Silvia Hernández Pérez
Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. HA CAUSADO ESTADO DESECHAMIENTO Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que SE DESECHÓ la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el referido numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. ACTA DE RATIFICACIÓN DE ESCRITO Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA Agréguese el acta de ratificación de escrito y reconocimiento de firma del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintidós de junio del mismo año. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte el precepto 62 del indicado ordenamiento legal establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio y, que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el órgano jurisdiccional debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento además, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y el diverso escrito de cumplimiento firmados por la quejosa, se desprende que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en 1) la ilegalidad del emplazamiento que se le practicó a la peticionaria de amparo en el juicio ejecutivo mercantil de origen y 2) todo lo actuado en dicho procedimiento jurisdiccional, derivado de la supuesta omisión de notificar a la ahora quejosa las actuaciones realizadas en el juicio natural, a pesar de que se apersonó en el mismo, dio contestación a la demanda y señaló domicilio procesal. Precisado lo anterior, debe indicarse que de conformidad con lo manifestado por la quejosa hasta este momento, no tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento de origen, porque participó de forma activa en el juicio ejecutivo mercantil de origen, lo que configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". La interpretación literal de la fracción VI del numeral 107 de la ley de la materia, prevé como regla general, que la contienda constitucional es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él. Para efectos del juicio amparo, persona extraña a juicio es, en principio, aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o durante la etapa de ejecución de las resoluciones recaídas en dicho sumario sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Sobre el particular resulta ilustrativa la Jurisprudencia P./J.7/98, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente"1 . Del criterio anterior se desprenden dos tipos de tercero extraño a juicio: a. En estricto sentido: aquel que no fue emplazado. b. Por equiparación: quien fue emplazado incorrectamente. Acorde con el criterio adoptado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para acudir a defenderse. Por otra parte, respecto del tercero extraño por equiparación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si de autos se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, no puede considerarse que se 1 Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, pagina 56 y con registro electrónico número 196932. ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, por lo que el amparo en vía indirecta es improcedente2 . En ese sentido, según lo narrado por la peticionaria de amparo compareció al juicio mercantil de origen mediante su escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual dio contestación a la demanda y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. En el contexto apuntado, queda de manifiesto que la quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen y que incluso participó de manera activa en el, por lo que de primera mano el amparo en la vía indirecta resulta improcedente respecto de los actos reclamados, ya que el peticionario del amparo quedó en posibilidad de defenderse dentro de dicha contienda. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001, emitida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su 2 Consideraciones que se vieron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". Consultable en el del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro V, Tomo 2, página 1627, con registro 2000293. carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal"3 . Una vez puntualizado lo anterior, de manera adicional respecto al primero de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; 3 Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo. XIII, abril de 2001, página 93 y con registro 189916. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora, de la lectura del escrito aclaratorio presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se obtiene que la peticionaria de amparo expresamente manifestó que tuvo conocimiento de la diligencia de emplazamiento que se le practicó en el juicio mercantil 817/2020, el ocho o el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, lo cual se corrobora con lo manifestado por la misma peticionaria de amparo en el sentido de que posterior a esa fecha se apersonó en el juicio natural mediante el ocurso presentado el veintiuno de diciembre de ese mismo año. Lo anterior evidencia que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Carta Magna, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha normatividad, pues de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de amparo es de quince días, mismo que en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, 3) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17 de la ley en cita. Toda vez que conforme a lo manifestado por la promovente, desde el ocho o nueve de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de la existencia del emplazamiento cuya ilegalidad pretende reclamar en la presente instancia constitucional, pues en el caso se actualiza el tercero de los supuestos referidos, consistente en que el plazo para la interposición de la demanda comenzará a contarse al día siguiente en que las partes se ostenten conocedoras de los actos. En consecuencia, a la fecha ha transcurrido en demasía el cómputo para la presentación de la presente demanda, sin que ésta haya comparecido a solicitar la apertura de esta instancia en dicho plazo, hasta el pasado catorce de junio de dos mil veintitrés, fecha en que presentó el libelo que se analiza ante en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad. En consecuencia, resulta claro e indudable que la presentación del escrito de demanda se promovió de manera extemporánea, y por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desecharla. Al respecto resulta aplicable la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por otro lado, respecto al segundo de los actos reclamados, consistente en la omisión de notificar a la quejosa de las actuaciones sucedidas en el juicio ejecutivo mercantil de origen, aun cuando señaló domicilio procesal en dicho procedimiento, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Lo anterior indica que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen, entre otras, resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la Ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Para resolver lo anterior, debe tomarse en consideración que conforme a las manifestaciones vertidas por la amparista, se obtiene, claramente que es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 817/2020, lo cual se constata en virtud de que sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad refirió que el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno presentó un escrito dentro del juicio natural, y en el párrafo inicial del citado ocurso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, además que también confesó expresamente que tales notificaciones se le practicaron mediante lista. En efecto, en contra de tales actuaciones es procedente el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio. "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTICULO 320.- No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Tales numerales establecen que en caso de que las notificaciones no sean practicadas conforme a las reglas correspondientes, se concederá como un medio de defensa para las partes el incidente de nulidad ante la práctica contraria a derecho de cualquier actuación. En ese entendido se tiene que, si la amparista pretende impugnar en la presente vía constitucional la omisión de notificarle una serie de actuaciones que se realizaron en el juicio natural, las cuales supuestamente tuvieron verificativo mediante la publicación de listas, la improcedencia resulta actualizada, toda vez que el Código Federal de Procedimientos Civiles, admite en sus artículos 319 y 320, el incidente de nulidad de actuaciones como medio de defensa, con el cual la parte ahora impetrante pudo obtener la nulidad de las actuaciones que refiere se le notificaron indebidamente. Por tanto, como parte en el juicio, el quejoso tiene la obligación de agotar los medios ordinarios a su alcance, y en el caso concreto del quejoso, la impugnación de la actuación señalada como acto reclamado, se hace depender de la indebida notificación de diversas actuaciones, tales como la sentencia definitiva dictada en el juicio y la tramitación del incidente de liquidación, es claro que anticipadamente debió intentar el referido medio de impugnación que establece la invocada ley federal, es decir, debió promover antes de acudir a la presente vía, el incidente de nulidad de actuaciones, sin que se esté en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que establece la propia fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya transcritos. De ahí que, al no haber agotado ese medio ordinario de impugnación que la ley establece, inobservó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, lo que conduce al suscrito a determinar que la demanda de amparo resulta improcedente y por ello debe desecharse. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I. 6o.C.J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También se cita a manera de orientación las tesis de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época "Registro: 185983 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002 Materia(s): Laboral Tesis: I.5o.T.222 L Página: 1389 LAUDO, OMISIÓN DE SU NOTIFICACIÓN. PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POSTERIORES A ÉL Y NO POR MEDIO DE LA NULIDAD DE SU NOTIFICACIÓN. Cuando el quejoso señala como acto reclamado la falta de notificación del laudo, indicando que tuvo conocimiento del mismo hasta el momento en que se cumplimentó el auto de ejecución, ello determina que no fuera jurídicamente posible que el peticionario de garantías, previamente al ejercicio de la acción constitucional, promoviera la nulidad de una notificación inexistente, pero sí resultaba factible que intentara el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las actuaciones posteriores a dicho fallo, con motivo precisamente de la omisión de su notificación; de ahí que si dicho quejoso no procedió en este último sentido, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 505/2002. Corporativo Go Bell, S.A. de C.V. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Allier Campuzano. Secretaria: Hilda Rocha Tapia". "Época: Novena Época Registro: 192072 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Laboral Tesis: I.3o.T.68 L Página: 963 LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones procede hasta antes de dictarse el laudo contra las irregularidades cometidas por la autoridad responsable durante el procedimiento, sin embargo, cuando la irregularidad se da en torno a la notificación del laudo debe impugnarse ante la propia responsable a través de dicho incidente, sin que obste el hecho de que en él se hagan valer cuestiones de emplazamiento, pues en su caso sería improcedente sobre este aspecto". Los criterios y jurisprudencias que aparecen citados en el presente auto, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Silvia Hernández Pérez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintitrés. SE AGREGA ESCRITO Visto el contenido del escrito de cuenta, se tiene a la autorizada de la peticionaria de amparo solicitando una prórroga para la ratificación del referido escrito aclaratorio de demanda, en virtud de que no consultó de manera oportuna la publicación de la lista de acuerdos realizada el dieciocho de junio de este año y atendiendo a que la quejosa directa vive en el Estado de Quintana Roo. En tal sentido, como lo solicita la autorizada de la quejosa Silvia Hernández Pérez, a fin de que se generen las condiciones para cumplir con las prevenciones que le fueron formuladas en autos y garantizándose con ello el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, al asumir criterios flexibles para que pudiera acceder al presente medio de control constitucional, y atendiendo a que el plazo para cumplir con la prevención que se le realizó en autos se reactivó el día veinticinco de julio pasado y feneció el veintiocho siguiente, se le concede una prórroga de tres días para el efecto de que la peticionaria de amparo acuda a las instalaciones del presente juzgado a ratificar su escrito aclaratorio de demanda. Cabe precisar que el término legal concedido en el párrafo anterior, comenzará a contar al día siguiente en que surta efectos la notificación realizada a la peticionaria de amparo en el domicilio señalado para tal efecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. SE RECIBE EXHORTO Téngase por recibido el oficio de cuenta signado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 483/2023-163.E, el cual fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional procediera a notificar a la quejosa Silvia Hernández Pérez, los proveídos de veintidós y veintiocho de junio de la presente anualidad, a fin de que manifestara si ratificaba o no la firma plasmada en el escrito de veintiuno de junio en cita, con el que daba cumplimiento a la prevención que le fue realizada dentro de las presentes actuaciones, sin que se lograra tal cometido, toda vez que en el domicilio proporcionado para tal efecto, el funcionario judicial encargado de la notificación respectiva, fue informado por la persona que lo atendió en el domicilio, que dicha quejosa no vive ahí. DESE DE BAJA LA COMUNICACIÓN En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial referida supralíneas y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. SE REQUIERE A LA QUEJOSA En virtud de lo anterior y toda vez que no fue posible la ratificación de la parte quejosa de la firma que calza en el escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, aún y cuando ésta se ordenó se realizara previo exhorto en el domicilio precisado en el escrito aclaratorio presentado por su autorizada o, en su caso, en las instalaciones del Juzgado exhortado, sin embargo, en tal lugar no fue posible localizarla, por las razones asentadas por el actuario de dicho órgano jurisdiccional. Por tal motivo, se ordena nuevamente requerirle para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, comparezca ante el personal de este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente, a fin de que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito citado y si reconoce como suya la firma que lo calza, bajo apercibimiento legal de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de mérito. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." El criterio jurisprudencial que aparece citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se ordena se practique la presente notificación en los términos solicitados en su demanda de amparo, esto es, por listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.
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