Sixto de la Cruz Mariano

Expediente 205/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
205/2019
Año
2019
Actuaciones
45
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Sixto de la Cruz Mariano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso Sixto de la Cruz Mariano en contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, quedando registrado en el libro de gobierno con el número de inconformidad 19/2019 del citado tribunal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso Sixto de la Cruz Mariano, por medio del cual interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 607 a 618), emitido en los autos del juicio de amparo 205/2019-E. En tal virtud, distribúyase entre las partes copia del escrito de cuenta; y, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo y, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre del referido año), del que se desprende que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de ese medio de impugnación; dentro del término de veinticuatro horas siguientes a que se notifique este proveído a todas las partes en el presente sumario constitucional, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, junto con un tomo de prueba (anexo I), el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito para la sustanciación del recurso aludido. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se ordena notificar personalmente al quejoso, el presente auto en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. En consecuencia, con fundamento en los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a la quejosa Sixto de la Cruz Mariano, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 205/2019-E; Notifique a la parte quejosa el presente auto. Le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se solicita atentamente al Juez que ordene al diligenciario que corresponda realice la diligencia en los términos solicitados, a efecto de no retrasar el trámite del juicio de amparo en contravención de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados mediante proveído de siete de octubre de dos mi diecinueve (fojas 577 a 579), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; desahogando el quejoso la vista concedida (fojas 589 a 593).En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos.Para ello, en principio es necesario indicar que la sentencia pronunciada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 206 a 224) concedió el amparo al quejoso para que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, realizara lo siguiente:"OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En virtud de las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución, donde se concedió el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, con fundamento en los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se exponen los efectos de dicha concesión.Ahora bien, se requiere al Juez de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, para el efecto de que una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta administrativa 18/2017/Teziutlán, en la que determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al aquí quejoso continúe vigente durante la secuela del procedimiento. II. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: 1. Motivará debidamente el lapso efectivo de privación de la libertad del quejoso a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de justificar la prolongación de dicha prisión preventiva y no la que señaló, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto I del considerando que antecede).2. Motivará y fundará debidamente la suspensión del procedimiento en virtud del juicio de amparo que promovió la parte quejosa, esto es, el número de juicio de amparo, el juez de Distrito que lo conoció y lo resolvió, la fecha del auto y los términos en el cual el juez de Distrito ordenó la suspensión del procedimiento, el cuaderno principal o incidental donde se ordenó la apertura del mismo, y el precepto en que se sustentó dicha suspensión de procedimiento, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto II del considerando que antecede), y,3. Motivará las fechas en que la defensa solicitó el diferimiento de audiencia por el motivo estudiado -procedimiento abreviado-, o algún otro, así como las fechas en que el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, y se difirió la audiencia intermedia, y también motivará su dicho en el sentido de que requirió a los intervinientes para que informaran lo relativo al procedimiento abreviado, esto es, el auto en que dirigió dicho requerimiento, y si se dio cumplimiento al mismo, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto III del considerando que antecede), y,4. Motivará primero el tiempo que el quejoso ha guardado prisión preventiva oficiosa, y de haber transcurrido el plazo de dos años, motivar cuánto se ha prolongado, así como motivará si dicha prolongación está justificada (esto último, en relación con los puntos I, II y III del presente apartado), y sin que proceda sumar a dicho lapso el periodo en que se resuelva un juicio de amparo, en virtud de lo expuesto en esta resolución (punto IV del considerando que antecede)." (fojas 221 y 222).La citada sentencia causó ejecutoria el seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 250 a 253), por lo que se requirió su cumplimiento al juez penal responsable; y comunicó lo siguiente: 1. Mediante oficio JOPT/1519/2019 de trece de agosto de dos mil diecinueve, que el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitió auto de apertura a juicio oral en la carpeta judicial administrativa 18/2017/TEZIUTLÁN de su índice, instruida a Sixto de la Cruz Mariano, fecha desde la que, señaló quedó a disposición del tribunal de enjuiciamiento, por lo que, indicó que se encontraba legamente impedido para seguir conociendo de la causa penal en cita, haciendo saber dicha circunstancia al administrador de las casas de justicia, a efecto de que lo hiciera del conocimiento del juez que conociera del juicio oral, para que éste se pronunciara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 261).2. Mediante oficio JOPS/799/2019 de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el designado Juez del Tribunal de Enjuiciamiento (David Rodríguez González) comunicó que la carpeta judicial administrativa 18/2017/TEZIUTLÁN no la había recibido, porque respecto a la resolución que ordenó la exclusión de los medios de prueba en la audiencia intermedia, la defensa del aquí quejoso interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, señalando que en términos del artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la interposición del recurso de apelación contra la exclusión de pruebas, tiene como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura a juicio oral al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva, razón por que, al no haber recibido éste, indicó que no resultaba competente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 321).3. Por oficio 45 de dos de septiembre de dos mil diecinueve (foja 368), previa substanciación del conflicto competencial, el Magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, comunicó que radicó el conflicto competencial 1/2019 de su índice, derivado de la carpeta judicial administrativa 18/2017/TEZIUTLÁN, el cual admitió a trámite (foja 370); y, mediante el diverso oficio JOPT/1722/2019 de nueve de septiembre del actual (foja 379), el Jefe de Causas Penales de Teziutlán, Puebla, remitió la resolución pronunciada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el citado conflicto competencial, en donde se determinó que la autoridad competente para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla (fojas 381 a 409), por lo que, requirió a éste su cumplimiento, lo que también este órgano jurisdiccional hizo en acuerdo de nueve de septiembre del actual (fojas 412 a 414); y, 4. Por oficio JOPT/1743/2019 de diez de septiembre de dos mil diecinueve (foja 451), el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Alberto Bagatella Bermúdez), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: dejó sin efectos el acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta judicial administrativa 18/2017/TEZIUTLÁN de su índice, señalando las diez horas del doce de septiembre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia en donde se resolvería lo relativo a la medida cautelar oficiosa (prisión preventiva), citando a las partes para su comparecencia; y, por diverso oficio JOPT/1771/2019 de doce de septiembre de dos mil diecinueve (foja 460), el citado resolutor remitió la audiencia de la fecha indicada, contenida en un disco versátil digital DVD, en donde determinó reiterar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso. Ahora, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 544 a 550), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida, y se requirió nuevamente su cumplimiento, debiendo dejar insubsistentes las resoluciones de doce de febrero y doce de septiembre, ambas de dos mil diecinueve, y la última por ser con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Así, mediante oficio JOPT/1895/2019 de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 574), la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla (Rosario Ivonne Rivera Calzada), encargada del cumplimiento, en audiencia de la misma fecha: dejó sin efectos el acuerdo de doce de febrero y doce de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, y remitió la audiencia de la fecha indicada, contenida en un disco versátil digital DVD (foja 575), en donde determinó reiterar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso. Disco de prueba al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin necesidad de audiencia especial para su desahogo al tener naturaleza jurídica de prueba documental pública, como lo sustenta la jurisprudencia número 43/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Del disco indicado, se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de ésta, la juez responsable desahogó la audiencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, en los siguientes términos (DVD 11:59 a 12:34 HRS):"Así, las cosas, en cumplimiento a la resolución pronunciada en esa fecha por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en los autos del juicio de amparo 205/2019-E, promovido por Sixto de la Cruz Mariano, en que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, así como por diverso requerimiento de dicha autoridad federal pronunciado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, para el efecto de que este órgano jurisdiccional: 1. Deje insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta administrativa 18/2017/Teziutlán, en la que determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso continúe vigente durante la secuela del procedimiento, así como la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve. 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, que son los siguientes: 1. Motivar debidamente el lapso efectivo de privación de la libertad del quejoso a partir del doce de febrero dos mil diecisiete, a efecto de justificar la prolongación de dicha prisión preventiva y no la que señaló en virtud de lo expuesto en la resolución. 2. Motivar y fundar debidamente la suspensión del procedimiento, en virtud del juicio de amparo que promovió la parte quejosa; esto es, el número de juicio de amparo, el juez de distrito que lo conoció y lo resolvió, la fecha y auto, los términos en el cual, el juez de Distrito ordenó la suspensión del procedimiento, el cuaderno principal o incidental donde se ordenó la apertura del mismo y el precepto en que se sustentó dicha suspensión del procedimiento, en virtud de lo expuesto en la resolución. 3. Motivar las fechas en que la defensa solicitó el diferimiento de audiencia por el motivo estudiado, procedimiento abreviado, y se difirió la audiencia intermedia y también motivará su dicho en el sentido de que requirió a los intervinientes para que informaran lo relativo al procedimiento abreviado, esto es, el auto en que dirigió dicho requerimiento y si dio cumplimiento al mismo en virtud de lo expuesto en la resolución. 4. Motivar, primero, el tiempo en el que el quejoso ha guardado prisión preventiva oficiosa y de haber transcurrido el plazo de dos años, motivar cuánto se ha prolongado, así como motivar si dicha prolongación está justificada y sin que proceda sumar a dicho lapso el periodo en que se resuelve un juicio de amparo en virtud de lo expuesto en la resolución.Con base en lo expuesto es procedente, en primer término, y en cumplimiento al punto 1, dejar insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta administrativa 18/2017/Teziutlán, en la que determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso continúe vigente durante la secuencia del procedimiento, así como la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el órgano jurisdiccional, audiencia oral y pública, y para dar cumplimiento al punto 2, ordinales 1, 2, 3 y 4 ya precisados, con libertad de jurisdicción otorgada por la autoridad federal, se procede a dictar una diversa resolución bajo los lineamientos establecidos.Referente al punto 1, relativo a motivar debidamente el lapso efectivo de privación de libertad del quejoso, a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de justificar la prolongación de dicha prisión y no la que se señaló en virtud de lo expuesto en la resolución, se destaca lo siguiente:La detención del hoy aquí acusado Sixto de la Cruz Mariano, data del doce de febrero de dos mil diecisiete, ocasione que con motivo de la audiencia de control inicial se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el plazo constitucional, que se reiteró al resolver la situación jurídica de plazo constitucional mediante la vinculación a proceso decretada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dato que se destaca porque también se decretó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con vigencia durante todo el curso del procedimiento, y si bien el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena exige la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años; también se establece una excepción a ese derecho, y es precisamente que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. lo que en el presente caso a estudio sucede, dado que conforme al contenido de las actuaciones que integran la carpeta administrativa se advierte que la defensa en diversas ocasiones solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, tanto para que se realizara descubrimiento probatorio, la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios y la implementación de un mecanismo de terminación anticipada como lo es el procedimiento abreviado, como se sustenta con la relación sucinta que a continuación se hace.Con lo que se da cumplimiento al punto 3 y 4 de la ejecutoria que se cumplimenta, que es motivar las fechas en que la defensa solicitó el diferimiento de audiencia por el motivo estudiado (procedimiento abreviado) y se difirió la audiencia intermedia y también motivar su dicho en el sentido de que requirió a los intervinientes para que informaran lo relativo al procedimiento abreviado, esto es, el auto en que se dirigió dicho requerimiento y si se dio cumplimiento al mismo en virtud de lo expuesto en la resolución, así como motivar primero el tiempo en el que el quejoso ha guardado prisión preventiva oficiosa y de haber transcurrido el plazo de dos años; motivar cuánto se ha prolongado, así como motivar si dicha prolongación está justificada y sin que proceda sumar dicho lapso al periodo en que se resuelve un juicio de amparo, en virtud de lo expuesto en la resolución. Bien, es ese sentido se reitera que el auto de vinculación a proceso data del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y la detención fue cuatro días antes, del doce de febrero para el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió la acusación del ministerio público y con ese motivo, el veinticinco de septiembre del mismo año se citó por primera ocasión para la práctica de la audiencia intermedia a desahogarse el diez de octubre de dos mil diecisiete. El día anterior, nueve de octubre de dos mil diecisiete, la defensa particular solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia por el término de diez días para realizar el descubrimiento probatorio y preparar su teoría del caso, solicitud que se acordó favorable el mismo día.Por auto de diez de octubre del mismo año, se dejó sin efecto la audiencia programada para ese día dado que el agente del ministerio público estuvo de acuerdo de que se difiriera la audiencia y señaló nueva fecha para el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.En proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, tanto la defensa particular como la fiscalía renunciaron al plazo de la práctica de la audiencia intermedia, argumentando que se encontraban en pláticas con la finalidad de celebrar acuerdos probatorios.También renunciaron al plazo para la práctica de la audiencia intermedia, conforme al contenido del artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que fue señalada para su desahogo el día siete de noviembre del mismo año. En esa fecha, tanto la fiscalía como la defensa particular hicieron la misma manifestación, es decir, que se encontraban en pláticas con la finalidad de celebrar acuerdos probatorios, y en ese sentido se requirió a la partes para que en el término de tres días posteriores a su notificación manifestaran el plazo necesario para informar al órgano de control los acuerdos probatorios a los que hubiesen llegado.Fue hasta el cuatro de marzo de dos mil dieciocho que se acordó escrito de trece del mismo mes y año presentado por la defensa en el que solicita se señalara fecha para audiencia intermedia, que se programó para el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho; ocasión en que tanto la defensa particular como la fiscalía solicitaron el diferimiento de la audiencia intermedia por el término de cinco días, bajo el planteamiento de que existían pláticas con la finalidad de buscar ser implementado el procedimiento abreviado, a quienes se concedió ese término para que comunicaran su determinación que pudieran adoptar y generarse la audiencia correspondiente.Para el tres de mayo de dos mi dieciocho, se acordó escrito de la defensa de dos de mayo en que solicita fecha para audiencia intermedia en que se requirió tanto a la fiscalía como a la defensa se informara acerca de la posible solución al conflicto que se tenía, es decir, lo que hubieran acordado acerca de la implementación del procedimiento abreviado.Para el día diecisiete del mismo mes, mayo de dos mil diecinueve, por escrito de catorce de mayo del mismo año, la defensa mencionó que no se había arribado a ningún acuerdo, y solicitó se señalara día y hora para el desahogo de la audiencia intermedia, y con esa petición se da vista al agente del Ministerio Público para lo que a su representación social conviniera.El diez de julio de dos mil dieciocho, la defensa presenta escrito en que solicita se señale día y hora para la práctica de la audiencia intermedia programada para el dieciocho de julio del mismo año, ocasión en que tanto la fiscalía como la defensa particular solicitaron diferir la audiencia porque mencionaron nuevamente se buscaba la implementación del procedimiento abreviado. Así las cosas, se difirió la audiencia y el órgano jurisdiccional los requirió que a la brevedad indicaran el resultado de sus pláticas.En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la defensa solicita nuevamente se señalara fecha para el desahogo de la audiencia intermedia y se acordó que las partes debían informar en el término de tres días sobre la tramitación del procedimiento abreviado.Por escrito de veintidós de octubre de dos mil dieciocho de la defensa, solicita se señale día y hora para la práctica de la audiencia intermedia, además de mencionar que no había sido posible llegar a un acuerdo para la procedencia de un medio de aceleración del proceso. Escrito acordado en auto de veinticinco del mismo mes y año, se dijo que se atendería su petición una vez que el juez de reincorporara a sus actividades dado que se encontraba presidiendo tribunal de enjuiciamiento.Así, por acuerdo de veintiocho de noviembre del mismo año, se citó a la práctica de la audiencia intermedia para el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ocasión en que tanto la defensa particular como la fiscalía pidieron el diferimiento de la audiencia intermedia, debido a que no se había logrado el descubrimiento probatorio de la defensa, petición que se acordó favorable.Fue para el seis de febrero de dos mil diecinueve cuando se citó nuevamente a audiencia intermedia, citándolo para el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en esa ocasión nuevamente el fiscal indicó que no se había logrado el descubrimiento probatorio total y se solicitó un término de cinco días y el juez determinó diferir la audiencia. En auto de veinticinco de abril de dos diecinueve, se citó en diversa ocasión al desahogo de la audiencia intermedia para el tres de mayo de dos mil diecinueve, ocasión en que también se difirió debido a que se hizo planteamiento de acuerdo en relación a los posibles acuerdos probatorios que pudieran celebrar las dos últimas fechas que he mencionado.Ahora bien, el resultado de las audiencias de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, y tres de mayo del mismo año, no deben ser tomadas en consideración para el cumplimiento de amparo que se procede a llevar a cabo, debido a que son circunstancias posteriores a la fecha del acto reclamado, que data del doce de febrero de dos mil diecinueve; simplemente se les anunció acerca de las circunstancias que se dieron con motivo del retraso del curso del procedimiento.En esa trama, de los antecedentes expuestos se advierte que a partir del nueve de octubre de dos mil diecisiete, un día antes de la fecha en que se señaló por primera vez el desahogo de la audiencia intermedia, se empezaron a atender las peticiones de la defensa, en relación a diferir la práctica de la audiencia intermedia y se puede observar que hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, habían transcurrido nueve meses y veintitrés días, ello derivado de que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en que por primera ocasión se solicitó diferir la audiencia intermedia hasta el catorce de marzo de dos mil dieciocho, cuando nuevamente se había citado a la audiencia intermedia habían transcurrido cinco meses y cinco días; después del veintidós de marzo de esa última fecha que se había citado a la audiencia intermedia para el diecisiete de mayo, en que se informó que no había acuerdo acerca del procedimiento abreviado, transcurrieron dos meses con ocho días; del diez de julio de dos mil dieciocho que se citó para la práctica de la audiencia intermedia, hasta el diecinueve de septiembre en que se requirió informaran acerca de la posibilidad del acuerdo abreviado, del acuerdo de procedimiento abreviado, que habían solicitado se difiriera la audiencia para arribar a la posible implementación de un mecanismo de aceleración, transcurrieron dos meses con nueve días, de tal manera que en esos tres periodos se trata de un total de nueve meses con veintitrés días.Recapitulando, en audiencia de control de detención y formulación de imputación, se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que fue a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete, y el auto reclamado en vía de amparo y que es el que dio motivo al amparo interpuesto por el acusado que se indicó debía prorrogarse la medida cautelar, se deben restar nueve meses y veintitrés días en que con motivo del ejercicio de defensa se solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, primero, por no existir descubrimiento probatorio, después para arribar a acuerdos probatorios, posteriormente, buscando la implementación del procedimiento abreviado, e inclusive, al final, nuevamente por no existir descubrimiento probatorio que dio motivo a diversos diferimientos. Dos años traducidos en veinticuatro meses por el plazo que estuvo prorrogándose la práctica de la audiencia intermedia hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve, habían transcurrido nueve meses con veintitrés días. Entonces, ese tiempo restado a veinticuatro meses arroja como resultado trece meses con veintitrés días; de tal manera que hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve en que se dicta el acuerdo materia de impugnación no se habían cumplido los dos años de vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que señala el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, del curso normal del procedimiento, sino que se estuvo prorrogando por el ejercicio del derecho de defensa en términos de lo que dispone el mismo numeral invocado como causa de excepción, en correlación a lo dispuesto por el diverso 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.De tal manera que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa puede prorrogarse por razón del ejercicio del derecho de defensa, como si en este caso se observa que durante todo el curso del procedimiento, pero concretamente nueve meses con veintitrés días, fue el ejercicio del derecho de defensa o la práctica de la propia defensa lo que motivó y alargó el curso del procedimiento, necesariamente da como consecuencia que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deba continuar vigente durante todo ese tiempo, faltando para cumplir la temporalidad de veinticuatro meses, los dos años de vigencia que se requiere en los numerales indicados.Además, no puede perderse de vista que en el caso cuyo estudio que nos ocupa, y por la etapa en que se encontraba el procedimiento al momento de dictarse el acuerdo materia de impugnación, en términos de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Federal, el acusado Sixto de la Cruz Mariano, teniendo el derecho inherente a la conclusión de ese procedimiento mediante la sentencia respectiva, ya sea que hubiese sido en juicio oral o en un procedimiento abreviado.Pero en ambos casos, con el derecho a ejercer la contradicción por encontrarse debidamente representado, es decir, ejercer actos defensivos a través de su defensa, lo que justifica la prolongación de la medida impuesta que se precisa resulta legal referente al hecho que constituyó la materia por la que se sigue el procedimiento, fijado en el momento en que se vinculó al procedimiento, dado que el legislador federal sustrajo la facultad al órgano jurisdiccional para determinar la medida de prisión preventiva oficiosa, con base en los principios de proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la medida, dado que se estableció en la Constitución Federal en el artículo 19; asimismo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 167, que ordena al órgano jurisdiccional la imposición de tal medida en el hecho tipificado como delito de homicidio calificado por el que se sigue la carpeta administrativa en contra del hoy acusado. Precisamente por considerar que en ese tipo de delitos por la lesión grave de derechos humanos, asegura la presencia del imputado en el procedimiento, se garantiza la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evita la obstaculización del procedimiento, es decir, la finalidad es asegurar el resultado exitoso del procedimiento penal.Sin que sea óbice a lo expuesto, y también abundado en este tema, para ejercer debidamente ese derecho de defensa que tiene el acusado y que se encuentra previsto tanto en la Constitución Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución Federal el artículo 20 apartado B, y también en el apartado A, dado que en el apartado B se establece, precisamente, ese derecho que tiene a ofertar medios de prueba para que sean considerados precisamente de llegarse a ese punto en el juicio oral, y asimismo, en el apartado A del artículo 20 , si bien se especifica que la carga de la prueba corresponde al ministerio público, eso no es óbice para especificar que también en este se garantiza el derecho de defensa y a ejercer esa adecuada defensa, dado de que a pesar de que este ejercicio de la carga del procedimiento al ministerio público, pero el agente del ministerio público no va solo, debe existir siempre el ejercicio del contradicción para que se encuentre debidamente representada la persona que se encuentra sujeta a ese procedimiento; y asimismo, en términos de lo que dispone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece también las obligaciones de la defensa para ejercer debidamente ese supuesto, y que a la letra establece: "son obligaciones del defensor entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen; comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa; comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias; recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa; presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; solicitar el no ejercicio de la acción penal; ofrecer los datos o medios de prueba que en la audiencia correspondientes y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o de formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; en los casos que proceda, formular solicitudes de procedimientos especial; guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; interponer los recursos e incidentes en términos de este Código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de amparo; informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa, y las demás que señalen las leyes".De la misma manera también este derecho se encuentra amparado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el artículo 8 que habla sobre las garantías judiciales en el punto 2, en el que se establece: "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza".En ese contexto, estos ordenamientos, tanto de este instrumento internacional como de la legislación que rige en este país, se advierte la serie de derechos que tiene el imputado en cada una de las etapas del procedimiento, y en cada una de esas etapas del procedimiento es que se ejerce debidamente esa defensa, en consecuencia, todas estas etapas son actos del ejercicio de defensa, en consecuencia, se insiste que la medida, en base a estas consideraciones, es que se encuentra su justificación para prorrogarse.Sin que sea óbice a lo expuesto que en el acuerdo materia de impugnación se haya destacado también que con motivo de que el hoy acusado Sixto de la Cruz Mariano recurrió el auto de vinculación a proceso a través del amparo 303/2017-D, del índice del Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, que se dijo, propició que no pudo desahogar, que se propició que no pudiera desahogarse la audiencia intermedia. En este punto, y para dar cumplimiento a ese numeral 2, señalado en la ejecutoria que se cumplimenta, respecto a motivar y fundar debidamente la suspensión del procedimiento en virtud del juicio de amparo que promovió la parte quejosa, esto es, en el número de juicio de amparo en el que juez de Distrito que lo conoció y lo resolvió, la fecha y los términos en que el juez de Distrito ordenó la suspensión del procedimiento, el cuaderno principal o incidental donde se ordenó la apertura del mismo y el precepto en que se sustentó que dicha suspensión del procedimiento en virtud de lo expuesto en la resolución.Al respecto se indica, que dentro del citado juicio de amparo, en el expediente principal, en el auto de admisión de la demanda, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, ultima parte, de la Ley de Amparo, si bien se precisó que una vez concluida la etapa intermedia y hasta que este órgano jurisdiccional tuviera noticia de la notificación de la sentencia o resolución definitiva que concluyera con el citado juicio de amparo, debería suspender el procedimiento dentro de la presente causa penal, de lo que se advierte que en efecto, de tal hecho se advierte, que dado que se especificó que la suspensión debía atenderse hasta concluida la etapa intermedia, es claro que se estaba en posibilidad de desahogar la segunda fase de la etapa correspondiente a la oralidad, lo que en este sentido, como se destacó en esta resolución de amparo, no hubiese constituido un impedimento para que se continuara con el procedimiento y en concreto, no fue causa para que se obstaculizara precisamente este desahogo de la audiencia intermedia.No obstante, también debe precisarse que dentro del cuaderno incidental de dicho juicio de amparo 303/2017-D, en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se especificó lo siguiente: "agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Sixto de la Cruz Mariano, por medio del cual solicita suspensión provisional del acto reclamado a las autoridades responsables y, en su oportunidad (.) la definitiva, para el efecto de que no se dé apertura al juicio oral dentro de la causa penal 18/2017/Teziutlán", se precisó, que en proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente principal, se comunicó al juez sobre la suspensión del procedimiento, lo que puede constituir un hecho ambiguo o no claro, dado que se especifica que lo pretendía el quejoso es que no se diera apertura al juicio oral, y la autoridad federal le especifica solamente que en el expediente principal se comunicó al juez sobre la suspensión del procedimiento, empero no debe soslayarse que es precisamente en la segunda fase de la etapa intermedia, en su fase oral, en que se emite el auto de apertura a juicio oral, es decir, pudo existir una confusión en cuanto a la redacción que se dio en este acuerdo emitido por la autoridad federal de cuatro de octubre de dos mil diecisiete.Ahora bien, con independencia que el órgano jurisdiccional no hubiese atendido correctamente a lo especificado en dicho auto, y a pesar de no tomarse en cuenta para la dilación del procedimiento por actos de defensa, lo cierto es que de la relación de actos procesales ya mencionados, se advierte que la defensa sí ejerció esos actos de defensa e incluso, se precisó el tiempo en que se ocupó en concertar posibles acuerdos probatorios, implementación de un mecanismo de aceleración, incluso descubrimiento probatorio. Bajo las anteriores circunstancias es como se tiene cumplida la determinación de la autoridad federal, indicando que deberá comunicarse a dicho órgano federal el cumplimiento de su determinación, y que se ha reiterado la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada el doce de febrero de dos mil diecisiete en contra de Sixto de la Cruz Mariano."La transcripción anterior, en relación con los efectos de la ejecutoria de amparo, revela lo siguiente: I. Respecto del punto consistente en que: "I. Deje insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta administrativa 18/2017/Teziutlán, en la que determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al aquí quejoso continúe vigente durante la secuela del procedimiento." Además de que también dejara insubsistente la resolución de doce de septiembre, de dos mil diecinueve, ésta por ser con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 544 a 550), y dictara otra, la jueza de Control dijo: "(.)Con base en lo expuesto es procedente, en primer término, y en cumplimiento al punto 1, dejar insubsistente la resolución de doce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta administrativa 18/2017/Teziutlán, en la que determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso continúe vigente durante la secuencia del procedimiento, así como la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el órgano jurisdiccional, audiencia oral y pública, y para dar cumplimiento al punto 2, ordinales 1, 2, 3 y 4 ya precisados, con libertad de jurisdicción otorgada por la autoridad federal, se procede a dictar una diversa resolución bajo los lineamientos establecidos (.)"Por lo que se cumplió con dicho punto. II. Respecto del punto relativo a que: "1. Motivará debidamente el lapso efectivo de privación de la libertad del quejoso a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de justificar la prolongación de dicha prisión preventiva.", la jueza de Control señaló: "(.) La detención del hoy aquí acusado Sixto de la Cruz Mariano, data del doce de febrero de dos mil diecisiete, ocasione que con motivo de la audiencia de control inicial se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el plazo constitucional, que se reiteró al resolver la situación jurídica de plazo constitucional mediante la vinculación a proceso decretada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dato que se destaca porque también se decretó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con vigencia durante todo el curso del procedimiento (.)"De lo anterior, se tiene que se observó el indicado punto. III. Por lo que hace al punto respecto a que: "2. Motivará y fundará debidamente la suspensión del procedimiento en virtud del juicio de amparo que promovió la parte quejosa, esto es, el número de juicio de amparo, el juez de Distrito que lo conoció y lo resolvió, la fecha del auto y los términos en el cual el juez de Distrito ordenó la suspensión del procedimiento, el cuaderno principal o incidental donde se ordenó la apertura del mismo, y el precepto en que se sustentó dicha suspensión de procedimiento.", la jueza de Control señaló: "(.) Sin que sea óbice a lo expuesto que en el acuerdo materia de impugnación se haya destacado también que con motivo de que el hoy acusado Sixto de la Cruz Mariano recurrió el auto de vinculación a proceso a través del amparo 303/2017-D, del índice del Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, que se dijo, propició que no pudo desahogar, que se propició que no pudiera desahogarse la audiencia intermedia. En este punto, y para dar cumplimiento a ese numeral 2, señalado en la ejecutoria que se cumplimenta, respecto a motivar y fundar debidamente la suspensión del procedimiento en virtud del juicio de amparo que promovió la parte quejosa, esto es, en el número de juicio de amparo en el que juez de Distrito que lo conoció y lo resolvió, la fecha y los términos en que el juez de Distrito ordenó la suspensión del procedimiento, el cuaderno principal o incidental donde se ordenó la apertura del mismo y el precepto en que se sustentó que dicha suspensión del procedimiento en virtud de lo expuesto en la resolución.Al respecto se indica, que dentro del citado juicio de amparo, en el expediente principal, en el auto de admisión de la demanda, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, ultima parte, de la Ley de Amparo, si bien se precisó que una vez concluida la etapa intermedia y hasta que este órgano jurisdiccional tuviera noticia de la notificación de la sentencia o resolución definitiva que concluyera con el citado juicio de amparo, debería suspender el procedimiento dentro de la presente causa penal, de lo que se advierte que en efecto, de tal hecho se advierte, que dado que se especificó que la suspensión debía atenderse hasta concluida la etapa intermedia, es claro que se estaba en posibilidad de desahogar la segunda fase de la etapa correspondiente a la oralidad, lo que en este sentido, como se destacó en esta resolución de amparo, no hubiese constituido un impedimento para que se continuara con el procedimiento y en concreto, no fue causa para que se obstaculizara precisamente este desahogo de la audiencia intermedia.No obstante, también debe precisarse que dentro del cuaderno incidental de dicho juicio de amparo 303/2017-D, en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se especificó lo siguiente: "agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Sixto de la Cruz Mariano, por medio del cual solicita suspensión provisional del acto reclamado a las autoridades responsables y, en su oportunidad (.) la definitiva, para el efecto de que no se dé apertura al juicio oral dentro de la causa penal 18/2017/Teziutlán", se precisó, que en proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente principal, se comunicó al juez sobre la suspensión del procedimiento, lo que puede constituir un hecho ambiguo o no claro, dado que se especifica que lo pretendía el quejoso es que no se diera apertura al juicio oral, y la autoridad federal le especifica solamente que en el expediente principal se comunicó al juez sobre la suspensión del procedimiento, empero no debe soslayarse que es precisamente en la segunda fase de la etapa intermedia, en su fase oral, en que se emite el auto de apertura a juicio oral, es decir, pudo existir una confusión en cuanto a la redacción que se dio en este acuerdo emitido por la autoridad federal de cuatro de octubre de dos mil diecisiete.Ahora bien, con independencia que el órgano jurisdiccional no hubiese atendido correctamente a lo especificado en dicho auto, y a pesar de no tomarse en cuenta para la dilación del procedimiento por actos de defensa, lo cierto es que de la relación de actos procesales ya mencionados, se advierte que la defensa sí ejerció esos actos de defensa e incluso, se precisó el tiempo en que se ocupó en concertar posibles acuerdos probatorios, implementación de un mecanismo de aceleración, incluso descubrimiento probatorio (.)".Atento a lo anterior, se advierte que se observó el mismo. IV. En relación con el punto consistente en que: "3. Motivará las fechas en que la defensa solicitó el diferimiento de audiencia por el motivo estudiado -procedimiento abreviado-, o algún otro, así como las fechas en que el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, y se difirió la audiencia intermedia, y también motivará su dicho en el sentido de que requirió a los intervinientes para que informaran lo relativo al procedimiento abreviado, esto es, el auto en que dirigió dicho requerimiento, y si se dio cumplimiento al mismo(.)", la jueza de Control manifestó: "(.) y si bien el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena exige la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años; también se establece una excepción a ese derecho, y es precisamente que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. lo que en el presente caso a estudio sucede, dado que conforme al contenido de las actuaciones que integran la carpeta administrativa se advierte que la defensa en diversas ocasiones solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, tanto para que se realizara descubrimiento probatorio, la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios y la implementación de un mecanismo de terminación anticipada como lo es el procedimiento abreviado, como se sustenta con la relación sucinta que a continuación se hace.Con lo que se da cumplimiento al punto 3 y 4 de la ejecutoria que se cumplimenta, que es motivar las fechas en que la defensa solicitó el diferimiento de audiencia por el motivo estudiado (procedimiento abreviado) y se difirió la audiencia intermedia y también motivar su dicho en el sentido de que requirió a los intervinientes para que informaran lo relativo al procedimiento abreviado, esto es, el auto en que se dirigió dicho requerimiento y si se dio cumplimiento al mismo en virtud de lo expuesto en la resolución, así como motivar primero el tiempo en el que el quejoso ha guardado prisión preventiva oficiosa y de haber transcurrido el plazo de dos años; motivar cuánto se ha prolongado, así como motivar si dicha prolongación está justificada y sin que proceda sumar dicho lapso al periodo en que se resuelve un juicio de amparo, en virtud de lo expuesto en la resolución. Bien, es ese sentido se reitera que el auto de vinculación a proceso data del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y la detención fue cuatro días antes, del doce de febrero para el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió la acusación del ministerio público y con ese motivo, el veinticinco de septiembre del mismo año se citó por primera ocasión para la práctica de la audiencia intermedia a desahogarse el diez de octubre de dos mil diecisiete. El día anterior, nueve de octubre de dos mil diecisiete, la defensa particular solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia por el término de diez días para realizar el descubrimiento probatorio y preparar su teoría del caso, solicitud que se acordó favorable el mismo día.Por auto de diez de octubre del mismo año, se dejó sin efecto la audiencia programada para ese día dado que el agente del ministerio público estuvo de acuerdo de que se difiriera la audiencia y señaló nueva fecha para el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.En proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, tanto la defensa particular como la fiscalía renunciaron al plazo de la práctica de la audiencia intermedia, argumentando que se encontraban en pláticas con la finalidad de celebrar acuerdos probatorios.También renunciaron al plazo para la práctica de la audiencia intermedia, conforme al contenido del artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que fue señalada para su desahogo el día siete de noviembre del mismo año. En esa fecha, tanto la fiscalía como la defensa particular hicieron la misma manifestación, es decir, que se encontraban en pláticas con la finalidad de celebrar acuerdos probatorios, y en ese sentido se requirió a la partes para que en el término de tres días posteriores a su notificación manifestaran el plazo necesario para informar al órgano de control los acuerdos probatorios a los que hubiesen llegado.Fue hasta el cuatro de marzo de dos mil dieciocho que se acordó escrito de trece del mismo mes y año presentado por la defensa en el que solicita se señalara fecha para audiencia intermedia, que se programó para el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho; ocasión en que tanto la defensa particular como la fiscalía solicitaron el diferimiento de la audiencia intermedia por el término de cinco días, bajo el planteamiento de que existían pláticas con la finalidad de buscar ser implementado el procedimiento abreviado, a quienes se concedió ese término para que comunicaran su determinación que pudieran adoptar y generarse la audiencia correspondiente.Para el tres de mayo de dos mi dieciocho, se acordó escrito de la defensa de dos de mayo en que solicita fecha para audiencia intermedia en que se requirió tanto a la fiscalía como a la defensa se informara acerca de la posible solución al conflicto que se tenía, es decir, lo que hubieran acordado acerca de la implementación del procedimiento abreviado.Para el día diecisiete del mismo mes, mayo de dos mil diecinueve, por escrito de catorce de mayo del mismo año, la defensa mencionó que no se había arribado a ningún acuerdo, y solicitó se señalara día y hora para el desahogo de la audiencia intermedia, y con esa petición se da vista al agente del Ministerio Público para lo que a su representación social conviniera.El diez de julio de dos mil dieciocho, la defensa presenta escrito en que solicita se señale día y hora para la práctica de la audiencia intermedia programada para el dieciocho de julio del mismo año, ocasión en que tanto la fiscalía como la defensa particular solicitaron diferir la audiencia porque mencionaron nuevamente se buscaba la implementación del procedimiento abreviado. Así las cosas, se difirió la audiencia y el órgano jurisdiccional los requirió que a la brevedad indicaran el resultado de sus pláticas.En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la defensa solicita nuevamente se señalara fecha para el desahogo de la audiencia intermedia y se acordó que las partes debían informar en el término de tres días sobre la tramitación del procedimiento abreviado.Por escrito de veintidós de octubre de dos mil dieciocho de la defensa, solicita se señale día y hora para la práctica de la audiencia intermedia, además de mencionar que no había sido posible llegar a un acuerdo para la procedencia de un medio de aceleración del proceso. Escrito acordado en auto de veinticinco del mismo mes y año, se dijo que se atendería su petición una vez que el juez se reincorporara a sus actividades dado que se encontraba presidiendo tribunal de enjuiciamiento.Así, por acuerdo de veintiocho de noviembre del mismo año, se citó a la práctica de la audiencia intermedia para el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ocasión en que tanto la defensa particular como la fiscalía pidieron el diferimiento de la audiencia intermedia, debido a que no se había logrado el descubrimiento probatorio de la defensa, petición que se acordó favorable.Fue para el seis de febrero de dos mil diecinueve cuando se citó nuevamente a audiencia intermedia, citándolo para el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (.)"De lo transcrito, se advierte que se dio cumplimiento al punto indicado.V. Por lo que hace al punto consistente en que: "4. Motivará primero el tiempo que el quejoso ha guardado prisión preventiva oficiosa, y de haber transcurrido el plazo de dos años, motivar cuánto se ha prolongado, así como motivará si dicha prolongación está justificada (esto último, en relación con los puntos I, II y III del presente apartado), y sin que proceda sumar a dicho lapso el periodo en que se resuelva un juicio de amparo.", la jueza de Control señaló: "(.) En esa trama, de los antecedentes expuestos se advierte que a partir del nueve de octubre de dos mil diecisiete, un día antes de la fecha en que se señaló por primera vez el desahogo de la audiencia intermedia, se empezaron a atender las peticiones de la defensa, en relación a diferir la práctica de la audiencia intermedia y se puede observar que hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, habían transcurrido nueve meses y veintitrés días, ello derivado de que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en que por primera ocasión se solicitó diferir la audiencia intermedia hasta el catorce de marzo de dos mil dieciocho, cuando nuevamente se había citado a la audiencia intermedia habían transcurrido cinco meses y cinco días; después del veintidós de marzo de esa última fecha que se había citado a la audiencia intermedia para el diecisiete de mayo, en que se informó que no había acuerdo acerca del procedimiento abreviado, transcurrieron dos meses con ocho días; del diez de julio de dos mil dieciocho que se citó para la práctica de la audiencia intermedia, hasta el diecinueve de septiembre en que se requirió informaran acerca de la posibilidad del acuerdo abreviado, del acuerdo de procedimiento abreviado, que habían solicitado se difiriera la audiencia para arribar a la posible implementación de un mecanismo de aceleración, transcurrieron dos meses con nueve días, de tal manera que en esos tres periodos se trata de un total de nueve meses con veintitrés días.Recapitulando, en audiencia de control de detención y formulación de imputación, se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que fue a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete, y el auto reclamado en vía de amparo y que es el que dio motivo al amparo interpuesto por el acusado que se indicó debía prorrogarse la medida cautelar, se deben restar nueve meses y veintitrés días en que con motivo del ejercicio de defensa se solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, primero, por no existir descubrimiento probatorio, después para arribar a acuerdos probatorios, posteriormente, buscando la implementación del procedimiento abreviado, e inclusive, al final, nuevamente por no existir descubrimiento probatorio que dio motivo a diversos diferimientos. Dos años traducidos en veinticuatro meses por el plazo que estuvo prorrogándose la práctica de la audiencia intermedia hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve, habían transcurrido nueve meses con veintitrés días. Entonces, ese tiempo restado a veinticuatro meses arroja como resultado trece meses con veintitrés días; de tal manera que hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve en que se dicta el acuerdo materia de impugnación no se habían cumplido los dos años de vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que señala el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, del curso normal del procedimiento, sino que se estuvo prorrogando por el ejercicio del derecho de defensa en términos de lo que dispone el mismo numeral invocado como causa de excepción, en correlación a lo dispuesto por el diverso 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.De tal manera que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa puede prorrogarse por razón del ejercicio del derecho de defensa, como si en este caso se observa que durante todo el curso del procedimiento, pero concretamente nueve meses con veintitrés días, fue el ejercicio del derecho de defensa o la práctica de la propia defensa lo que motivó y alargó el curso del procedimiento, necesariamente da como consecuencia que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deba continuar vigente durante todo ese tiempo, faltando para cumplir la temporalidad de veinticuatro meses, los dos años de vigencia que se requiere en los numerales indicados.Además, no puede perderse de vista que en el caso cuyo estudio que nos ocupa, y por la etapa en que se encontraba el procedimiento al momento de dictarse el acuerdo materia de impugnación, en términos de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Federal, el acusado Sixto de la Cruz Mariano, teniendo el derecho inherente a la conclusión de ese procedimiento mediante la sentencia respectiva, ya sea que hubiese sido en juicio oral o en un procedimiento abreviado.Pero en ambos casos, con el derecho a ejercer la contradicción por encontrarse debidamente representado, es decir, ejercer actos defensivos a través de su defensa, lo que justifica la prolongación de la medida impuesta que se precisa resulta legal referente al hecho que constituyó la materia por la que se sigue el procedimiento, fijado en el momento en que se vinculó al procedimiento, dado que el legislador federal sustrajo la facultad al órgano jurisdiccional para determinar la medida de prisión preventiva oficiosa, con base en los principios de proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la medida, dado que se estableció en la Constitución Federal en el artículo 19; asimismo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 167, que ordena al órgano jurisdiccional la imposición de tal medida en el hecho tipificado como delito de homicidio calificado por el que se sigue la carpeta administrativa en contra del hoy acusado. Precisamente por considerar que en ese tipo de delitos por la lesión grave de derechos humanos, asegura la presencia del imputado en el procedimiento, se garantiza la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evita la obstaculización del procedimiento, es decir, la finalidad es asegurar el resultado exitoso del procedimiento penal (.)".De ahí que se cumplió el punto referido.Con esto, quedan subsanadas las deficiencias destacadas en la sentencia de amparo. No es obstáculo para lo anterior que mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Sixto de la Cruz Mariano (fojas 589 a 593) haya manifestado, que la jueza responsable:A) Omitió precisar (motivar) que desde el doce de febrero de dos mil diecisiete, al tres de octubre de dos mil diecinueve, ya habían transcurrido más de dos años, de haber guardado presión preventiva.Lo anterior, es infundado, ya que la juez responsable no estaba obligada hacer tal pronunciamiento, dado que uno de los efecto de la concesión de amparo fue para el efecto de que motivara el tiempo que el quejoso había guardado prisión preventiva oficiosa contado a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete a la fecha en que se pronunció el acto reclamado (doce de febrero de dos mil diecinueve), no a la fecha que señaló el quejoso de tres de octubre de dos mil diecinueve, misma en que se desahogó la audiencia para el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo. La parte quejosa sigue diciendo:B) Que era obligación de la jueza responsable precisar el tiempo efectivo de estar privado de la libertad (en prisión preventiva oficiosa), y de pasarse de dos años justificar la medida, y no motivar que por estar inactivo el procedimiento del nueve de octubre de dos mil diecisiete al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la medida cautelar se encontraba vigente.Es infundado lo acabado de indicar, ya que la juez responsable sí motivó el tiempo efectivo en que el quejoso ha guardado prisión preventiva, pues sostuvo lo siguiente:"(.) Recapitulando, en audiencia de control de detención y formulación de imputación, se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que fue a partir del doce de febrero de dos mil diecisiete, y el auto reclamado en vía de amparo y que es el que dio motivo al amparo interpuesto por el acusado que se indicó debía prorrogarse la medida cautelar, se deben restar nueve meses y veintitrés días en que con motivo del ejercicio de defensa se solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, primero, por no existir descubrimiento probatorio, después para arribar a acuerdos probatorios, posteriormente, buscando la implementación del procedimiento abreviado, e inclusive, al final, nuevamente por no existir descubrimiento probatorio que dio motivo a diversos diferimientos. Dos años traducidos en veinticuatro meses por el plazo que estuvo prorrogándose la práctica de la audiencia intermedia hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve, habían transcurrido nueve meses con veintitrés días. Entonces, ese tiempo restado a veinticuatro meses arroja como resultado trece meses con veintitrés días; de tal manera que hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve en que se dicta el acuerdo materia de impugnación no se habían cumplido los dos años de vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que señala el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, del curso normal del procedimiento, sino que se estuvo prorrogando por el ejercicio del derecho de defensa en términos de lo que dispone el mismo numeral invocado como causa de excepción, en correlación a lo dispuesto por el diverso 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales(.)". En efecto, de lo anterior, se advierte que la jueza concluyó que el tiempo efectivo de la prisión preventiva oficiosa del quejoso a partir de su detención (doce de febrero de dos mil diecisiete) al doce de febrero de dos mil diecinueve, en que pronunció el acto reclamado, era de trece meses con veintitrés días, por lo que al no pasar de dos años, no estaba obligada a justificar, alguna prorrogada de la prisión preventiva, como lo quiere hacer valer la parte quejosa.Continúa argumentando la parte quejosa:C) Que la autoridad responsable no precisó hasta que fecha se cumplían los dos años.Resulta infundado dicho pronunciamiento, dado que si bien, la jueza responsable no dijo la fecha en que se vencían los dos años, ello no transciende al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, primero, porque en la misma no se le conminó a ello, y segundo, porqué sí motivó el tiempo que el quejoso habían guardado prisión preventiva, que fue de trece meses con veintitrés días, lo que nos permite concluir que para dos años, faltan por transcurrir aproximadamente once meses.El quejoso sigue manifestando: D) Que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, en el sentido de motivar y fundar la suspensión de procedimiento ordenada en el juicio de amparo 303/2017 del índice de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, deviene infundado ya que, contrario a lo sostenido por el quejoso, sí motivo y fundó lo relativo al señalado juicio de amparo, pero con diverso argumento al que pronunció en el acto reclamado, lo que es válido, pues lo hizo con libertad de jurisdicción, ya que la concesión de amparo no la vinculó a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos, al no existir un pronunciamiento de fondo; sino que únicamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación.Continúa diciendo el quejoso:E) Que la jueza responsable omitió precisar las fechas en que el procesado, aquí quejoso, solicitó el diferimiento dentro del periodo que dice hubo inactividad procesal, y además señalar cuáles diferimientos son atribuibles a la defensa y cuáles a la autoridad. Deviene infundado lo dicho por la parte quejosa, pues de lo que ha quedado transcrito con anterioridad, en concreto, lo relativo al punto tres de los efectos de la ejecutoria de amparo, se advierte que, la jueza responsable, sí señaló las fechas en que se solicitaron los diferimientos, advirtiéndose cuáles fueron por petición de las partes y cuáles no; la parte conducente dice:"(.)Bien, es ese sentido se reitera que el auto de vinculación a proceso data del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y la detención fue cuatro días antes, del doce de febrero para el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió la acusación del ministerio público y con ese motivo, el veinticinco de septiembre del mismo año se citó por primera ocasión para la práctica de la audiencia intermedia a desahogarse el diez de octubre de dos mil diecisiete. El día anterior, nueve de octubre de dos mil diecisiete, la defensa particular solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia por el término de diez días para realizar el descubrimiento probatorio y preparar su teoría del caso, solicitud que se acordó favorable el mismo día.Por auto de diez de octubre del mismo año, se dejó sin efecto la audiencia programada para ese día dado que el agente del ministerio público estuvo de acuerdo de que se difiriera la audiencia y señaló nueva fecha para el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.En proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, tanto la defensa particular como la fiscalía renunciaron al plazo de la práctica de la audiencia intermedia, argumentando que se encontraban en pláticas con la finalidad de celebrar acuerdos probatorios.(.).El diez de julio de dos mil dieciocho, la defensa presenta escrito en que solicita se señale día y hora para la práctica de la audiencia intermedia programada para el dieciocho de julio del mismo año, ocasión en que tanto la fiscalía como la defensa particular solicitaron diferir la audiencia porque mencionaron nuevamente se buscaba la implementación del procedimiento abreviado. Así las cosas, se difirió la audiencia y el órgano jurisdiccional los requirió que a la brevedad indicaran el resultado de sus pláticas.En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la defensa solicita nuevamente se señalara fecha para el desahogo de la audiencia intermedia y se acordó que las partes debían informar en el término de tres días sobre la tramitación del procedimiento abreviado.Por escrito de veintidós de octubre de dos mil dieciocho de la defensa, solicita se señale día y hora para la práctica de la audiencia intermedia, además de mencionar que no había sido posible llegar a un acuerdo para la procedencia de un medio de aceleración del proceso. Escrito acordado en auto de veinticinco del mismo mes y año, se dijo que se atendería su petición una vez que el juez de reincorporara a sus actividades dado que se encontraba presidiendo tribunal de enjuiciamiento.Así, por acuerdo de veintiocho de noviembre del mismo año, se citó a la práctica de la audiencia intermedia para el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ocasión en que tanto la defensa particular como la fiscalía pidieron el diferimiento de la audiencia intermedia, debido a que no se había logrado el descubrimiento probatorio de la defensa, petición que se acordó favorable.Fue para el seis de febrero de dos mil diecinueve cuando se citó nuevamente a audiencia intermedia, citándolo para el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en esa ocasión nuevamente el fiscal indicó que no se había logrado el descubrimiento probatorio total y se solicitó un término de cinco días y el juez determinó diferir la audiencia. (.)". Por último, la parte quejosa también señaló:F) Que al doce de febrero de dos mil diecinueve, ya se habían cumplido los dos años, término contado desde el doce de febrero de dos mil diecisiete, que llevaba privado de libertad, y la autoridad responsable no justificó porque hasta esa fecha se había prolongado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues no debió restar tiempo a los dos años ya transcurridos.- Que las fechas en que el quejoso solicitó el diferimiento dentro del periodo que dijo la juez de control hubo inactividad procesal, no son actos de defensa sino actos que se hicieron valer conjuntamente con el Ministerio Público; y, - Que las veces que hubo diferimiento porque el juez de control se encontraba en diversa demarcación, y porque requirió a las partes, tampoco encuadran dentro de actos de defensa, pues son atribuibles a la autoridad. Tales afirmaciones devienen infundadas en virtud de que todas ellas son tendentes a controvertir el fondo de la decisión reclamada, lo que no puede ser analizado en el presente controvertido constitucional, en virtud de que la protección de la justicia federal se concedió para el efecto de que la responsable dejara sin efectos el acto reclamado y con libertad de jurisdicción emitiera otro. Por lo que no es factible que este juzgado de Distrito analice los aspectos pretendidos por la parte quejosa, en virtud de que ello implicaría emprender un nuevo análisis constitucional sobre el fondo del asunto, lo que no formó parte de los efectos del fallo protector.Es aplicable, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son:"AMPARO PROCEDENTE. CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN UN ANTERIOR JUICIO DE GARANTIAS QUE OTORGO LA PROTECCION FEDERAL PARA DIVERSOS EFECTOS QUE, HABIENDOSE CUMPLIDO, DEJAN A LA RESPONSABLE EN APTITUD DE RESOLVER LO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA, EN PLENITUD DE JURISDICCION. No se está ante un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de una demanda de garantías por el solo hecho de que el acto reclamado lo sea una resolución pronunciada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pues con motivo de la decisión que concedió la protección constitucional existe la posibilidad de que en un mismo asunto, la responsable quede por una parte, en cuanto a un aspecto, vinculada a emitir una nueva resolución cumpliendo con los lineamientos que se establezcan en la ejecutoria de amparo, y por otro lado, quede en libertad de jurisdicción para pronunciar su fallo en relación a una cuestión diversa. En el primer supuesto, indudablemente la resolución de la autoridad se estaría dictando en ejecución estricta de una sentencia de amparo y tal circunstancia por sí tornaría improcedente un nuevo juicio de garantías, esto con independencia de que de existir exceso o defecto en el cumplimiento de ese fallo el agraviado está en posibilidad de intentar el recurso de queja correspondiente; en cambio, en el segundo de los casos cuando la determinación de la autoridad surge del ejercicio del arbitrio que la ley le confiere por no haber quedado sujeta a la sentencia de amparo cuyo efecto fue dejar en plenitud de facultades a la autoridad responsable para que resolviera el conflicto sometido a su jurisdicción como en derecho procediera, una vez cumplidas las omisiones en que hubiese incurrido, siendo posible que en la emisión del nuevo fallo se cometa de nueva cuenta una violación de garantías individuales en perjuicio del quejoso, en cuyo supuesto sí es procedente el nuevo juicio de amparo que se interponga." Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.Finalmente, se ordena notificar personalmente al quejoso, el presente auto en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada de la misma.En consecuencia, con fundamento en los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, realice lo siguiente:Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla;Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a la quejosa Sixto de la Cruz Mariano, y se cerciore de su identidad;Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 205/2019-E;Notifique a la parte quejosa el presente auto.Le corra traslado con copia autorizada del mismo; y,Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación.Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles.En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.Así mismo, se solicita atentamente al Juez que ordene al diligenciario que corresponda realice la diligencia en los términos solicitados, a efecto de no retrasar el trámite del juicio de amparo en contravención de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso Sixto de la Cruz Mariano, por medio del cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, mismas que serán consideradas al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento de dicha sentencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

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