Soila Perez Gallegos

Expediente 1415/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1415/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Martha Alicia Montes Calzada
  • Soila Perez Gallegos
  • Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    El trece de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 3351. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada el seis de marzo del año en curso, en el incidente en revisión administrativo 1305/2018, así como el original del incidente de suspensión 1415/2018; agréguese el cuaderno de antecedentes previa extracción de las copias simples con que se formó y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, la superioridad mediante la ejecutoria de cuenta declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la directora de Información y Gestión Documental del Servicio Profesional Docente, en representación de la autoridad responsable directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, ambas con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el indicado fallo; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 212), causó ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Consecuentemente, como se ordenó en el indicado proveído, remítase este expediente materialmente al archivo. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión definitiva. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del mencionado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el suscrito José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho al diez de enero de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó y concedió la suspensión definitiva; que no se exhibió billete de depósito; y que sí existe en el incidente de suspensión un recurso de revisión pendiente por resolver. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro de este juicio de derechos, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que se encuentra pendiente de resolver en el incidente de suspensión el recurso de revisión interpuesto por Sandra Martínez Díaz en su carácter de Directora de Información y Gestión Documental del Servicio de Profesional Docente en ausencia de la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, contra la resolución dictada en el cuaderno incidental; hágase dicha circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy*

  3. Principal

    dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1415/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Martha Alicia Montes Calzada (1), Soila Perea Gallegos (2), J. Inés Cruz López (3), Jairo Daniel Sánchez Martínez (4) y Francisco Javier Jiménez Camarillo (5), demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: De la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente: Que se les pretenda someter al proceso de evaluación del desempeño 2018-2019, con la finalidad de determinar la permanencia en el trabajo que desempeñan, con lo cual afirman, pueden ser cesados, privándolos de sus derechos laborales y prestaciones adquiridas en el tiempo que han laborado al servicio del Sistema Nacional Educativo. Del Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de Zacatecas: La orden que éste les dio a los quejosos de obedecer las instrucciones de la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para ser sometidos al proceso de evaluación del desempeño 2018-2019, sin darles explicación alguna de los criterios y metodología para la selección del personal evaluado. De la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas: La conducta omisiva que ha observado ante las órdenes que se les dio a los quejosos para someterlos al proceso de evaluación. Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 3°, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado en auto de diez de agosto de dos mil dieciocho (fojas 48 y 49), se registró el juicio con el expediente 1415/2018, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia la cual inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en los que se concreta la litis efectivamente planteada es: - El citatorio que se les remitió vía correo electrónico por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, para el efecto de que en las fechas que precisan los quejosos en su demanda se sometan al proceso de evaluación del desempeño 2018-2019. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, pues así lo aseveró al rendir su informe justificado, sin que en autos obre prueba en contrario (foja 61 a 63 de autos). En tal virtud, ante la inexistencia destacada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de la autoridad responsable en cita en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis VI.2o.32 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con número de registro 201964, aparece visible en la página 763, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Así como lo antes expuesto en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con número de registro 227634, aparece visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Directora del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (denominación correcta), aceptó la existencia del acto que se le reclama, pues afirma que el quince y dieciséis de junio de la anualidad en curso, les notificó vía correo electrónico a los quejosos las fechas en las que deberían presentarse para la evaluación de desempeño del que se duelen (fojas 58 a 59). Asimismo, al informe anterior, la directora responsable allegó las copias certificadas de las notificaciones que emitió la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Dirección General de Permanencia y de la Dirección del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, dirigidas a cada uno de los quejosos por los que se admitió la instancia constitucional (fojas 147 a 182); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por su parte, la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al rendir su informe justificado negó el acto que se reclama, argumentando que ella no es la autoridad competente para determinar la selección de los docentes que serán sometidos a la evaluación del desempeño, pero, contrario a sus afirmaciones el acto que se le reclama no es ese, sino la pretensión de someter a los quejosos a dicho proceso de evaluación por medio de notificaciones remitidas vía correo electrónico; y, de las constancias que obran en autos se advierten las notificaciones de que se duelen los quejosos y éstas fueron emitidas por la autoridad responsable en cita (fojas 148 a 182 de autos), por tanto tal negativa queda desvirtuada. Sostiene lo anterior la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 232329 aparece visible en la página 114, Volumen 181-186, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO NIEGA ACTOS DISTINTOS A LOS RECLAMADOS, OPERA PARA ESTOS LA PRESUNCION DE CERTEZA. Los informes con justificación deben ser coherentes con la demanda de amparo que origina el juicio de garantías en que se produzcan, y si en los términos en que se encuentran redactados aparece que se niega la certeza de actos distintos a los reclamados, propiamente se está en presencia de falta de informe respecto de los actos realmente combatidos, que deben presumirse ciertos conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo.". Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado consistente en la citación que se les remitió vía correo electrónico para el efecto de que los quejosos se sometieran al proceso de evaluación del desempeño del que se duelen. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo o de la Constitución que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 107, fracción III, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...).". El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ahora bien, el precepto en análisis regula dos supuestos en los que se puede promover el juicio de derechos contra los actos referidos, a saber: I. Contra la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento. En esta hipótesis, se podrán hacer valer tanto las violaciones contenidas en la resolución como las ocurridas durante el procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado de dicha resolución. II. Contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que en el supuesto en análisis, el juicio de amparo únicamente procede en dos momentos: (I) cuando se dicta la resolución definitiva del procedimiento; y (II) cuando se emita un acto que sea de imposible reparación. Por tanto, por regla general, en tratándose de actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo procede hasta que se dicte la resolución definitiva, con excepción de los actos intraprocesales que tengan sobre el quejoso una ejecución irreparable. En sentido contrario, si no se está en alguno de los supuestos referidos, el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto, es necesario precisar que el concepto de procedimientos seguidos en forma de juicio comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, página 196: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.". En ese contexto, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página: 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Así, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, los actos en un procedimiento dictado en forma de juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), sólo serán impugnables hasta que se emita la resolución definitiva. Bajo ese panorama, los actos emitidos dentro del proceso de evaluación obligatoria de desempeño docente, conforme a la ley general relativa, en particular, las citaciones para las evaluaciones respectivas, no conllevan una afectación a derechos sustantivos de los profesores involucrados. En efecto, de los numerales 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente se obtiene que, el procedimiento de evaluación docente de las instituciones escolares, se encuentra previsto en dicha normatividad y, además, es de carácter obligatorio y a cargo de una autoridad educativa, como lo es la Secretaría de Educación Pública. El procedimiento consta de diversas etapas, pues acorde con el primero de los numerales, deberá comprender una evaluación cada cuatro años, por lo menos. De manera que de dichos preceptos se deduce el personal docente deberá ser citado por la autoridad educativa correspondiente, en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a esa ley. Luego, de resultar insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal se incorporará a los programas de regularización correspondientes, otorgándose una segunda oportunidad de evaluación, en un plazo no mayor de doce meses después de la primera, la que debe iniciarse antes del siguiente ciclo escolar o lectivo; si los resultados son insuficientes en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En el supuesto de que no se alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa u organismo descentralizado que corresponda. Así, para el desahogo del procedimiento de evaluación, se requiere la citación del personal docente, a efecto de que se desarrollen las distintas etapas y, según los resultados obtenidos, es posible que se les someta a varias evaluaciones; si al final no se alcanza un resultado positivo, se darán por concluidos los efectos del nombramiento del personal de que se trate. Por tanto, el resultado final de la evaluación constituye la determinación con la que culmina dicho procedimiento, que puede culminar con el término de la relación laboral, lo que implica que se está ante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues están establecidas diversas etapas en preparación de la resolución final y se otorga audiencia al docente (pues se le evalúa en dicho procedimiento como presupuesto de la resolución). Por consiguiente, la citación o llamamiento a la continuación del procedimiento de evaluación reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos en perjuicio de los quejosos, por lo siguiente: I. Sólo constituye un acto de molestia que tiene como efecto sujetar al servidor público a las etapas subsecuentes del procedimiento de evaluación, a fin de determinar su grado de capacitación. Ello, toda vez que el procedimiento de evaluación tiene su origen en los artículos 3° constitucional y quinto transitorio, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, en la que se reglamentan las siguientes leyes secundarias: Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyas etapas serán las previstas en el artículo 53 de la citada Ley General del Servicio Profesional Docente, en relación con el diverso 69, fracción I, del propio cuerpo normativo. Por tanto, el efecto del citatorio no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado al que se sujeta al procedimiento de evaluación, pues la sujeción a tal procedimiento es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de servidor público y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. II. Tal efecto de la citación para el proceso de evaluación no produce una afectación material a derechos sustantivos del gobernado sujeto al dicho procedimiento, pues en principio no le impide de manera inmediata el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, tales como la vida, la libertad, propiedad o posesiones, sino que sólo establece un procedimiento de evaluación que es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de docente, y que la educación que en México se imparte debe ser de calidad y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. III. El acto reclamado sólo produce el efecto de sujetar al gobernado al procedimiento administrativo de evaluación, el cual, puede culminar con un resultado aprobatorio, incluso, puede ocurrir que, de existir vicios en dicha actuación, éstos ni siquiera lleguen a trascender en el supuesto de que obtenga un resultado aprobatorio y, en caso contrario, esto es, que fuera desfavorable, con la consecuente terminación de su nombramiento, de acuerdo al artículo 53 de la ley invocada en último término, dicho acto, en su caso, sí podrá impugnarlo ante la instancia correspondiente. Los vicios de que pudiere adolecer dicha citación pueden no llegar a trascender y producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, es decir, de obtener resolución desfavorable, podría controvertir los vicios del procedimiento con el medio de defensa legal procedente y, si es el caso, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto que proceda contra la resolución definitiva y, de ser fundadas las violaciones imputadas a la citación para el procedimiento de selección, ello ocasionaría la insubsistencia del procedimiento relativo, al haberse nulificado el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que le hubiesen causado con ese acto, por lo que tampoco en dicha hipótesis se dejaría huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo considerado, por analogía, la jurisprudencia 43/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." . En esa tesitura, atendiendo a la naturaleza y efectos de la citación para el proceso de evaluación de referencia, no puede considerarse que cause afectación material alguna a derechos sustantivos de la parte quejosa y, por ende, no es factible estimar que ese acto sea de ejecución irreparable, al no ser definitivo, sino de carácter intraprocesal. Sin que sea obstáculo para lo anterior el contenido de la jurisprudencia PC.IX.C.A. J/2 A (10a.) del Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, Tomo III, página 2294: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA CITACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN DERIVADA DE LA ORDEN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA QUE EL PLANTEL EDUCATIVO CORRESPONDIENTE CONVOCA A UN MAESTRO AL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN OBLIGATORIA DE DESEMPEÑO DOCENTE, CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA, CONSTITUYEN UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se instituyó la evaluación docente obligatoria, cuyo procedimiento lo regulan, de manera particular, los artículos 52, 53 y 54, en relación con el 69, fracciones I y VII, así como el octavo y noveno transitorios, todos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pues bien, de los citados preceptos legales se advierte que: a) las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente; b) dicha evaluación consta de diversas etapas, pues acorde con el citado artículo 52, por lo menos deberá comprender una evaluación cada 4 años, quedando a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecer su periodicidad; y c) el personal docente debe someterse a la referida evaluación en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a la indicada legislación, para lo cual será citado por la autoridad educativa correspondiente; en ese sentido, para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere previamente la citación del personal docente, lo cual invariablemente marca el inicio de dicho procedimiento, el que se llevará a cabo en sus distintas etapas, según los resultados obtenidos. En virtud de lo anterior, si la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejerce unilateralmente su atribución legal de ordenar al plantel educativo correspondiente que cite a un docente al inicio del proceso de evaluación concerniente, esta citación y su notificación constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". Lo anterior, ya que dicho criterio no define la ejecución irreparable de la citación reclamada, sino únicamente la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, dicha tesis confirma que se trata de un procedimiento con distintas etapas, es decir, en forma de juicio, lo que obliga a analizar tal acto en los términos de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo y no sólo como un acto de autoridad distinto de los provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Alicia Montes Calzada (1), Soila Perea Gallegos (2), J. Inés Cruz López (3), Jairo Daniel Sánchez Martínez (4) y Francisco Javier Jiménez Camarillo (5) contra los actos reclamados a la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y Directora del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (denominación correcta); por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado. L'ACCA. dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARTHA ALICIA MONTES CALZADA, SOILA PEREA GALLEGOS, J. INÉS CRUZ LÓPEZ, JAIRO DANIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CAMARILLO, LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "... dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1415/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Martha Alicia Montes Calzada (1), Soila Perea Gallegos (2), J. Inés Cruz López (3), Jairo Daniel Sánchez Martínez (4) y Francisco Javier Jiménez Camarillo (5), demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: De la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente: Que se les pretenda someter al proceso de evaluación del desempeño 2018-2019, con la finalidad de determinar la permanencia en el trabajo que desempeñan, con lo cual afirman, pueden ser cesados, privándolos de sus derechos laborales y prestaciones adquiridas en el tiempo que han laborado al servicio del Sistema Nacional Educativo. Del Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de Zacatecas: La orden que éste les dio a los quejosos de obedecer las instrucciones de la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para ser sometidos al proceso de evaluación del desempeño 2018-2019, sin darles explicación alguna de los criterios y metodología para la selección del personal evaluado. De la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas: La conducta omisiva que ha observado ante las órdenes que se les dio a los quejosos para someterlos al proceso de evaluación. Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 3°, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado en auto de diez de agosto de dos mil dieciocho (fojas 48 y 49), se registró el juicio con el expediente 1415/2018, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia la cual inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en los que se concreta la litis efectivamente planteada es: - El citatorio que se les remitió vía correo electrónico por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, para el efecto de que en las fechas que precisan los quejosos en su demanda se sometan al proceso de evaluación del desempeño 2018-2019. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, pues así lo aseveró al rendir su informe justificado, sin que en autos obre prueba en contrario (foja 61 a 63 de autos). En tal virtud, ante la inexistencia destacada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de la autoridad responsable en cita en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis VI.2o.32 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con número de registro 201964, aparece visible en la página 763, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Así como lo antes expuesto en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con número de registro 227634, aparece visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Directora del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (denominación correcta), aceptó la existencia del acto que se le reclama, pues afirma que el quince y dieciséis de junio de la anualidad en curso, les notificó vía correo electrónico a los quejosos las fechas en las que deberían presentarse para la evaluación de desempeño del que se duelen (fojas 58 a 59). Asimismo, al informe anterior, la directora responsable allegó las copias certificadas de las notificaciones que emitió la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Dirección General de Permanencia y de la Dirección del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, dirigidas a cada uno de los quejosos por los que se admitió la instancia constitucional (fojas 147 a 182); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por su parte, la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al rendir su informe justificado negó el acto que se reclama, argumentando que ella no es la autoridad competente para determinar la selección de los docentes que serán sometidos a la evaluación del desempeño, pero, contrario a sus afirmaciones el acto que se le reclama no es ese, sino la pretensión de someter a los quejosos a dicho proceso de evaluación por medio de notificaciones remitidas vía correo electrónico; y, de las constancias que obran en autos se advierten las notificaciones de que se duelen los quejosos y éstas fueron emitidas por la autoridad responsable en cita (fojas 148 a 182 de autos), por tanto tal negativa queda desvirtuada. Sostiene lo anterior la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 232329 aparece visible en la página 114, Volumen 181-186, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO NIEGA ACTOS DISTINTOS A LOS RECLAMADOS, OPERA PARA ESTOS LA PRESUNCION DE CERTEZA. Los informes con justificación deben ser coherentes con la demanda de amparo que origina el juicio de garantías en que se produzcan, y si en los términos en que se encuentran redactados aparece que se niega la certeza de actos distintos a los reclamados, propiamente se está en presencia de falta de informe respecto de los actos realmente combatidos, que deben presumirse ciertos conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo.". Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado consistente en la citación que se les remitió vía correo electrónico para el efecto de que los quejosos se sometieran al proceso de evaluación del desempeño del que se duelen. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo o de la Constitución que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 107, fracción III, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...).". El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ahora bien, el precepto en análisis regula dos supuestos en los que se puede promover el juicio de derechos contra los actos referidos, a saber: I. Contra la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento. En esta hipótesis, se podrán hacer valer tanto las violaciones contenidas en la resolución como las ocurridas durante el procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado de dicha resolución. II. Contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior se sigue que en el supuesto en análisis, el juicio de amparo únicamente procede en dos momentos: (I) cuando se dicta la resolución definitiva del procedimiento; y (II) cuando se emita un acto que sea de imposible reparación. Por tanto, por regla general, en tratándose de actos que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo procede hasta que se dicte la resolución definitiva, con excepción de los actos intraprocesales que tengan sobre el quejoso una ejecución irreparable. En sentido contrario, si no se está en alguno de los supuestos referidos, el juicio de amparo resulta improcedente. Al respecto, es necesario precisar que el concepto de procedimientos seguidos en forma de juicio comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, página 196: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.". En ese contexto, por actos de imposible reparación debe entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivadas del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la siguiente jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página: 39: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Así, los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por tanto, los actos en un procedimiento dictado en forma de juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), sólo serán impugnables hasta que se emita la resolución definitiva. Bajo ese panorama, los actos emitidos dentro del proceso de evaluación obligatoria de desempeño docente, conforme a la ley general relativa, en particular, las citaciones para las evaluaciones respectivas, no conllevan una afectación a derechos sustantivos de los profesores involucrados. En efecto, de los numerales 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente se obtiene que, el procedimiento de evaluación docente de las instituciones escolares, se encuentra previsto en dicha normatividad y, además, es de carácter obligatorio y a cargo de una autoridad educativa, como lo es la Secretaría de Educación Pública. El procedimiento consta de diversas etapas, pues acorde con el primero de los numerales, deberá comprender una evaluación cada cuatro años, por lo menos. De manera que de dichos preceptos se deduce el personal docente deberá ser citado por la autoridad educativa correspondiente, en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a esa ley. Luego, de resultar insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal se incorporará a los programas de regularización correspondientes, otorgándose una segunda oportunidad de evaluación, en un plazo no mayor de doce meses después de la primera, la que debe iniciarse antes del siguiente ciclo escolar o lectivo; si los resultados son insuficientes en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En el supuesto de que no se alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa u organismo descentralizado que corresponda. Así, para el desahogo del procedimiento de evaluación, se requiere la citación del personal docente, a efecto de que se desarrollen las distintas etapas y, según los resultados obtenidos, es posible que se les someta a varias evaluaciones; si al final no se alcanza un resultado positivo, se darán por concluidos los efectos del nombramiento del personal de que se trate. Por tanto, el resultado final de la evaluación constituye la determinación con la que culmina dicho procedimiento, que puede culminar con el término de la relación laboral, lo que implica que se está ante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues están establecidas diversas etapas en preparación de la resolución final y se otorga audiencia al docente (pues se le evalúa en dicho procedimiento como presupuesto de la resolución). Por consiguiente, la citación o llamamiento a la continuación del procedimiento de evaluación reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos en perjuicio de los quejosos, por lo siguiente: I. Sólo constituye un acto de molestia que tiene como efecto sujetar al servidor público a las etapas subsecuentes del procedimiento de evaluación, a fin de determinar su grado de capacitación. Ello, toda vez que el procedimiento de evaluación tiene su origen en los artículos 3° constitucional y quinto transitorio, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, en la que se reglamentan las siguientes leyes secundarias: Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyas etapas serán las previstas en el artículo 53 de la citada Ley General del Servicio Profesional Docente, en relación con el diverso 69, fracción I, del propio cuerpo normativo. Por tanto, el efecto del citatorio no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado al que se sujeta al procedimiento de evaluación, pues la sujeción a tal procedimiento es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de servidor público y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. II. Tal efecto de la citación para el proceso de evaluación no produce una afectación material a derechos sustantivos del gobernado sujeto al dicho procedimiento, pues en principio no le impide de manera inmediata el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, tales como la vida, la libertad, propiedad o posesiones, sino que sólo establece un procedimiento de evaluación que es una obligación consagrada a nivel constitucional que deriva de su calidad de docente, y que la educación que en México se imparte debe ser de calidad y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. III. El acto reclamado sólo produce el efecto de sujetar al gobernado al procedimiento administrativo de evaluación, el cual, puede culminar con un resultado aprobatorio, incluso, puede ocurrir que, de existir vicios en dicha actuación, éstos ni siquiera lleguen a trascender en el supuesto de que obtenga un resultado aprobatorio y, en caso contrario, esto es, que fuera desfavorable, con la consecuente terminación de su nombramiento, de acuerdo al artículo 53 de la ley invocada en último término, dicho acto, en su caso, sí podrá impugnarlo ante la instancia correspondiente. Los vicios de que pudiere adolecer dicha citación pueden no llegar a trascender y producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, es decir, de obtener resolución desfavorable, podría controvertir los vicios del procedimiento con el medio de defensa legal procedente y, si es el caso, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto que proceda contra la resolución definitiva y, de ser fundadas las violaciones imputadas a la citación para el procedimiento de selección, ello ocasionaría la insubsistencia del procedimiento relativo, al haberse nulificado el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que le hubiesen causado con ese acto, por lo que tampoco en dicha hipótesis se dejaría huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo considerado, por analogía, la jurisprudencia 43/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." . En esa tesitura, atendiendo a la naturaleza y efectos de la citación para el proceso de evaluación de referencia, no puede considerarse que cause afectación material alguna a derechos sustantivos de la parte quejosa y, por ende, no es factible estimar que ese acto sea de ejecución irreparable, al no ser definitivo, sino de carácter intraprocesal. Sin que sea obstáculo para lo anterior el contenido de la jurisprudencia PC.IX.C.A. J/2 A (10a.) del Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, Tomo III, página 2294: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA CITACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN DERIVADA DE LA ORDEN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA QUE EL PLANTEL EDUCATIVO CORRESPONDIENTE CONVOCA A UN MAESTRO AL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN OBLIGATORIA DE DESEMPEÑO DOCENTE, CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA, CONSTITUYEN UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se instituyó la evaluación docente obligatoria, cuyo procedimiento lo regulan, de manera particular, los artículos 52, 53 y 54, en relación con el 69, fracciones I y VII, así como el octavo y noveno transitorios, todos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pues bien, de los citados preceptos legales se advierte que: a) las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente; b) dicha evaluación consta de diversas etapas, pues acorde con el citado artículo 52, por lo menos deberá comprender una evaluación cada 4 años, quedando a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecer su periodicidad; y c) el personal docente debe someterse a la referida evaluación en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a la indicada legislación, para lo cual será citado por la autoridad educativa correspondiente; en ese sentido, para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere previamente la citación del personal docente, lo cual invariablemente marca el inicio de dicho procedimiento, el que se llevará a cabo en sus distintas etapas, según los resultados obtenidos. En virtud de lo anterior, si la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejerce unilateralmente su atribución legal de ordenar al plantel educativo correspondiente que cite a un docente al inicio del proceso de evaluación concerniente, esta citación y su notificación constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". Lo anterior, ya que dicho criterio no define la ejecución irreparable de la citación reclamada, sino únicamente la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, dicha tesis confirma que se trata de un procedimiento con distintas etapas, es decir, en forma de juicio, lo que obliga a analizar tal acto en los términos de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo y no sólo como un acto de autoridad distinto de los provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En conclusión, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Alicia Montes Calzada (1), Soila Perea Gallegos (2), J. Inés Cruz López (3), Jairo Daniel Sánchez Martínez (4) y Francisco Javier Jiménez Camarillo (5) contra los actos reclamados a la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y Directora del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (denominación correcta); por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. ..."

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