Silvano Castro Cuevas

Expediente 412/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
412/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Silvano Castro Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso, que se determinó la imposibilidad material para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del oficio que remite el Director del Centro Penitenciario de Aguaruto, con sede en Culiacán Sinaloa, se advierte que informa que con fecha seis de mayo del año en curso, el quejoso Silvano Castro Cuevas falleció; y al efecto, remite copia certificada del acta de defunción. En ese sentido, cabe señalar que en este expediente, el amparo se otorgó al justiciable para los siguientes efectos: Que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, deje insubsistentes los oficios SSP/SSPFOADPRS/50397/2012 y SSP/SSPFOADPRS/50398/2012, de veintiuno de noviembre del dos mil doce, que llevo al quejoso a ser ubicado del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, Sinaloa, al Complejo Penitenciario "Islas Marías"; así también, se ordena dejar insubsistente los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/39437/2014 y SEGOB/CNS/OADPRS/40048/2014, de cuatro de septiembre de dos mil catorce, que ordenaron el traslado de Silvano Castro Cuevas, del Complejo Penitenciario "Islas Marías", al Centro Federal de Readaptación Social número Catorce "CPS DURANGO", y por último los oficios números SEGOB/CNS/OADPRS/40305/2015, y SEGOB/CNS/OADPRS/40306/2015, de veinte de noviembre del año dos mil quince, que autorizaron el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social número Catorce "CPS DURANGO", para ser ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", en Miahuatlán, Oaxaca. En caso de que el mencionado quejoso se encuentre actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca, lo regrese al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de las órdenes de traslado reclamadas, esto es, al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, Sinaloa. 3. Las restantes autoridades en el ámbito de sus funciones informen lo relativo para tener por cumplido el presente fallo protector. 4. Finalmente, si el Comisionado responsable insiste en ordenar el traslado del quejoso deberá acudir ante el juez correspondiente para que esta autoridad judicial autorice la orden de traslado. [.]" En consideración a lo anterior y con base en lo expuesto en el informe que rinde la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza el supuesto de inexistencia de la materia para la ejecución del fallo protector, pues si bien, el justiciable Silvano Castro Cuevas, previo a su deceso en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya había sido trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, con sede en Culiacán Sinaloa; sin embargo, al haber fallecido carece de objeto examinar el cumplimiento del fallo protector, ya que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia, es decir, para el caso de que la sentencia no se hubiese cumplido en sus términos, las autoridades responsables se encontrarían materialmente impedidas para seguir realizando los trámites conducentes al cumplimiento de la misma. En ese tenor, se determina que no existe materia para la ejecución del fallo protector; y por tanto se declara la imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Por lo tanto, no se hace mayor pronunciamiento respecto al oficio y anexos que remitió el Director del Centro Penitenciario de Aguaruto, con sede en Culiacán Sinaloa, por lo señalado anteriormente. En ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJO

  3. Principal

    MESA I-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos la comunicación y los anexos señalados en la cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito de la copia certificada de la ejecutoria de diez de diciembre del año en curso, dictada en el toca del amparo en revisión penal ****/2019, así como de los autos originales del juicio de amparo 412/2018 de la estadística de este Juzgado Federal. En consecuencia, glósense al expediente original del juicio constitucional devuelto las actuaciones del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la citada ejecutoria se advierte que la Superioridad confirmó el fallo recurrido y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, por lo que se ordena enviar copia certificada de esa resolución a las autoridades responsables para su conocimiento. Es necesario precisar que en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al justiciable para los efectos siguientes: "[.] Que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, deje insubsistentes los oficios (...)Aunado a lo anterior, comuníquese a las citadas autoridades que conforme a lo establecido por el precepto 192 de la Ley de Amparo es su deber informar el resultado de las determinaciones que adopten en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y no esperar a que este Juzgado Federal realice los requerimientos respectivos en cada trámite subsecuente, dado que ese fallo es vinculante para las responsables al haber adquirido la calidad de cosa juzgada. Notifíquese."

  4. Principal

    Mesa de Amparo I-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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