Silvia Guerrero Tzintzun

Expediente 1198/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1198/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Silvia Guerrero Tzintzun

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado de los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículos 12 y 19 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que en el mismo, este órgano jurisdiccional se declaró INCOMPETENTE, para conocer del presente asunto, por lo que una vez transcurridos seis meses del periodo de conservación que prevé el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe/*arga*/*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. JUEZ FEDERAL INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio que signa la actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, téngasele informando que el cinco de enero de dos mil veintitrés, en atención a la respuesta emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con sede en la Ciudad de México, determinó que correspondía seguir conocimiento a dicho juzgado del trámite del juicio 1062/2022, por lo que en ese auto se avocó al conocimiento del mismo. SE REMITEN CUADERNOS INCIDENTALES En consecuencia, como lo solicita el juzgado oficiante, se ordena remitir los cuadernos incidentales derivados del presente juicio, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 689/2022, promovido por María Eugenia de los Santos Esquivel o Esquibel, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretario, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: Director del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales junto con su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. También se asienta que la parte tercero interesada Alejandro de los Santos Esquivel, ofreció algunas documentales como pruebas, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con lo dispuesto por el numeral 143 de la ley de la Materia. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el tercero interesado formuló alegatos a través del escrito presentado el dieciocho de octubre de la presente anualidad. EL JUEZ: Ténganse por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión III- 689/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional el mismo día, por razón de turno, María Eugenia de los Santos Esquivel o Esquibel, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de ocho de agosto de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo la expedición del certificado de derechos agrarios en favor de Alejandro de los Santos Esquivel. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por las autoridades responsables, se advierte la existencia del acto reclamado. Cabe precisar que si bien la autoridad responsable Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, negó haber llevado a cabo la inscripción de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, emitida en el juicio agrario 150/2018; también lo es que declara en su informe previo haber realizado la nota marginal derivada de la mencionada sentencia, razón por la cual se toma como una certeza de la existencia del acto de molestia. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, satisfaciendo el primer requisito que contempla el artículo 128, de la Ley de Amparo; se estima que no cumple con el segundo de los supuestos precitados para decretar la suspensión conforme a la teoría de la apariencia del buen derecho. Es así porque la parte quejosa no acredita presuntivamente el interés legítimo suspensional que le asiste y que pueda producir un daño inminente e irreparable a su pretensión, pues contrario a lo establecido por el artículo 131 de la Ley de Amparo, no acredita ni aun de manera presuntiva el interés que tiene para obtener la medida suspensiva. Es decir, la parte promovente no exhibe documento del que se pueda inferir que es titular de algún derecho legítimo, respecto a su reconocimiento en la lista de designación de sucesores, dado que únicamente anexó una constancia en el que se hace constar que el once de febrero de dos mil trece, María Esquivel Rodríguez, realizó designación de sucesores a través de una lista que se resguarda en el Registro Agrario Nacional bajo el sobre 83517, sin que a la fecha se haya aperturado. Por ese motivo, tal documento es insuficiente para considerar que tenga alguna expectativa de tales derechos agrarios o que se encuentre señalada como sucesora de la ahora finada. Por otra parte, se precisa, que tratándose de sucesiones agrarias (incluida la designación por lista) debe cumplirse con el procedimiento dispuesto en el artículo 17 de la Ley Agraria, en relación con los numerales 77 a 80 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Esto es, se trata de una modalidad distinta el derecho común (sucesorio civil) y, en consecuencia, el reconocimiento de tales prorrogativas agrarias no opera de pleno derecho. En ese sentido, si bien la parte quejosa acredita un grado de parentesco -hija- con la ahora finada, esa sola circunstancia no es suficiente para acreditar que tenga a su favor una expectativa de los derechos agrarios que en vida le pertenecieron a su madre María Esquivel Rodríguez (o María Esquibel, como obra en tal acta de nacimiento), ya que, se reitera, el reconocimiento de los derechos agrarios por sucesión , no opera de pleno derecho, sino que para ello debe seguirse un procedimiento agrario que otorgue tales prerrogativas, lo que no se acreditó. Tampoco es suficiente lo que afirma que "tenga la sospecha" de que es la sucesora preferente en el sobre que depositó la finada ante dicho Registro, porque su sola manifestación es insuficiente para tener por acreditado la existencia previa de algún derecho a su favor, ya que, se insiste se debe acreditar con algún medio de prueba que, efectivamente, existió tal derecho, y que con el actuar de las autoridades responsables se pueda producir un daño inminente e irreparable a su pretensión, lo que no acontece en el asunto. En apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, se invoca el criterio de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 166180 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 145/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 69 Tipo: Jurisprudencia DERECHOS AGRARIOS. EL SUCESOR DESIGNADO POR EL EJIDATARIO, QUE LE SOBREVIVE, PERO POSTERIORMENTE FALLECE, SIN HABER CONSOLIDADO LA TRANSMISIÓN SUCESORIA, NO TRANSMITE DERECHO ALGUNO A SUS HEREDEROS. En términos generales, no existe un derecho de sucesiones agrarias distinto al establecido por la legislación civil, sino que con las limitaciones o modalidades impuestas por la legislación agraria, las transmisiones por título de sucesión testamentaria quedan sujetas a las normas generales. Ahora bien, en relación con el momento en que se realiza la transmisión de los derechos sucesorios agrarios por testamento, la Ley Agraria prevé una modalidad que la distingue del derecho común, al determinar que no opera de pleno derecho y, por tanto, para su validez debe cumplirse con la condición de seguirse un procedimiento, según lo dispuesto en la propia Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En este orden de ideas, el sucesor designado en la lista inscrita en el Registro Agrario Nacional adquiere la expectativa a obtener la transmisión de los derechos ejidales desde el momento de la muerte del autor de la herencia, pero mientras no se cumpla la condición de seguirse un procedimiento no puede hacer efectivo ese derecho, lo que concuerda con los artículos 1938 y 1939 del Código Civil Federal. De manera que cuando el heredero designado que sobrevive al de cujus, pero posteriormente fallece, sin cumplir la indicada condición, no transmite derecho alguno a sus herederos, ya que la falta de cumplimiento de aquélla por causa de muerte representa una imposibilidad legal para heredar; efectos que concuerdan con el artículo 1336 del Código Civil Federal, que para esos casos establece que se extingue la institución de heredero. Lo anterior no riñe con la circunstancia de que, en el caso de que el sucesor designado cumpla la condición suspensiva, esto es, que consolide la transmisión, la misma se retrotraiga al tiempo de la muerte del testador, ya que ese efecto retroactivo es una consecuencia común a la realización de toda condición, en términos del artículo 1941 del Código Civil Federal." En ese contexto, el que suscribe se encuentra imposibilitado, para, con base en lo afirmado en la demanda y documental que se exhibe, determinar con cierto grado de aproximación si los actos que se reclaman son o no constitucionales, y por ende, si la quejosa obtendrá o no la protección de la justicia federal que solicita, pues para ello se hará necesario analizar la cuestión de fondo, circunstancias que conducen a estimar que en el presente caso, no cobra aplicación la teoría de la apariencia del buen derecho y por ende, lo que se impone es NEGAR a María Eugenia De los Santos Esquivel o María Eugenia de los Santos Esquibel, la suspensión definitiva que solicita. Se citan como apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis siguientes: "Registro digital: 194045 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: V.2o. J/46 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 963 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES DE AUTORIDADES O TRIBUNALES AGRARIOS. La medida cautelar solicitada contra resoluciones de autoridades o tribunales agrarios procede aun cuando el predio afectado no esté protegido con certificados de inafectabilidad, esto a partir de la vigencia del decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución General de la República de seis de enero de mil novecientos noventa y dos. El referido artículo en su fracción XIV, anteriormente impedía el ejercicio de la acción constitucional a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos, a menos que contaran con certificado de inafectabilidad; luego, a raíz de la reforma que sufrió el citado artículo 27 constitucional, se derogó la fracción XIV, por ende, quedó sin efecto el impedimento ahí contenido, razón por la cual a partir de ese momento los afectados con resoluciones dictadas por autoridades agrarias pueden acudir al juicio de garantías siendo suficiente que los interesados acrediten tener un derecho debidamente tutelado para obtener la medida suspensional." "Registro digital: 205266 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: XX.2 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995, página 407 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman." Finalmente, en torno a los alegatos vertidos por el tercero con interés, no ha lugar a tomarlos en consideración toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva del acto reclamado no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a María Eugenia de los Santos Esquivel o Esquibel, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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