Socrates Alberto Solerto Beltran

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Socrates Alberto Solerto Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 8128/2021 del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que no insistirá en declinar competencia a este Juzgado de Distrito, respecto del juicio de amparo 171/2021 de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Cúmplase....

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 22 DE marzo DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada físicamente el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por otra parte, agréguese el oficio 5391/2021 signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual comunica el acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el titular de dicho órgano jurisdiccional; de cuyo contenido se advierte que la autoridad federal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo citado y lo envía para que el suscrito se avoque a su conocimiento; al respecto se provee: RADICACIÓN. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 250/2021. Acúsese recibo. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. De las constancias que integran el juicio de amparo 171/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierte que mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, el titular de dicho órgano jurisdiccional, tomo como consideración para plantear la incompetencia de que se trata, lo siguiente: "(.) Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo, en virtud que el acto reclamado consistente en la negativa de otorgar-copia cotejada del expediente de queja 4347/2020 tiene ejecución material, al incidir en el ejercicio de la garantía de audiencia, de lo que se sigue que los efectos materiales ocasionados por esa negativa, tendrán sus consecuencias en el lugar en el que se integra ese expediente. (.) Así, el acto consistente en la negativa de otorgarle copias cotejadas del expediente de queja 4347/2020 tiene ejecución material, precisamente al derivar del ejercicio de los derechos que tiene el quejoso. Lo anterior es así, pues el quejoso refirió expresamente que tiene la calidad de quejoso en ese expediente y que dichas constancias le son de utilidad en diversos procesos legales a fin de desarrollar asesoría jurídica técnica. En relación con lo anterior, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia -por razón de territorio-recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. (.) Ahora bien, de lo asentado en el escrito de demanda y como ya se precisó, el expediente de queja del cual emana el acto reclamado se encuentra radicado en el Estado de Puebla, por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, corresponde al lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Pues si la responsable dio contestación en sentido negativo a la solicitud de copias del quejoso, ello implica un actuar que tendrá incidencia en el lugar donde esa autoridad reside y es donde sus consecuencias jurídicas se verán materializadas, respecto de la situación particular del accionante, al derivar su petición de cuestiones relacionadas con el lugar donde se integra ese expediente de queja. Entonces, los efectos de ese acto se verificarán en el Estado de Puebla, lugar en el que se encuentra el expediente del cual emana el acto reclamado. (.) En ese orden, se estima que este órgano federal carece de competencia para resolver el asunto y con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declina la competencia a un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, conforme con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Esta determinación se apoya no solo en la ejecución del acto reclamado en estricto sentido, sino también en los alcances fácticos que dicha ejecución trae consigo, como lo es, el acceso al expediente de donde deriva su procedimiento y las copias solicitadas para el efecto de que pueda llevar una adecuada asesoría técnica en el procedimiento en el que tiene carácter de quejosa." Sin embargo, el suscrito Juez de Distrito, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este Juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla; por las razones siguientes. En primer término, para una mejor comprensión de las razones por las cuales este Juzgado Federal determina no aceptar la competencia legal declinada, conviene citar el acto que por esta vía se reclama: - La negativa de otorgarme copia cotejada del expediente de queja 4347/2020, el cual fue radicado en la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, expediente en el cual tengo acreditada la personalidad de quejoso, resolución que me fue notificada en fecha 19 diecinueve del mes de febrero del año en curso. Asimismo, la parte quejosa señaló como autoridad responsable, a la siguiente: - Maestra Verónica Polanco Flores, Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En el particular, el promovente de amparo reclama a la Maestra Verónica Polanco Flores, Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la negativa de otorgarle copia cotejada del expediente de queja 4347/2020, el cual se encuentra radicado en la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; sin embargo, ello no significa que dicho acto sea naturaleza penal, puesto que, el acto reclamado no deriva de alguna carpeta de investigación o averiguación previa. Lo anterior es así, ya que la negativa en la que incurre la autoridad señalada como responsable, es una negativa de carácter administrativo, es decir, no fue emitida dentro de un proceso penal o alguna carpeta de investigación o averiguación previa; aunado a que dicha negativa es únicamente atribuible a la autoridad señalada como responsable por la parte quejosa, pues la misma no se puede atribuir a diversas autoridades en materia penal, máxime que no existe registro de la integración de una carpeta de investigación. Además, lo que se reclama a la autoridad señalada como responsable (no penal) emana de una queja; por lo que al momento de la presentación de la demanda, no se advierte que se haya iniciado carpeta de investigación alguna que dé competencia a este juzgado. En tales condiciones, dicho acto no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al tratarse el acto reclamado de una negativa de expedir copias por parte de una autoridad no penal, y que el expediente que dio origen a dicha omisión es también de carácter administrativo, corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, conocer del presente asunto. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito muy respetuosamente, no comparte las consideraciones que esgrimió el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Sócrates Alberto Soltero Beltrán. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que refiere en su escrito de demanda para efecto de recibir notificaciones. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico ni el número de teléfono que proporciona como medios para recibir notificaciones, al no encontrarse previstos en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dichos medios, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Se hace constar, para los efectos legales a que haya lugar, que el promovente no designo autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. DIVERSA PROVIDENCIA. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que la parte quejosa en su escrito de demanda, proporciona un nombre de usuario que cuenta con firma electrónica (FIREL); sin embargo, de la lectura íntegra del libelo de cuenta, no se advierte que el promovente haya solicitado el acceso a la consulta del expediente electrónico dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de dichos usuarios, ni que las notificaciones se le realicen por la vía electrónica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio al Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso Rafael Cortés López y, visto su contenido, se provee: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADO PROCESAL. En relación al domicilio que señala para recibir notificaciones, correo electrónico y número telefónico que señalada, dígasele que respecto a dichos tópicos deberá estarse a lo acordado en auto de diez de septiembre de dos mil veinte -dictados en el presente juicio de garantías-, se acordó lo conducente. Por otro lado, atinente a su solicitud de designar como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio Esteban Saldaña Ramírez, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues al antes mencionado le fue reconocido el carácter de su defensor particular en este juicio, personalidad que se le tuvo por acreditada en términos de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, en auto de quince de octubre de dos mil veinte; por tanto, cuenta con todas las facultades legales para actuar en este controvertido. INCIDENTE DE REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO. En diverso aspecto, como lo solicita, téngasele denunciando la repetición del acto reclamado, en los términos que plantea; por tanto, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se admite el incidente de repetición del acto reclamado. Atento a lo anterior, córrasele traslado a la Jueza Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, con copia del escrito de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, rinda el informe que corresponda respecto a la denuncia aludida; en el entendido que deberá remitir copia certificada de las constancias que resulten pertinentes para apoyar su informe. Se apercibe a la autoridad requerida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En ese sentido, una vez que se cuente con el informe requerido y transcurra el plazo antes señalado, se señalará fecha para la celebración de la audiencia incidental correspondiente. VISTA CON CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio 483 signado por la Jueza Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías, en términos de lo requerido en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, remitiendo las constancias con las que acredita su dicho. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y anexo), dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable.

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