Silvia Guadalupe Sánchez García

Expediente 592/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
592/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Silvia Guadalupe Sánchez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la Justicia Federal y por otra parte SOBRESEÍDO el juicio en que se actúa; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Por medio de lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-592/2018, promovido por Silvia Guadalupe Sánchez García, contra actos del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Silvia Guadalupe Sánchez García, promovió juicio de amparo contra actos del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de los Familiar de este Distrito Judicial. La promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VIII-592/2018; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó notificar la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que ordena el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble del tercero interesado y que se había practicado a fin de garantizar el adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia, mismo que ascendía a la cantidad de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.) Del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, la omisión de notificar el auto de diez de julio de dos mil dieciocho. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que niega la existencia de los actos reclamados, pues si bien acepta que en el órgano jurisdiccional de su adscripción de tramita el juicio ordinario familia 377/2016, por otro lado refiere que practicó la notificación de los autos derivados de dicho juicio en el domicilio señalado por la actora. Dicha circunstancia se corrobora con las constancias que relativas a dicho controvertido familiar, al que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Ahora bien, el acto reclamado implica una omisión o abstención que se le atribuye a la responsable; por su parte, la negativa que la autoridad emite en este tipo de actos, propiamente encierra la afirmación de que no incurrió en la omisión que se le atribuye. Circunstancia que, como se adelantó, se evidencia que las constancias relativas que efectivamente, el doce de julio de dos mil dieciocho, el Actuario responsable notificó a la aquí quejosa mediante instructivo el acuerdo de diez de dicho mes y año (fojas 175 y 176 de autos), de ahí que la omisión reclamada, como tal, no existe. Sin que el suscrito juzgador pueda analizar la legalidad de la notificación practicada debido a que ello no constituye materia de reclamo; y, en todo caso, previo a ello la parte quejosa debería agotar el medio ordinario de defensa a fin de que se declare la nulidad de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Época: Octava Época Registro: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Página: 660 ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales. Lo anterior sin que la parte quejosa desvirtuara eficazmente esa negativa, no obstante que le correspondía la carga de hacerlo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a dicha autoridad y acto reclamado. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativa al juicio ordinario familiar 377/2016. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es infundado el único concepto de violación aducido por la quejosa por los motivos que más adelante se expondrán. La peticionaria de garantías reclama el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario familiar 337/2016, en el que ordenó el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble del tercero interesado y que se había practicado a fin de garantizar el adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia, mismo que ascendía a la cantidad de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.). De las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que fueron previamente valoradas, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: Ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ordinario familiar 337/2016, que sobre investigación de paternidad promovió, en ese entonces, la representante legal de la aquí quejosa, por ser en aquella fecha menor de edad, frente al tercero interesado Antonio Sánchez Colín, controvertido en el que el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se dictó resolución, misma que, en lo que aquí interesa, en relación con los alimentos, se fijó una pensión alimenticia mensual a favor de la aquí quejosa por el monto de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), en la inteligencia de que para cubrir las pensiones alimenticias vencidas habría de adicionarse a la cantidad mensual decretada el 10% correspondiente a cada una de ellas; además se ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del deudor y lo requiriera del pago de la primera mensualidad correspondiente, en el entendido de que en caso de que fuera omiso al respecto, debería trabarse embargo precautorio de sus bienes para garantizar el cumplimiento de la obligación. Ante el incumplimiento del deudor, la aquí quejosa, solicitó la ejecución de la sentencia, por lo que a dicha petición recayó el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se cuantificó el monto al que ascendían las pensiones adeudadas por el periodo solicitado por la quejosa, y que correspondían a la suma de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), por lo que en ejecución de sentencia, ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera para que en el acto de la diligencia acreditara estar al corriente del pago de la pensión alimenticia fijada; y, en caso de no hacerlo, le requiriera del pago del monto de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), y no haciendo pago oportuno de lo debido, procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes y bastantes para cubrir la suma precisada. Siendo así que mediante diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procedió al embargo de un bien inmueble propiedad del tercero interesado para cubrir el monto adeudado de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), por concepto de pensión alimenticia, por lo que se ordenó la inscripción del gravamen respectivo. Posteriormente, el aquí tercero interesado estuvo cumpliendo con la obligación impuesta consignando diversas cantidades ante el juez del proceso, a cuyo efecto la aquí quejosa acudió a recibir los billetes de depósito respectivos, por lo que el tercero interesado solicitó el levantamiento del embargo decretado sobre su propiedad, al estimar que había cubierto el monto de lo adeudado y haberse regularizado en el pago de la pensión alimenticia decretada. A dicha petición, recayó el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se ordenó dar vista a la acreedora alimentaria para que manifestara lo que a su interés conviniera. Ante la omisión de la aquí quejosa, mediante proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que la suma que debió otorgar el deudor alimentista ascendía al monto de $67,758.30 (sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.) y que sumando los depósitos realizados, éstos ascendían a la cantidad de $69,789.81 (sesenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve pesos 81/100 M.N.), la cual era superior a la que se debía cubrir hasta ese momento, por lo que se ordenó el levantamiento del embargo efectuado. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, antes de abordar el análisis del único concepto de violación, cabe mencionar que si bien es cierto que originalmente el juicio familiar fue promovido en representación de una menor, a la fecha de presentación del juicio de garantías dicha acreedora había adquirido la mayoría de edad y compareció al presente juicio por propio derecho, de tal modo que los conceptos de violación se estudiarán de manera estricta, dado que no se actualiza alguno de los supuestos en los que debe aplicarse la suplencia referida. Precisado lo anterior, la parte quejosa, en vía de conceptos de violación, aduce: Que el levantamiento del embargo decretado la deja en estado de indefensión al violarse su derecho a conservar sus alimentos, siendo que es obligación del deudor cubrir los mismos. Ahora bien, como se adelantó, el único concepto de violación expuesto por la quejosa es infundado, toda vez que, contrario a lo expresado por la promovente el proveído reclamado no la priva de su derecho a la pensión alimenticia decretada, ello en razón de que claramente en el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó que el embargo aludido, únicamente tenía por objeto garantizar el pago de la suma que hasta ese momento se adeudaba por las pensiones vencidas y que ascendía a $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), de tal modo que si el deudor posteriormente cumplió oportunamente con dicha obligación y cubrió incluso una suma mayor, poniéndose con ello al corriente de los pagos vencidos, por lo que al ser saldado el adeudo, no existiría motivo alguno para que subsistiera el embargo respectivo. Sin que con ello se prive a la quejosa de su derecho a recibir la pensión correspondiente, pues si bien el deudor puede incurrir nuevamente en omisión del pago de la misma, la quejosa estará en aptitud de hacerlo de conocimiento del juez de origen a fin de que este proceda conforme a derecho, como ya lo hizo en su momento ante el incumplimiento. Sin que tampoco exista prueba alguna, ni siquiera de manera presuntiva, de que dicho obligado, en cuanto obtenga la liberación del gravamen que pesa sobre el inmueble de su propiedad se deshará del mismo para que ya no sirva para tal fin en lo futuro, pues ello sólo es una apreciación subjetiva de la quejosa; además, de que, en la actualidad el pago de los alimentos, que por su naturaleza son de tracto sucesivo, es decir, que se consumen día a día en el momento en que surge la necesidad, se cubre con la pensión decretada y en caso de ser necesario puede ser garantizado de diversa manera, como podría ser mediante el descuento que directamente se aplique al salario que obtiene el deudor por el trabajo remunerado que ejerza; máxime que el levantamiento del referido embargo no significa que, ante el incumplimiento en que pudiera llegar a incurrir el deudor respecto de su obligación alimentaria, no pueda trabarse nuevamente embargo en sus bienes, como se precisó con antelación. De tal modo que, al resultar infundado el concepto de violación expuesto, lo procedente es negar la protección constitucional a la aquí quejosa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Guadalupe Sánchez García, en contra del acto que reclamó del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Silvia Guadalupe Sánchez García, en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto de los Familiar de este Distrito Judicial, con base en las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Por medio de lista notifico a la parte tercero interesada ANTONIO SANCHEZ COLIN... la siguiente resolución: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-592/2018, promovido por Silvia Guadalupe Sánchez García, contra actos del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Silvia Guadalupe Sánchez García, promovió juicio de amparo contra actos del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de los Familiar de este Distrito Judicial. La promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VIII-592/2018; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó notificar la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que ordena el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble del tercero interesado y que se había practicado a fin de garantizar el adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia, mismo que ascendía a la cantidad de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.) Del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, la omisión de notificar el auto de diez de julio de dos mil dieciocho. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que niega la existencia de los actos reclamados, pues si bien acepta que en el órgano jurisdiccional de su adscripción de tramita el juicio ordinario familia 377/2016, por otro lado refiere que practicó la notificación de los autos derivados de dicho juicio en el domicilio señalado por la actora. Dicha circunstancia se corrobora con las constancias que relativas a dicho controvertido familiar, al que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Ahora bien, el acto reclamado implica una omisión o abstención que se le atribuye a la responsable; por su parte, la negativa que la autoridad emite en este tipo de actos, propiamente encierra la afirmación de que no incurrió en la omisión que se le atribuye. Circunstancia que, como se adelantó, se evidencia que las constancias relativas que efectivamente, el doce de julio de dos mil dieciocho, el Actuario responsable notificó a la aquí quejosa mediante instructivo el acuerdo de diez de dicho mes y año (fojas 175 y 176 de autos), de ahí que la omisión reclamada, como tal, no existe. Sin que el suscrito juzgador pueda analizar la legalidad de la notificación practicada debido a que ello no constituye materia de reclamo; y, en todo caso, previo a ello la parte quejosa debería agotar el medio ordinario de defensa a fin de que se declare la nulidad de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Época: Octava Época Registro: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Página: 660 ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales. Lo anterior sin que la parte quejosa desvirtuara eficazmente esa negativa, no obstante que le correspondía la carga de hacerlo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a dicha autoridad y acto reclamado. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativa al juicio ordinario familiar 377/2016. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es infundado el único concepto de violación aducido por la quejosa por los motivos que más adelante se expondrán. La peticionaria de garantías reclama el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario familiar 337/2016, en el que ordenó el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble del tercero interesado y que se había practicado a fin de garantizar el adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia, mismo que ascendía a la cantidad de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.). De las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que fueron previamente valoradas, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: Ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ordinario familiar 337/2016, que sobre investigación de paternidad promovió, en ese entonces, la representante legal de la aquí quejosa, por ser en aquella fecha menor de edad, frente al tercero interesado Antonio Sánchez Colín, controvertido en el que el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se dictó resolución, misma que, en lo que aquí interesa, en relación con los alimentos, se fijó una pensión alimenticia mensual a favor de la aquí quejosa por el monto de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), en la inteligencia de que para cubrir las pensiones alimenticias vencidas habría de adicionarse a la cantidad mensual decretada el 10% correspondiente a cada una de ellas; además se ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del deudor y lo requiriera del pago de la primera mensualidad correspondiente, en el entendido de que en caso de que fuera omiso al respecto, debería trabarse embargo precautorio de sus bienes para garantizar el cumplimiento de la obligación. Ante el incumplimiento del deudor, la aquí quejosa, solicitó la ejecución de la sentencia, por lo que a dicha petición recayó el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se cuantificó el monto al que ascendían las pensiones adeudadas por el periodo solicitado por la quejosa, y que correspondían a la suma de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), por lo que en ejecución de sentencia, ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera para que en el acto de la diligencia acreditara estar al corriente del pago de la pensión alimenticia fijada; y, en caso de no hacerlo, le requiriera del pago del monto de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), y no haciendo pago oportuno de lo debido, procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes y bastantes para cubrir la suma precisada. Siendo así que mediante diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procedió al embargo de un bien inmueble propiedad del tercero interesado para cubrir el monto adeudado de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), por concepto de pensión alimenticia, por lo que se ordenó la inscripción del gravamen respectivo. Posteriormente, el aquí tercero interesado estuvo cumpliendo con la obligación impuesta consignando diversas cantidades ante el juez del proceso, a cuyo efecto la aquí quejosa acudió a recibir los billetes de depósito respectivos, por lo que el tercero interesado solicitó el levantamiento del embargo decretado sobre su propiedad, al estimar que había cubierto el monto de lo adeudado y haberse regularizado en el pago de la pensión alimenticia decretada. A dicha petición, recayó el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se ordenó dar vista a la acreedora alimentaria para que manifestara lo que a su interés conviniera. Ante la omisión de la aquí quejosa, mediante proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que la suma que debió otorgar el deudor alimentista ascendía al monto de $67,758.30 (sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.) y que sumando los depósitos realizados, éstos ascendían a la cantidad de $69,789.81 (sesenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve pesos 81/100 M.N.), la cual era superior a la que se debía cubrir hasta ese momento, por lo que se ordenó el levantamiento del embargo efectuado. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, antes de abordar el análisis del único concepto de violación, cabe mencionar que si bien es cierto que originalmente el juicio familiar fue promovido en representación de una menor, a la fecha de presentación del juicio de garantías dicha acreedora había adquirido la mayoría de edad y compareció al presente juicio por propio derecho, de tal modo que los conceptos de violación se estudiarán de manera estricta, dado que no se actualiza alguno de los supuestos en los que debe aplicarse la suplencia referida. Precisado lo anterior, la parte quejosa, en vía de conceptos de violación, aduce: Que el levantamiento del embargo decretado la deja en estado de indefensión al violarse su derecho a conservar sus alimentos, siendo que es obligación del deudor cubrir los mismos. Ahora bien, como se adelantó, el único concepto de violación expuesto por la quejosa es infundado, toda vez que, contrario a lo expresado por la promovente el proveído reclamado no la priva de su derecho a la pensión alimenticia decretada, ello en razón de que claramente en el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó que el embargo aludido, únicamente tenía por objeto garantizar el pago de la suma que hasta ese momento se adeudaba por las pensiones vencidas y que ascendía a $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), de tal modo que si el deudor posteriormente cumplió oportunamente con dicha obligación y cubrió incluso una suma mayor, poniéndose con ello al corriente de los pagos vencidos, por lo que al ser saldado el adeudo, no existiría motivo alguno para que subsistiera el embargo respectivo. Sin que con ello se prive a la quejosa de su derecho a recibir la pensión correspondiente, pues si bien el deudor puede incurrir nuevamente en omisión del pago de la misma, la quejosa estará en aptitud de hacerlo de conocimiento del juez de origen a fin de que este proceda conforme a derecho, como ya lo hizo en su momento ante el incumplimiento. Sin que tampoco exista prueba alguna, ni siquiera de manera presuntiva, de que dicho obligado, en cuanto obtenga la liberación del gravamen que pesa sobre el inmueble de su propiedad se deshará del mismo para que ya no sirva para tal fin en lo futuro, pues ello sólo es una apreciación subjetiva de la quejosa; además, de que, en la actualidad el pago de los alimentos, que por su naturaleza son de tracto sucesivo, es decir, que se consumen día a día en el momento en que surge la necesidad, se cubre con la pensión decretada y en caso de ser necesario puede ser garantizado de diversa manera, como podría ser mediante el descuento que directamente se aplique al salario que obtiene el deudor por el trabajo remunerado que ejerza; máxime que el levantamiento del referido embargo no significa que, ante el incumplimiento en que pudiera llegar a incurrir el deudor respecto de su obligación alimentaria, no pueda trabarse nuevamente embargo en sus bienes, como se precisó con antelación. De tal modo que, al resultar infundado el concepto de violación expuesto, lo procedente es negar la protección constitucional a la aquí quejosa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Guadalupe Sánchez García, en contra del acto que reclamó del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Silvia Guadalupe Sánchez García, en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto de los Familiar de este Distrito Judicial, con base en las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-592/2018, promovido por Silvia Guadalupe Sánchez García, contra actos del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Silvia Guadalupe Sánchez García, promovió juicio de amparo contra actos del Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de los Familiar de este Distrito Judicial. La promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VIII-592/2018; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó notificar la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que ordena el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble del tercero interesado y que se había practicado a fin de garantizar el adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia, mismo que ascendía a la cantidad de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.) Del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, la omisión de notificar el auto de diez de julio de dos mil dieciocho. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que niega la existencia de los actos reclamados, pues si bien acepta que en el órgano jurisdiccional de su adscripción de tramita el juicio ordinario familia 377/2016, por otro lado refiere que practicó la notificación de los autos derivados de dicho juicio en el domicilio señalado por la actora. Dicha circunstancia se corrobora con las constancias que relativas a dicho controvertido familiar, al que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Ahora bien, el acto reclamado implica una omisión o abstención que se le atribuye a la responsable; por su parte, la negativa que la autoridad emite en este tipo de actos, propiamente encierra la afirmación de que no incurrió en la omisión que se le atribuye. Circunstancia que, como se adelantó, se evidencia que las constancias relativas que efectivamente, el doce de julio de dos mil dieciocho, el Actuario responsable notificó a la aquí quejosa mediante instructivo el acuerdo de diez de dicho mes y año (fojas 175 y 176 de autos), de ahí que la omisión reclamada, como tal, no existe. Sin que el suscrito juzgador pueda analizar la legalidad de la notificación practicada debido a que ello no constituye materia de reclamo; y, en todo caso, previo a ello la parte quejosa debería agotar el medio ordinario de defensa a fin de que se declare la nulidad de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Época: Octava Época Registro: 226432 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.3o.A. J/21 Página: 660 ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las disposiciones constitucionales y legales. Lo anterior sin que la parte quejosa desvirtuara eficazmente esa negativa, no obstante que le correspondía la carga de hacerlo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a dicha autoridad y acto reclamado. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativa al juicio ordinario familiar 377/2016. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es infundado el único concepto de violación aducido por la quejosa por los motivos que más adelante se expondrán. La peticionaria de garantías reclama el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario familiar 337/2016, en el que ordenó el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble del tercero interesado y que se había practicado a fin de garantizar el adeudo por concepto de pago de pensión alimenticia, mismo que ascendía a la cantidad de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.). De las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que fueron previamente valoradas, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: Ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ordinario familiar 337/2016, que sobre investigación de paternidad promovió, en ese entonces, la representante legal de la aquí quejosa, por ser en aquella fecha menor de edad, frente al tercero interesado Antonio Sánchez Colín, controvertido en el que el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se dictó resolución, misma que, en lo que aquí interesa, en relación con los alimentos, se fijó una pensión alimenticia mensual a favor de la aquí quejosa por el monto de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), en la inteligencia de que para cubrir las pensiones alimenticias vencidas habría de adicionarse a la cantidad mensual decretada el 10% correspondiente a cada una de ellas; además se ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del deudor y lo requiriera del pago de la primera mensualidad correspondiente, en el entendido de que en caso de que fuera omiso al respecto, debería trabarse embargo precautorio de sus bienes para garantizar el cumplimiento de la obligación. Ante el incumplimiento del deudor, la aquí quejosa, solicitó la ejecución de la sentencia, por lo que a dicha petición recayó el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se cuantificó el monto al que ascendían las pensiones adeudadas por el periodo solicitado por la quejosa, y que correspondían a la suma de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), por lo que en ejecución de sentencia, ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera para que en el acto de la diligencia acreditara estar al corriente del pago de la pensión alimenticia fijada; y, en caso de no hacerlo, le requiriera del pago del monto de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), y no haciendo pago oportuno de lo debido, procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes y bastantes para cubrir la suma precisada. Siendo así que mediante diligencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procedió al embargo de un bien inmueble propiedad del tercero interesado para cubrir el monto adeudado de $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), por concepto de pensión alimenticia, por lo que se ordenó la inscripción del gravamen respectivo. Posteriormente, el aquí tercero interesado estuvo cumpliendo con la obligación impuesta consignando diversas cantidades ante el juez del proceso, a cuyo efecto la aquí quejosa acudió a recibir los billetes de depósito respectivos, por lo que el tercero interesado solicitó el levantamiento del embargo decretado sobre su propiedad, al estimar que había cubierto el monto de lo adeudado y haberse regularizado en el pago de la pensión alimenticia decretada. A dicha petición, recayó el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se ordenó dar vista a la acreedora alimentaria para que manifestara lo que a su interés conviniera. Ante la omisión de la aquí quejosa, mediante proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que la suma que debió otorgar el deudor alimentista ascendía al monto de $67,758.30 (sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.) y que sumando los depósitos realizados, éstos ascendían a la cantidad de $69,789.81 (sesenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve pesos 81/100 M.N.), la cual era superior a la que se debía cubrir hasta ese momento, por lo que se ordenó el levantamiento del embargo efectuado. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, antes de abordar el análisis del único concepto de violación, cabe mencionar que si bien es cierto que originalmente el juicio familiar fue promovido en representación de una menor, a la fecha de presentación del juicio de garantías dicha acreedora había adquirido la mayoría de edad y compareció al presente juicio por propio derecho, de tal modo que los conceptos de violación se estudiarán de manera estricta, dado que no se actualiza alguno de los supuestos en los que debe aplicarse la suplencia referida. Precisado lo anterior, la parte quejosa, en vía de conceptos de violación, aduce: Que el levantamiento del embargo decretado la deja en estado de indefensión al violarse su derecho a conservar sus alimentos, siendo que es obligación del deudor cubrir los mismos. Ahora bien, como se adelantó, el único concepto de violación expuesto por la quejosa es infundado, toda vez que, contrario a lo expresado por la promovente el proveído reclamado no la priva de su derecho a la pensión alimenticia decretada, ello en razón de que claramente en el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó que el embargo aludido, únicamente tenía por objeto garantizar el pago de la suma que hasta ese momento se adeudaba por las pensiones vencidas y que ascendía a $22,420.53 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 53/100 M.N.), de tal modo que si el deudor posteriormente cumplió oportunamente con dicha obligación y cubrió incluso una suma mayor, poniéndose con ello al corriente de los pagos vencidos, por lo que al ser saldado el adeudo, no existiría motivo alguno para que subsistiera el embargo respectivo. Sin que con ello se prive a la quejosa de su derecho a recibir la pensión correspondiente, pues si bien el deudor puede incurrir nuevamente en omisión del pago de la misma, la quejosa estará en aptitud de hacerlo de conocimiento del juez de origen a fin de que este proceda conforme a derecho, como ya lo hizo en su momento ante el incumplimiento. Sin que tampoco exista prueba alguna, ni siquiera de manera presuntiva, de que dicho obligado, en cuanto obtenga la liberación del gravamen que pesa sobre el inmueble de su propiedad se deshará del mismo para que ya no sirva para tal fin en lo futuro, pues ello sólo es una apreciación subjetiva de la quejosa; además, de que, en la actualidad el pago de los alimentos, que por su naturaleza son de tracto sucesivo, es decir, que se consumen día a día en el momento en que surge la necesidad, se cubre con la pensión decretada y en caso de ser necesario puede ser garantizado de diversa manera, como podría ser mediante el descuento que directamente se aplique al salario que obtiene el deudor por el trabajo remunerado que ejerza; máxime que el levantamiento del referido embargo no significa que, ante el incumplimiento en que pudiera llegar a incurrir el deudor respecto de su obligación alimentaria, no pueda trabarse nuevamente embargo en sus bienes, como se precisó con antelación. De tal modo que, al resultar infundado el concepto de violación expuesto, lo procedente es negar la protección constitucional a la aquí quejosa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia Guadalupe Sánchez García, en contra del acto que reclamó del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Silvia Guadalupe Sánchez García, en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto de los Familiar de este Distrito Judicial, con base en las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano