Shelen Dánae García Cruz
Expediente 849/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca
- Shelen Dánae García Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. De igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda dos acuses de recibo con sellos originales correspondientes a los escritos presentados el seis de febrero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje en el expediente laboral 742/2008 (4), documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Por otro lado, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, los documentos antes referidos quedan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos al destruirse este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 849/2021 promovido por Shelen Dánae García Cruz en contra de los actos de las autoridades que se precisarán más adelante. I. ANTECEDENTES La quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que mediante escrito de seis de agosto de dos mil ocho, ante la Oficialía de Partes Común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, demandó al Colegio Hispanoamericano, a María del Socorro Toledo y a Yadira Bárbara Espinoza Gordillo, el cumplimiento y pago de diversas prestaciones de carácter laboral con motivo del despido injustificado del que fue objeto. Dicha demanda quedó radicada bajo el progresivo 742/2008 (4), del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La audiencia trifásica, se llevó a cabo el veintitrés de enero de dos mil nueve, y conforme a los trámites en dicha instancia se concluyó hasta el dieciocho de enero de dos mil diez. Seguido el procedimiento el uno de junio de dos mil quince, la junta responsable emitió el laudo correspondientes, condenado a Bilingüe Cultural Hispanoamericano School S.C. a través de Yadira Bárbara Espinoza Gordillo, administradora general y responsable del inmueble ubicado en avenida del Valle, número ciento treinta y siete, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a su reinstalación y el pago de salarios caídos entre otras prestaciones. Ahora, mediante escritos de seis de febrero de dos mil veinte, presentados ante Oficialía de Partes Común de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, solicitó al Presidente Ejecutor de la responsable de mérito, señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación, asimismo, actualizara la condena económica decretada hasta la actualidad, despachando el auto de ejecución respectivo, sin que la autoridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, diera respuesta a las solicitudes realizadas por la aquí quejosa. Por tanto, la inconforme acudió a esta instancia constitucional, aduciendo que la omisión de la responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La justiciable señaló como autoridad responsable y como actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: El C. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1.- La violación a mi derecho de Administración de Justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la omisión de emitir el acuerdo correspondiente que recaiga a mis peticiones realizadas mediante promociones de fechas 06 de febrero del año 2020, en los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicable. 2.- La omisión de dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo de fecha primero de junio del año dos mil quince, dictado en el juicio laboral número 742/2008 (4), que se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, sea pronta y expedita en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable." La demanda fue remitida en la misma data, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 849/2021 y fue admitida en auto de cinco de agosto siguiente, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, reclama: La omisión de emitir el acuerdo que corresponda a las peticiones que hizo mediante ocursos de seis de febrero de dos mil veinte, en los que solicitó el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 742/2008 (4) y por ende, el no dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo de fecha primero de junio del año dos mil quince, dictado en el juicio laboral número 742/2008 (4), que se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, sea pronta y expedita en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. VI. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Así, se tiene que el Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. No obstante ello, realizó diversas manifestaciones en las que textualmente indico ".el veinte de agosto de dos mil veinte, se dictaron dos acuerdos en los cuales fueron acordados los escritos de los que se duele la quejosa, los cuales no pudieron ser notificados a las partes contendientes ya que el área de la Secretaría General de Acuerdos de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, que es la encargada de notificar los acuerdos respecto a le ejecución de los laudos, solo contaban con un Actuario para llevar a cabo las notificaciones correspondientes, esto debido a que esta Junta no cuenta con actuarios, ya que los mismos son personal de base, los cuales debido a la contingencia sanitaria generada por el Virus SARS-Cov2 (Covid-19), no se encuentran laborando.", Por tanto, se aprecia que el acto reclamado sí existe, pues si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda, la responsable ya había dado contestación a los escritos de seis de febrero de dos mil veinte, presentados dentro del expediente laboral 742/2008 (4), los mismos no se habían notificado; de ahí la certeza del acto reclamado por la aquí quejosa. Lo anterior se corrobora con las documentales que la autoridad responsable adjuntó como apoyo a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. El suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo que corresponda a las peticiones que hizo mediante ocursos de seis de febrero de dos mil veinte, en los que solicitó el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 742/2008 (4) y su notificación; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo; Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo; O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el veinte de agosto de dos mil veinte, se dio contestación a los escritos de seis de febrero de dicha anualidad, dentro del expediente laboral 742/2008 (4), de cuya negativa se dolía la promovente del amparo; así también, que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha contestación al darle vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en esta instancia. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la negativa que le fue reprochada a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos, pues al momento de rendir informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, manifestó que mediante acuerdos de veinte de agosto de dos mil veinte, se dio contestación a las peticiones formuladas por la quejosa en sus escritos de seis de febrero de esa anualidad, dentro del expediente laboral 742/2008 (4), y la misma, se hizo del conocimiento de la parte quejosa al momento de dar vista con el contenido del informe de ley remitido por la responsable descrita. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de emitir el acuerdo que corresponda a las peticiones que hizo mediante ocursos de seis de febrero de dos mil veinte, en los que solicitó el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 742/2008 (4), y la autoridad responsable, dio contestación a las peticiones formuladas en dichas misivas y las mismas fueron notificadas al momento de dar vista con el contenido de su informe justificado en este juicio de amparo, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, cesó al emitirse el acuerdo correspondiente a las peticiones que hizo mediante ocursos de seis de febrero de dos mil veinte, en los que solicitó el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 742/2008 (4). En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Shelen Dánae García Cruz en contra del acto reclamado al Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por las consideraciones expuestas en el apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con su contenido y con fundamento en lo dispuesto los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por rendido su informe justificado, asimismo, como pruebas de su parte las documentales que anexa para tal efecto, sin perjuicio de relacionarlas en la diligencia correspondiente; en consecuencia, con el contenido de esos instrumentos dese vista a las partes. Por otro lado, téngase a la responsable de mérito proporcionado el correo electrónico y el número telefónico que señala, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta y del estado de autos se advierte que mediante los comunicados 7268, 7306 y 7332 de dos, dieciocho y treinta de agosto del año en curso, respectivamente, se tuvo informando al Presidente de la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la suspensión de plazos y términos en los diversos procedimiento laborales que se tramitan comprendiendo a las Juntas Locales en Ciudad de Oaxaca, así como las diversas de Tehuantepec, Huatulco y Tuxtepec. Asimismo, que no existen constancia de notificación que acredite que la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, haya quedado notificada del proveído de cinco de agosto del año en curso, por el que se solicitó su informe justificado, circunstancia que impide la celebración de la audiencia constitucional señalada. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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