Silvia Leticia Solís Fuentes
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia Leticia Solís Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **************, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló el dos de febrero del año en curso: Aclara que la demanda de amparo la promueve sólo por su propio derecho. Señala como autoridad responsable a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Precisa que reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva. Bajo protesta de decir verdad precisa que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad ****************, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete. El auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, dentro del juicio de nulidad ****************, en el que se declaró la caducidad del procedimiento. Sin embargo, en el caso únicamente se tendrá como acto destacado el precisado en segundo término, ya que al haberse declarado la caducidad del procedimiento el diez de mayo de dos mil veintiuno, al margen de si fue correcta o no dicha determinación, no podría reclamarse de manera aislada la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de nulidad al encontrarse concluido el procedimiento. Pues bien, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito aclaratorio de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que afirmó bajo protesta de decir verdad que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que reclama (auto de diez mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de nulidad ******************). Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de junio al tres de agosto de dos mil veintiuno, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. II. Fueron inhábiles los días tres, cuatro, diez, once y treinta y uno de julio, así como el uno de agosto de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; de igual forma, el periodo vacacional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue del quince al treinta de julio de dos mil veintiuno. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la parte quejosa promovió la demanda que se estudia hasta el treinta y uno de enero del año que transcurre, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por la solicitante del amparo, en el sentido que de considerar el día en que tuvo conocimiento del acto reclamado (veinticinco de junio de dos mil veintiuno) para computar el plazo para ejercer la acción de amparo, se transgredirían los principios de seguridad jurídica y acceso a la impartición de justicia, por las razones que expone. Lo anterior, ya que ha ido criterio de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación que ello no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **************, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló el dos de febrero del año en curso: Aclara que la demanda de amparo la promueve sólo por su propio derecho. Señala como autoridad responsable a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Precisa que reclama la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva. Bajo protesta de decir verdad precisa que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad ****************, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el catorce de julio de dos mil diecisiete. El auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, dentro del juicio de nulidad ****************, en el que se declaró la caducidad del procedimiento. Sin embargo, en el caso únicamente se tendrá como acto destacado el precisado en segundo término, ya que al haberse declarado la caducidad del procedimiento el diez de mayo de dos mil veintiuno, al margen de si fue correcta o no dicha determinación, no podría reclamarse de manera aislada la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de nulidad al encontrarse concluido el procedimiento. Pues bien, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito aclaratorio de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que afirmó bajo protesta de decir verdad que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto que reclama (auto de diez mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de nulidad ******************). Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de junio al tres de agosto de dos mil veintiuno, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. II. Fueron inhábiles los días tres, cuatro, diez, once y treinta y uno de julio, así como el uno de agosto de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; de igual forma, el periodo vacacional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue del quince al treinta de julio de dos mil veintiuno. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la parte quejosa promovió la demanda que se estudia hasta el treinta y uno de enero del año que transcurre, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por la solicitante del amparo, en el sentido que de considerar el día en que tuvo conocimiento del acto reclamado (veinticinco de junio de dos mil veintiuno) para computar el plazo para ejercer la acción de amparo, se transgredirían los principios de seguridad jurídica y acceso a la impartición de justicia, por las razones que expone. Lo anterior, ya que ha ido criterio de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación que ello no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo Coahuila, y otras autoridades; con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 89/2022-V. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones I, III, IV y V de la ley de la materia, como se verá a continuación: A) La fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. Pues bien, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso asentó lo siguiente: - En el proemio: ".por mi propio derecho y con la personalidad que tengo debidamente acreditada en autos del juicio principal." - En los hechos: ".PRIMERO: . respecto a la negativa a la petición de incrementar la cuota diaria que integra la pensión que fue otorgada a todos y cada uno de los actores en del juicio." ".SEGUNDO: . SE RECONOCIÓ EL DERECHO DE LOS ACTORES AL INCREMENTO." - En el apartado de pruebas: ".se pretende acreditar a existencia del acto reclamado y el interés jurídico de los ahora quejosos para acudir al presente juicio." - En los petitorios: ".3..solicitamos que se hagan efectivas las medidas de apremio." ".4. ..se ordene a la autoridad que exhiba constancias de recepción del pago a favor de todos y cada uno de los actores." De la narrativa anterior, no se puede establecer con exactitud si la solicitante del amparo acude a esta instancia constitucional únicamente por su propio derecho o, en su caso, si también lo hace en representación de alguna otra persona. Por ello, es necesario que precise si la presente demanda de amparo la promueve sólo por su propio derecho o, en su caso, en representación de alguna otra persona, en cuyo caso deberá precisar de quién o quiénes y exhibir el documento fehaciente con el que acredite esa representación. B) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito, se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló con el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Jefe del Departamento de Pensiones, Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Jefe de la Unidad Jurídica, Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Todos con sede en Saltillo, Coahuila. De igual forma, en el capítulo atinente a "LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME", se advierte que, entre otros actos, reclama el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de nulidad ************, mediante el cual declaró la caducidad del procedimiento. Sin embargo, esta última autoridad no fue señalada por la solicitante del amparo como responsable, no obstante que le reclamó el referido acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, por lo que ante la falta de su designación es necesario que la promovente la señale con ese carácter. C) La tercera irregularidad advertida emanada de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en comento que dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LO ABSOLUTO a la sentencia definitiva de nulidad de dictada en fecha 14 DE JULIO DEL AÑO 2017, la sentencia de queja por incumplimiento de fecha 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019, así como el acuerdo de fecha: 10 DE MAYO DEL AÑO 2021, en el cual se declara la "caducidad del procedimiento" sabiendo que aún no se cumple con la sentencia." Asimismo, en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado señaló: ".El acuerdo de fecha 10 de mayo del año 2021 emitido por el C. Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que Declara la Caducidad del Procedimiento, sabiendo que es Incongruente e inconstitucional archivar una sentencia sin que ésta haya sido cumplida." Como se observa de lo anterior, la solicitante del amparo, además de reclamar el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, en que se declaró la caducidad del procedimiento y, como consecuencia, se ordenó el archivo del juicio de origen, se duele de la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de nulidad, lo cual genera una imprecisión en la demanda. Lo anterior, ya que si se declaró la caducidad del procedimiento el diez de mayo pasado y, por ende, se ordenó el archivo del juicio de origen, al margen de si fue correcta o no dicha determinación, no podría reclamarse la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de nulidad al encontrarse concluido el procedimiento. Por ello, es necesario que precise si reclama de forma destacada la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva o, bien, como una consecuencia del auto de diez de mayo de dos mil veintidós, en que se declaró la caducidad del procedimiento y se ordenó el archivo. D) La cuarta irregularidad advertida emanada de lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la legislación en comento que dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la promovente del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narro algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que omitió manifestar cuándo se le notificó o tuvo conocimiento del auto de diez de mayo de dos mil veintiuno. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108, fracciones I, III, IV y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con cinco copias para correr traslado a cada una de las partes: Aclare si la demanda de amparo la promueve sólo por su propio derecho o, en su caso, en representación de alguna otra persona; en cuyo caso deberá precisar de quién o quiénes y exhibir el documento fehaciente con el que acredite esa representación. Señale como autoridad responsable a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, y exhiba una copia más de su demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, a fin de emplazarla al presente juicio de amparo. Precise si reclama de forma destacada la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva o, bien, como una consecuencia del auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, en que se declaró la caducidad del procedimiento y se ordenó el archivo. Bajo protesta de decir verdad precise cuándo se le notificó o tuvo conocimiento del auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad ***************, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con cédulas profesionales **************** respectivamente, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se le tiene proponiendo como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico *************, así como los números telefónicos *************, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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