Silvia López Marcial
Expediente 950/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia López Marcial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en las hipótesis prevista en la fracción III párrafo segundo, del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión respecto del acto reclamado, por lo que deberán conservarse las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena aparejar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el veintiocho de los actuales, se ordenó la separación de juicios, en virtud de la existencia de los juicios ejecutivos mercantiles M1458/2019 y M0934/2019 del índice de los Juzgados Cuarto y Tercero Menores Civiles, ambos con residencia en esta ciudad; en consecuencia gírense oficios a las autoridades responsables adjuntando copia certificada del referido proveído a fin de que tengan conocimiento de su contenido.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA Visto el estado de autos, específicamente las constancias que remitió el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa ********** reclamó de la autoridad responsable: El auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo me rcantil M1458/2019 de su estadística, por medio del cual se ordenó requerir a la citada quejosa, demandada en el citado controvertido, para que realizara el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), en caso de no hacer el pago se le embargaran bienes de su propiedad y finalmente emplazarla. Ahora bien, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento, pues afirma que una vecina le hizo de su conocimiento que el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se presentaron en su domicilio diversas personas quienes manifestaron que pertenecían al Poder Judicial y que acudían a buscarla a fin de realizar el cobro de una deuda de carácter mercantil así como a realizar el embargo de sus bienes; sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo en virtud de que nadie se encontraba en el domicilio. Asimismo, de los antecedentes narrados por la quejosa, así como de los conceptos de violación se advierte que se duele de una violación a su derecho de audiencia, porque se pretende afectarla en su propiedad y posesión, sin haberla llamado a juicio. En ese orden, debe precisarse que para los efectos del amparo persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. b. De acuerdo con las constancias que remitió el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, se desprende que: El nueve de septiembre de dos mil diecinueve emitió un auto por medio del cual ordenó requerir a la solicitante del amparo, en su carácter de demandada, para que realizara el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), y en caso de no hacer el pago se le embargaran bienes de su propiedad y finalmente, se le emplazara a juicio. Atendiendo a lo anterior, las actuarias adscritas al Juzgado Menor Civil de esta ciudad, se constituyeron el veintitrés y veinticuatro de septiembre así como cuatro de octubre, en diferentes horas del día, en el domicilio ubicado en calle **********, número **********, colonia ********** de esta ciudad, supuestamente perteneciente a la parte demandada, sin que pudieran llevar a cabo el auto de exequendo ordenado; lo anterior, en virtud de que inicialmente las personas con las que se entrevistaron les informaron que la demandada no vivía en el referido domicilio, y posteriormente debido a la existencia de perros en el lugar. De lo que se advierte que a la fecha en que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la parte quejosa no había sido emplazada al juicio mercantil de origen y que aún no se ha dictado sentencia definitiva en el citado controvertido. Por ello, el suscrito considera que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, dado que esta calidad únicamente le corresponde a las personas que se enteran del juicio seguido en su contra después de dictada la sentencia, independientemente de que haya o no causado ejecutoria. Máxime que la quejosa se enteró de manera completa y exacta de la existencia del juicio al que pretende ser llamada, cuando en el presente juicio se le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad. Bajo ese panorama es importante traer a contexto lo preceptuado por los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, que estatuyen: "1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos. De lo anterior, se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclamó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil M1458/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación aquí reclamada, es incuestionable que la quejosa, previamente a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que, como se dijo, aun no se ha dictado sentencia definitiva en el controvertido de marras. Luego, como el solicitante del amparo no controvirtió el acto que reclama mediante el recurso ordinario que establece el Código de Comercio, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues quedó evidenciado que la quejosa, no se ubica en el supuesto del tercero extraño, a más de que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el 61 fracción XVIII, ambos de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos, específicamente las constancias que remitió el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa ********** reclamó de la autoridad responsable: El auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo me rcantil M1458/2019 de su estadística, por medio del cual se ordenó requerir a la citada quejosa, demandada en el citado controvertido, para que realizara el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), en caso de no hacer el pago se le embargaran bienes de su propiedad y finalmente emplazarla. Ahora bien, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento, pues afirma que una vecina le hizo de su conocimiento que el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se presentaron en su domicilio diversas personas quienes manifestaron que pertenecían al Poder Judicial y que acudían a buscarla a fin de realizar el cobro de una deuda de carácter mercantil así como a realizar el embargo de sus bienes; sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo en virtud de que nadie se encontraba en el domicilio. Asimismo, de los antecedentes narrados por la quejosa, así como de los conceptos de violación se advierte que se duele de una violación a su derecho de audiencia, porque se pretende afectarla en su propiedad y posesión, sin haberla llamado a juicio. En ese orden, debe precisarse que para los efectos del amparo persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. b. De acuerdo con las constancias que remitió el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, se desprende que: El nueve de septiembre de dos mil diecinueve emitió un auto por medio del cual ordenó requerir a la solicitante del amparo, en su carácter de demandada, para que realizara el pago de la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), y en caso de no hacer el pago se le embargaran bienes de su propiedad y finalmente, se le emplazara a juicio. Atendiendo a lo anterior, las actuarias adscritas al Juzgado Menor Civil de esta ciudad, se constituyeron el veintitrés y veinticuatro de septiembre así como cuatro de octubre, en diferentes horas del día, en el domicilio ubicado en calle **********, número **********, colonia ********** de esta ciudad, supuestamente perteneciente a la parte demandada, sin que pudieran llevar a cabo el auto de exequendo ordenado; lo anterior, en virtud de que inicialmente las personas con las que se entrevistaron les informaron que la demandada no vivía en el referido domicilio, y posteriormente debido a la existencia de perros en el lugar. De lo que se advierte que a la fecha en que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la parte quejosa no había sido emplazada al juicio mercantil de origen y que aún no se ha dictado sentencia definitiva en el citado controvertido. Por ello, el suscrito considera que no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, dado que esta calidad únicamente le corresponde a las personas que se enteran del juicio seguido en su contra después de dictada la sentencia, independientemente de que haya o no causado ejecutoria. Máxime que la quejosa se enteró de manera completa y exacta de la existencia del juicio al que pretende ser llamada, cuando en el presente juicio se le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad. Bajo ese panorama es importante traer a contexto lo preceptuado por los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, que estatuyen: "1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos. De lo anterior, se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclamó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento emitido en su contra en el juicio ejecutivo mercantil M1458/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta localidad y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación aquí reclamada, es incuestionable que la quejosa, previamente a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que, como se dijo, aun no se ha dictado sentencia definitiva en el controvertido de marras. Luego, como el solicitante del amparo no controvirtió el acto que reclama mediante el recurso ordinario que establece el Código de Comercio, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, pues quedó evidenciado que la quejosa, no se ubica en el supuesto del tercero extraño, a más de que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el 61 fracción XVIII, ambos de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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