Silvia Martínez Villagómez y Otros.

Expediente 325/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
325/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Silvia Martínez Villagómez y Otros.
  • Silvia Martínez Villagómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de ocho de julio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, del auto que se declara firme, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, téngasele informando que el infante quejoso de iniciales S.C.M. no se presentó a la cita señalada para su inoculación en su primera dosis; por tanto, se acuerda: Toda vez que el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, hizo del conocimiento que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad, y que la parte quejosa fue omisa en acudir a la cita señalada para su inoculación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso *****************, en representación de su hijo de iniciales S.C.M., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de doce a catorce años en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al quejoso S.C.M., quien cuenta con doce años de edad. Sin embargo, el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, informó a este juzgado que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad. Por tanto, es de advertirse que al día de hoy ya está contemplada la posibilidad de inoculación para el niño S.C.M. (quien cuenta con la edad de doce años), lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de doce años o más. De lo expuesto, se aprecia que a la fecha, el grupo etario al que pertenece el directo quejoso, quien actualmente tiene doce años, se encuentra en proceso de vacunación, pues está abierto el registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se les aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población general. De modo que, una vez registrado, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que le corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tales razones, actualmente el quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. Máxime que, como se desprende del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el infante quejoso fue citada por la autoridad sanitaria a efecto de que acudiera el veintiuno del citado mes y año, a las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a recibir la aplicación del biológico en su primera dosis. Así, queda demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo al que pertenece el quejoso y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, téngasele informando que el infante quejoso de iniciales S.C.M. no se presentó a la cita señalada para su inoculación en su primera dosis; por tanto, se acuerda: Toda vez que el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, hizo del conocimiento que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad, y que la parte quejosa fue omisa en acudir a la cita señalada para su inoculación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso *****************, en representación de su hijo de iniciales S.C.M., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de doce a catorce años en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al quejoso S.C.M., quien cuenta con doce años de edad. Sin embargo, el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, informó a este juzgado que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad. Por tanto, es de advertirse que al día de hoy ya está contemplada la posibilidad de inoculación para el niño S.C.M. (quien cuenta con la edad de doce años), lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de doce años o más. De lo expuesto, se aprecia que a la fecha, el grupo etario al que pertenece el directo quejoso, quien actualmente tiene doce años, se encuentra en proceso de vacunación, pues está abierto el registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se les aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población general. De modo que, una vez registrado, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que le corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tales razones, actualmente el quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. Máxime que, como se desprende del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, el infante quejoso fue citada por la autoridad sanitaria a efecto de que acudiera el veintiuno del citado mes y año, a las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a recibir la aplicación del biológico en su primera dosis. Así, queda demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo al que pertenece el quejoso y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Visto el estados de autos se advierte que en proveído de dieciséis de los actuales se tuvo al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", señalando las nueve horas del veintiuno de los corrientes, para inocular con su primera dosis al menor quejoso de iniciales S.C.M.; por tanto, requiérase a dicha autoridad para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de esta fecha, remita las constancias relativas a la aplicación de la vacuna respectiva, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida que, de no hacerlo o de hacerlo de forma inexacta o incompleta, se le impondrá una multa de cincuenta veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

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