Sonia Hernández Adame

Expediente 908/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
908/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2017

Partes del expediente

  • Sonia Hernández Adame

Actuaciones

  1. Principal

    El siete de abril de dos mil diecisiete, el secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos, así como con un escrito registrado bajo el folio 4815. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra agregado al sumario el juicio civil ordinario 127/2016; y toda vez que por proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Sonia Hernández Adame, el cual causó estado el diecisiete del citado mes y año; en consecuencia, por carecer de objeto su retención, devuélvase el citado expediente al Juez Primero del Ramo Civil de la capital, con sede en esta ciudad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Raúl Noyola García, por el que solicita se le expida copia simple dentro del referido sumario; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que no tiene reconocida personalidad en el expediente en que se actúa; por tanto, el ocurso de mérito agréguese únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al dieciséis del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de los corrientes, dentro del juicio de amparo 908/2016-7. DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de tres del mes y año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Sonia Hernández Adame; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    Juicio de amparo 908/2016-7 (DX) CUENTA. En tres de agosto de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias del juicio de amparo directo civil 683/2016-3, formado con motivo de la demanda promovida por Sonia Hernández Adame, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil de la Capital; el cuaderno de amparo de referencia; el expediente ejecutivo mercantil 127/2016, constante en un tomo y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de agosto de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el órgano al que se encuentra adscrita se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Sonia Hernández Adame, motivo por el cual remite a este Juzgado la demanda original y sus anexos, integrados en el cuaderno de amparo 683/2016; expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 127/2016 en un tomo; con dicho expediente fórmense por separado el cuaderno de prueba respectivo, el cual para su mejor manejo será identificado como tomo I. Acuse recibo. En atención a que el superior mediante auto de quince de julio dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, ordenando su remisión al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Zacatecas, mismo que correspondió a este Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta ciudad; en consecuencia, como lo ordena la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37, 108, y relativos de la Ley de Amparo, este juzgado SE AVOCA al conocimiento del mismo y acepta la competencia planteada, con fundamento además en el artículo 45 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia de objetarle competencia a la superioridad, salvo en la hipótesis prevista por el artículo 49 de dicho ordenamiento legal en cita. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 908/2016-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo y de las constancias que remitió en su oportunidad la autoridad responsable a su informe de ley, se extrae el siguiente acto reclamado: El auto de radicación de tres de junio de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente ordinario civil 127/2016, relativo a la acción reivindicatoria promovido por Raúl Noyola García, en contra de Gustavo Vaquera Salcedo y Sonia Hernández Adama y en consecuencia se ordena su emplazamiento a dicho juicio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de garantías, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. Así, en términos del numeral invocado con antelación, se determina que la demanda de amparo que presentó la justiciable, en contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. Se arriba a tal conclusión, habida cuenta que se trata de una decisión jurisdiccional intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece de carácter de irreparable en perjuicio de la hoy quejosa, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para este juzgado federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la justiciable en su escrito inicial de demanda, así como del anexo documental que en su oportunidad allegó la autoridad señalada como responsable a su informe de ley, de cuyo contenido se destaca: Que el tres de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable admitió a trámite la acción reivindicatoria promovido por Raúl Noyola García, en contra de Gustavo Vaquera Salcedo y Sonia Hernández Adama, dentro del juicio ordinario civil 127/2016 y en consecuencia se ordenó el emplazamiento de los demandados a dicho juicio. Proveído que constituye el acto reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión; lo cual se corrobora a merced de las documentales originales del expediente génesis del acto reclamado, mismas que merecen pleno valor con fundamento en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos de naturaleza pública porque fueron confeccionados por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." En este panorama, este órgano de control constitucional sostiene que la determinación que hubiera asumido la autoridad responsable, consistentes en radicar, dar trámite a la demanda instaurada por Raúl Noyola García, relativo al juicio ordinario, a través del cual ejercitó la acción real reivindicatoria; ordenándose en consecuencia el emplazamiento de la contraparte (aquí quejosa), no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la justiciable previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos procesales de la demandada hoy quejosa. Así, el auto que admite a trámite una demanda y sus consecuencias no son actos que dejen sin defensa a la quejosa, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada en sentido contrario, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que en favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la amparista de mérito en la medida en que cuando se resuelva en definitiva un juicio natural del que derive el acto reclamado, la hoy solicitante de amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Sonia Hernández Adame, por los motivos y fundamentos explicados anteriormente. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia antes invocada. ACUERDA CUESTIÓN RELACIONADA CON RENDICIÓN DE INFORME Y CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO. Sin que sea necesario dar vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, ni hacer mayor pronunciamiento respecto del emplazamiento realizado al tercero interesado Raúl Noyola García, tomando en consideración el sentido de la presente determinación. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFIFACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a José Luis Valenciana Robles, quien cuenta con cédula profesional con número de registro: 1732741 y en términos restringidos del citado numeral a la persona restante que menciona, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Razón. En la misma fecha se registró la demanda de amparo con el progresivo 908/2016-7 (DX) en el libro de gobierno, y se cumple con lo ordenado. Conste. SISE _______ DEY_______

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