Sofia Vázquez Muro
Expediente 823/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sofia Vázquez Muro
- Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En catorce de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del treinta de junio al trece de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 823/2015. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de julio de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Uli. En esta fecha se giraron los oficios 16375 y 16376.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 823/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la Secretaria de Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Primera Sala Penal del tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral, ambas con sede en esta ciudad, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales consistentes en copias fotostáticas certificadas de diversas constancias de la causa penal 544/2014, que el Juez responsable, remitió en apoyo a su informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales, antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; por lo que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo citado con antelación de la ley de la materia, se levanta el acta correspondiente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 823/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el quince de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el licenciado ARTURO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de defensor público del fuero común y que lo es de la quejosa SOFÍA VÁZQUEZ MURO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: III.- Autoridad Responsable.- La Primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, como autoridad responsable ordenadora, y el Juzgado de control y Tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, como autoridad responsable ejecutora". IV.- Acto reclamado.- Resolución dictada por la primera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en fecha 16 de abril de dos mil quince y que me fuera notificada en fecha 22 de abril del dos mil quince dentro de C.C.P. 1/2015, formado con motivo del CONFLICTO DE COMPETENCIA suscitado entre el juez primero penal de la capital y el entonces juez de garantía del distrito judicial de la capital (hoy control), y relativo a la causa penal número 95/2012, instruida en contra de CLAUDIA VERÓNICA DE LA MORA CASAS Y SOFÍA VÁZQUEZ MURO, esta última siendo mi representada, por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, cometido en perjuicio de la EMPRESA ALQUILADORA LA MISIÓN S. A. DE C. V., resolución mediante la cual el H. cuerpo colegiado determina que el competente para conocer lo es el juez de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de la capital". 2°. Trámite del procedimiento del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular, ordenó su registro bajo el expediente 823/2015 y, previa aclaración dictó proveído el veintidós de mayo de dos mil quince, admitió la demanda de mérito; se ordenó pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión del acto. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Resolución de dieciséis de abril de dos mil quince, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad dentro del C.C.P. 1/2015. II. 2. Inexistencia, presunción o certeza de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, al rendir sus respectivos informes con justificación reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con los originales del conflicto de competencia penal 1/2015 y del proceso penal 95/2012 y causa penal 544/2014 y dos discos compactos en formato DVD, que remitió el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado en apoyo a su informe justificado rendido al diverso Juicio de amparo Indirecto Penal 806/2015, del índice de este propio Tribunal de Amparo, promovido por Sofía Vázquez Muro y otra. Documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo al de la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juez de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, tal disposición establece: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente:... .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; " En efecto, de la demanda de amparo se advierte que se combate la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte que dentro del original del Conflicto de Competencia Penal 1/2015, el dieciséis de abril de dos mil quince, se emitió resolución, en la que se determinó que el citado conflicto de competencias suscitado entre los Juzgados del sistema Tradicional y del Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral, ambos del distrito judicial de la capital, dentro de la causa penal que se instruye en contra de CLAUDIA VERÓNICA DE LA MORA CASAS y SOFÍA VÁZQUEZ MURO, por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, cometido en perjuicio de LA EMPRESA ALQUILADORA LA MISIÓN S.A. DE C.V., que el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral (hoy Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, será quien conocerá de la causa penal 95/2012. Y que la quejosa SOFÍA VÁZQUEZ MURO promovió juicio de garantías ante este Juzgado Primero de Distrito, el cual se registró bajo el número 806/2015, contra del mismo acto reclamado; y de la consulta del juicio de amparo de mérito, en lo que aquí interesa, se obtienen los siguientes antecedentes: a). En escrito presentado el doce de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, CLAUDIA VERÓNICA DE LA MORA CASAS y SOFÍA VÁZQUEZ MURO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, ambas con sede en esta ciudad, los que hizo consistir en: "CUARTO.- ACTO RECLAMADO: De la ordenadora reclamamos la resolución pronunciada en fecha 16 de Abril del año en curso, dentro del cuadernillo C.C.P. 1/2015, que resolvió un supuesto conflicto competencial entre el Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital y el entonces Juzgado de Garantía (ahora Juzgado de Control) del mismo Distrito, declarando competente al Juzgado de Control, probablemente para seguir conociendo de una causa penal en la que prevalece, para todos sus efectos legales, UN AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de las suscritas quejosas, que no fue recurrido por el Ministerio Público. De la ejecutora reclamamos el cumplimiento que pretende hacer del acto reclamado de la autoridad ordenadora para continuar en nuestra contra una causa penal en la que prevalece, en favor de las suscritas quejosas un AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO que no puede ser revocado por no haberse impugnado" (foja 3). b). Por auto de trece de mayo de dos mil quince, que prueba que se admitió a trámite la demanda, registrándola con el número 806/2015 y que se notificó ese hecho a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se pidió de las autoridades responsables sus informes justificados y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 18 a 20). c). El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, al rendir sus respectivos informes con justificación reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen. Además la primera de las autoridades responsables corroboró la certeza de los actos reclamados, con los originales del conflicto de competencia penal 1/2015 y del proceso penal 95/2012 y causa penal 544/2014 y dos discos compactos en formato DVD, que remitió el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 24 y 25). El dieciocho de junio de dos mil quince, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada -Alquiladora La Misión, Sociedad Anónima de Capital Variable-. (foja37). Ahora bien, ambos juicios de amparo versarían sobre los siguientes actos: - El primero en relación con la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince emitida en el Conflicto de Competencia Penal 1/2015, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. - El segundo, en relación con la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince emitida en el Conflicto de Competencia Penal 1/2015, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Como se advierte, el actual agraviado en representación de Sofía Vázquez Muro, promueve juicio de garantías en contra de la misma resolución de dieciséis de abril de dos mil quince que será materia de análisis en un proceso de amparo previo al presente juicio de garantías. Es decir, se trata de actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por la quejosa Sofía Vázquez Muro, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Por tanto, opera la hipótesis legal establecida en el cardinal 61, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto ahora combatido. Procede sobreseer en el juicio, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, señalada como ejecutora, al haberse sobreseído respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada con el carácter de ordenadora. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en las tesis que a la letra se invocan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE EL, SI LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA SE ENCUENTRA SUBJUDICE EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS. Si de autos consta que la sentencia cuya indebida ejecución se impugna en el juicio que se revisa, es también materia de reclamo por parte de uno de los recurrentes en un diverso juicio de garantías, en el que incluso se formó el correspondiente incidente de suspensión para que aquélla no fuera cumplimentada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que previa la revocación de la resolución recurrida, se impone sobreseer en el juicio en términos del numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento legal. Es así, porque estando pendiente de resolverse en el otro juicio de garantías lo referente a la legalidad de la citada sentencia, al igual que lo relativo a su ejecución no es posible verter pronunciamiento alguno acerca de la debida o indebida cumplimentación de la propia resolución que se reclama en la controversia constitucional que se revisa, porque con ello se correría el riesgo de emitir un fallo contradictorio o trastocar lo que se vaya a resolver o esté resuelto ya, en el otro amparo". "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA SI LA LEY RECLAMADA ES MATERIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO. Si el quejoso a fin de desvirtuar el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, aduce en sus agravios que no procede ese sobreseimiento, en virtud de que en un juicio de amparo diverso contra la misma ley reclamada se le había concedido la protección constitucional y ese argumento, además de hacer prueba plena en términos de lo dispuesto por el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles, porque implica una confesión se corrobora con el expediente de donde deriva la protección constitucional aducida, el juicio de garantías es improcedente, con fundamento en la fracción III, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Además en la de jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 73,74 y 124 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el licenciado ARTURO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de defensor público del fuero común y que lo es de la quejosa SOFÍA VÁZQUEZ MURO, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisadas en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías en virtud de que fue señalada la misma fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el diverso juicio de amparo 598/2015; en consecuencia, con fundamento el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se regulariza el procedimiento y, se difiere la misma para las DOCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de la materia, para la celebración de la citada audiencia en la nueva fecha señalada.".
- Principal
En ocho de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A:----------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del veintidós de mayo al cuatro de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el diecinueve de mayo de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el duplicado del proceso penal 11/2009-1, en tres tomos, que envió adjunto a su informe justificado y que obran por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Bjm.
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