Silvia Leticia Solis Fuentes
Expediente 562/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia Leticia Solis Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando cabalmente el requerimiento formulado en providencia de nueve de agosto de dos mil veintiuno, donde entre otras cosas se le requirió para que: Manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que la que se le notificó el acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; esto es, el proveído de diez de mayo hogaño, emitido por el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, declaró la caducidad del procedimiento respecto del juicio de nulidad **************. En ese sentido, del escrito de desahogo de cuenta se advierte que la gestionante del amparo ***************, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo conocimiento del acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, lo fue el 25 de junio de 2021. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da comoresultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo la promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la propia solicitante del amparo en su escrito de desahogo, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).";se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que reclama. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de junio al tres de agosto del año en curso, dado que: El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veinticinco de junio del año que trascurre. Fueron inhábiles los días tres, cuatro, diez y once de julio, así como los días del quince al treinta de julio, por ser inhábiles para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de julio y uno de agosto, todos del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la parte quejosa promovió la demanda que se estudia hasta el seis de agosto del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando cabalmente el requerimiento formulado en providencia de nueve de agosto de dos mil veintiuno, donde entre otras cosas se le requirió para que: Manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que la que se le notificó el acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; esto es, el proveído de diez de mayo hogaño, emitido por el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, declaró la caducidad del procedimiento respecto del juicio de nulidad **************. En ese sentido, del escrito de desahogo de cuenta se advierte que la gestionante del amparo ***************, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la fecha en que tuvo conocimiento del acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, lo fue el 25 de junio de 2021. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da comoresultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo la promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la propia solicitante del amparo en su escrito de desahogo, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).";se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que reclama. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de junio al tres de agosto del año en curso, dado que: El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veinticinco de junio del año que trascurre. Fueron inhábiles los días tres, cuatro, diez y once de julio, así como los días del quince al treinta de julio, por ser inhábiles para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de julio y uno de agosto, todos del año en curso, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la parte quejosa promovió la demanda que se estudia hasta el seis de agosto del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
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Agréguense en autos el escrito signado por la quejosa *************, por su propio derecho, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el nueve de agosto pasado, en la que se le requirió para que: Manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que la que se le notificó el acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; esto es, el proveído de diez de mayo hogaño, emitido por el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, declaró la caducidad del procedimiento respecto del juicio de nulidad **************. Ahora bien, del ocurso de referencia se desprende que si bien es cierto la gestionante: Manifestó que la fecha en que tuvo conocimiento del acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, lo fue por boletín judicial de veinticinco de julio del año en curso. También lo es que dicha manifestación no guarda congruencia con lo solicitado en auto de nueve de los actuales, porque: Indicó que tuvo conocimiento del acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, por boletín judicial de veinticinco de julio del año en curso; más no precisó la fecha exacta en que la que se le notificó dicho acuerdo, tal como se le requirió, ello, por ser parte en el controvertido de origen. De igual manera, dicha manifestación carece de la protesta de decir verdad, como requisito indispensable para ello; lo que se le hizo saber en el auto de prevención. El suscrito considera que el requerimiento de marras tampoco se encuentra cumplido, toda vez que la precisión que formuló la quejosa es oscura e irregular, en función de que no se tiene certeza de cuál es la fecha exacta en que se le notificó el acto, toda vez que precisó que tuvo conocimiento del acuerdo de diez de mayo pasado, por boletín judicial de veinticinco de julio del año en curso; sin embargo, dicha fecha es inhábil, porque fue día domingo, ante lo cual, es un hecho conocido que en el referido día no se publica boletín judicial. Por las razones expuestas es que este operador jurídico considera que la prevención efectuada no fue debidamente desahogada, no obstante se encuentra en plena posibilidad, al ser parte en el contencioso del que emana el acto reclamado; de ahí, que cuente con aptitud legal para imponerse en el procedimiento de origen a fin de extraer la información solicitada. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, es de colegirse que no fue debidamente cumplido el requerimiento efectuado el nueve de agosto hogaño, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el citado auto y se requiere a la demandante de la protección constitucional para que: Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que la que se le notificó el acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; esto es, el proveído de diez de mayo hogaño, emitido por el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, declaró la caducidad del procedimiento respecto del juicio de nulidad **************. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Ahora bien, tomando en consideración que la prevención de marras se atendió el día que surtió efectos la notificación que se practicó del auto de nueve de agosto hogaño; por tanto, subsiste el término de cinco días legalmente computado, otorgado en la citada providencia.
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