Socorro Gloria Pérez Ramos

Expediente 646/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
646/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Socorro Gloria Pérez Ramos
  • Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    MESA AMPARO II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil diecinueve. El auto que tuvo por desechada la demanda de amparo, causó estado, por ende se ordena el archivo del expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa II-A..." San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. ..." (Notifico por lista a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio de dos mil diecinueve). En razón de que la parte quejosa no atendió el apercibimiento que se le realizó en el CITATORIO que se le dejó el veintidós de julio del año en curso, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el proveído referido en los términos siguientes: ....Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ****, por las razones que se exponen a continuación: Del análisis del escrito de demanda se aprecia que la quejosa se duele de la determinación dictada el veintiuno de junio de dos mil diecinueve por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca por el que consideró negarle la admisión del recurso de apelación que interpuso el seis de marzo de esta anualidad dentro del expediente 109/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. En observancia de lo anterior, no satisface el requisito de procedencia al que hace alusión el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para efectos de juicio de amparo un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado. Al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así también, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Además, cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente...En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza porque el acto reclamado consiste en la determinación dictada el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca por el que consideró negarle la admisión del recurso de apelación que interpuso el seis de marzo de esta anualidad, dentro del expediente 109/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, la cual es recurrible mediante el recurso ordinario de reposición, por tratarse de un auto de trámite del Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca previsto en el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. En ese orden de ideas, el ordinal 668 de la ley en mención, contempla que la determinación que reclama la parte quejosa es susceptible de impugnarse por medio del recurso ordinario de reposición, toda vez que se trata de un proveído de mero trámite emitido por el Presidente de una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Lo anterior, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el medio ordinario de impugnación está claramente establecido en la norma adjetiva de la materia, no requiere interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Notifíquese personalmente.

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