Silvia Contreras Alipio

Expediente 42/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
42/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Silvia Contreras Alipio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Silvia Contreras Alipio. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, del cual se hace innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 42/2019-IV, promovido por Silvia Contreras Alipio, contra actos que reclama de la Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y remitida al día siguiente a este Juzgado por razón de turno, Silvia Contreras Alipio acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Primero Menor en Materia Civil de esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada se reclama la sentencia interlocutoria de fecha 14 catorce de diciembre del 2018, dos mil dieciocho, que resuelve incidente de ampliación de liquidación de sentencia, relativa al juicio ejecutivo mercantil número 757/2015, instaurado en mi contra, sobre pago de pesos por la c. Magdalena Leticia Rangel Ortiz y/o Leticia Rangel Ortiz." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 42/2019; se estimó innecesario solicitar el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, por ya obrar en autos; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el juez Primero Menor en Materia Civil en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 757/2015, en la que se declaró parcialmente procedente la ampliación de planilla de liquidación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero Menor en Materia Civil en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio de origen 757/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, según se desprende de la constancia que obra a foja 404 del cuaderno de pruebas; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el diecinueve del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veinte de ese mes y año y concluyó el veinticinco de enero del año en curso, término al que se le descuenta el periodo vacacional de la responsable, que comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, al siete de enero del año en curso; así como los días correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintiuno de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. Ante el Juzgado Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ejecutivo mercantil número 757/2015, promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz o Leticia Rangel Ortiz, frente a la aquí quejosa Silvia Contreras Alipio. Seguido el juicio, el nueve de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se condenó a la demandada al pago de la cantidad de $52,500.00 (cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses ordinarios a razón de 3.24% mensual, a partir del ocho de diciembre de dos mil doce y hasta que se cubra en su integridad el adeudo principal, así también se le condenó al pago de gastos y costas. Determinación que en auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, se declaró ejecutoria por ministerio de ley, elevándose a la categoría de cosa juzgada. Cabe señalar que en etapa de ejecución se substanciaron diversos incidentes de liquidación, virtud a los cuales se actualizaron las cantidades relativas a los intereses. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, la aquí quejosa consignó mediante orden de depósito bancario la cantidad de $52,500.20 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal; por lo que mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte actora con la consignación respectiva para que manifestara lo que a su interés conviniera; en mérito de ello, la parte actora señaló que aceptaba la consignación relativa pero como abono a intereses moratorios; a lo que el juez de origen señaló que no había lugar en los términos que refería en razón de que el ofrecimiento se realizó como pago de la suerte principal. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho, la parte actora promovió incidente de ampliación de planilla de liquidación, misma que se admitió a trámite mediante auto de cinco de ese mismo mes y año, con la cual se ordenó dar vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera, siendo así que por ocurso presentado el diez del citado mes y año, la demandada, aquí quejosa, se opuso a dicha ampliación, para lo cual alegó en esencia que ya se había realizado el pago de la suerte principal mediante la consignación que se tuvo por hecha en proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho y que si bien la parte actora no había aceptado la consignación como pago de la suerte principal, sino como pago a intereses, el juzgado había rechazado tal postura, por lo que al haberse realizado el pago de la suerte principal habían dejado de generarse intereses moratorios; asimismo, señaló que se debía considerar que se estaban efectuando los descuentos relativos a su sueldo, lo cual adujo se acreditaba con los tarjetones de pago exhibidos y que por tanto debían descontarse del adeudo, por lo que mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se pusieron los autos en estado de dictar la resolución incidental correspondiente. De ahí que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, el juez de origen dictó resolución incidental en la que se declaró procedente el incidente de liquidación y se determinó que había quedado cubierta en su totalidad la cantidad aprobada, por lo que no existía condena a cargo de la demandada por concepto de intereses moratorios generados del seis de enero al cinco de septiembre, ambos de dos mil dieciocho. 8. En escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora promovió nuevo incidente de ampliación de planilla de liquidación, misma que se admitió a trámite por auto de veintitrés de ese mes y año, con la cual se ordenó dar vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera, por lo que en escrito presentado el treinta de noviembre del citado mes y año, la demandada, aquí quejosa, se opuso a dicha ampliación, en razón de que refirió que ya se había realizado el pago de la suerte principal mediante la consignación que se tuvo por hecha en auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho y si bien la parte actora no había aceptado la consignación como pago de la suerte principal, sino como pago a intereses, el juzgado había rechazado tal postura, por lo que al haberse realizado el pago de la suerte principal habían dejado de generarse intereses moratorios. Que además, en razón de haberse promovido recurso de revocación en contra de ese auto, la determinación había quedado firme. Abundó que se debía considerar que se estaban efectuando los descuentos relativos a su sueldo, lo cual adujo se acreditaba con los tarjetones de pago exhibidos y que por tanto debían descontarse del adeudo, por lo que mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se pusieron los autos en estado de dictar la resolución incidental correspondiente. 9. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el juez de origen dictó resolución incidental en la que se declaró parcialmente procedente la ampliación de planilla de liquidación y se condenó a la incidentada a pagar en ejecución de sentencia, la cantidad de mil setecientos un pesos, por concepto de intereses moratorios cuantificados al cinco de octubre de dos mil dieciocho; independientemente de las diversas cantidades impuestas a cubrir en el juicio de origen, además de las que se sigan generando a partir del día siguiente a la anterior data y hasta la liquidación de la suerte principal. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. En otro entorno, cabe anotar que contra la interlocutoria en cita, no procede el recurso de apelación, acorde a lo dispuesto en los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, puesto que la cuantía del negocio no excede de la cantidad de $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) que establecía el segundo de los preceptos en la fecha de presentación de la demanda en el juicio de origen. Es aplicable al caso concreto la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 166302 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Septiembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.13o.C.41 C Página: 3173 "RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN VIGOR A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2008, SÓLO ES APELABLE CUANDO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA EN EL JUICIO SEA MAYOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio reformados el diecisiete de abril de dos mil ocho se concluye, que la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente de liquidación depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio; por ende, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclamó una cantidad menor a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en cuenta intereses y accesorios, la sentencia definitiva no será apelable y, en consecuencia, tampoco lo serán los autos ni interlocutorias que se dicten en el mismo. De no interpretarlo así, las resoluciones recaídas a los incidentes de liquidación de sentencia resultarían apelables en cualquier caso, lo cual nulificaría la intención del legislador al proscribir el recurso de mérito contra los autos, interlocutorias y sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal no exceda de doscientos mil pesos. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la demanda hubiera sido admitida después del diecisiete de julio de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las citadas reformas al Código de Comercio. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 183/2009. Toyota Services de México, S.A. de C.V. 15 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Eliseo Puga Cervantes. Secretaria: Yuritza Castillo Cárlock". Por otra parte, cabe destacar que para resolver este juicio, se tienen a la vista los juicios de amparo 970/2018 y 237/2019, del índice de este juzgado, toda vez que dentro del primero se reclamó un acto íntimamente relacionado con el que ahora se combate, y en el segundo se reclama el mismo acto pero combatido por la aquí tercero interesada; sin embargo, no fue posible su acumulación, porque el juicio 237/2019 se turnó a este juzgado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, siendo que la audiencia en este juicio se celebró el uno de ese mes y año. Lo que se toma en consideración por constituir un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014". Del juicio de amparo 970/2018, se advierte que se señaló como acto reclamado el siguiente: La resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil dieciocho, relativa al incidente de liquidación de sentencia, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 757/2015, promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz o Leticia Rangel Ortiz, frente a la aquí quejosa Silvia Contreras Alipio. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio de amparo 970/2018, en el que al analizar diversas cuestiones que como se verá más adelante, ahora se reiteran en el presente juicio de amparo, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el que a la fecha no ha sido resuelto. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes e infundados. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que se acude a esta instancia, en la calidad de parte demandada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. En ese orden de ideas, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala los conceptos de violación bajo un punto único, y de su análisis se advierte que contienen en esencia las siguientes porciones: 1. Que la resolución reclamada carece de congruencia virtud a que por un lado señaló que los intereses moratorios se generan hasta que se cubra el adeudo de la suerte principal y dado que se había hecho el pago de la suerte principal mediante la consignación efectuada el quince de junio de dos mil dieciocho, se debió considerar la generación de intereses hasta esa fecha, máxime si se tenía en consideración que ante las manifestaciones de la parte actora de aceptar la consignación a cuenta de intereses moratorios, en auto de dos de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que no había lugar a tenerla por aceptando el depósito a cuenta de los intereses moratorios, en razón de que el ofrecimiento de pago se realizó como pago de la suerte principal, determinación que aduce goza de firmeza, y que pese a ello, en la resolución reclamada ahora había determinado que la cantidad consignada se aplicaba al pago de los intereses moratorios. 2. Que no se tomaron en consideración diversas constancias que obran en autos, en específico el oficio 1790000410100/JCAE/3990/2018, de veinticinco de junio de dos mil dieciocho. 3. Que en la resolución reclamada carece de exhaustividad, virtud a que no se tomó en consideración lo argumentado por la parte demandada al momento de desahogar la vista con la planilla respectiva. 4. Por último expuso que al margen de que no hubiera hecho manifestación alguna, el juez debió regular la planilla respectiva examinándola de oficio. Ahora, previo a proceder al análisis de las porciones del concepto de violación, cabe señalar que tal como se anotó, se tiene a la vista la resolución emitida dentro del juicio de amparo 970/2018, dado que se encuentra íntimamente relacionado con el acto reclamado. Así, los puntos marcados como uno y dos, de las porciones del concepto de violación resultan inoperantes, por las siguientes razones: En relación a las dos primeras porciones del concepto de violación, se afirma que resultan inoperantes, puesto que esos puntos ya fueron motivo de análisis en la referida resolución emitida el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 970/2018, puesto que en relación al punto primero, resolvió lo siguiente: "[.] Ahora bien, el primero de los conceptos de violación resulta infundado, por lo que a efecto de evidenciar tal circunstancia se estima pertinente destacar el contenido de los acuerdos emitidos el diecinueve de junio y dos de julio, ambos de dos mil dieciocho y que están relacionados con la consignación realizada por la aquí quejosa. En principio, mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, la quejosa consignó la cantidad de $52,500.00 (cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) aduciendo que ello era por concepto de suerte principal, de tal modo que el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el juez del proceso proveyó: ".Visto el escrito de cuenta, téngase a la ocursante Silvia Contreras Alipio, en cuanto parte demandada, por haciendo la consignación a favor de la parte actora de la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos pesos moneda nacional, por concepto pago de la suerte principal demandada en este juicio, según consta en el recibo de pago que se exhibe, expedido por el Banco Nacional de México, S.A., con referencia JM010530757N0115SP11, valioso por la cantidad señalada; por tanto, hágase saber dicha consignación a la parte actora mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que dentro del término legal de 3 tres días manifieste lo que a sus intereses convenga.- ." De la redacción de dicho acuerdo se desprende que si bien la responsable tuvo a la quejosa por haciendo la consignación, a cuyo efecto precisó que los datos relativos a la cantidad y el concepto, también destacó que ello era según constaba en el recibo de pago exhibido; de tal modo, que en ningún momento existió un pronunciamiento de la autoridad en relación a que el monto sería aplicado a la suerte principal, pues solamente hizo el señalamiento en los mismos términos en que se había asentado en la orden de depósito por la institución bancaria, tan es así que de lo contrario no hubiera dado vista a la contraria para que manifestara si aceptaba o no el pago en los términos en los que se estaba realizando la consignación, sino que simplemente hubiera tenido por pagada la suerte principal. Por su parte la actora desahogó la vista aduciendo que aceptaba la consignación como abono a intereses moratorios, a lo que el juez responsable el dos de julio de dos mil dieciocho, acordó: ". se tiene al ocursante Hugo Said Morales Rodríguez, en cuanto parte endosatario en procuración de la parte actora, por desahogando en tiempo la vista que se ordenó darle respecto de la consignación realizada por Silvia Contreras Alipio, sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle por aceptando el depósito efectuado, en los términos que refiere, esto es, como abono a intereses moratorios; toda vez que dicho ofrecimiento de pago se realizó como pago de la suerte principal que se demandó en este juicio.-" Asimismo, de la lectura de dicho auto tampoco se advierte que la autoridad haya hecho algún pronunciamiento expreso en relación a cómo sería aplicada la cantidad consignada, pues únicamente se limitó a decir que no había lugar a tener por aceptando el pago como abono a intereses moratorios, ello debido a que el ofrecimiento que hizo la demandada era como pago de la suerte principal, tan es así puso énfasis en señalar que la actora pretendía que la cantidad fuera abono a los intereses y que la demandada lo había ofrecido como pago de la suerte principal, sin que de la redacción de tal proveído se advierta que en algún momento la autoridad determinó el destino de la consignación, pues incluso optó por referirse a los términos del ofrecimiento, acción que sólo podía ser desplegada por la demandada y no así por la autoridad que es la rectora del procedimiento. Hechas tales precisiones, resulta correcta la determinación del juez responsable en la resolución interlocutoria reclamada, ello en razón de que como se evidenció aún no se cubría el adeudo de la suerte principal, ya que el monto de la consignación, como bien lo señaló el juez responsable, debe aplicarse primeramente a los intereses, pues si bien es cierto que la pretensión de la parte demandada era que dicha consignación fuera directo a la suerte principal, la parte actora señaló que la aceptaba pero aplicándola a los intereses, por lo que el juez determinó que no había lugar a ello, todo esto sin que hiciera pronunciamiento alguno en relación a cómo se aplicaría el monto consignado tal como se evidenció en líneas que anteceden. Máxime si se tiene en consideración que no había un consenso de voluntades, pues la intención de cada una de las partes involucradas era divergente, mientras una lo consignó como pago a suerte principal, el otro pretendía aceptarlo como abono a intereses, de ahí que el juez se limitó a tener por hecha la consignación, dar vista y determinar que no había lugar a tener por aceptada la consignación como abono a intereses virtud a que el ofrecimiento se había hecho en otros términos; por tanto, al margen de que los citados proveídos gocen de firmeza, de su redacción y lectura puede apreciarse que lo ahí contenido no implica ni remotamente que dicha responsable haya determinado que la cantidad consignada sería aplicada a la suerte principal, pues como ya se dijo, únicamente se limitó a transcribir los datos del monto y concepto en los términos en que constaba en el recibo y posteriormente rechazó la aceptación virtud a que el ofrecimiento había sido en términos distintos a cómo se pretendía aceptar. De tal suerte que como bien lo destacó en la resolución interlocutoria el juez del proceso, la aplicación del monto consignado debe hacerse primero al pago de los intereses y solo si hubiera un remanente éste se abonaría al capital, ello en razón de que el artículo 364 del Código de Comercio establece el orden de preferencia o prelación en la aplicación del pago, de tal modo que de dicho precepto legal dispone expresamente que el pago debe aplicarse primero a los intereses. Sin que la responsable estuviera constreñida a tomar en consideración la intención de la parte demandada en el sentido de que la consignación fue aplicada primero al capital, ya que al no existir un consenso de las partes en ese aspecto debía estarse a lo dispuesto por el citado precepto legal, por lo que se estima que el juez hizo una correcta interpretación del artículo en comento, de ahí que incluso como fundamento de su determinación además de citar el referido precepto legal, también invocó el criterio jurisprudencial que resulta aplicable al caso concreto, siendo el siguiente: Época: Octava Época Registro: 206722 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 66, Junio de 1993 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 8/93 Página: 12 OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO. De conformidad con el artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal supletorio en materia mercantil, la regla general tratándose de aplicación a capital de las cantidades entregadas a cuenta de créditos, existiendo intereses vencidos y no pagados, es la que no debe llevarse a cabo dicha aplicación salvo convenio de las partes en contrario. Tomando en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto por el artículo 364 del Código de Comercio, resulta que si las partes convienen en hacer la aplicación de lo entregado a capital, a los intereses o una parte a cada concepto, dicha aplicación es correcta, pues se ajusta a lo dispuesto en los preceptos invocados. Sin embargo, si no se da ese consenso de voluntades, y el deudor manifiesta su deseo unilateral de aplicar la cantidad a entregarse al capital y no al pago de réditos vencidos y no cubiertos, con la oposición del acreedor, debe acudirse supletoriamente a la regla indicada en el artículo 2094 citado, es decir, que la aplicación se haga en primer término al pago de intereses devengados y no cubiertos y después al adeudo principal, pues es clara la intención del legislador de suplir la omisión de las partes sobre ese aspecto. Contradicción de tesis 34/92. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón Tesis de Jurisprudencia 8/93. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión de tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Por lo que, al haber sido legalmente aplicado el monto consignado a los intereses y no así a la suerte principal, es válido que se siguieran generando intereses, ya que contrario a lo señalado por la quejosa, la suerte principal aún no había sido cubierta, virtud a que no existió consenso entre las partes para que la cantidad consignada se aplicara en principio a la suerte principal en razón de que ya había intereses que habían sido cuantificados previamente. De tal modo que con la consignación realizada no puede considerarse que existió un finiquito de la suerte principal, sino que el monto respectivo sería a cuenta de los intereses cuantificados, de tal modo que aún existían montos pendientes por liquidar. Asimismo, resulta infundado el segundo de los conceptos de violación aducidos por la quejosa, ya que de la lectura de la resolución reclamada se advierte claramente que el juez responsable atendió todos y cada uno de los razonamientos vertidos por la quejosa al momento de desahogar la vista que se le dio con la planilla de liquidación y a la cual se opuso, tan es así que en dicho escrito respectivo, la aquí quejosa solicitó que se aplicara a lo que adeudaba la cantidad de $12,087.53 (doce mil ochenta y siete pesos 53/100 M.N.) derivada del descuento que se había hecho a su salario, a lo que el juez le contestó que ello no era posible debido a que existía controversia sobre dicha circunstancia virtud a que dicho descuento superaba en demasía lo que se había ordenado en autos. Asimismo, en relación con las manifestaciones relacionadas con el hecho de que se había cubierto el monto de la suerte principal, el juez responsable reiteró el motivo por el cual la cantidad consignada no había sido aplicada al capital, además de señalar que el hecho de que no se hubiera acordado favorablemente la aceptación de la parte actora del monto consignado a cuenta de los intereses, ni implicaba que se hubiera determinado que automáticamente sería abonado a la suerte principal, sino que ello fue virtud a que no existía un consenso de voluntades. [.]" Ahora, en relación al punto segundo que ahora se reitera, en la citada sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 970/2018, se estableció: "[.] Por otro lado, si bien es cierto que no se tomaron en consideración diversas constancias que obran en autos, cabe destacar que ello atiende al hecho de que no fueron incorporadas a la Litis incidental, de ahí que no estaba obligado a tomarlas en consideración, ya que ninguna de las partes las ofreció como medio de prueba dentro del incidente, por lo que de hacerlo rompería el equilibrio procesal entre las partes. [.]" Las anteriores porciones del concepto de violación resultan inoperantes, porque esencialmente es una reiteración de lo planteado en el diverso juicio de amparo 970/2018, y es el caso que ello ya fue motivo de análisis en la sentencia dictada dentro del referido juicio de amparo, tal como se desprende de la trascripción realizada, en la que se que se calificaron como infundados los referidos conceptos de violación. En esos términos, si sobre dichos motivos de disenso ya se realizó un pronunciamiento, no es dable analizar de nueva cuenta los puntos pretendidos por la quejosa. Es aplicable al caso concreto la tesis del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 171217 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: XVIII.2o.16 K Página: 3117 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE CONSTITUYEN UNA REITERACIÓN DE LOS ANALIZADOS EN UN AMPARO ANTERIOR, Y LOS DIRIGIDOS A COMBATIR ARGUMENTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REITERA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉL, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVERLO NO ADVIRTIÓ DEFICIENCIA DE LA QUEJA QUE SUPLIR. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en un juicio de amparo anterior haya declarado ineficaces los conceptos de violación relativos a un punto de legalidad, sin advertir queja deficiente que suplir a favor del quejoso; en el nuevo juicio de garantías que se promueva deben estimarse inoperantes los motivos de inconformidad que constituyan una reiteración de los examinados en el primer amparo, ya que como resultado de la ejecutoria pronunciada en éste, dado el carácter uniinstancial del amparo directo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas cuestiones de legalidad, analizadas y resueltas, constituyen cosa juzgada en contra de la cual no procede recurso alguno. Asimismo, si por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo la autoridad responsable reitera argumentos y éstos son controvertidos, también debe declararse inoperante el concepto de violación respectivo, en virtud de que en el amparo anterior el órgano de control constitucional no advirtió deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas a las planteadas por el quejoso, pues de hacerse redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica y en la firmeza de las determinaciones judiciales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 103/2006. 16 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretario: Gabriel Camacho Sánchez". Ahora, en relación a la diversa porción del concepto de violación en el que la quejosa refiere que la resolución reclamada carece de exhaustividad, virtud a que no se tomó en consideración lo argumentado por la parte demandada al momento de desahogar la vista con la planilla respectiva, resulta inoperante, puesto que con dichos argumentos de ninguna forma controvierte la totalidad de las consideraciones que sustentan la determinación de la responsable, y esto es así, si se toma en consideración que la juez responsable expuso que sobre dichas cuestiones ya se había realizado un pronunciamiento y para corroborarlo, bastaba remitirse al contenido de la sentencia interlocutoria dictada el treinta de octubre de dos mil dieciocho, por lo tanto, los argumentos en ese sentido resultaban inatendibles, al haberse hecho valer y resuelto previamente. No obstante, como puede advertirse, la parte quejosa fue omisa en combatir esos argumentos, esto es, en sus conceptos de violación no se realiza razonamiento alguno con el cual se demuestre la contravención entre lo resuelto en esos términos y los derechos humanos violados, ni se expresan consideraciones jurídicas concretas tendentes a controvertir dichos fundamentos de la resolución reclamada, limitándose a referir que la autoridad no tomó en cuenta sus argumentos. Es decir, no se vierte en ellos ninguna expresión jurídica y contundente para poner de manifiesto que dicha parte del fallo combatido es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley; de ahí lo inoperante de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." Ahora, en relación a la última porción del concepto de violación, en el sentido de que al margen de que no hubiera hecho manifestación alguna, el juez debió regular la planilla respectiva examinándola de oficio, resulta infundado. Lo anterior es así, porque es cierto que el juez de origen está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla, por lo que la parte actora tiene la carga de explicar de manera clara, concreta y detallada los montos, cálculos u operaciones aritméticas realizados para que pueda determinar si es o no correcto el monto que se le reclama; lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la demandada incidentada. Pero en el caso concreto el juez sí cumplió con dicha encomienda, toda vez que en la resolución combatida, el juez determinó que las operaciones aritméticas que se imponían, arrojaban el importe solicitado de mil setecientos un pesos por la parte actora. Sin embargo, estimó que no resultaba procedente resolver en los términos solicitados por la parte actora, esto es, a partir de la fecha a que se refería, como tampoco procedía sumar la suerte principal, así como los montos impuestos a pagar en diversas sentencias interlocutorias, porque el capital que reclamaba la ejecutante, era un rubro que ya se encontraba debidamente establecido y aprobado, lo que impedía abordar de nueva cuenta su examen. Abundó que no sería lógico que nuevamente se pretendiera efectuar para su ejecución, una cuantificación de lo resuelto en las diferentes sentencias interlocutorias dictadas dentro del juicio de origen, y concluyó declarando parcialmente procedente la ampliación de planilla de liquidación por la cantidad de mil setecientos un pesos en moneda nacional, por concepto de intereses moratorios cuantificados al cinco de octubre de dos mil dieciocho. Con lo anterior, el juez hizo uso del arbitrio del que goza, para ajustar la liquidación de planilla a la condena decretada; de ahí que resulte infundado el punto de disenso en análisis. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías, en perjuicio de la quejosa. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvia Contreras Alipio, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MAGDALENA LETICIA RANGEL ORTIZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 42/2019-IV, promovido por Silvia Contreras Alipio, contra actos que reclama de la Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y remitida al día siguiente a este Juzgado por razón de turno, Silvia Contreras Alipio acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Primero Menor en Materia Civil de esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada se reclama la sentencia interlocutoria de fecha 14 catorce de diciembre del 2018, dos mil dieciocho, que resuelve incidente de ampliación de liquidación de sentencia, relativa al juicio ejecutivo mercantil número 757/2015, instaurado en mi contra, sobre pago de pesos por la c. Magdalena Leticia Rangel Ortiz y/o Leticia Rangel Ortiz." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 42/2019; se estimó innecesario solicitar el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, por ya obrar en autos; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el juez Primero Menor en Materia Civil en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 757/2015, en la que se declaró parcialmente procedente la ampliación de planilla de liquidación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero Menor en Materia Civil en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio de origen 757/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, según se desprende de la constancia que obra a foja 404 del cuaderno de pruebas; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el diecinueve del mes y año en cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la interposición del juicio de amparo inició el veinte de ese mes y año y concluyó el veinticinco de enero del año en curso, término al que se le descuenta el periodo vacacional de la responsable, que comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, al siete de enero del año en curso; así como los días correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintiuno de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. Ante el Juzgado Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ejecutivo mercantil número 757/2015, promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz o Leticia Rangel Ortiz, frente a la aquí quejosa Silvia Contreras Alipio. Seguido el juicio, el nueve de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se condenó a la demandada al pago de la cantidad de $52,500.00 (cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses ordinarios a razón de 3.24% mensual, a partir del ocho de diciembre de dos mil doce y hasta que se cubra en su integridad el adeudo principal, así también se le condenó al pago de gastos y costas. Determinación que en auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, se declaró ejecutoria por ministerio de ley, elevándose a la categoría de cosa juzgada. Cabe señalar que en etapa de ejecución se substanciaron diversos incidentes de liquidación, virtud a los cuales se actualizaron las cantidades relativas a los intereses. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, la aquí quejosa consignó mediante orden de depósito bancario la cantidad de $52,500.20 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal; por lo que mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte actora con la consignación respectiva para que manifestara lo que a su interés conviniera; en mérito de ello, la parte actora señaló que aceptaba la consignación relativa pero como abono a intereses moratorios; a lo que el juez de origen señaló que no había lugar en los términos que refería en razón de que el ofrecimiento se realizó como pago de la suerte principal. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho, la parte actora promovió incidente de ampliación de planilla de liquidación, misma que se admitió a trámite mediante auto de cinco de ese mismo mes y año, con la cual se ordenó dar vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera, siendo así que por ocurso presentado el diez del citado mes y año, la demandada, aquí quejosa, se opuso a dicha ampliación, para lo cual alegó en esencia que ya se había realizado el pago de la suerte principal mediante la consignación que se tuvo por hecha en proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho y que si bien la parte actora no había aceptado la consignación como pago de la suerte principal, sino como pago a intereses, el juzgado había rechazado tal postura, por lo que al haberse realizado el pago de la suerte principal habían dejado de generarse intereses moratorios; asimismo, señaló que se debía considerar que se estaban efectuando los descuentos relativos a su sueldo, lo cual adujo se acreditaba con los tarjetones de pago exhibidos y que por tanto debían descontarse del adeudo, por lo que mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se pusieron los autos en estado de dictar la resolución incidental correspondiente. De ahí que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, el juez de origen dictó resolución incidental en la que se declaró procedente el incidente de liquidación y se determinó que había quedado cubierta en su totalidad la cantidad aprobada, por lo que no existía condena a cargo de la demandada por concepto de intereses moratorios generados del seis de enero al cinco de septiembre, ambos de dos mil dieciocho. 8. En escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora promovió nuevo incidente de ampliación de planilla de liquidación, misma que se admitió a trámite por auto de veintitrés de ese mes y año, con la cual se ordenó dar vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera, por lo que en escrito presentado el treinta de noviembre del citado mes y año, la demandada, aquí quejosa, se opuso a dicha ampliación, en razón de que refirió que ya se había realizado el pago de la suerte principal mediante la consignación que se tuvo por hecha en auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho y si bien la parte actora no había aceptado la consignación como pago de la suerte principal, sino como pago a intereses, el juzgado había rechazado tal postura, por lo que al haberse realizado el pago de la suerte principal habían dejado de generarse intereses moratorios. Que además, en razón de haberse promovido recurso de revocación en contra de ese auto, la determinación había quedado firme. Abundó que se debía considerar que se estaban efectuando los descuentos relativos a su sueldo, lo cual adujo se acreditaba con los tarjetones de pago exhibidos y que por tanto debían descontarse del adeudo, por lo que mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se pusieron los autos en estado de dictar la resolución incidental correspondiente. 9. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el juez de origen dictó resolución incidental en la que se declaró parcialmente procedente la ampliación de planilla de liquidación y se condenó a la incidentada a pagar en ejecución de sentencia, la cantidad de mil setecientos un pesos, por concepto de intereses moratorios cuantificados al cinco de octubre de dos mil dieciocho; independientemente de las diversas cantidades impuestas a cubrir en el juicio de origen, además de las que se sigan generando a partir del día siguiente a la anterior data y hasta la liquidación de la suerte principal. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. En otro entorno, cabe anotar que contra la interlocutoria en cita, no procede el recurso de apelación, acorde a lo dispuesto en los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, puesto que la cuantía del negocio no excede de la cantidad de $574,690.47 (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) que establecía el segundo de los preceptos en la fecha de presentación de la demanda en el juicio de origen. Es aplicable al caso concreto la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 166302 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Septiembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.13o.C.41 C Página: 3173 "RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN VIGOR A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2008, SÓLO ES APELABLE CUANDO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA EN EL JUICIO SEA MAYOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio reformados el diecisiete de abril de dos mil ocho se concluye, que la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente de liquidación depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio; por ende, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclamó una cantidad menor a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en cuenta intereses y accesorios, la sentencia definitiva no será apelable y, en consecuencia, tampoco lo serán los autos ni interlocutorias que se dicten en el mismo. De no interpretarlo así, las resoluciones recaídas a los incidentes de liquidación de sentencia resultarían apelables en cualquier caso, lo cual nulificaría la intención del legislador al proscribir el recurso de mérito contra los autos, interlocutorias y sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal no exceda de doscientos mil pesos. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la demanda hubiera sido admitida después del diecisiete de julio de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las citadas reformas al Código de Comercio. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 183/2009. Toyota Services de México, S.A. de C.V. 15 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Eliseo Puga Cervantes. Secretaria: Yuritza Castillo Cárlock". Por otra parte, cabe destacar que para resolver este juicio, se tienen a la vista los juicios de amparo 970/2018 y 237/2019, del índice de este juzgado, toda vez que dentro del primero se reclamó un acto íntimamente relacionado con el que ahora se combate, y en el segundo se reclama el mismo acto pero combatido por la aquí tercero interesada; sin embargo, no fue posible su acumulación, porque el juicio 237/2019 se turnó a este juzgado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, siendo que la audiencia en este juicio se celebró el uno de ese mes y año. Lo que se toma en consideración por constituir un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014". Del juicio de amparo 970/2018, se advierte que se señaló como acto reclamado el siguiente: La resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil dieciocho, relativa al incidente de liquidación de sentencia, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 757/2015, promovido por Magdalena Leticia Rangel Ortiz o Leticia Rangel Ortiz, frente a la aquí quejosa Silvia Contreras Alipio. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio de amparo 970/2018, en el que al analizar diversas cuestiones que como se verá más adelante, ahora se reiteran en el presente juicio de amparo, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el que a la fecha no ha sido resuelto. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes e infundados. En el entendido de que para considerarlo de esa forma, se atiende a que la parte quejosa no se ubica en ninguna de las hipótesis a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir en su favor la deficiencia de los conceptos de violación, puesto que se acude a esta instancia, en la calidad de parte demandada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, juicio que por su naturaleza resulta aplicable el principio de estricto derecho; aunado a que no se ubica en la hipótesis de la fracción VI, del precepto legal anotado. En ese orden de ideas, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala los conceptos de violación bajo un punto único, y de su análisis se advierte que contienen en esencia las siguientes porciones: 1. Que la resolución reclamada carece de congruencia virtud a que por un lado señaló que los intereses moratorios se generan hasta que se cubra el adeudo de la suerte principal y dado que se había hecho el pago de la suerte principal mediante la consignación efectuada el quince de junio de dos mil dieciocho, se debió considerar la generación de intereses hasta esa fecha, máxime si se tenía en consideración que ante las manifestaciones de la parte actora de aceptar la consignación a cuenta de intereses moratorios, en auto de dos de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que no había lugar a tenerla por aceptando el depósito a cuenta de los intereses moratorios, en razón de que el ofrecimiento de pago se realizó como pago de la suerte principal, determinación que aduce goza de firmeza, y que pese a ello, en la resolución reclamada ahora había determinado que la cantidad consignada se aplicaba al pago de los intereses moratorios. 2. Que no se tomaron en consideración diversas constancias que obran en autos, en específico el oficio 1790000410100/JCAE/3990/2018, de veinticinco de junio de dos mil dieciocho. 3. Que en la resolución reclamada carece de exhaustividad, virtud a que no se tomó en consideración lo argumentado por la parte demandada al momento de desahogar la vista con la planilla respectiva. 4. Por último expuso que al margen de que no hubiera hecho manifestación alguna, el juez debió regular la planilla respectiva examinándola de oficio. Ahora, previo a proceder al análisis de las porciones del concepto de violación, cabe señalar que tal como se anotó, se tiene a la vista la resolución emitida dentro del juicio de amparo 970/2018, dado que se encuentra íntimamente relacionado con el acto reclamado. Así, los puntos marcados como uno y dos, de las porciones del concepto de violación resultan inoperantes, por las siguientes razones: En relación a las dos primeras porciones del concepto de violación, se afirma que resultan inoperantes, puesto que esos puntos ya fueron motivo de análisis en la referida resolución emitida el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 970/2018, puesto que en relación al punto primero, resolvió lo siguiente: "[.] Ahora bien, el primero de los conceptos de violación resulta infundado, por lo que a efecto de evidenciar tal circunstancia se estima pertinente destacar el contenido de los acuerdos emitidos el diecinueve de junio y dos de julio, ambos de dos mil dieciocho y que están relacionados con la consignación realizada por la aquí quejosa. En principio, mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, la quejosa consignó la cantidad de $52,500.00 (cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) aduciendo que ello era por concepto de suerte principal, de tal modo que el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el juez del proceso proveyó: ".Visto el escrito de cuenta, téngase a la ocursante Silvia Contreras Alipio, en cuanto parte demandada, por haciendo la consignación a favor de la parte actora de la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos pesos moneda nacional, por concepto pago de la suerte principal demandada en este juicio, según consta en el recibo de pago que se exhibe, expedido por el Banco Nacional de México, S.A., con referencia JM010530757N0115SP11, valioso por la cantidad señalada; por tanto, hágase saber dicha consignación a la parte actora mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que dentro del término legal de 3 tres días manifieste lo que a sus intereses convenga.- ." De la redacción de dicho acuerdo se desprende que si bien la responsable tuvo a la quejosa por haciendo la consignación, a cuyo efecto precisó que los datos relativos a la cantidad y el concepto, también destacó que ello era según constaba en el recibo de pago exhibido; de tal modo, que en ningún momento existió un pronunciamiento de la autoridad en relación a que el monto sería aplicado a la suerte principal, pues solamente hizo el señalamiento en los mismos términos en que se había asentado en la orden de depósito por la institución bancaria, tan es así que de lo contrario no hubiera dado vista a la contraria para que manifestara si aceptaba o no el pago en los términos en los que se estaba realizando la consignación, sino que simplemente hubiera tenido por pagada la suerte principal. Por su parte la actora desahogó la vista aduciendo que aceptaba la consignación como abono a intereses moratorios, a lo que el juez responsable el dos de julio de dos mil dieciocho, acordó: ". se tiene al ocursante Hugo Said Morales Rodríguez, en cuanto parte endosatario en procuración de la parte actora, por desahogando en tiempo la vista que se ordenó darle respecto de la consignación realizada por Silvia Contreras Alipio, sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle por aceptando el depósito efectuado, en los términos que refiere, esto es, como abono a intereses moratorios; toda vez que dicho ofrecimiento de pago se realizó como pago de la suerte principal que se demandó en este juicio.-" Asimismo, de la lectura de dicho auto tampoco se advierte que la autoridad haya hecho algún pronunciamiento expreso en relación a cómo sería aplicada la cantidad consignada, pues únicamente se limitó a decir que no había lugar a tener por aceptando el pago como abono a intereses moratorios, ello debido a que el ofrecimiento que hizo la demandada era como pago de la suerte principal, tan es así puso énfasis en señalar que la actora pretendía que la cantidad fuera abono a los intereses y que la demandada lo había ofrecido como pago de la suerte principal, sin que de la redacción de tal proveído se advierta que en algún momento la autoridad determinó el destino de la consignación, pues incluso optó por referirse a los términos del ofrecimiento, acción que sólo podía ser desplegada por la demandada y no así por la autoridad que es la rectora del procedimiento. Hechas tales precisiones, resulta correcta la determinación del juez responsable en la resolución interlocutoria reclamada, ello en razón de que como se evidenció aún no se cubría el adeudo de la suerte principal, ya que el monto de la consignación, como bien lo señaló el juez responsable, debe aplicarse primeramente a los intereses, pues si bien es cierto que la pretensión de la parte demandada era que dicha consignación fuera directo a la suerte principal, la parte actora señaló que la aceptaba pero aplicándola a los intereses, por lo que el juez determinó que no había lugar a ello, todo esto sin que hiciera pronunciamiento alguno en relación a cómo se aplicaría el monto consignado tal como se evidenció en líneas que anteceden. Máxime si se tiene en consideración que no había un consenso de voluntades, pues la intención de cada una de las partes involucradas era divergente, mientras una lo consignó como pago a suerte principal, el otro pretendía aceptarlo como abono a intereses, de ahí que el juez se limitó a tener por hecha la consignación, dar vista y determinar que no había lugar a tener por aceptada la consignación como abono a intereses virtud a que el ofrecimiento se había hecho en otros términos; por tanto, al margen de que los citados proveídos gocen de firmeza, de su redacción y lectura puede apreciarse que lo ahí contenido no implica ni remotamente que dicha responsable haya determinado que la cantidad consignada sería aplicada a la suerte principal, pues como ya se dijo, únicamente se limitó a transcribir los datos del monto y concepto en los términos en que constaba en el recibo y posteriormente rechazó la aceptación virtud a que el ofrecimiento había sido en términos distintos a cómo se pretendía aceptar. De tal suerte que como bien lo destacó en la resolución interlocutoria el juez del proceso, la aplicación del monto consignado debe hacerse primero al pago de los intereses y solo si hubiera un remanente éste se abonaría al capital, ello en razón de que el artículo 364 del Código de Comercio establece el orden de preferencia o prelación en la aplicación del pago, de tal modo que de dicho precepto legal dispone expresamente que el pago debe aplicarse primero a los intereses. Sin que la responsable estuviera constreñida a tomar en consideración la intención de la parte demandada en el sentido de que la consignación fue aplicada primero al capital, ya que al no existir un consenso de las partes en ese aspecto debía estarse a lo dispuesto por el citado precepto legal, por lo que se estima que el juez hizo una correcta interpretación del artículo en comento, de ahí que incluso como fundamento de su determinación además de citar el referido precepto legal, también invocó el criterio jurisprudencial que resulta aplicable al caso concreto, siendo el siguiente: Época: Octava Época Registro: 206722 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 66, Junio de 1993 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 8/93 Página: 12 OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACION DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO. De conformidad con el artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal supletorio en materia mercantil, la regla general tratándose de aplicación a capital de las cantidades entregadas a cuenta de créditos, existiendo intereses vencidos y no pagados, es la que no debe llevarse a cabo dicha aplicación salvo convenio de las partes en contrario. Tomando en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto por el artículo 364 del Código de Comercio, resulta que si las partes convienen en hacer la aplicación de lo entregado a capital, a los intereses o una parte a cada concepto, dicha aplicación es correcta, pues se ajusta a lo dispuesto en los preceptos invocados. Sin embargo, si no se da ese consenso de voluntades, y el deudor manifiesta su deseo unilateral de aplicar la cantidad a entregarse al capital y no al pago de réditos vencidos y no cubiertos, con la oposición del acreedor, debe acudirse supletoriamente a la regla indicada en el artículo 2094 citado, es decir, que la aplicación se haga en primer término al pago de intereses devengados y no cubiertos y después al adeudo principal, pues es clara la intención del legislador de suplir la omisión de las partes sobre ese aspecto. Contradicción de tesis 34/92. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón Tesis de Jurisprudencia 8/93. Aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión de tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Por lo que, al haber sido legalmente aplicado el monto consignado a los intereses y no así a la suerte principal, es válido que se siguieran generando intereses, ya que contrario a lo señalado por la quejosa, la suerte principal aún no había sido cubierta, virtud a que no existió consenso entre las partes para que la cantidad consignada se aplicara en principio a la suerte principal en razón de que ya había intereses que habían sido cuantificados previamente. De tal modo que con la consignación realizada no puede considerarse que existió un finiquito de la suerte principal, sino que el monto respectivo sería a cuenta de los intereses cuantificados, de tal modo que aún existían montos pendientes por liquidar. Asimismo, resulta infundado el segundo de los conceptos de violación aducidos por la quejosa, ya que de la lectura de la resolución reclamada se advierte claramente que el juez responsable atendió todos y cada uno de los razonamientos vertidos por la quejosa al momento de desahogar la vista que se le dio con la planilla de liquidación y a la cual se opuso, tan es así que en dicho escrito respectivo, la aquí quejosa solicitó que se aplicara a lo que adeudaba la cantidad de $12,087.53 (doce mil ochenta y siete pesos 53/100 M.N.) derivada del descuento que se había hecho a su salario, a lo que el juez le contestó que ello no era posible debido a que existía controversia sobre dicha circunstancia virtud a que dicho descuento superaba en demasía lo que se había ordenado en autos. Asimismo, en relación con las manifestaciones relacionadas con el hecho de que se había cubierto el monto de la suerte principal, el juez responsable reiteró el motivo por el cual la cantidad consignada no había sido aplicada al capital, además de señalar que el hecho de que no se hubiera acordado favorablemente la aceptación de la parte actora del monto consignado a cuenta de los intereses, ni implicaba que se hubiera determinado que automáticamente sería abonado a la suerte principal, sino que ello fue virtud a que no existía un consenso de voluntades. [.]" Ahora, en relación al punto segundo que ahora se reitera, en la citada sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 970/2018, se estableció: "[.] Por otro lado, si bien es cierto que no se tomaron en consideración diversas constancias que obran en autos, cabe destacar que ello atiende al hecho de que no fueron incorporadas a la Litis incidental, de ahí que no estaba obligado a tomarlas en consideración, ya que ninguna de las partes las ofreció como medio de prueba dentro del incidente, por lo que de hacerlo rompería el equilibrio procesal entre las partes. [.]" Las anteriores porciones del concepto de violación resultan inoperantes, porque esencialmente es una reiteración de lo planteado en el diverso juicio de amparo 970/2018, y es el caso que ello ya fue motivo de análisis en la sentencia dictada dentro del referido juicio de amparo, tal como se desprende de la trascripción realizada, en la que se que se calificaron como infundados los referidos conceptos de violación. En esos términos, si sobre dichos motivos de disenso ya se realizó un pronunciamiento, no es dable analizar de nueva cuenta los puntos pretendidos por la quejosa. Es aplicable al caso concreto la tesis del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 171217 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: XVIII.2o.16 K Página: 3117 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE CONSTITUYEN UNA REITERACIÓN DE LOS ANALIZADOS EN UN AMPARO ANTERIOR, Y LOS DIRIGIDOS A COMBATIR ARGUMENTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REITERA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉL, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVERLO NO ADVIRTIÓ DEFICIENCIA DE LA QUEJA QUE SUPLIR. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en un juicio de amparo anterior haya declarado ineficaces los conceptos de violación relativos a un punto de legalidad, sin advertir queja deficiente que suplir a favor del quejoso; en el nuevo juicio de garantías que se promueva deben estimarse inoperantes los motivos de inconformidad que constituyan una reiteración de los examinados en el primer amparo, ya que como resultado de la ejecutoria pronunciada en éste, dado el carácter uniinstancial del amparo directo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas cuestiones de legalidad, analizadas y resueltas, constituyen cosa juzgada en contra de la cual no procede recurso alguno. Asimismo, si por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo la autoridad responsable reitera argumentos y éstos son controvertidos, también debe declararse inoperante el concepto de violación respectivo, en virtud de que en el amparo anterior el órgano de control constitucional no advirtió deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas a las planteadas por el quejoso, pues de hacerse redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica y en la firmeza de las determinaciones judiciales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 103/2006. 16 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretario: Gabriel Camacho Sánchez". Ahora, en relación a la diversa porción del concepto de violación en el que la quejosa refiere que la resolución reclamada carece de exhaustividad, virtud a que no se tomó en consideración lo argumentado por la parte demandada al momento de desahogar la vista con la planilla respectiva, resulta inoperante, puesto que con dichos argumentos de ninguna forma controvierte la totalidad de las consideraciones que sustentan la determinación de la responsable, y esto es así, si se toma en consideración que la juez responsable expuso que sobre dichas cuestiones ya se había realizado un pronunciamiento y para corroborarlo, bastaba remitirse al contenido de la sentencia interlocutoria dictada el treinta de octubre de dos mil dieciocho, por lo tanto, los argumentos en ese sentido resultaban inatendibles, al haberse hecho valer y resuelto previamente. No obstante, como puede advertirse, la parte quejosa fue omisa en combatir esos argumentos, esto es, en sus conceptos de violación no se realiza razonamiento alguno con el cual se demuestre la contravención entre lo resuelto en esos términos y los derechos humanos violados, ni se expresan consideraciones jurídicas concretas tendentes a controvertir dichos fundamentos de la resolución reclamada, limitándose a referir que la autoridad no tomó en cuenta sus argumentos. Es decir, no se vierte en ellos ninguna expresión jurídica y contundente para poner de manifiesto que dicha parte del fallo combatido es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley; de ahí lo inoperante de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." Ahora, en relación a la última porción del concepto de violación, en el sentido de que al margen de que no hubiera hecho manifestación alguna, el juez debió regular la planilla respectiva examinándola de oficio, resulta infundado. Lo anterior es así, porque es cierto que el juez de origen está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla, por lo que la parte actora tiene la carga de explicar de manera clara, concreta y detallada los montos, cálculos u operaciones aritméticas realizados para que pueda determinar si es o no correcto el monto que se le reclama; lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la demandada incidentada. Pero en el caso concreto el juez sí cumplió con dicha encomienda, toda vez que en la resolución combatida, el juez determinó que las operaciones aritméticas que se imponían, arrojaban el importe solicitado de mil setecientos un pesos por la parte actora. Sin embargo, estimó que no resultaba procedente resolver en los términos solicitados por la parte actora, esto es, a partir de la fecha a que se refería, como tampoco procedía sumar la suerte principal, así como los montos impuestos a pagar en diversas sentencias interlocutorias, porque el capital que reclamaba la ejecutante, era un rubro que ya se encontraba debidamente establecido y aprobado, lo que impedía abordar de nueva cuenta su examen. Abundó que no sería lógico que nuevamente se pretendiera efectuar para su ejecución, una cuantificación de lo resuelto en las diferentes sentencias interlocutorias dictadas dentro del juicio de origen, y concluyó declarando parcialmente procedente la ampliación de planilla de liquidación por la cantidad de mil setecientos un pesos en moneda nacional, por concepto de intereses moratorios cuantificados al cinco de octubre de dos mil dieciocho. Con lo anterior, el juez hizo uso del arbitrio del que goza, para ajustar la liquidación de planilla a la condena decretada; de ahí que resulte infundado el punto de disenso en análisis. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías, en perjuicio de la quejosa. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvia Contreras Alipio, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 42/2019-IV, promovido por Silvia Contreras Alipio, contra actos que reclama de la Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, .... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvia Contreras Alipio, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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