Sidronio Moreno López

Expediente 230/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Sidronio Moreno López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo correspondiente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés En atención a la cuenta que antecede, se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y la definitiva; que en el cuaderno original del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que por una parte se negó y otra se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo y la interlocutoria donde se concedió en parte la suspensión definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el oficio de la representante legal de la empresa de mensajería acelerada denominada "Estafeta"; atento su contenido, téngasele cumpliendo lo solicitado en acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, en virtud que la autoridad cuya constancia de notificación se le solicitó ya rindió su informe previo, aunado a que por interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se resolvió sobre la suspensión definitiva en donde se tomó en cuenta el citado informe. Finalmente, en atención a que mediante oficio SEADS/1011/2023 de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine; por tanto, para los trámites y efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase lo anterior del conocimiento de las partes en este incidente de suspensión. Notifíquese.

  4. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, y ténganse como pruebas de su parte, las documentales que aporta. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, se observa que por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 27/2023 de su índice, tuvo a Minerva Sofía Solano Moreno, promoviendo el acto prejudicial de suspensión de obra nueva que se lleva a cabo en el inmueble presuntamente de su propiedad. La diligencia de suspensión provisional de obra nueva de uno de marzo de dos mil veintitrés, ejecutada en el predio presuntamente posesión del promovente del amparo ubicado en la calle Francisco Indalecio Madero, sin número, junto a las oficinas de la Agencia Municipal de La Muralla, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, en dicha población, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: COLINDA CON TOMÁS MENDOZA Y MIDE 25 METROS APX. AL SUR: COLINDA CON JUAN GARCÍA Y MIDE 25 METROS APX. AL ORIENTE: COLINDA CON CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIDE 25 METROS APX. AL PONIENTE: COLINDA CON EL PALACIO MUNICIPAL Y MIDE 25 METROS APX. En la misma diligencia, la autoridad judicial responsable requirió a la accionante Minerva Sofía Solano Moreno, para que dentro del plazo de tres días promoviera demanda sobre la suspensión definitiva y demolición de lo construido, apercibida que no hacerlo, se procedería en términos del artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Oaxaca. Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad judicial admitió a trámite la demanda de Minerva Sofía Solano Moreno, radicándola con el número 40/2023 de su índice, en la vía sumaria civil en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra, en contra del aquí quejoso Sidronio Moreno López, ordenando el emplazamiento de éste último para que dentro del plazo de cinco días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra. Constancias que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza y que adquieren valor probatorio pleno por tratarse de una documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 147 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De ahí que, en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido al cambio de situación jurídica de los actos reclamados. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del precepto artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] Es preciso referir que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en los siguientes: Del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Jamiltepec, Oaxaca (autoridad ordenadora): El auto de radicación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 27/2023 de su índice, donde se tiene a Minerva Sofía Solano Moreno, promoviendo el acto prejudicial de suspensión de obra nueva que se lleva a cabo en el inmueble ubicado en la calle Francisco Indalecio Madero, sin número, junto a las oficinas de la Agencia Municipal de La Muralla, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, en dicha población. Derivado de lo anterior, la incompetencia legal de la autoridad jurisdiccional en comento para dirimir esa controversia, debido a que el bien inmueble que el disidente defiende es ejidal. La diligencia de suspensión provisional de obra nueva de uno de marzo de dos mil veintitrés, ejecutada en el predio presuntamente posesión del promovente del amparo ubicado en la calle Francisco Indalecio Madero, sin número, junto a las oficinas de la Agencia Municipal de La Muralla, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, en dicha población, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: COLINDA CON TOMÁS MENDOZA Y MIDE 25 METROS APX. AL SUR: COLINDA CON JUAN GARCÍA Y MIDE 25 METROS APX. AL ORIENTE: COLINDA CON CALLE EMILIANO ZAPATA Y MIDE 25 METROS APX. AL PONIENTE: COLINDA CON EL PALACIO MUNICIPAL Y MIDE 25 METROS APX. De los integrantes de la Comisión de Disciplina, visitador General y director de Contraloría Interna, todos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Derivado de los actos atribuidos a la autoridad jurisdiccional responsable. La falta de rendición del informe anual al pleno de los programas de vigilancia jurisdiccional para evitar prácticas ilegales de juicio sin razón de ser o sin sustento documental idóneo. Por parte de la aludida Comisión. La ausencia de plan o programa mensual de visitas al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. La omisión en el levantamiento de actas de visita y vigilancia de la actuación de los funcionarios que integral aquél Juzgado. La ausencia de resoluciones contra aquello. La ausencia de informe anual rendido al Consejo de Visitas efectuadas aquel Juzgado. La ausencia de diagnóstico sobre las prácticas fuera de toda norma de los funcionarios que integran el aludido órgano jurisdiccional. Atribuida al visitador General. La omisión de vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos del Juzgado en cuestión, así como revisiones de oficio a dicho órgano jurisdiccional. Reprochado a la restante. Ahora bien, como la propia autoridad responsable ordenadora lo indica, mediante actuación de seis de marzo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de Minerva Sofía Solano Moreno, radicándola con el número 40/2023 de su índice, en la vía sumaria civil en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra, en contra del aquí quejoso Sidronio Moreno López, ordenando el emplazamiento de este último como parte demandada, por lo que los actos prejudiciales consistentes en la determinación de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 27/2023 de su índice, donde se tiene a Minerva Sofía Solano Moreno, promoviendo el acto prejudicial de suspensión de obra nueva que se lleva a cabo en el inmueble ubicado en la calle Francisco Indalecio Madero, sin número, junto a las oficinas de la Agencia Municipal de La Muralla, Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, en dicha población y la diligencia de suspensión provisional de obra nueva de uno de marzo de dos mil veintitrés, hace procedente concluir que en la especie, se actualizó un cambio de situación jurídica, que hace improcedente este juicio de amparo. Debido a que los actos reclamados ahora se encuentran comprendidos dentro de un procedimiento judicial en el que el disidente es la parte demandada y por tanto, tiene acceso a todos los medios de defensa ordinarios que permite la ley, así como a defender su postura mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que estime pertinentes, así como al uso de las incidencias procedentes o cualquier otro medio, entre las que puede invocar la incompetencia de la autoridad jurisdiccional. Se invoca en apoyo, por analogía, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, con registro 169410, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de ahí que, procede sobresee en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados que derivan de los reprochados a la autoridad judicial, por no reclamarse por vicios propios, atento a la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 163-168 Primera Parte, Séptima época, visible en la página 134, con registro 232437, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS". En razón de la decisión adoptada se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

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