Sergio Rodríguez Hernández
Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Ramírez Martínez y Otros.
- Sergio Rodríguez Hernández
- Carlos Alberto Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Vista la certificación que antecede de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra auto de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO fuera de audiencia el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Agréguese a los presentes para que obre únicamente como constancia el pedimento de cuenta, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-829/2021, promovido por Marco Tulio Saucedo Rangel, en su carácter de apoderado de María Socorro Álvarez Hernández y Salvador Barriga Torres, contra actos del Juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en León, Guanajuato, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante oficio recibido el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, la similar del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, remitió la demanda de amparo promovida por Marco Tulio Saucedo Rangel, en su carácter de apoderado de María Socorro Álvarez Hernández y Salvador Barriga Torres, contra actos del Juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en León, Guanajuato, y otra autoridad, por estimar que carecía de legal competencia por razón de territorio para conocer de ella. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda en cuestión registrándola bajo el número VI-829/2021; asimismo, previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de garantías. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el número de queja civil 181/2021. Por lo que mediante ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, declaró fundado dicho recurso; y, en cumplimiento de dicha determinación, por auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad con ejecución en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que los peticionarios de amparo reclaman: La orden de remate que afectó la parte del bien inmueble que no fue embargado en el juicio ejecutivo mercantil M-122/2010, del índice del Juzgado Séptimo Civil de Partido, con residencia en León, Guanajuato, promovido por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la aquí quejosa María Socorro Álvarez Hernández y otros; y, como consecuencia de ello, el exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en León, Guanajuato, y la Notaria Pública 105, con ejercicio y residencia en el Partido Judicial de León, Guanajuato, se advierte que aceptaron la existencia de los actos reclamados, a cuyo efecto remitieron las constancias de las que emanan los actos reclamados. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. ANTECEDENTES. Previo al análisis de la procedencia o no del juicio de amparo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de banca Múltiple, por conducto de sus apoderados, presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción derivada de los documentos base de la acción, entre otros, a la quejosa María Socorro Álvarez Hernández, en su carácter de obligada solidaria, aval y garante hipotecario (foja 1 a 7 del primer tomo de pruebas). Mediante auto de siete de julio de dos mil diez, el juez responsable admitió a trámite la demanda en cuestión y despachó auto con mandamiento de ejecución (foja 76 a 78 del primer tomo de pruebas). En lo que respecta a la quejosa María Socorro Álvarez Hernández, el veinticinco de agosto de dos mil diez, se verificó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que el apoderado de la parte actora señaló para embargo diversos bienes, entre los que destaca el precisado como ". la bodega y oficina en calle Ticateme número 754 setecientos cincuenta y cuatro colonia Félix Ireta, construida sobre el resto del lote número 87 ochenta y siete ubicado con frente a las calles de Curicaveri, Ticateme, Segunda de Naranxán, de la colonia Félix Ireta, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, el cual tiene una superficie de 911 novecientos once metros cuadrados y mide y linda al norte 17.50 diecisiete metros con cincuenta centímetros con la calle Ticateme; al poniente 50.60 ciencuenta metros y sesenta centímetros con calle Segunda de Naranxán; al sur 19.30 diecinueve metros con treinta centímetros con calle Curicaveri y al oriente de sur a norte de 20.00 veinte metros con propiedad que fue del vendedor, ahora de Salomón Marín Gómez, voltea al lindero de oriente a poniente en 2.40 dos metros con cuarenta centímetros y por último de sur a norte 30.00 treinta metros lindando en estos 2 dos tramos con Jesús Hurtado dicho inmueble se encuentra registrado bajo el número 23 veintitrés del tomo 2976 dos mil novecientos setenta y seis del Registro de la Propiedad Raíz del Distrito de Morelia. ."; asimismo, en dicho acto se declararon bien y formalmente embargados los bienes señalados en dicha diligencia, a cuyo efecto se anexaron los certificados de gravamen respectivos (foja 149 a 159 del primer tomo de pruebas) Una vez emplazada la aquí quejosa compareció a dar contestación a la demanda seguida en su contra (foja 113 a 125 del primer tomo de pruebas). Una vez seguido el juicio por sus trámites legales, el veinticinco de junio de dos mil doce, se dictó sentencia en la que se condenó a los demandados al pago de la cantidad de $6,650,000.00 (seis millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal; $169,284.58 (ciento sesenta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro pesos 58/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios; $29,704.93 (veintinueve mil setecientos cuatro pesos 93/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios; así como al pago de intereses ordinarios y moratorios hasta que se cubra en su totalidad el adeudo, cantidades que se precisó debían liquidarse en ejecución de sentencia a petición de la parte interesada y de conformidad con lo pactado en el contrato base de la acción. De igual forma, se señaló que si pasados cinco días de ejecutoriada que fuera la sentencia, permanecía el impago, se haría trance y remate de lo embargado para que con su producto se cubrieran a la actora las prestaciones a que habían sido condenados los reos. Por último, se les condenó al pago de costas procesales. (foja 484 a 493 del segundo tomo de pruebas) Dicha determinación fue notificada el veintiocho de junio de dos mil doce, a la aquí quejosa (foja 497 del tomo de pruebas). En ejecución de sentencia, se ordenó el remate de los bienes inmuebles embargados, por lo que, mediante auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve se fijó día y hora para la diligencia de remate en primera almoneda, en la que destaca el inmueble marcado con el inciso b), descrito de la siguiente manera: ".b) PROPIEDAD CON DOMICILIO EN CURICAVERI, TICATEME Y SEGUNDA DE NARANXAN, LOTE 87, DE LA COLONIA FELIX IRETA, DEL MUNICIPIO Y DISTRITO DE MORELIA MICHOACÁN, CON SUPERFICIE DE 911 M2, QUE MIDE Y LINDA (SEGÚN AVALÚO): AL NORTE 17.50 M. CON CALLE TICATEME, AL PONIENTE 50.60 M. CON VALLE 2DA. DE NARANXAN, AL SUR 19.30 M. CON CALLE CURICAVERI, Y AL ORIENTE SE MIDEN PRIMERO DE SUR A NORTE 20 M. CON PROPIEDAD DE QUE FUE EL VENDEDOR, AHORA DE SALOMÓN MARÍN GÓMEZ, VOLTEA AL LINDERO DE ORIENTE A PONIENTE EN 2.40 M., Y POR ÚLTIMO DE SUR A NORTE, 30 M. LINDANDO EN ESTOS 2 TRAMOS CON PROPIEDAD DE JESÚS HURTADO." (foja 1355 del quinto tomo del cuaderno de pruebas). Por lo que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, acto en el que se declaró fincado el remate y se adjudicó en favor de Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, los bienes inmueble embargados, entre los que destaca el señalado como ".b) PROPIEDAD CON DOMICILIO EN CURICAVERI, TICATEME Y SEGUNDA DE NARANXAN, LOTE 87, DE LA COLONIA FELIX IRETA, DEL MUNICIPIO Y DISTRITO DE MORELIA MICHOACÁN, CON SUPERFICIE DE 911 M2, QUE MIDE Y LINDA (SEGÚN AVALÚO): AL NORTE 17.50 M. CON CALLE TICATEME, AL PONIENTE 50.60 M. CON VALLE 2DA. DE NARANXAN, AL SUR 19.30 M. CON CALLE CURICAVERI, Y AL ORIENTE SE MIDEN PRIMERO DE SUR A NORTE 20 M. CON PROPIEDAD DE QUE FUE EL VENDEDOR, AHORA DE SALOMÓN MARÍN GÓMEZ, VOLTEA AL LINDERO DE ORIENTE A PONIENTE EN 2.40 M., Y POR ÚLTIMO DE SUR A NORTE, 30 M. LINDANDO EN ESTOS 2 TRAMOS CON PROPIEDAD DE JESÚS HURTADO." ; en consecuencia, en dicho acto se requirió a la demandada para que dentro del término de tres días otorgara a favor del adjudicatario la escritura correspondiente, apercibida que en caso de no hacerlo el juzgador la firmaría en su rebeldía, determinación que le fue notificada por lista publicada el treinta de abril de dos mil diecinueve (foja 1380 a 1382 del quinto tomo de pruebas). Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se declaró firme la audiencia de remate (foja 1385 del quinto tomo de pruebas). Asimismo, por auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública número 105, con ejercicio y residencia en León, Guanajuato, a efecto de que tirara las escrituras correspondientes (foja 1387 del quinto tomo de pruebas); y, en mérito de ello, se otorgó en rebeldía la escritura 15,326 (foja 1400 a 1413 del quinto tomo de pruebas). Finalmente, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se pretendió realizar la diligencia de lanzamiento encomendada en el juicio natural a fin de poner a la actora en posesión del inmueble embargado (foja 1707 del tomo de pruebas). SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Ahora bien, establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien suscribe estima que en primer lugar, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de garantías fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, ya que de las copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil M-122/2010, remitidas por la autoridad responsable y que fueron previamente valoradas, se advierte que la aquí quejosa figura como parte demandada y, por ello, tuvo conocimiento de los actos reclamados en esta instancia constitucional al menos desde el treinta de abril de dos mil diecinueve, fecha en la que se le requirió para que en el término de tres días otorgara a favor del adjudicatario la escritura correspondiente (foja 1382 del quinto tomo del cuaderno de pruebas). En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, mismos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por su parte, el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo, dispone: "QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la orden de remate que afectó una parte de un bien inmueble que se dice no fue embargado en el juicio de origen y, como consecuencia de ello, el exceso y defecto en la ejecución de la sentencia. Ahora bien, del contenido de las constancias de las que deriva el acto reclamado quedó evidenciado que, como ya se dijo, la quejosa María Socorro Álvarez Hernández es parte demandada en el juicio de origen. Asimismo, que mediante escritos presentados el siete y ocho de septiembre de dos mil diez, la citada quejosa María Socorro Álvarez Hernández compareció por propio derecho y en cuanto representante de la moral Loger S.A. de C.V, a dar contestación a la demanda entablada en su contra, así como a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales (foja 84 a 125 del primer tomo de pruebas). De ahí que si la quejosa María Socorro Álvarez Hernández tuvo conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil de origen, así como de la sentencia relativa y su ejecución, resulta indudable que no puede considerársele como persona tercera extraña al juicio, sino como parte formal de éste y, como consecuencia, tenía la obligación procesal agotar los recursos en contra de las actuaciones que considerara le ocasionaban un perjuicio o afectación, así como de sujetarse a los términos legales previamente establecidos para ello. Esto es así, ya que si el promovente de un juicio de garantías se hace sabedor por cualquier medio del procedimiento seguido en su contra, ello implica que no tenga el carácter de tercero extraño a juicio en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, así como resulta obligado de estar mal pendiente de lo actuado en el juicio natural. Por lo que la quejosa María Socorro Álvarez Hernández pretendía promover el juicio de amparo contra la audiencia de remate de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, ya que en ese acto se le requirió para que dentro del término de tres días otorgara a favor del adjudicatario la escritura respectiva. Por tanto, ese era el momento oportuno para hacer valer las violaciones que pudieran cometerse durante el propio procedimiento que dejaren sin defensa a la parte quejosa, tales como el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia al ordenar el remate de una parte de un bien inmueble que a su decir no fue embargado en el juicio de origen. Por lo que, al no hacerlo así, consintió tácitamente el acto reclamado, ello en razón de que la quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días hábiles, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto y requerimiento que le fue formulado. Ello en razón de que tal actuación le fue notificada mediante lista publicada el treinta de abril de dos mil diecinueve (foja 1382 del quinto tomo de pruebas). Por tanto, es factible concluir, que como está desvirtuado el carácter de tercer extraña de la quejosa, entonces, desde esa fecha estuvo en posibilidad de ejercer el medio legal correspondiente a fin de defender sus intereses; sin embargo, entre el dos de mayo de dos mil diecinueve y la fecha de presentación de la demanda de garantías (veintitrés de agosto de dos mil veintiuno), transcurrieron más de dos años. Por tanto, al haber presentado la accionante del amparo su demanda constitucional hasta el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, es decir, más de dos años después, lo cual se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito (foja 5 de autos), resulta evidente, que tal presentación la realizó extemporáneamente, y por vía de consecuencia consintió tácitamente el acto reclamado por no haber ejercitado la acción constitucional en su contra, dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es claro que su presentación resulta extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, ello dado que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto de la quejosa María Socorro Álvarez Hernández, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que previo al acudir al juicio de amparo debió interponer el recurso de apelación contra el auto que fincó el remate, decretó la adjudicación y requirió la entrega del inmueble, de conformidad con los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, aplicable al caso concreto. Dichos dispositivos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.." Como puede apreciarse de la causal de improcedencia en estudio, el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento sine qua non con relación a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. De este modo, se tiene que de conformidad con los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, el acto reclamado es apelable, dichos dispositivos señalan: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De tal modo que acorde a dichos preceptos legales, al exceder la cuantía del negocio la señalada en el artículo 1339 transcrito, contra el auto que fincó el remate, decretó la adjudicación y requirió a la quejosa la entrega del inmueble, procedía el recurso de apelación. Luego, antes de acudir al juicio de garantías, la solicitante de amparo debió agotar dicho recurso, pues conforme a los artículos transcritos puede lograr a través de dicho medio que se modifique, revoque o anule el citado acuerdo, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, si el auto reclamado tenía reparación mediante el recurso de apelación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de garantías, debe estimarse que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Máxime si se tiene en consideración que la parte quejosa es parte formal dentro del juicio ejecutivo mercantil, como ya se precisó con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 210903 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: VI. 1o. 263 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Agosto de 1994, página 653 Tipo: Aislada REMATE Y ADJUDICACION EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO PROCEDE APELACION CONTRA EL AUTO QUE LOS DECRETA. Si en el juicio ejecutivo mercantil donde se decreta el remate y la adjudicación es admisible el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, en términos de lo que establece el artículo 1340 del Código de Comercio; entonces, con fundamento en lo que dispone el artículo 1341 de la propia ley, el auto que aprueba o no el remate y en su caso la adjudicación, también serán impugnables a través del recurso de apelación, por causar un gravamen que no puede ser reparado en la sentencia definitiva. Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, únicamente respecto de la quejosa María Socorro Álvarez Hernández, en términos de la fracción XIV y XVIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a la Notaria Pública Número 105, con ejercicio y residencia en León, Guanajuato, por no reclamarse por vicios propios. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". OCTAVO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que este órgano de control constitucional, advierta algún motivo de queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como quedó de manifiesto, el quejoso Salvador Barriga Torres reclama la orden de remate que afectó una parte de un bien que se dice no fue embargado en el juicio de origen y que aduce es de su propiedad, sin haber sido oído y vencido en juicio. Derecho de propiedad a su favor que se acredita con la escritura pública 42,525, de quince de junio de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público número 86, con ejercicio y residencia en esta ciudad. Operación que no pudo inscribirse ante las autoridades registrales virtud a que existía un traslado de dominio de ocho de septiembre de dos mil veinte, correspondiente a la adjudicación por rebeldía decretada en el juicio ejecutivo mercantil M-122/2010, como se aprecia de la constancia expedida por el fedatario público (foja 43 de autos). Sin embargo, aun cuando haya resultado procedente el presente juicio constitucional, debe decirse que el quejoso es causahabiente de la demandada María Socorro Álvarez Hernández, al haber adquirido un bien raíz sobre el cual pesaba un embargo y que, incluso, ya había sido adjudicado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado. En efecto, es preciso señalar que la doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o que ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización de éste adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A los autores del acto jurídico se les conoce como causantes y a quienes los sustituyen, como causahabientes. En otras palabras, se define al causahabiente como la persona que después de celebrar un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. El causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de los autores del acto, sustituyendo o subrogándose a éste a quien se le denomina causante. Existen dos clases de causahabientes: a) A título universal. b) A título particular. La causahabiencia a título universal se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión testamentaria o intestamentaria en la que los beneficiarios de la sucesión comprenden la masa del patrimonio de su autor. La causahabiencia a título particular se constituye cuando la sustitución se refiere únicamente a hechos u obligaciones determinados en forma específica, y puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 512, Tomo IV, del Apéndice 2000, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente texto: "CAUSAHABIENCIA. CUÁNDO SE ACTUALIZA. La causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, que la mera sustitución del propietario de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada." En alusión a la naturaleza de la causahabiencia, es inconcuso que cuando ésta se actualiza procesalmente en el juicio natural, los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes, pues únicamente asumen el lugar que le corresponde a éstos, ya sea a título universal o a título particular en una medida idéntica del derecho sustituido. Lo anterior tiene fundamento en la siguiente jurisprudencia VI.2o. J/55, Materia(s): Civil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Página: 553, cuyo rubro y texto son: "CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes". Al aplicar la figura de la causahabiencia en materia de amparo, debe tomarse en consideración que la persona tercera extraña quejosa tiene que probar la existencia del derecho que ostenta, aunque no sea idéntico al que detente su causante, como ocurre cuando, por ejemplo, el quejoso es arrendatario y su causante es propietario; esto es así, porque sólo si se prueba ese derecho, quedaría acreditado su interés jurídico de ejercer la acción constitucional correspondiente, lo cual, como se advierte de párrafos precedentes, quedó satisfecho en este caso. Desde luego, el pronunciamiento que el tribunal de amparo haga respecto de ese derecho, no implica un reconocimiento jurídico de la validez del mismo, pues ese aspecto en todo caso debe ser decidido en el controvertido que para ese efecto se promueva ante la potestad común. Ahora, una vez acreditado el interés jurídico con la comprobación del derecho con que comparece la parte quejosa, sólo significa que el causahabiente deberá asumir el mismo rol jurídico que le correspondería a su causante en el amparo. Lo anterior nos lleva a distinguir algunos de los matices que adquiere la figura de la causahabiencia en el ámbito procesal del juicio natural y en el ámbito del juicio de amparo indirecto. Bajo esa tesitura, en atención a los antecedentes destacados en esta resolución, se arriba a la conclusión de que el estado jurídico en el que se coloca el quejoso Salvador Barriga Torres en el presente asunto, la convierte en causahabiente de la persona con quien dijo haber celebrado el reconocimiento de adeudo con garantía personal y dación de pago. Es así porque al ostentarse nuevo adquirente del bien raíz adjudicado, se estima que debe resentir las consecuencias jurídicas del juicio de origen a pesar de no haber sido parte material. En efecto, el adquirente de un bien que reporta un gravamen y adjudicación debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado, es causahabiente de su causante, y de manera alguna puede considerársele como persona ajena a quien adquirió el inmueble con la existencia de esa carga. Sustenta lo expuesto, por analogía, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 141, Volumen 217-228, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del tenor siguiente: "CAUSAHABIENTE. COMPRADOR DE UN INMUEBLE QUE REPORTA UN GRAVAMEN. TIENE AQUEL CARÁCTER. El comprador de un inmueble, que soporta un gravamen (crédito hipotecario), con la obligación de liquidarlo, sin que de esa venta tuviese conocimiento el acreedor hipotecario, por no habérsele solicitado su consentimiento ni se hubiese inscrito en el Registro Público de la Propiedad la escritura respectiva, resulta indudable que el comprador se constituye en causahabiente a título particular del vendedor, pues aquéllos no pueden tener una situación jurídica distinta a la de su causante (deudor hipotecario), porque tratándose de personas ligadas por un fenómeno de causahabiencia, afecta y beneficia a ambas lo resuelto y hecho en el juicio en el que intervino el causante, ya que sería antijurídico obligar al acreedor hipotecario a que ejercite una acción contra alguien con el que no contrató y que, tampoco por ningún medio tuvo conocimiento de su existencia como comprador del inmueble en cuestión, pues es evidente que el adquirente de un bien, que reporta un gravamen hipotecario inscrito en el Registro Público de la Propiedad y con pleno conocimiento de ello y además con la obligación de liquidarlo, es causahabiente el vendedor contra quien por el impago el acreedor hipotecario dirigió la acción respectiva, y de ninguna manera puede considerársele como persona ajena a quien adquirió el inmueble con la existencia del gravamen hipotecario, ya que la acción hipotecaria por su naturaleza real persigue principalmente la cosa hipotecada". Bajo esa óptica, cuando una persona compra un bien inmueble sobre el cual recae un gravamen o adjudicación que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad a favor de otra persona; entonces, es evidente que quien así adquiere ostenta conocimiento del gravamen y adjudicación que pesa sobre el bien, actualizándose así la figura de la causahabiencia dada la estrecha relación del nuevo adquirente con el demandado en un juicio, como su causante, en virtud de la transmisión de la propiedad del bien litigioso. Apoya lo señalado, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, localizable en la página 3026, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "CAUSAHABIENCIA. CUANDO UNA PERSONA COMPRA UN BIEN INMUEBLE SOBRE EL CUAL RECAE UN GRAVAMEN INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, A FAVOR DE OTRA PERSONA Y ÉSTA EJERCE LA ACCIÓN REAL DE HIPOTECA, SE ACTUALIZA DICHA FIGURA.". De modo que la transmisión del derecho de propiedad también implicó el gravamen, ello es así ya que en la escritura 42,525, relativa al reconocimiento de adeudo con garantía personal y dación de pago, se sentaron los gravámenes que reportaba el inmueble, entre los que destaca el registrado con el número 20, del tomo 6044, relativo al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado por la parte actora en el juicio de origen y la demandada, y crédito refaccionario celebrado por aquella y la enjuiciada María Socorro Álvarez Hernández. De tal modo que la inscripción del gravamen se encuentra realizada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo cual surte sus efectos contra terceros. A más de que no está acreditado en autos que dicha hipoteca hubiera sido cancelada o declarada insubsistente por un acto posterior a su inscripción. En consecuencia, resulta indudable que la promovente de amparo se constituye en causahabiente a título particular de María Socorro Álvarez Hernández. En esas condiciones, el reconocimiento de adeudo con garantía personal y la dación de pago, al haberse generado posteriormente al registro de la hipoteca, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso, dada la causahabiencia referida. Al respecto se cita, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 287, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004905, de rubro y texto siguientes: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad". En consecuencia, si la demandada María Socorro Álvarez Hernández fue legalmente oída y vencida en juicio, a más de que dejó de combatir oportunamente y a través de los medios legales (apelación) el remate, adjudicación y requerimiento de entrega del inmueble afecto; y tal acto adquirió firmeza para la causante; entonces, el resultado de esa controversia afecta de manera directa al quejoso y causahabiente Salvador Barriga Torres, quien adquirió en dación de pago el inmueble afectado con posterioridad a que se inscribiera la hipoteca y a que se trabara el embargo y adjudicación del bien raíz afecto. Ello porque se entiende que el derecho que le pudo corresponder lo ejerció quien fue parte procesal en el expediente de primera instancia. Cabe puntualizar que si bien es cierto que el quejoso no es parte formal en el procedimiento del que derivan los actos reclamados y que de manera directa no puede intervenir en él, por no estar legitimado para ello, también es verdad que por virtud de la figura de la causahabiencia es dable concluir que fue oído y vencido por conducto de su causante María Socorro Álvarez Hernández, quien sí es parte y se encuentra legitimada para hacer valer los medios de defensa necesarios para la conservación del bien, en su carácter de demandada. Por ende, al actualizarse en el caso la figura de la causahabiencia no se vulnera el derecho fundamental de audiencia en agravio del solicitante de amparo Salvador Barriga Torres, ya que al haber adquirido el inmueble que defiende con el gravamen reportado, está sujeta a las resultas del juicio promovido en contra de su causante. Así, el promovente tiene el carácter de causahabiente de la demandada, en términos de la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 1109, Tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "CAUSAHABIENTE. ASUME ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DE UN INMUEBLE QUE REPORTA HIPOTECA. El que adquiere un inmueble con conocimiento de que soporta una hipoteca, que no comunica de ello al acreedor hipotecario, ni solicita su consentimiento o inscribe en el Registro Público de la Propiedad la escritura respectiva, se constituye en causahabiente a título particular del vendedor, y en tal caso se encuentra sujeto a lo que resulte del juicio que se promueva por las obligaciones contraídas por aquél, en virtud de que no puede obligarse al acreedor a enderezar una acción contra persona diversa a la que contrató, respecto de la cual ignora su existencia en su carácter de compradora, por lo que a ésta de ninguna manera puede considerársele como tercero ajeno cuando acude al juicio de amparo, pues al haber adquirido a título particular el inmueble hipotecado, contrajo también la obligación de garantizar el adeudo, así como de estar al pendiente de la situación jurídica que guardaba, para en su caso litigar en contra del acreedor, habida cuenta que la hipoteca, por su naturaleza real, persigue principalmente la cosa hipotecada". Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa alegue en sus conceptos de violación que indebidamente se remató la totalidad del inmueble siendo que el embargo decretado en el juicio de origen únicamente correspondía a la parte alícuota que conforman la bodega y oficinas ubicadas en la calle Ticateme número 754, de la colonia Félix Ireta, construida sobre el resto del lote número 87, de esta ciudad, a cuyo efecto ofreció como prueba de su parte la pericial en topografía y planimetría. Sin embargo, abonado a todo lo expuesto, del desahogo de la prueba pericial se advierte que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, el bien inmueble embargado corresponde al mismo que se remató, esto es que no hubo exceso o defecto en la ejecución, atento a los siguientes razonamientos. El desahogo de la prueba pericial de mérito, estuvo a cargo de Salvador Aguilar Ramírez, perito de la parte quejosa; Sergio Torres Ocaña, perito de la persona moral tercero interesada; y, José Luis Pérez Hernández, perito oficial designado por este juzgado, quienes emitieron la opinión experta que les fue requerida, la cual ratificaron en su oportunidad, y en la que expusieron sus conclusiones, las que fueron coincidentes en tres aspectos primordiales: Que la superficie del inmueble referido en el acta de requerimiento de pago y embargo, corresponde a 911.00 metros cuadrados. Que el inmueble referido en el acta de embargo corresponde al fue valuado en la etapa de ejecución, esto es, la totalidad de la superficie del inmueble. Así como que en la superficie embargada se encuentra inmersa la que fue transmitida en dación de pago a Salvador Barriga Torres y por tanto, también se encontraba embargada. Datos que emanan de forma coincidente en lo esencial, de la prueba pericial, a los que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 120 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio, conforme al prudente arbitrio de este juzgador, quien determina que de la prueba pericial desahogada por los profesionales propuestos, se puede determinar válidamente que sí existe identidad entre el inmueble embargado y valuado en etapa de ejecución con el que fue transmitido al aquí quejoso, esto por estar inmerso en la totalidad de la superficie embargada. Lo anterior virtud a que los peritos pudieron hacer un estudio analítico de comparación formal con diversos documentos que obran en autos, pues al efecto fueron coincidentes en precisar que el inmueble embargado corresponde al que fue valuado y, por tanto, rematado en el juicio de origen, lo que permite establecer, como se anticipó, que no existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia o que se hubiera rematado un inmueble distinto al que había sido embargado y sobre el que pesaba el gravamen respectivo, además de que los expertos precisaron en sus respectivos dictámenes el planteamiento del problema y el método utilizado para arribar a sus conclusiones. Orienta el criterio de valoración de la prueba, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 467, del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN EN JUICIO DE AMPARO. El argumento de que la prueba pericial carece de fundamentos científicos porque en el dictamen no determinan las colindancias, ni se efectuó deslinde y medición de los terrenos cuestionados, carece de eficacia para demeritar dicha prueba, porque el artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y si el dictamen del perito se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio." Así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83, del Volumen 163-168 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "PERITOS DESIGNADOS POR EL JUEZ O POR LAS PARTES. VALORACIÓN DE SUS DICTÁMENES. No es jurídicamente posible aceptar que sólo los peritos designados por el Juez de Distrito son dignos de crédito, ya que el artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial debe ser calificada por el juzgador según su prudente estimación, por lo que en uso de tal facultad se puede dar valor probatorio a uno o más de los dictámenes presentados en el juicio, si contienen razonamientos y datos que produzcan convicción sin importar que los peritos hayan sido designados por el Juez o por las partes.". De igual forma, se invoca al caso concreto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 739 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, que textualmente reza: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. De acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor convicción." En ese contexto, dado lo hasta aquí expuesto y en atención a que los dictámenes emitidos por los peritos crean convicción en los aspectos en que son coincidentes, en específico en que el inmueble embargado corresponde al mismo que fue valuado en la etapa de ejecución y con base en ellos se arriba a la conclusión de que el inmueble otorgado en dación de pago y que ahora pretende defender el quejoso corresponde a la superficie que fue embargada y adjudicada en el juicio de origen. Hechos que se evidencian incluso de la simple lectura del acta de embargo, de cuyo contenido se advierte claramente que se embargó el inmueble en su totalidad, esto es, la superficie total de 911.00 metros cuadrados, y que corresponde a la misma que fue valuada y adjudicada, de ahí que adminiculadas las documentales respectivas con las opiniones de los expertos que en lo esencial fueron coincidentes y concluyentes para establecer la identidad del inmueble embargado, rematado y adjudicado, se arriba a la conclusión de que el inmueble que el quejoso pretende defender corresponde al que fue embargado previamente y que, por tanto, el quejoso es causahabiente como ya se había precisado. De ahí que se reste valor probatorio a las afirmaciones del perito de la parte quejosa al afirmar que el inmueble referido en el acta de embargo forma parte de otro inmueble, que la parte embargada corresponde a 96.86 metros cuadrados y que la superficie restante y transmitida al quejoso corresponde a 815.00 metros cuadrados, toda vez que tales apreciaciones están desvirtuadas con las diversas opiniones técnicas, así como con el acta de embargo respectiva y el resto de sus respuestas en las que señala que el bien embargado y el adjudicado son idénticos. Así ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, procede negar a la promovente de amparo la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos formulados en autos, por las razones que se da la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por María Socorro Álvarez Hernández, contra actos del Juez Séptimo Civil de Partido, con residencia en León, Guanajuato, y otra autoridad, por los motivos expresados en el considerando sexto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Salvador Barriga Torres, en contra del acto y las autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza, hasta hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. ADMITE RECURSO DE QUEJA Agréguese únicamente a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 4872, e informa que ese Tribunal Superior, en proveído cuatro de abril de dos mil veintitrés, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro del incidente de suspensión en que se actúa; formándose el recurso de queja número 82/2023; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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