Silvano Santiago Hernández
Expediente 447/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Silvano Santiago Hernández
- SILVANO SANTIAGO HERNÁNDEZ y Otros.
- Director del Centro de Reinserción Social N°1 (antes Penitenciaría Central del Estado)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y de este cuaderno incidental se advierte que en el juicio de amparo 447/2019 de donde deriva esta incidencia se declaró firme el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; que en el acuerdo de trece de mayo de dos mil diecinueve se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria dictada el trece de junio siguiente, se concedió la suspensión definitiva; que en el cuaderno original y duplicado de este incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Luego, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se concedió la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo y el auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve que concedió la suspensión provisional y la interlocutoria de trece de junio siguiente, que concedió la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el quejoso Silvano Santiago Hernández, hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del sumario se advierte que el plazo concedido a las partes en proveído de nueve de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del informe de cumplimiento del fallo protector y las constancias que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, exhibió ha transcurrido, sin que haya realizado manifestación alguna; por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que corresponda en cuanto al acato dado a la ejecutoria de amparo. Efectos de la concesión del amparo. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado Federal, dictó sentencia definitiva de este sumario, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, resolución que fue recurrida y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, revocó dicha determinación para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "Por lo anterior, lo procedente es revocar la resolución impugnada que negó el amparo solicitado y, en su lugar, conceder la protección constitucional pedida, a efecto de que el juez de la causa, únicamente en cuanto al procesado Silvano Santiago Hernández: Deje insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de declaración preparatoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve; y, En su lugar, reciba la declaración preparatoria de dicho procesado, en la que, atienda los lineamientos fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: ".1) deben requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al inculpado por medios electrónicos; 2) en caso de que se haya intentado por todos los medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional; y, 3) si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. En este último caso, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete, además, habla español". b. Hecho lo anterior, le designe intérprete oficial conocedor de la lengua y cultura zapoteca del poblado de Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; en concreto deberá verificar que el perito que asista al justiciable en la audiencia sea un intérprete profesional certificado por alguna institución oficial que conozca la lengua y cultura del referido justiciable, requiriendo al profesionista respectivo para que proporcione los datos de la institución que otorgó la certificación respectiva; o, en su defecto, un perito práctico en cuyo caso la responsable solicitará al intérprete que proporcione los datos que permitan inferir que éste pertenece a la misma a comunidad del imputado, o tenga alguna relación con dicha cultura e idioma a través de documentación, residencia o información proporcionada por las autoridades de la propia comunidad, en el entendido que para éste último supuesto, el juez responsable previamente a la diligencia, deberá haber requerido por los medios oficiales a su alcance a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales para que asignen a un intérprete certificado, sin que se hubiese obtenido respuesta favorable, de todo lo cual deberá dar cuenta en la propia diligencia; y, en su caso, le designe defensor conocedor de su lengua y cultura. c. Dicte, llegado el momento, la resolución de plazo constitucional que en derecho proceda, en el entendido que por tratarse de dicho auto de término, deberá desahogar durante la preinstrucción las diligencias procedentes, con la asistencia de quienes legalmente deban acudir y demás formalidades de ley, y d. Prosiga con la tramitación del proceso penal". Actos que la autoridad responsable debía llevar a cabo para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, debía (i) Dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de declaración preparatoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (ii) recibir la declaración preparatoria del quejoso Silvano Hernández Santiago con la intervención de un intérprete oficial conocedor de la lengua y cultura zapoteca del poblado de Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (iii) llegado el momento, dictar la resolución de plazo constitucional que en derecho proceda, en el entendido que por tratarse de dicho auto de término, deberá desahogar durante la preinstrucción las diligencias procedentes, con la asistencia de quienes legalmente deban acudir y demás formalidades de ley (iv) proseguir con la continuación del procedimiento penal. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la sentencia. Ahora, siguiendo los lineamientos fijado por el Tribunal del Alzada, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante oficio 1034/2021 de dieciséis de abril del año en curso, remitió copia certificada del acuerdo dictado en esa propia fecha, determinó lo siguiente: Dejó sin efecto todo lo actuado a partir de la diligencia de declaración preparatoria del aquí disidente del amparo Silvano Hernández Santiago, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve. El pasado tres de junio de esta anualidad, recibió la declaración preparatoria del quejoso Silvano Hernández Santiago, con la intervención del agente del Ministerio Público de su adscripción y del licenciado Ubaldo Leonel López López, defensor particular del citado impetrante quien se identificó con su cédula profesional que lo acreditó como licenciado en derecho, así como de Sergio Ramírez Martínez quien fue designado mediante oficio PJEO/CJ/DP/5153/2021, por la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como perito intérprete certificado en la lengua zapoteca con la variante de la Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, perito que en el momento de la diligencia presentó la documentación correspondiente que lo acredita con la calidad solicitada por el Tribunal de Alzada, diligencia en la que la autoridad responsable proveyó el escrito presentado el cinco de mayo del año en curso por Silvano Hernández Santiago, donde manifestó lo siguiente "de igual forma por ser un derecho disponible del suscrito y por así convenir a mis intereses personales, no requiero y tampoco necesito la intervención de un perito que domine el idioma zapoteco con la variante de la Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, para que me asistan tanto en mi declaración preparatoria como durante el proceso que se instruye en mi contra si así fuere, lo anterior, debido a que si bien es cierto me auto describí pertenecer al grupo étnico zapoteco, como lo es la Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, pero también lo es bien cierto que conozco y estoy enterado de la trascendencia y consecuencias legales que contrae el proceso penal instruido en mi contra porque entiendo y hablo perfectamente bien el idioma castellano por lo tanto es innecesario darle intervención a un perito interprete o traductor que conozca el idioma zapoteco en la variante de la Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, al igual que su cultura" (lo resaltado es propio) De lo anterior, la autoridad responsable dio el uso de la voz al perito designado por la Directora de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al agente del Ministerio Público de su adscripción quienes fueron contestes en exponer que el disidente del amparo Silvano Hernández Santiago, entiende perfectamente el idioma castellano; así también, el defensor particular del citado impetrante entre diversas cosa manifestó "..corresponde al inculpado aceptar o no la intervención del perito y más aún, que conoce las trascendencias y consecuencias que contrae el proceso penal instruido en su contra. Ante lo expuesto la autoridad responsable determinó innecesaria la intervención del perito paras las diligencias posteriores. El cinco de junio del presente año, la autoridad responsable con base a las constancias que obran en el expediente penal 139/2011 resolvió la situación jurídica Silvano Hernández Santiago, donde que quedaba acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Jorge Martínez Reyes, así como la probable responsabilidad del imputado Silvano Hernández Santiago (a) "El Silvanillo" en la comisión de dicho ilícito. A los instrumentos descritos anteriormente, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis del informe de cumplimiento de la sentencia y de las constancias que la autoridad responsable exhibió se advierte que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en el ámbito de su competencia y siguiendo los lineamientos establecidos por el Tribunal de Alzada se colman los extremos de la ejecutoria de amparo, dado que la responsable (i) Dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de declaración preparatoria de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (ii) recibió la declaración preparatoria del quejoso Silvano Hernández Santiago con la intervención de un intérprete oficial conocedor de la lengua y cultura zapoteca del poblado de Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y le saber las garantías penales y derechos que le otorga a todo indiciado o procesado los artículos 2 y 20 Constitucional; no obstante, el inculpado manifestó que no era su deseo ser asistido por un intérprete y defensor que tuviera conocimiento en su lengua y cultura, toda vez que afirmó hablar y entender perfectamente el idioma castellano. (iii) Dictó la resolución de plazo constitucional Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. En el presente proveído se declara por cumplido el fallo protector dictado en este juicio constitucional, como lo dispone la jurisprudencia que expone: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro punto, en atención al escrito del quejoso referido en la cuenta del presente proveído, en el que exteriorizó su inconformidad al cumplimiento otorgado por la autoridad responsable, dígase al quejoso que los efectos del fallo son claros, precisos y consistían en que la responsable revocara el auto de formal de prisión de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, llevara a cabo la declaración preparatoria del quejoso Silvano Hernández Santiago con la intervención de un intérprete oficial conocedor de la lengua y cultura zapoteca del poblado de Villa de Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y, satisfecho la anterior, emitiera el auto de término jurisdiccional que en derecho proceda, circunstancia que como que detallo líneas arriba, ha ocurrido, logrando así dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y los anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, y a los terceros interesados para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
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