Sofia Belem Eduardo Severiano
Expediente 1343/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1343/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sofia Belem Eduardo Severiano
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por la quejosa Sofía Belem Eduardo Severiano, mediante el cual, pretende ampliar su demanda de amparo, al respecto se provee lo siguiente: No ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo promovida por dicha quejosa, por los motivos expuestos en el referido auto, razón por la cual deviene improcedente acordar favorable la ampliación de demanda. Sustenta lo antes expuesto, a contrario sentido, los siguientes criterios: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo signada por Sofía Belem Eduardo Severiano, contra actos de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador Turno Par, del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1343/2017-E. En primer término, conviene precisar que los actos reclamados a la autoridad responsable consisten en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. A la AUTORIDAD ORDENADORA: I. A la Autoridad Ministerial, citada en el punto 1), le reclamo: a). Los plazos y términos excesivos para los efectos de que determine si ejercita o no la acción penal o judicializa no (SIC) ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla Y/O al Órgano Jurisdiccional que Considere Competente, de la Carpeta de Investigación que contiene los Registros de los enunciados fácticos, del suceso criminal y los datos de prueba, del Delito de Fraude Específico, modelando en el artículo 404 fracción VII del Código Penal, vigente para el Estado de Puebla, en la época de los hechos, en contra de RUFINO LUIS SEVERIANO SANTOS, y en agravio de las (SIC) suscrita SOFÍA BELEM EDUARDO SEVERIANO, violentando el principio de Inmediatez, sin observar lo previsto en los artículos 1°, 17 párrafo segundo; 20 apartado "C", de la Constitución General de la República, vigente a partir del año dos mil once. Dentro de la CDI. Carpeta de Investigación Número 885/2015/TECAM., de los del índice de la representación social señalada como autoridad responsable ordenadora, del Distrito Judicial de Tecamachalco Puebla." Por otra parte, agréguese la copia certificada de las constancias obtenidas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativas al juicio de amparo 506/2017-B del índice de este juzgado; las que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio a fin de proveer lo que conforme a derecho corresponde. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis I.10o.C.2 K del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.1o.A.14 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y texto son los siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda". "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo" Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) De la lectura del artículo transcrito se infiere que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo que causó ejecutoria, lo cual en términos del artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo constituye cosa juzgada, de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo, pues de hacerlo atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Para que exista cosa juzgada resulta necesario que, con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones y el propio acto reclamado, en que exista, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se hizo valer en ambas demandas. Es aplicable a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." El artículo y jurisprudencia transcritos, revelan que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada deben concurrir los supuestos siguientes: a) Se hayan promovido diversos juicios de garantías (dos o más). b) En uno de ellos exista resolución ejecutoriada, respecto del mismo acto que se reclama en el otro u otros. c) Que tales juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. En la especie se reclama la omisión de determinar el ejercicio de la acción penal y judicializar la carpeta de investigación 885/2015/TECAM/CNPP del índice de la autoridad responsable. Por otro lado, es un hecho notorio para la suscrita juzgadora Federal, que la parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo 506/2017-B del índice de este juzgado de Distrito, con el mismo profesionista en derecho Lucio Badillo Montiel, en el que se tuvo como acto reclamado la omisión de determinar el ejercicio de la acción penal y judicializar la carpeta de investigación 885/2015/TECAM/CNPP del índice de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador Turno Par, del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla; sumario en el que por sentencia de veintidós de junio de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el juicio de amparo, en los siguientes términos: (.) "Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable lo siguiente: -La omisión de determinar el ejercicio de la acción penal y judicializar la carpeta de investigación 885/2015/TECAM/CNPP. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco Mesa Par y de las constancias remitidas como justificación a su informe, que obran en la carpeta de investigación 885/215/TECAM/CNPP, se aprecia que, el doce de abril de dos mil diecisiete, la autoridad responsable determinó el archivo temporal de la investigación en fase inicial por no encontrar antecedentes o datos suficientes que permitieran establecer una línea de investigación (fojas 16 a 18); acuerdo notificado a la quejosa Sofía Belem Eduardo Severiano el treinta y uno de mayo de la presente anualidad (fojas 32 a 34). Por tanto, con la emisión de la determinación de archivo temporal de doce de abril de dos mil diecisiete, se han destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del promovente del amparo, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior que esta autoridad no haya requerido a la parte quejosa para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías contra la citada determinación de archivo de doce de abril de dos mil diecisiete emitida por la autoridad responsable, en virtud de que el juicio de amparo es improcedente contra esa resolución, en virtud de que contra ella existe un medio de impugnación ordinario previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , mediante el cual dicha resolución puede ser modificada, revocada o nulificada. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del Ministerio Público en la fase de investigación, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. En consecuencia, la resolución de archivo temporal aludida debe ser impugnada en la vía jurisdiccional ordinaria, por lo que es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado las causas de improcedencia analizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo se SOBRESEE en el presente juicio de garantías." (.) Sentencia que causó ejecutoria el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, según se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como se puede ver, en el citado juicio de garantías la hoy quejosa reclamó el mismo acto, de la misma autoridad ordenadora, respecto del cual se emitió sentencia ejecutoriada, por lo que es incuestionable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y, en tales condiciones lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Esto es así, pues la finalidad que se busca en la citada hipótesis es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa en contra de un mismo acto, lo cual resulta contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Así, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Por tanto, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en nos ocupa (1343/2017-E) y el diverso 506/2017-B de la estadística de este Juzgado de Distrito, se advierte que existe identidad de partes, de autoridad responsable ordenadora y de actos reclamados en tales juicios. En ese sentido, en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues resulta evidente que el acto reclamado por la parte quejosa, fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 506/2017-B del índice de este Juzgado de Distrito. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la referida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 del mencionado ordenamiento legal, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En otro orden, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense todas las notificaciones inclusive las personales por lista de acuerdos. Téngase por autorizado en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucio Badillo Montiel, ya que cuenta con su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública; y, por autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. De conformidad con los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 9°, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1°, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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