Servicios y Cuidados para los Niños S.C.
Expediente 1431/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Servicios y Cuidados para los Niños S.C.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que obran en un tomo de pruebas por separado, las documentales que remitió la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Atento a ello, y toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, hágase devolución de dichas constancias a la autoridad en cita; para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio de cuenta número 7245 signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual inserta el proveído de veintitrés de diciembre del año en curso, dictado en el amparo directo 1031/2019, y además, adjunta el escrito original y copias de traslado de la demanda de garantías promovida por Carmen Alicia Gálvez Rocha, por propio derecho y en cuanto Administradora Única de la moral denominada Servicios y Cuidados para los Niños S.C., contra el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio ordinario civil 457/2019, en el que la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, negó decretar la caducidad de la instancia en dicho juicio, razón de que se ha gestionado en el mismo; el oficio que contiene el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, así como un tomo de pruebas relativo al expediente de origen del acto reclamado. Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante, declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Carmen Alicia Gálvez Rocha, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Con apoyo en los artículos 38 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Carmen Alicia Gálvez Rocha, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, como del análisis a la demanda de garantías, se desprende que la promovente señala como acto reclamado: El auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve dictado dentro del juicio ordinario civil 457/2019, en el que la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, negó decretar la caducidad de la instancia en dicho juicio, en razón de que se ha gestionado en el mismo. Atento a ello, primeramente es necesario precisar que, los artículos 61, fracción XVIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sea susceptible a impugnación, mediante algún medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado dicho acto. En tanto, los artículos 718 inciso B y 718 inciso F del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, prevé: "ARTÍCULO 718 B. No procederá la caducidad de la instancia por el transcurso del término señalado en el artículo 718 de este Código cuando haya dejado de promoverse por fuerza mayor o cuando esté pendiente de resolución alguna promoción de las partes. En estos casos se contará dicho término desde que los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos. ARTÍCULO 718 F. De los autos a que se refieren los dos artículos anteriores, el demandante o apelante podrá pedir revocación, si creyere que se ha procedido con error al declarar transcurrido el término legal, en cuya virtud se hubiere tenido por caducada la instancia, o se hallare en el caso del artículo 718 B de este Código. No podrá fundarse la pretensión en ningún otro motivo.". De dichos preceptos legales, se desprende que el Juez o Magistrado de Primera o Segunda Instancia, respectivamente, puede negar la caducidad de un expediente, cuando no se cumpla con requisitos necesarios para ello, y contra dicha negativa, la parte que haya solicitado tal actuación, sino está conforme con la determinación, podrá pedir la revocación del mismo. Atento a lo anterior, en el caso particular, respecto del auto reclamado de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 457/2019, en el que la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, negó decretar la caducidad de la instancia en dicho juicio, razón de que se ha gestionado en el mismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento al principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional, el medio de defensa nominado previsto en el artículo 718 inciso F del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en solicitar la revocación correspondiente ante el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; a través del cual podría lograrse la revocación, modificación o anulación del acuerdo impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior se considera de esa manera, porque el mencionado precepto legal dispone que cuando se niegue la caducidad de la instancia de un expediente, se podrá solicitar ante el Juez que negó, la revocación de su acuerdo. Por identidad, sustenta lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2013072 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 23/2016 (10a.) Página: 876 RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación. Contradicción de tesis 385/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 30 de septiembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 154/2014, determinó que, aun cuando el artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, no establece qué recurso procede en contra del auto que niega la caducidad de la instancia, basta acudir a los artículos 1334 y 1335 del citado código para determinar que en los asuntos que no rebasen la cuantía a que se refiere el diverso numeral 1340 del ordenamiento en cita, procede el recurso de revocación previo a acudir al juicio de amparo; lo anterior, sin necesidad de acudir a interpretación alguna. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 515/2013, con la tesis aislada IX.1o.4 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. EN RESPETO AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, A UNA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DECRETARLA, ES OPTATIVO PARA EL QUEJOSO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1625, registro digital: 2006047. Tesis de jurisprudencia 23/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 22 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". De ahí que la promovente, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el recurso ordinario que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que su demanda resulta improcedente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187016 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Página 902 Jurisprudencia (Común) AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Amparo en revisión 3366/98. Sociedad Cooperativa de Transportes "Transportadora de Productos Derivados del Petróleo 24 de Febrero", S.C.L. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo en revisión (improcedencia) 560/2000. Rubén Martínez Estrella y otra. 14 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión 5576/99. Grupo Empresarial Real, S.A. de C.V. y otras. 28 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. Amparo en revisión (improcedencia) 1666/2001. Andamios Atlas, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio Ignacio Cruz Carmona. Amparo en revisión (improcedencia) 926/2002. Grupo Tribasa, S.A. de C.V. 5 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: César Cárdenas Arroyo". De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido literal siguiente: "Tesis: I.3o.C. J/39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 171803 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Agosto de 2007 Página 1214 Jurisprudencia (Común) DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Amparo en revisión (improcedencia) 523/2002. Imelda Rodríguez García. 7 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 71/2007. Jesús Terán Coronado. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. Amparo en revisión (improcedencia) 113/2007. Inmobiliaria Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. y otra. 4 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Everardo Maya Arias. Amparo en revisión 149/2007. Irma Ruiz Ávila. 21 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo en revisión (improcedencia) 152/2007. Juan José de la Garza Grave, quien se ostenta como autorizado de Antonio Valtierra Tejeda. 21 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas". Por ello, se concluye que debe desecharse de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175964 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Página 1665 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Queja 3/93. Moreno y Asociados, S.A. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión (improcedencia) 21/2004. Llantera Contreras, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce. Amparo en revisión (improcedencia) 446/2004. Marco Antonio García Pumarino. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 168/2005. Sabina Rivera Colula y otra. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 411/2005. Cobranza Internacional de Carteras, S.A. de C.V. 12 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Carmen Alicia Gálvez Rocha, por propio derecho y en cuanto Administradora Única de la moral denominada Servicios y Cuidados para los Niños S.C., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-
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