Severo Padilla Garibay

Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
631/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Severo Padilla Garibay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de ocho del mes y año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena archivo físico. En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Por tanto, destrúyase el juicio una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes. Finalmente, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, en su momento transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Remite informe justificado. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo remite rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el ocho de los actuales se resolvió el presente asunto. Domicilio y delegados. Se tiene a la autoridad en cita señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando como delegadas de su parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a las personas que refiere. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Dva

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 631/2022, promovido por Severo Padilla Garibay, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Severo Padilla Garibay, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A) AUTORIDAD ORDENADORA: Señalo a la MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO XXXVI.- Con domicilio en la CALLE ALONSO DE OÑATE, NÚMERO 173, ESQUINA CON PÉRIFERICO PÁSEO DE LA REPÚBLICA, COLONIA AMPLIACIÓN ENRÍQUE RAMÍREZ, DE ESTA CIUDAD CAPITAL. COMO AUTORIDAD EJECUTORA SEÑALÓ: B).- C. DELEGADO ESTATAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y/O QUIEN SE ENCUENTRA FUNGIENDO COMO TAL; Con domicilio ubicado en la AVENIDA CAMELINA NÚMERO 2160, COLONIA BOSQUES CÁMELINAS EN ÉSTA CIUDAD CAPITAL. C).- EL C. DIRECTOR EN JEFE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- Con domicilio en la CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES NÚMERO 661, AMPLIACION ASTURIAS, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 06890, CIUDAD DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la autoridad ordenadora le reclamo la omisión de la inscripción de la SENTENCIA DE FECHA 13 TRECE DE MARZO DE 2019, así como el acuerdo de fecha 7 SIETE DE MAYO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, que ordena inscriba al de la voz SEVERO PADILLA GARIBAY COMO EJEDITARIO DEBIÉNDOLE EXPEDIR EL CERTIFICADO PARCELARIO CORRESPONDIENE; esto es la expedición en mi favor del CERTIFICADO PARCELARIO 205 Z-1 P7/16 DE UNA SUPERFICIE DE 0-79-94.9 HÉCTAREAS, EN FAVOR DE SEVERO PADILLA GARIBAY, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO; sentencia y acuerdo emitidos dentro del expediente 154/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario XXXVI. 2.- De la autoridad ejecutora DELEGADO ESTATAL O ENCARGADO DE DESPACHO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, le reclamo la omisión de la Inscripción de la sentencia de fecha 13 trece de marzo de 2019 dos mil diecinueve y del acuerdo de fecha 7 siete de mayo 2021 de dos mil veintiuno, realizado a tráves de la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FECHA 05 CINCO DE JULIO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO por parte de la autoridad responsable; esto es la falta de seguimiento y respuesta a la petición de inscripción y expedición del certificado parcelario, acto que se acredita con el acuse de recibo de solicitud de trámite realizado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional; como lo prevé el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; en correlación con el artículo 56 tercer párrafo del citado Reglamento. 3.- Del DIRECTOR EN JEFE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, le reclamo la falta de seguimiento y observancia para dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud de fecha 05 cinco de julio de 2021 dos mil veintiuno, realizada ante la Delegación del Registro Agrario Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14, 16 fracción V, 22 fracción X, 72, 82, 84 de su Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente 631/2022; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las omisiones reclamadas consisten en: La falta de cabal cumplimiento a la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, y el acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictados en el juicio agrario 154/2014, en los que se ordenó adjudicar los derechos agrarios que corresponden al certificado 1990394, correspondiente a la parcela número 205 Z-1 P7/16, para que se expida uno nuevo a favor de Severo Padilla Garibay como nuevo ejidatario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 y el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama. Es aplicable al respecto la tesis aislada del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, las autoridades responsables remitieron copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del expediente 154/2014, así como el oficio con folio SDR/DJ/916/2022, dirigido al Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, en el cual informan que con fecha veintitrés de marzo del presente año, se realizó el certificado parcelario número 1066725, a nombre del aquí quejoso pero no se había realizado su entrega. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados descritos en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en la falta de cabal cumplimiento a la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, y el acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictados en el juicio agrario 154/2014, en los que se ordenó adjudicar los derechos agrarios que corresponden al certificado 1990394, correspondiente a la parcela número 205 Z-1 P7/16, para que se expida uno nuevo a favor de Severo Padilla Garibay como nuevo ejidatario. Ahora, de las constancias que la responsable remitió, se advierte que se expidió al certificado parcelario 1066725, aunado a que el quejoso en su escrito de cuenta manifiesta que le fue entregado el certificado que ampara la parcela 205-Z-01 P7/16, con una superficie de 0-79-94.9 hectáreas, para lo cual exhibe copia del mismo. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que la responsable dio cumplimiento a la resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, y se entregó el certificado parcelario 1066725, al aquí quejoso, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Por otro lado debe señalarse que el Registro Agrario Nacional, con sede en la ciudad de México, no rindió su informe justificado ni tampoco obra acuse del oficio a través del cual se le requirió. No obstante la omisión en que incurrió la diversa autoridad responsable, en las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita, en virtud de que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Severo Padilla Garibay, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el considerando cuarto de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista con informe justificado. Con vista a las partes, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta con el que la autoridad que lo suscribe rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene desahogada la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al juicio agrario 154/2014. Domicilio y delegados. Se tiene a la autoridad en cita señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando como delegado de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.DvaCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Marbella Juárez García certifica: que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

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