Sofía Juárez Orozco
Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sofía Juárez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, la Juez de lo Penal en Etla, Oaxaca, devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 49/2021 y origen 28/2021, del índice de este Juzgado; en consecuencia, regístrese su baja en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el once de septiembre de dos mil veinte, se concedió la definitiva solicitada. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar las resoluciones judiciales de veinticuatro de agosto de dos mil veinte y once de septiembre de dos mil veinte, mediante las cuales se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 736/2020, promovido por Sofía Juárez Orozco, en contra de los actos que reclama al Juez de Control de Etla, sede Ixcotel, Oaxaca, que se precisarán más adelante. ANTECEDENTES Según lo manifestado por la quejosa, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, quien respondió al nombre de Javier Cervantes Carrasco, fue víctima del delito de homicidio calificado con ventaja, al ser despojado del vehículo de motor propiedad de Sofía Juárez Orozco. De las constancias de autos se advierte que, ante el Juzgado de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, se tramita la causa penal 486/2017, la cual se instruye en contra de Yasser Evencio Cruz Pérez y José Irineo Sebastián Juárez, por los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado con ventaja y robo específico, cometidos el primero en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Javier Cervantes Carrasco y el segundo ilícito en perjuicio patrimonial de Sofía Juárez Orozco. Seguida la secuela procesal, el seis de junio de dos mil dieciocho, la aludida juzgadora dictó auto de vinculación a proceso, en contra de Yasser Evencio Cruz Pérez y otro, por los hechos que la ley señala como delito de robo especifico cometido en perjuicio patrimonial de Sofía Juárez Orozco. Así también, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Yasser Evencio Cruz Pérez, por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de la persona que en vida respondiera al nombre de Javier Cervantes Carrasco. En autos de la citada causa penal se reconoció el carácter de víctima a Sofía Juárez Orozco, directa en cuanto hace al delito de robo e indirecta respecto al diverso de homicidio. El cinco de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la mencionada causa penal, en la que se reconoció a Sofía Juárez Orozco con el carácter de coadyuvante de la representación social y se le tuvo solicitando la reparación del daño en los términos que lo hizo en el escrito que presentó el cuatro de agosto del año pasado; y se dictó el auto de apertura a juicio. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Sofía Juárez Orozco, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos de la Juez de Control de Etla, sede Ixcotel, Oaxaca, del circuito judicial de Valles Centrales. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el secretario encargado del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, radicó la demanda, la registró con el número 463/2020, y previo el cumplimiento de la prevención, mediante proveído de veintiocho de agosto del mismo año, admitió la demanda. En auto de doce de noviembre de dos mil veinte, estimó carecer de competencia legal por razón de turno para conocer de dicha demanda, por lo que la remitió a este órgano jurisdiccional. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se compartieron las consideraciones del juez declinante y se radicaron los autos bajo el número 736/2020; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; el treinta y uno de agosto y veinte de octubre de dos mil veinte, se emplazó a juicio a los terceros interesados. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el quince de febrero de dos mil veintiuno. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestiona el auto de apertura a juicio dictado en una causa penal que se tramita por un Juzgado de Control que tiene competencia dentro de la demarcación donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: De la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca. El auto de apertura a juicio dictado en la audiencia intermedia celebrada el cinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 486/2017, de su índice. V. LEGITIMACIÓN Sofía Juárez Orozco, se encuentra legitimada para promover este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que tiene el carácter de víctima en la causa penal de origen; por tanto, es quien, en su caso, tendrá derecho a exigir la reparación del daño, circunstancia que la legitima para ejercer la acción de amparo que intenta. VI. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO...Al rendir informe justificado, la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, aceptó la existencia de los actos que se le atribuyeron; lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN, Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que remitió anexas a su informe justificado y que obran en un Disco Versátil Digital, en el que consta registro en audio y video de la audiencia que constituye el acto reclamado, así como copia certificada digital de diversas actuaciones dentro de la causa penal 486/2017; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL... VII. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado a la quejosa el cinco de agosto de dos mil veinte, en la propia audiencia intermedia y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el siete de agosto de dos mil veinte y concluyó el veintisiete siguiente, descontándose del cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veinte, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Al haberse presentado la demanda el veinticuatro de agosto de dos mil veinte-como se aprecia en la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario, los cuales se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]."Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable a la quejosa. En el caso particular, si bien la quejosa reclama el auto de apertura a juicio oral de cinco de agosto de dos mil veinte, dictado en la causa penal 486/2017, lo que en realidad impugna es la parte de dicho auto en el que se estableció la solicitud del agente del Ministerio Público en relación a la reparación del daño; el cual no es un acto de imposible reparación, sino que tiene efectos intraprocesales, contra los cuales no procede el juicio de amparo indirecto. Al respecto, resulta relevante dejar precisado que el procedimiento penal acusatorio y oral se divide, según lo dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en las etapas siguientes: a) la de investigación inicial; b) investigación complementaria; c) intermedia; y, d) de juicio oral; en el caso, la tercera es la que nos interesa para la solución de este asunto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 334 del código adjetivo de la materia, la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compone de dos fases, una escrita y otra oral. La escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La oral dará inicio con el verificativo de dicha audiencia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio, lo que impedirá que el análisis de las violaciones ocurridas en esa etapa puedan ser reparadas posteriormente. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 74/2018, consideró que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral. Las razones que externó para arribar a esa conclusión, fueron que de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 de la ley de la materia, permitía concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo, debía limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral, porque sólo con dicha interpretación adquiría plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar o impugnar. Agregó, que tal principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación inicial y complementaria, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad; y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esa razón, consideró el alto tribunal que las partes en el procedimiento estaban obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario, se entendía por regla general que se había agotado su derecho a inconformarse. Circunstancia que también era consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, dado que, de acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En tales condiciones, por regla general, el auto de apertura a juicio oral sí es un acto de imposible reparación; empero, sólo en el caso de que la afectación alegada impacte asimismo derechos sustantivos, puesto que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que, de no hacerlo así, se entiende por regla general que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. De ahí que pueda afirmarse que será precisamente durante las etapas correspondientes cuando las partes deben expresar los planteamientos que consideren pertinentes en torno a la trasgresión de alguno de sus derechos fundamentales. Así, una vez expresados los argumentos de las partes durante la etapa que se trate, el juez de control emitirá el pronunciamiento que corresponda; y, en caso de inconformidad, deberán acudir a los medios de defensa a su alcance, sin que este debate pueda ser retomado o reabierto posteriormente en la etapa siguiente. Sin embargo, en el caso el juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 107 fracción V, interpretada en sentido contrario, de la ley de la materia, dado que el acto que reclama la quejosa no es de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos para los efectos de su procedencia. En efecto, del numeral antes señalado, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes, cuya fuente no provenga exclusivamente de aspectos adjetivos. En ese orden, el acto reclamado por la quejosa es de carácter procesal, ya que la solicitud de reparación del daño en los términos en que lo hizo el agente del Ministerio Público, de ninguna manera ocasiona perjuicios irreparables a sus derechos fundamentales como víctima del delito, pues en todo caso, la cuantificación de la misma se hará en la sentencia o en la etapa de ejecución de la misma, dado que, en esta etapa, tiene que ver con cuestiones de carácter meramente formales o adjetivas, por lo que no genera una afectación actual e inmediata a un derecho fundamental que no pueda ser reparada por la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral. Se afirma lo anterior, ya que tanto el agente del Ministerio Público como el asesor jurídico de la víctima, solicitaron el pago de la reparación del daño por los delitos de que se acusa al imputado, la única cuestión es que establecieron parámetros distintos para su cuantificación; no obstante, dicha circunstancia será abordada, en su caso, por el tribunal de enjuiciamiento en caso de que dicte sentencia condenatoria, y es entonces cuando podrá ser reclamable. Cuestiones que no pueden considerarse como de imposible reparación, pues no se lesiona de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, en tanto, solo afecta prerrogativas de índole adjetivo, cuya reparación puede lograrse al emitirse una resolución favorable a sus intereses en la sentencia correspondiente, dado que, con su emisión, no se afecta el derecho a la vida, la integridad física, su libertad personal, la propiedad, el patrimonio, el trabajo, la salud, entre otros, es más, ni siquiera se afecta su derecho a reclamar el pago de la reparación del daño, pues dicha solicitud si quedó sentada en el auto de apertura a juicio. Incluso, se aprecia que las pruebas que ofreció tanto la representación social como el asesor jurídico de la víctima, fueron admitidas en los términos que las ofrecieron y que servirán de base para, en su caso, cuantificar el monto de la cantidad a la que asciende la reparación del daño. De este modo no existe un solo dato que implique considerar que el auto de apertura a juicio, en cuanto hace a la reparación del daño, es de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL, NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO... Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 2632, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012689, que dice: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." IX. DECISIÓN. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretados en sentido contrario; así como la contenida en la fracción XIV del propio numeral, en relación con el 17, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, no es dable emitir pronunciamiento alguno respecto a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a modo de alegatos, pues no existe obligación de atender lo que dicha representación social expone en su pedimento, toda vez que sus manifestaciones se encuentran sujetas a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 2071, registro 2011344, intitulada: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sofía Juárez Orozco, respecto del acto atribuido a la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VIII de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Socorro Martínez Enriquez1172/2015
- Socorro Zárate Castellanos846/2021
- Socorro Zoila Ortíz Castro y Otros.1410/2015
- Sócrates Ríos Alonso775/2018
- Sofía de la Cruz Alonso Resendiz1009/2019
- Sofía Juárez Orozco501/2020
- Sofía Juárez Orozco1263/2018
- Sofia Juárez Orozco541/2022
- Sofía Márquez Canseco1006/2021
- Sofia Marquez Canseco En Representación de Extinto139/2022
- Sofía Márquez López1037/2016
- Sofia Perez Bautista156/2022