Sofia Marquez Canseco En Representación de Extinto

Expediente 139/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
139/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Sofia Marquez Canseco En Representación de Extinto
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Oaxaca
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Quinto de Distrito En el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario Encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del titular, Feliciano Humberto Santos Rojas, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario hace relación delas constancias que obran en el juicio de amparo indirecto 139/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo; (ii) auto de prevención de ocho de febrero del año en curso; (iii) acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, donde se admitió a trámite la demanda de amparo; (iv) proveído de ocho de abril de esta anualidad, relativo a la ampliación de demanda, (v) informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y (vi) proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós -donde se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito ordenando la reposición del procedimiento de acuerdo con los términos indicados en el amparo en revisión ******************** de su índice-. El Secretario encargado acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable ofrecieron diversas pruebas documentales. El Secretario encargado acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de mérito. Etapa de alegatos: En esta etapa de la audiencia se haceconstar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Secretario encargado acuerda: Al no haber formulado alegatos ninguna de las partes se cierra esta etapa, por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se ordena dictar la sentencia correspondiente. SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 139/2022, promovido por ******************** en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador ********************, cuya personería se encuentra acreditada en el juicio laboral ********************, con la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en que se le reconoció dicho carácter; en contra de los actos reclamados a las autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto, una vez que se superen los motivos de improcedencia, consiste en determinar si la omisión de acordar los escritos que presentó en ejecución de laudo en la referida instancia laboral, el diez de septiembre y doce de octubre de dos mil veintiuno; así como, el acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por el presidente de dicha junta, en el que despachó auto de ejecución contra la parte perdidosa, trasgrede los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ******************** en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La promovente de la acción constitucional, señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó a este Juzgado, donde quedó registrada con el consecutivo 139/2022 y previo cumplimiento a la prevención contenida en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió el dieciocho de febrero siguiente; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, la quejosa presentó ampliación de su demanda de amparo, contra el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós dictado por el presidente ejecutor de la Junta Especial número uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en el juicio laboral ********************; dicha ampliación de demanda se admitió el ocho de abril de dos mil veintidós, por cuyo motivo se solicitó informe justificado a la citada autoridad responsable. Luego, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio; sin embargo, ante el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de tal sentencia, en proveído de siete de diciembre del año en curso, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito ordenando la reposición del procedimiento en este expediente, de acuerdo con los términos establecidos en la ejecutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión ******************** de su índice. Por lo que, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en el citado proveído se señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional -otorgando a la parte quejosa la vista de ocho días a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca-; audiencia que se desahogó de conformidad con el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; se reclama un acto atribuido a autoridades del trabajo, cuya ejecución material tiene lugar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lugar ubicado dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, del análisis de los elementos de la demanda y su escrito aclaratorio, se precisan los actos reclamados y autoridades responsables en este controvertido: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS En la demanda inicial Integrantes de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Secretaria general A, de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Falta de acuerdo a los escritos de diez de septiembre y doce de octubre de dos mil veintiuno, presentados dentro del expediente laboral ********************, en los que solicitó se despache auto de embargo contra la parte demandada y copias certificadas del laudo dictado en esa instancia. En ampliación de demanda Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. El acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el cual dictó auto aclaratorio de ejecución de laudo y despachó auto de requerimiento de pago y/o embargo contra la parte demandada en el juicio laboral ********************. Conforme a la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de los actos reclamados, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Número 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Integrantes de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Secretaria general A, de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negaron la existencia de la omisión que se les atribuyó, argumentando que a quien corresponde proveer sobre las peticiones de la quejosa en ejecución de laudo, es al Presidente de dicho órgano laboral; luego, como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar tal inexistencia. En ese sentido, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO.- CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, pues a la fecha se la presentación de la demanda de amparo, no se había proveído sobre las peticiones de la parte quejosa contenidas en sus escritos de diez de septiembre y doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral ********************, aunado a que fue dicha autoridad quien dictó el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, que le reprocha la quejosa en ejecución del laudo dictado en esa instancia. Tales actos se corroboran con las constancias que en copia certificada remitió la citada autoridad responsable del juicio laboral ********************, mismas que tienen valor probatorio pleno, conforme a lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 13, registro digital 194697, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". En la especie, en relación a la falta de acuerdo a los escritos de diez de septiembre y doce de octubre de dos mil veintiuno, presentados dentro del expediente laboral ********************, en los que solicitó se despache auto de embargo contra la parte demandada y copias certificadas del laudo dictado en esa instancia, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada ley de amparo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó, la promovente del amparo reclamó del presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de emitir el acuerdo que corresponda a la petición que hizo mediante promociones de diez de septiembre y doce de octubre de dos mil veintiuno, presentados dentro del expediente laboral ********************, en los que solicitó se despache auto de embargo contra la parte demandada y copias certificadas del laudo dictado en esa instancia. Ahora bien, al rendir su informe con justificación, el presidente de la citada Junta de Arbitraje, informó que mediante proveídos de dos y diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se acordó sobre los escritos de la quejosa y al respecto se otorgaron las copias que solicitó y se despachó auto de ejecución contra la parte demandada en esa instancia, asimismo, manifestó que en el último de los citados acuerdos, se aclaró el monto de ejecución del laudo, lo que se corrobora con las constancias que al efecto acompañó deducidas del citado juicio laboral. Por ende, se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, ya que lo pretendido en esencia por la agraviada al promover el juicio de amparo, era que la responsable diera respuesta a las citadas peticiones; lo que aconteció al emitirse los proveídos de dos y diecisiete de marzo de dos mil veintidós; luego, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, en relación a la omisión referida. Por otro lado, en relación a la determinación adoptada por el presidente de la Junta responsable en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, donde aclaró el monto por el cual resultó procedente despachar ejecución contra la parte demandada, dictado en el juicio laboral ********************, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (.)". De una interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se concluye que antes de acudir al juicio de amparo el promovente debe agotar previamente los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, pues dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste sólo procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades judiciales, administrativas o laborales, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia laboral, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legalmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, se tiene que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los Presidentes en etapa de ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares; de aquí que si el acto reclamado fue emitido por el presidente del tribunal responsable, es evidente que la parte quejosa antes de incoar la acción constitucional, debía agotar el recurso de revisión. En efecto, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 939 y 940, regula el procedimiento de ejecución de los laudos y a quién corresponde su ejecución, dado que establecen lo siguiente: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita.". De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas o Tribunal de Conciliación y Arbitraje, corresponde llevarla a cabo a los presidentes de los mismos. Igualmente, en los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento, se establece la procedencia del recurso de revisión previsto por la legislación laboral federal, que procede contra actos del presidente, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados de la Junta, en ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, y son del tenor literal siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley.". El análisis sistemático de los anteriores dispositivos, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en etapa de ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas. En la segunda hipótesis, que conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial respectiva, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Mientras, que en el tercer supuesto, conocerá la Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. De lo antes expuesto, se colige que los Presidentes de las Juntas o Tribunal de Conciliación y Arbitraje, son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos. En el caso particular, la parte quejosa promovió ampliación de la demanda en el presente juicio de amparo indirecto contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el Estado de Oaxaca, en el cual, en etapa de ejecución de laudo, se despachó ejecución de laudo, por concepto de salarios caídos, de la fecha en que ocurrió el despido a la fecha del deceso del actor ********************. Así, se tiene que, el acto reclamado fue dictado por el presidente del tribunal responsable, en la etapa de ejecución del juicio laboral ********************, acto contra el cual procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, con el cual pudo alcanzar la restitución en el goce de los derechos que considera vulnerados, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". "Época: Octava Época Registro: 229769 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 85 AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE LAUDO. NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado por el quejoso fue dictado por el presidente ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en ejecución de un laudo y contra este mandamiento el quejoso no interpuso previamente el recurso de revisión.". En consecuencia, como la parte quejosa no agotó el citado principio de definitividad, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de Como resultado de lo anterior, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ******************** en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador ********************, en contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y mediante lista de acuerdos a las demás partes.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, informando que se avocó al conocimiento del recurso de revisión interpuesto por la quejosa, contra la resolución dictada en este juicio. Hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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