Sofia Esperanza Quiroz Ramirez

Expediente 153/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
153/2017
Año
2017
Actuaciones
35
Última actuación
07/08/2018

Partes del expediente

  • Sofia Esperanza Quiroz Ramirez
  • Titular de la Unidad Especializada En Investigación de Delitos Contra la Salud (Seido)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de julio al tres de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE 28 DE JUNIO DE 2018, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento a la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la quejosa con el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 63 a 75), se concedió el amparo y protección a Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, para el efecto de que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Erika Paola Oñate Montiel) de la Procuraduría General de la República realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Erika Paola Oñate Montiel), de la Procuraduría General de la República, en la averiguación previa A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, realice lo siguiente: Deje insubsistente la parte conducente del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, relativo a la solicitud de restitución del inmueble. Emita otro acuerdo en el que de manera fundada y motivada, dé respuesta congruente a lo solicitado por la aquí quejosa, en la comparecencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete; en el entendido que de insistir en mantener el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en calle ciento dieciséis (116) Poniente, número mil trescientos dieciséis (1316) en la colonia Profesor Jorge Murad Macluf en la ciudad de Puebla, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: I. Determine si considera necesario que subsista el aseguramiento decretado sobre el bien raíz y, de ser así, explique con claridad a la quejosa las razones por las cuales considera tal necesidad; II. Establezca con claridad la calidad con la que retiene a su disposición el inmueble, es decir, si es como objeto, instrumento o producto del delito o, en su caso, explique detalladamente la finalidad que tiene el aseguramiento del inmueble citado en relación con la averiguación previa que se sigue; para el caso de que el aseguramiento tenga como finalidad la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que investiga, deberá señalar cuáles son las diligencias pendientes por desahogar en dicho bien raíz; III. Citar los preceptos legales en que funda su determinación y explicar por qué resultan aplicables al caso particular. IV. Hecho lo anterior, notifique a la quejosa la determinación que emita." Inconforme con tal resolución, José Luis Leyva Martínez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializa de Investigación de Delincuencia Organizada, interpuso recurso de revisión en su contra (foja 102); el cual fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número de amparo en revisión R-202/2017 de su estadística (foja 196); y, en ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 210 a 239) confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por ello, en acuerdo de uno de febrero de la presente anualidad, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora (foja 240 a 242). Así, por oficio UEIDCS/CGD/1260/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (foja 251), la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República solicitó se le concediera una prórroga para cumplir con la sentencia de amparo, por lo que en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 253) se le concedió un aplazamiento de cinco días hábiles para ello. Así mismo, en acuerdo cuatro de abril de la presente anualidad (foja 280), se recibió nuevamente el oficio UEIDCS/CGD/1260/2018, referido en el párrafo que antecede, por lo que se concedió a la autoridad responsable una prórroga de diez días más para cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficio UEIDCS/CGD/3584/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 298), el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informó que declinó competencia a favor de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro para continuar con la integración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 (de donde emana el acto reclamado). Por ello, en proveído de dos de mayo del año que cursa (fojas 302 a 304), se tuvo al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República como autoridad sustituta, por lo que se le requirió el cumplimiento de la sentencia protectora. Sin embargo, mediante oficio telegráfico PGR/SEIDO/DGAJCMDO/7247/2018, de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 309 a 312) la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada Lic. María Guadalupe García Padilla, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República informó a este juzgado que esa autoridad no podía cumplir la sentencia de amparo, en virtud de que dentro de sus funciones no se encuentra la integración de averiguaciones previas. En atención a ello, en auto de veintidós de mayo del año que transcurre (fojas 313 y 314), se requirió a la citada autoridad para que informara el nombre del agente del Ministerio Público Federal encargado de la integración de la indagatoria de origen. Por oficios telegráficos UEIDCS/CGD/4903/2018 (fojas 329 y 330) y PGR/SEIDO/DGAJCMDO/7837/2018 (fojas 331 y 332) signados, respectivamente, por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Área de Amparos de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud y por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, comunicaron que el encargado de integrar la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 es Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. Por lo que en acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 333 a 335), se tuvo al último de los nombrados como autoridad responsable sustituta y se le requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, por oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/2804/2018, recibido en este juzgado el catorce de junio del año actual (fojas 350 y 351), la autoridad responsable sustituta Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro remitió copia certificada de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, emitida en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, así como su notificación a la aquí quejosa (fojas 352 a 365). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la parte conducente del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, relativo a la solicitud de restitución del inmueble ubicado en calle ciento dieciséis (116) Poniente, número mil trescientos dieciséis (1316) en la colonia Profesor Jorge Murad Macluf en la ciudad de Puebla (foja 358). 2. El trece de junio de dos mil dieciocho (foja 353), emitió otra resolución en la que respondió la petición realizada por la quejosa en comparecencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete; insistió en la necesidad de mantener asegurado el inmueble mencionado y para purgar los vicios formales destacados en la sentencia protectora: a) Determinó que considera necesario que subsista el aseguramiento decretado sobre el bien raíz y explicó las razones por las cuales considera tal necesidad (foja 353 y 354), ya que señaló que el aseguramiento resulta necesario para garantizar un futuro y posible decomiso así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas que se encuentran sujetas a investigación. b) Estableció con claridad la calidad con la que retiene a su disposición el inmueble, pues señaló que el bien raíz ubicado en calle ciento dieciséis (116) Poniente, número mil trescientos dieciséis (1316) en la colonia Profesor Jorge Murad Macluf en la ciudad de Puebla se encuentra asegurado en calidad de producto del delito y como instrumento del delito, y explicó a la quejosa en que consiste cada una de ellas (fojas 354). c) Citó los preceptos legales en que fundó su determinación y explicó por qué resultan aplicables al caso particular (fojas 355 a 357). d) El trece de junio de dos mil dieciocho, notificó personalmente dicha determinación ministerial a la quejosa (foja 352). Por otra parte, en el escrito de cuenta, la quejosa Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, realizó diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo en el que, esencialmente, señala que la ejecutoria no está cumplida en virtud de que la autoridad responsable no consideró que en autos de la indagatoria ofreció pruebas para acreditar que es la legítima propietaria del inmueble asegurado, el cual afirma es su único medio de subsistencia; que lo dio en arrendamiento sin saber que la parte arrendadora lo utilizaría para fines ilícitos, por lo que considera que no debió catalogarlo como producto e instrumento del delito. Tales afirmaciones resultan infundadas, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la determinación ministerial emitida en cumplimiento a la sentencia protectora, lo cual no es susceptible de ser vigilado en este juicio de amparo, porque ello no fue materia de análisis en la sentencia y, por ende, de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento a la sentencia de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por la quejosa con el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 63 a 75), se concedió el amparo y protección a Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, para el efecto de que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Erika Paola Oñate Montiel) de la Procuraduría General de la República realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Erika Paola Oñate Montiel), de la Procuraduría General de la República, en la averiguación previa A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, realice lo siguiente: Deje insubsistente la parte conducente del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, relativo a la solicitud de restitución del inmueble. Emita otro acuerdo en el que de manera fundada y motivada, dé respuesta congruente a lo solicitado por la aquí quejosa, en la comparecencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete; en el entendido que de insistir en mantener el aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en calle ciento dieciséis (116) Poniente, número mil trescientos dieciséis (1316) en la colonia Profesor Jorge Murad Macluf en la ciudad de Puebla, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: I. Determine si considera necesario que subsista el aseguramiento decretado sobre el bien raíz y, de ser así, explique con claridad a la quejosa las razones por las cuales considera tal necesidad; II. Establezca con claridad la calidad con la que retiene a su disposición el inmueble, es decir, si es como objeto, instrumento o producto del delito o, en su caso, explique detalladamente la finalidad que tiene el aseguramiento del inmueble citado en relación con la averiguación previa que se sigue; para el caso de que el aseguramiento tenga como finalidad la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que investiga, deberá señalar cuáles son las diligencias pendientes por desahogar en dicho bien raíz; III. Citar los preceptos legales en que funda su determinación y explicar por qué resultan aplicables al caso particular. IV. Hecho lo anterior, notifique a la quejosa la determinación que emita." Inconforme con tal resolución, José Luis Leyva Martínez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializa de Investigación de Delincuencia Organizada, interpuso recurso de revisión en su contra (foja 102); el cual fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número de amparo en revisión R-202/2017 de su estadística (foja 196); y, en ejecutoria de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 210 a 239) confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por ello, en acuerdo de uno de febrero de la presente anualidad, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora (foja 240 a 242). Así, por oficio UEIDCS/CGD/1260/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (foja 251), la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República solicitó se le concediera una prórroga para cumplir con la sentencia de amparo, por lo que en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 253) se le concedió un aplazamiento de cinco días hábiles para ello. Así mismo, en acuerdo cuatro de abril de la presente anualidad (foja 280), se recibió nuevamente el oficio UEIDCS/CGD/1260/2018, referido en el párrafo que antecede, por lo que se concedió a la autoridad responsable una prórroga de diez días más para cumplir con la ejecutoria de amparo. Por oficio UEIDCS/CGD/3584/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 298), el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informó que declinó competencia a favor de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro para continuar con la integración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 (de donde emana el acto reclamado). Por ello, en proveído de dos de mayo del año que cursa (fojas 302 a 304), se tuvo al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República como autoridad sustituta, por lo que se le requirió el cumplimiento de la sentencia protectora. Sin embargo, mediante oficio telegráfico PGR/SEIDO/DGAJCMDO/7247/2018, de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 309 a 312) la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada Lic. María Guadalupe García Padilla, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República informó a este juzgado que esa autoridad no podía cumplir la sentencia de amparo, en virtud de que dentro de sus funciones no se encuentra la integración de averiguaciones previas. En atención a ello, en auto de veintidós de mayo del año que transcurre (fojas 313 y 314), se requirió a la citada autoridad para que informara el nombre del agente del Ministerio Público Federal encargado de la integración de la indagatoria de origen. Por oficios telegráficos UEIDCS/CGD/4903/2018 (fojas 329 y 330) y PGR/SEIDO/DGAJCMDO/7837/2018 (fojas 331 y 332) signados, respectivamente, por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Área de Amparos de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud y por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República, comunicaron que el encargado de integrar la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 es Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. Por lo que en acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 333 a 335), se tuvo al último de los nombrados como autoridad responsable sustituta y se le requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, por oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/2804/2018, recibido en este juzgado el catorce de junio del año actual (fojas 350 y 351), la autoridad responsable sustituta Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro remitió copia certificada de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, emitida en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, así como su notificación a la aquí quejosa (fojas 352 a 365). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo Miguel Ángel de Martino Gutiérrez, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la parte conducente del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, relativo a la solicitud de restitución del inmueble ubicado en calle ciento dieciséis (116) Poniente, número mil trescientos dieciséis (1316) en la colonia Profesor Jorge Murad Macluf en la ciudad de Puebla (foja 358). 2. El trece de junio de dos mil dieciocho (foja 353), emitió otra resolución en la que respondió la petición realizada por la quejosa en comparecencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete; insistió en la necesidad de mantener asegurado el inmueble mencionado y para purgar los vicios formales destacados en la sentencia protectora: a) Determinó que considera necesario que subsista el aseguramiento decretado sobre el bien raíz y explicó las razones por las cuales considera tal necesidad (foja 353 y 354), ya que señaló que el aseguramiento resulta necesario para garantizar un futuro y posible decomiso así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas que se encuentran sujetas a investigación. b) Estableció con claridad la calidad con la que retiene a su disposición el inmueble, pues señaló que el bien raíz ubicado en calle ciento dieciséis (116) Poniente, número mil trescientos dieciséis (1316) en la colonia Profesor Jorge Murad Macluf en la ciudad de Puebla se encuentra asegurado en calidad de producto del delito y como instrumento del delito, y explicó a la quejosa en que consiste cada una de ellas (fojas 354). c) Citó los preceptos legales en que fundó su determinación y explicó por qué resultan aplicables al caso particular (fojas 355 a 357). d) El trece de junio de dos mil dieciocho, notificó personalmente dicha determinación ministerial a la quejosa (foja 352). Por otra parte, en el escrito de cuenta, la quejosa Sofía Esperanza Quiroz Ramírez, realizó diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo en el que, esencialmente, señala que la ejecutoria no está cumplida en virtud de que la autoridad responsable no consideró que en autos de la indagatoria ofreció pruebas para acreditar que es la legítima propietaria del inmueble asegurado, el cual afirma es su único medio de subsistencia; que lo dio en arrendamiento sin saber que la parte arrendadora lo utilizaría para fines ilícitos, por lo que considera que no debió catalogarlo como producto e instrumento del delito. Tales afirmaciones resultan infundadas, en virtud de que están encaminadas a combatir el fondo de la determinación ministerial emitida en cumplimiento a la sentencia protectora, lo cual no es susceptible de ser vigilado en este juicio de amparo, porque ello no fue materia de análisis en la sentencia y, por ende, de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Amparo Autoridad Responsable, en suplencia por ausencia del Procurador General de la República por medio del cual, en su carácter de superior jerárquico, informa las gestiones que realizó para que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, cumpliera con la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario constitucional; de lo que toma conocimiento.

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