resulta factible establecer que se estará en presencia de un acto de autoridad emitido por un particular, cuando éste realice actos equivalentes a una autoridad, que afecte los derechos humanos y cuyas funciones estén establecidas en una ley general, es decir, que los actos que realicen sean unilaterales por los que se crean, modifican o extingan situaciones que afecten al gobernado. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En el caso concreto, se reclama del Notario Público Número Uno de Colotlan, Jalisco, la falta de consentimiento en el contrato de donación registrado bajo la Escritura número 15,486 (quince mil cuatrocientos ochenta y seis), tomo XLII cuadragésimo segundo del libro 8, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, realizadas ante la fe de la Notaría Pública número Uno de la Ciudad de Colotlán, Jalisco. Por ello, para efectos del presente amparo, no puede ser considerado como autoridad responsable como la designa la parte quejosa, pues no es entidad soberana dotada de imperio, ya que el acto que se le reclama no es unilateral sino que está sujeto a lo ordenado por otra autoridad, la cual ejerce sobre el Notario Público coerción en caso de incumplir con el mandato, por lo que el acto del que se duele no es reclamable en el juicio de amparo por no constituir un acto de autoridad. Además, la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. De modo que cuando el notario público formaliza un acto jurídico como la enajenación de un bien inmueble, no lleva a cabo algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Por tanto, debe decirse que el acto que por esta vía se impugna no es un acto de autoridad en términos establecidos por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, que éstos afecten los derechos humanos de la parte quejosa y que esto justifique el acto reclamado al Notario Público Número Uno de Colotlán, Jalisco. En mérito de lo anterior, toda vez que el acto reclamado al Notario Público Número Uno de Colotlán, Jalisco, no es considerado como tal para efectos del juicio de amparo, ya que la afectación que pudiera sufrir no deriva directamente de un acto de autoridad; por lo tanto, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para la suscrita el hecho de se señalen como autoridad responsable al Departamento de Catastro Municipal y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, toda vez que a ellas les atribuye el carácter de ejecutoras. Por lo anteriormente considerado, fundado y con apoyo además en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por SOLEDAD CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ALCALDE, contra actos del Departamento de Catastro Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otra autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Lily*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa Soledad Concepción Sánchez Alcalde, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, exhibe cinco copia más de su escrito de demanda; por lo que se le tiene por cumplida con la prevención formulada en autos. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, del propio ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora al Notario Público Uno de Colotlán, Jalisco a quien le reclama "La falta de consentimiento en el contrato de donación registrado bajo la escritura número 15,486."; sin embargo, no tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, en principio, debemos tener como punto de referencia que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como finalidad resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiéndose como acto de autoridad toda actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales a través de los cuáles crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado con motivo de sus funciones oficiales, ya sea modificando obligaciones existentes o limitando derechos. Por otra parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece qué debe de entenderse por autoridad responsable: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. . Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Todo acto de autoridad tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta. La voluntad del particular queda sometida a dicho acto. Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. Con base en lo anterior, resulta factible establecer que se estará en presencia de un acto de autoridad emitido por un particular, cuando éste realice actos equivalentes a una autoridad, que afecte los derechos humanos y cuyas funciones estén establecidas en una ley general, es decir, que los actos que realicen sean unilaterales por los que se crean, modifican o extingan situaciones que afecten al gobernado. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En el caso concreto, se reclama del Notario Público Número Uno de Colotlan, Jalisco, la falta de consentimiento en el contrato de donación registrado bajo la Escritura número 15,486 (quince mil cuatrocientos ochenta y seis), tomo XLII cuadragésimo segundo del libro 8, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, realizadas ante la fe de la Notaría Pública número Uno de la Ciudad de Colotlán, Jalisco. Por ello, para efectos del presente amparo, no puede ser considerado como autoridad responsable como la designa la parte quejosa, pues no es entidad soberana dotada de imperio, ya que el acto que se le reclama no es unilateral sino que está sujeto a lo ordenado por otra autoridad, la cual ejerce sobre el Notario Público coerción en caso de incumplir con el mandato, por lo que el acto del que se duele no es reclamable en el juicio de amparo por no constituir un acto de autoridad. Además, la actividad notarial no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ni tiene los efectos de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como una nota esencial de los actos de autoridad. De modo que cuando el notario público formaliza un acto jurídico como la enajenación de un bien inmueble, no lleva a cabo algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Por tanto, debe decirse que el acto que por esta vía se impugna no es un acto de autoridad en términos establecidos por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, que éstos afecten los derechos humanos de la parte quejosa y que esto justifique el acto reclamado al Notario Público Número Uno de Colotlán, Jalisco. En mérito de lo anterior, toda vez que el acto reclamado al Notario Público Número Uno de Colotlán, Jalisco, no es considerado como tal para efectos del juicio de amparo, ya que la afectación que pudiera sufrir no deriva directamente de un acto de autoridad; por lo tanto, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para la suscrita el hecho de se señalen como autoridad responsable al Departamento de Catastro Municipal y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, toda vez que a ellas les atribuye el carácter de ejecutoras. Por lo anteriormente considerado, fundado y con apoyo además en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por SOLEDAD CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ALCALDE, contra actos del Departamento de Catastro Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otra autoridad."
- Principal
En veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la demanda de amparo registrada con el número 1239, con dos copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas a veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve SOLEDAD CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ALCALDE; contra actos del Departamento de Catastro Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, que estima violatorios en su perjuicio de las garantías que consagran los artículos 1, 4 y 14 Constitucionales. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 65/2016; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: En principio, es menester traer a colación el contenido de los artículos 114, fracción V y 110, de la Ley de Amparo vigente a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, exhiba cuatro copias de su demanda de garantías, ya que únicamente acompañó dos y deben ser seis a saber, una para cada una de las autoridades responsables, son tres; una para emplazar a los terceros interesados que en este caso son dos y la faltante para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, que también es parte en el juicio de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en el plazo conferido, se tendrá por no presentada su demanda, de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley Reglamentaria en consulta. En otro aspecto, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a los licenciados José Eduardo Román de los Santos y Juan Ortiz Ortiz; toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable dada la materia sobre la que versa el presente asunto; asimismo, se tiene como domicilio para tal efecto el ubicado en Calle del Roble, número Cuatro (4), Fraccionamiento Campo Bravo de esta ciudad de Zacatecas. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
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