Sofia Juárez Orozco
Expediente 541/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sofia Juárez Orozco
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de diecisiete de mayo de esta anualidad, por el que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya impugnado; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y en el caso se desechó la demanda de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Se acepta competencia. Ténganse por recibidos el oficio y sus anexos, por medio del cual la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, comunica que mediante determinación dictada once de mayo del año en curso, ese órgano jurisdiccional declinó competencia a favor de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo 518/2022 de su índice, promovida por Sofía Juárez Orozco, al existir el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud que este juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente, acúsese recibo e infórmese que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. En consecuencia, fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 541/2022. Compensación de asuntos. Envíese oficio a la jefa de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. A fin de integrar debidamente el expediente electrónico de este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, mediante oficio solicítese atentamente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, tenga a bien vincular el asunto 518/2022 de su estadística, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el diverso 541/2022 del índice propio. Desechamiento de la demanda de amparo. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo en relación con sus anexos se advierte que la inconforme Sofía Juárez Orozco, reclama del Juez de Enjuiciamiento del Tribunal Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Miahuatlán, Oaxaca y el notificador de su adscripción, lo siguiente: "La inconstitucional citación para que la suscrita de forma presencial acuda a LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, a la sala de audiencias del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, del Circuito Judicial de Valles Centrales (.) lo anterior en agravio de la vida y salud de la suscrita y riesgo fundado de contraer COVID 19 o también conocido como SARS COV " o CORONAVIRUS, siendo evidente que la hoy quejosa al padecer de enfermedades crónico degenerativas, lo anterior puede desencadenará (sic) en la muerte de la suscrita. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los numerales 5° y 6°, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Asimismo, el dispositivo 6° del ordenamiento en cita dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamado es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí, que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de título: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado de que se trata no causa perjuicio al interés jurídico de la parte quejosa; ello, en razón de que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado consistente en la citación a efecto de comparecer ante el Tribunal Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo cierto es, que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la quejosa, ello ya que la citación por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere su presencia para el desahogo de la audiencia de debate dentro de la causa penal 486/2017. De ahí que contra dicha citación es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial que no afecta la libertad personal de la quejosa, con otras palabras, para que sea procedente el juicio de amparo, el acto reclamado debe trasgredir la esfera de derechos fundamentales de la disidente. Máxime que, de conformidad con los artículos 90 y 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada, y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado información que sea relevante para la solución de la controversia. Congruente con lo expuesto, es dable afirmar que la cita de la quejosa por el Tribunal responsable, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal o algún otro derecho sustantivo, al tratarse de tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia de debate; por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se insiste, se trata de un acto que no afecta la libertad personal de la quejosa, ni algún otro derecho sustantivo, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, a través de la emisión del acto reclamado la autoridad responsable está actuando en el ámbito de sus atribuciones legales, de tal modo que a la quejosa no se le causa un perjuicio de índole jurídico; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Tribunal de enjuiciamiento, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Se sostiene ello, ya que con motivo de la citación reclamada la impetrante debe comparecer transitoriamente ante la autoridad judicial, y con ello se busca lograr la celebración de una audiencia, pero no privarla de algún derecho, por lo que la actuación que por esta vía combate se trata de una determinación dictada que no afecta alguno de sus derechos fundamentales. Por tanto, ante la ausencia de una afectación real y actual a la parte quejosa, es evidente que carece de interés jurídico para promover juicio de amparo, pues la cita librada por el Juez de Enjuiciamiento, para que comparezca presencialmente ante el Tribunal Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Miahuatlán, Oaxaca, no implica un perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a.78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, página 239, registro 2018828, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al estimarse que el auto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5° y 6°, del mismo ordenamiento, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. No se desatiende el hecho de que la impetrante manifieste que en todo caso, le causa agravio agravio a la vida y salud dicha citación, bajo el riesgo de contraer el Sars-Cov-2 (COVID-19), ya que padece de enfermedades crónico degenerativas, tal y como se describe en la documental pública que exhibe; sin embargo, no pasa inadvertido que de los diagnósticos descritos de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2, se encuentra como paciente controlada. Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en atención al numeral 2° de la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que al día de hoy, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud ha implementado programas de vacunación para el grupo etario al que pertenece la quejosa (sesenta y más), en los que ya se inoculó a esa población con dos dosis e incluso dosis de refuerzo. Asimismo, debe precisarse que la Secretaría de Salud emitió el último informe del semáforo epidemiológico nacional el pasado uno de mayo, al encontrarse todo el país en una etapa de transición endémica con motivo del reducido número de contagios. De ahí que todas las instituciones y órganos de gobierno han implementado las medidas de seguridad establecidas para continuar evitando los contagios; por lo que este órgano jurisdiccional no advierte un motivo de riesgo inminente en perjuicio de la quejosa para incumplir con un mandato de jurisdiccional dentro de un proceso penal. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Cervantes Carrasco, quien se encuentra registrado con su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y a los restantes que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dicho dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Se acepta competencia. Ténganse por recibidos el oficio y sus anexos, por medio del cual la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, comunica que mediante determinación dictada once de mayo del año en curso, ese órgano jurisdiccional declinó competencia a favor de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo 518/2022 de su índice, promovida por Sofía Juárez Orozco, al existir el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud que este juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente, acúsese recibo e infórmese que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. En consecuencia, fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 541/2022. Compensación de asuntos. Envíese oficio a la jefa de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. A fin de integrar debidamente el expediente electrónico de este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, mediante oficio solicítese atentamente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, tenga a bien vincular el asunto 518/2022 de su estadística, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el diverso 541/2022 del índice propio. Desechamiento de la demanda de amparo. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo en relación con sus anexos se advierte que la inconforme Sofía Juárez Orozco, reclama del Juez de Enjuiciamiento del Tribunal Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Miahuatlán, Oaxaca y el notificador de su adscripción, lo siguiente: "La inconstitucional citación para que la suscrita de forma presencial acuda a LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, a la sala de audiencias del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, del Circuito Judicial de Valles Centrales (.) lo anterior en agravio de la vida y salud de la suscrita y riesgo fundado de contraer COVID 19 o también conocido como SARS COV " o CORONAVIRUS, siendo evidente que la hoy quejosa al padecer de enfermedades crónico degenerativas, lo anterior puede desencadenará (sic) en la muerte de la suscrita. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los numerales 5° y 6°, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Asimismo, el dispositivo 6° del ordenamiento en cita dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamado es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí, que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de título: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado de que se trata no causa perjuicio al interés jurídico de la parte quejosa; ello, en razón de que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado consistente en la citación a efecto de comparecer ante el Tribunal Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo cierto es, que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la quejosa, ello ya que la citación por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere su presencia para el desahogo de la audiencia de debate dentro de la causa penal 486/2017. De ahí que contra dicha citación es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial que no afecta la libertad personal de la quejosa, con otras palabras, para que sea procedente el juicio de amparo, el acto reclamado debe trasgredir la esfera de derechos fundamentales de la disidente. Máxime que, de conformidad con los artículos 90 y 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada, y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado información que sea relevante para la solución de la controversia. Congruente con lo expuesto, es dable afirmar que la cita de la quejosa por el Tribunal responsable, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal o algún otro derecho sustantivo, al tratarse de tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia de debate; por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se insiste, se trata de un acto que no afecta la libertad personal de la quejosa, ni algún otro derecho sustantivo, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, a través de la emisión del acto reclamado la autoridad responsable está actuando en el ámbito de sus atribuciones legales, de tal modo que a la quejosa no se le causa un perjuicio de índole jurídico; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Tribunal de enjuiciamiento, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Se sostiene ello, ya que con motivo de la citación reclamada la impetrante debe comparecer transitoriamente ante la autoridad judicial, y con ello se busca lograr la celebración de una audiencia, pero no privarla de algún derecho, por lo que la actuación que por esta vía combate se trata de una determinación dictada que no afecta alguno de sus derechos fundamentales. Por tanto, ante la ausencia de una afectación real y actual a la parte quejosa, es evidente que carece de interés jurídico para promover juicio de amparo, pues la cita librada por el Juez de Enjuiciamiento, para que comparezca presencialmente ante el Tribunal Unitario del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Miahuatlán, Oaxaca, no implica un perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a.78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, página 239, registro 2018828, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al estimarse que el auto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5° y 6°, del mismo ordenamiento, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. No se desatiende el hecho de que la impetrante manifieste que en todo caso, le causa agravio agravio a la vida y salud dicha citación, bajo el riesgo de contraer el Sars-Cov-2 (COVID-19), ya que padece de enfermedades crónico degenerativas, tal y como se describe en la documental pública que exhibe; sin embargo, no pasa inadvertido que de los diagnósticos descritos de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2, se encuentra como paciente controlada. Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en atención al numeral 2° de la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que al día de hoy, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud ha implementado programas de vacunación para el grupo etario al que pertenece la quejosa (sesenta y más), en los que ya se inoculó a esa población con dos dosis e incluso dosis de refuerzo. Asimismo, debe precisarse que la Secretaría de Salud emitió el último informe del semáforo epidemiológico nacional el pasado uno de mayo, al encontrarse todo el país en una etapa de transición endémica con motivo del reducido número de contagios. De ahí que todas las instituciones y órganos de gobierno han implementado las medidas de seguridad establecidas para continuar evitando los contagios; por lo que este órgano jurisdiccional no advierte un motivo de riesgo inminente en perjuicio de la quejosa para incumplir con un mandato de jurisdiccional dentro de un proceso penal. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Cervantes Carrasco, quien se encuentra registrado con su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y a los restantes que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dicho dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Socorro Zoila Ortíz Castro y Otros.1410/2015
- Sócrates Ríos Alonso775/2018
- Sofía de la Cruz Alonso Resendiz1009/2019
- Sofía Juárez Orozco501/2020
- Sofía Juárez Orozco736/2020
- Sofía Juárez Orozco1263/2018
- Sofía Márquez Canseco1006/2021
- Sofia Marquez Canseco En Representación de Extinto139/2022
- Sofía Márquez López1037/2016
- Sofia Perez Bautista156/2022
- Sofía Sandoval Ruiz906/2013
- Sofía Vásquez Molina381/2022