Socorro Zoila Ortíz Castro y Otros.

Expediente 1410/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1410/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
28/03/2016

Partes del expediente

  • Socorro Zoila Ortíz Castro y Otros.
  • Socorro Zoila Ortíz Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mesa I-B "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintitrés de febrero de este año, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, empero, se hizo alusión a que este juicio fue tramitado por Juan Claudio Reyes y como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución; por tanto, para el efecto de que no exista confusión en las partes, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, únicamente para el efecto de aclarar que la parte quejosa en este juicio es Socorro Zoila Ortiz Castro, así como que en el mismo se reclamó: El auto de diecinueve de julio de dos mil doce, en que se tuvo al perito de la parte actora rindiendo su dictamen de avalúo del inmueble embargado, aduciendo que su presentación fue extemporánea. La diligencia de ocho de abril de dos mil catorce, en la parte que niega a la aquí quejosa su solicitud de actualización de avalúos del bien inmueble embargado, así como de tener como su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio a la persona que propuso. El auto de ocho de agosto de dos mil catorce, en la parte que niega la entrada de la tercería de pago, promovida por Edith Guadalupe Paz Nicio, toda vez que señala que ya se adjudicó el bien, no obstante está pendiente de pronunciarse al respecto. La falta de notificación del auto de veintiséis de junio de dos mil quince, en el cual se declara aprobado y fincado el remante del inmueble embargado en dicho juicio. Que se le notificara el auto de ocho de julio de dos mil quince, sin que se le hubiera notificado previamente el de veintiséis de junio de dos mil quince. Por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, de ahí que carezca de relevancia documental. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de Arturo Rosales Salinas, tercero interesado en este juicio de amparo, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. En otro orden, por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la responsable juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca, el cuaderno de pruebas que obra por separado y un sobre cerrado que contiene copia certificada del pagaré base de la acción. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Mesa I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de tres de noviembre de dos mil quince, autorizada el veintinueve de nueve, se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Juan Claudio Reyes; asimismo, que tal resolución no se recurrió. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó la orden de aprehensión librada contra el aquí quejoso y la ejecución material de tal determinación; y por otra, se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1, 37, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Socorro Zoila Ortíz Castro, contra los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, consistentes en los autos de diecinueve de julio de dos mil doce, la diligencia de ocho de abril de dos mil catorce, el auto de ocho de agosto de dos mil catorce, la falta de notificación del auto de veintiséis de junio de dos mil quince y la notificación del auto de ocho de julio de dos mil quince, todos dentro del juicio ejecutivo mercantil 231/2010. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. MESA AMPARO I-B

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, uno de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de Socorro Zoila Ortiz Castro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintidós de septiembre de este año y manifiesta: "En relación al inciso a); preciso que el o los actos que reclamo del secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; son los mismos que se reclaman del juez, es decir, todos y cada uno de los que se relacionan en el capítulo respectivo de mi demanda de amparo, precisamente los enumerados en el numero V. - ACTOS RECLAMADOS. Respecto al inciso b).- Le digo, que sí señalo como acto reclamado el auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince; aclarándole que los argumentos esgrimidos en el capítulo de suplencia de queja, para la procedencia de su aplicación, resultan infundados puesto que, no es un derecho preferente el que pretendo hacer valer, mucho menos he agotado un juicio laboral o he tenido el carácter de trabajador, para que los actos reclamados violen derechos en materia laboral. Lo procedente es, que la violación a las formalidades del procedimiento constituyen una violación evidente de la ley que me deja en completo estado de indefensión de los derechos fundamentales a los que se refiere el artículo 1o de la Ley de Amparo, es por ello que le pido aplicar la suplencia de queja, por ser procedente. Por último, en cuanto al inciso c) Le preciso que sí reclamo la omisión de notificarme el auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, no así del veintiséis de julio del mismo año, por no existir auto de esa fecha, pero que involuntariamente por error mecanográfico se asentó el mes julio en vez de junio". Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo que respecta a la autoridad responsable que señala como secretario de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de que se trata, respecto de dicha responsable, ya que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la ley de la materia, ello es así, puesto que dicha autoridad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que carece de facultades decisorias y de ejecución, pues, sus funciones se constriñen a dar fe y autorizar los actos del titular de su adscripción. En cuanto a la falta de notificación del auto de veintiséis de junio y la notificación del auto de ocho de julio de este año, en la especie, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, tal precepto es del contenido siguiente: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, examinado por la doctrina, adoptado en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la promovente del juicio de amparo, salvo lo que se dispone para los terceros extraños a juicio y las excepciones a que se refiere el transcrito numeral de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado importe privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, ni es tercera extraña a juicio. En el caso, se advierte que la parte quejosa no observó el citado principio previamente a la presentación de la demanda de garantías. Del texto de la fracción transcrita se llega al conocimiento de que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En ese orden de ideas, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que en el caso, contra la falta de notificación del auto de veintiséis de junio y la notificación del proveído de ocho de julio de este año, procede la nulidad de notificaciones, en términos del artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual dispone: "74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". En el caso, respecto de la falta de notificación del auto de veintiséis de junio y la notificación del auto de ocho de julio de este año, procede la nulidad de notificaciones. En tales condiciones, la quejosa en su carácter de parte en el juicio de origen, previamente a la interposición del juicio de garantías debió hacer valer dicho incidente de nulidad, ya que es parte en el juicio de origen; incidente mediante el cual puede obtener la nulidad de las notificaciones que por esta vía reclama. Máxime que al ser parte en el juicio adquiere la obligación de vigilar su debida prosecución, a fin estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa. En esa tesitura, al no observarse el principio de definitividad, que hace procedente al juicio constitucional, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que motiva a desechar la demanda de garantías en estudio por notoriamente improcedente respecto de la falta de notificación del auto de veintiséis de junio y la notificación del acuerdo de ocho de julio, ambos del presente año. En otro orden, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal reformada; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; se admite a trámite la referida demanda, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de junio de dos mil quince, por el cual se ordena otorgar la escritura de adjudicación; teniéndose como violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, el acto que reclama el quejoso consistente en el acta de remate de ocho de abril de dos mil catorce, celebrada en el expediente 231/2010. Hágase del conocimiento de las partes que en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se formó expediente y se registró con el número 1410/2015. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Sin que haya lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que ya obra en autos. Por otra parte, se advierte que en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, se agregó el escrito de Arturo Rosales Salinas, sin que se hiciera pronunciamiento alguno sobre su contenido, toda vez que la quejosa aún no desahogaba la prevención que se le hizo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se tiene a Arturo Rosales Salinas, por apersonado a este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, ténganse por formulados los alegatos que hace valer, los que serán relacionados al celebrar la audiencia constitucional. Como el agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, es parte en este juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, con fundamento en los artículos 26, inciso K), y 27 fracción I, del mismo ordenamiento legal, notifíquesele este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y sus anexos, entregándole copia íntegra de este auto, autorizada por la secretaria encargada del trámite de este asunto. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngasele exhibiendo las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional; con su contenido, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tienen derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx Una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, secretaria que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-B

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