Sergio Saucedo Ibarra
Expediente 980/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Saucedo Ibarra y Otros.
- Abel Saucedo Saucedo
- Sergio Saucedo Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. AUTORIDAD ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el encargado del Despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le notificó que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, , se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción IV del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo y causado ejecutoria; por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. ORIGINAL DE INCIDENTE Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil diecinueve. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdelegado de Procedimientos Penales "C" de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y al efecto informa que el titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Morelia es el licenciado César Armando Martín del Campo González. Atento a lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que dicho agente ya quedó notificado de la sentencia dictada en autos, se estima innecesario remitirle el oficio 143 de veinticinco de abril pasado. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución con engrose de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por SERGIO SAUCEDO IBARRA, ABEL SAUCEDO SAUCEDO y JOSÉ SAUCEDO SANTOYO, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON RAZÓN ACTUARIAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la razón actuarial levantada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve de los corrientes por la actuaria de la adscripción, en la cual asentó el motivo por el cual no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado "Agente del Ministerio Público de la Federación Cándido Santos Ruiz, Adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora, con sede en esta ciudad", el oficio número 143, que contiene la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por los motivos asentados en la misma. Atento a lo anterior requiérase al Delegado en el Estado de Michoacán de la Fiscalía General de la Republica, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede enterado de este proveído, se sirva informar el nombre del Agente del Ministerio Público que actualmente supla al diverso agente Cándido Santos Ruiz, lo anterior a efecto de estar en posibilidad de notificarle la resolución dictada en autos. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusando de recibo del diverso oficio 141, a través del cual este juzgado remitió testimonio autorizado de la sentencia de veinticinco de abril del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-980/2018,... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 794/2018, que se instruye en contra de los quejosos directos Sergio Saucedo Ibarra, Abel Saucedo Saucedo y José Saucedo Santoyo, por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con el artículo 234, de la Ley General de Salud, en términos del artículo 9, párrafo primero, en relación con el numeral 13, fracción III, del citado código punitivo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien actúa con carácter de Juez de Control, así como del diverso rendido por el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", se advierte que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento del mismo la autoridad jurisdiccional, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia de seis y once, ambos de noviembre de dos mil dieciocho, así como de la versión escrita respectivamente; con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, conforme a lo establecido por el artículo 79 fracción III, inciso a) de la ley reglamentaria en comento, por los motivos que más adelante se expondrán. Previo al análisis de los motivos de disenso expresados en relación con el acreditamiento de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de los quejosos en su comisión, se procede al estudio de los relativos a verificar si fue o no detenido en contravención a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber existido mandato por escrito dictado por autoridad judicial competente debidamente fundado y motivado, y si se actualiza o no la figura de la flagrancia. En efecto, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión, no así los casos de flagrancia y urgencia, pues son excepcionales; el primero, porque, para su configuración se requiere que, de facto, ocurra una situación particular y atípica; y el segundo, porque también requiere la actualización de condiciones apartadas de lo ordinario, como la existencia del riesgo fundado de que el indiciado o indiciados puedan sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. De ese modo, el escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones; es decir, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un juez tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para aprehender a un individuo, cumple con las formalidades requeridas por la Constitución. Así, la exigencia de que toda medida restrictiva del derecho a la libertad personal esté primordialmente autorizada por una autoridad judicial, no sólo está contemplada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente por su artículo 7º, disposición a la cual hay que atender con motivo de la reforma al numeral 1º Constitucional, de nueve de junio de dos mil once que obliga a todas las autoridades del País, a regir su actuar de conformidad con los Derechos Humanos Garantizados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. Dicho precepto internacional dispone: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." En consecuencia, el examen judicial en materia de detenciones es, por tanto, una especie de regla primaria, cuya ejecución debe ser privilegiada siempre que sea posible, sin que exista tal posibilidad cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el caso de detenciones en flagrancia. En el caso, conforme a lo consignado en el informe policial por los elementos policíacos, aparece que alrededor de las cinco horas con diecinueve minutos del cuatro de noviembre pasado, se encontraban realizando recurridos de reconocimiento y prevención del delito sobre la carretera Acuitzio - Villa Madero, a la altura del crucero conocido como Bachilleres, donde se encontraban estacionados a bordo de la unidad 04-701, cuando observaron una camioneta tipo pick up, marca Chevrolet, color verde, con placas de circulación MU8608Y, del Estado de Michoacán, que circulaba a exceso de velocidad con rumbo a Morelia, por lo que al aproximarse al lugar donde se encontraba la unidad policiaca le marcaron el alto, haciendo caso omiso, por lo que los elementos siguieron al vehículo hasta que se detuvieron a una distancia aproximada de doscientos metros adelante del crucero, acto seguido los policías se acercaron al vehículo, uno de ellos resguardando el perímetro, y otro se acercó por el costado del chofer, por lo que al solicitarles que bajaran la ventanilla y alumbrar con su lámpara de mano se percató del olor a marihuana y al aluzar la parte interior de la cabina, observó varios paquetes de plástico transparente con cinta canela; asimismo, al solicitar el primero de los elementos al conductor Sergio Saucedo Ibarra que descendiera del vehículo se percató de la existencia de cuatro paquetes con vegetal verde seco, que estaban sellados con plástico y cinta canela; asimismo, el tercer elemento que se localizaba al costado del copiloto solicitó que descendieran del vehículo los otros dos acompañantes para ser inspeccionados, acto en el que se recolectaron catorce paquetes envueltos con plástico transparente y sellados con cinta canela que contenían un vegetal verde y seco, con las características de la marihuana, que al ser inspeccionados por el perito especializado, se determinó que arrojó un peso neto de 112.966 (ciento once kilos, novecientos sesenta y seis gramos), por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía federal. De ahí que, la detención de los ahora quejosos obedeció a que los agentes policiacos que efectuaban actividades de vigilancia, deteniendo la marcha del vehículo que conducía a exceso de velocidad Sergio Saucedo Ibarra, en compañía de Abel Saucedo Saucedo y José Saucedo Santoyo, momento en el que se percataron de la existencia de los aludidos envoltorios, por lo que al realizar una revisión al vehículo encontraron catorce paquetes envueltos en plástico transparente y sellados con cinta canela, que contenían un vegetal verde y seco, con las características propias de la marihuana, esto es, los sorprendieron cometiendo un delito en flagrancia, por lo que, ese proceder no constituye una detención arbitraria sino en flagrancia de delito. Sirve de apoyo a lo dicho la tesis XXVI.5o.(V, visible a página 3048, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA, AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA.". De igual forma, resulta infundado lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que su detención fue prolongada, ya que si bien es cierto que el artículo 16 Constitucional establece el derecho fundamental del detenido a ser puesto sin demora a disposición del Ministerio Público, esto es, sin dilaciones injustificadas, no menos verídico resulta que el retardo de dos horas a que hacen alusión atiende al hecho de que los quejosos fueron detenidos carretera Acuitzio - Villa Madero, a la altura del crucero conocido como Bachilleres, esto es, fuera de la ciudad de Morelia, de ahí que entre el lugar de la detención y el de la puesta a disposición mediara una distancia considerable, máxime que previo a ello se tuvo que hacer la revisión de los objetos que se pondrían a disposición del representante social, entre los cuales destacan los paquetes que contenían el vegetal verde, los cuales arrojaron un peso neto de 112.966 (ciento doce kilos, novecientos sesenta y seis gramos), cantidad que también debió ser puesta a disposición y que para su revisión y traslado requería de determinadas condiciones, por lo que tales circunstancias justifican el tiempo transcurrido entre la detención y la puesta a disposición. Ahora bien, es pertinente destacar que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso se analizará desde las exigencias que establecen los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema de proceso penal acusatorio y a los principios que lo rigen, cuya característica principal es la oralidad, que permite a las partes intervenir en igualdad de condiciones, garantizar la transparencia, la posibilidad del imputado para defenderse y mantener una relación inmediata entre el Juzgador y las partes. Asentado lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es necesario precisar que el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". De la disposición transcrita, se advierte que para dictar auto de vinculación a proceso debe expresar: El delito que se reprocha al imputado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación con este último requisito, cabe aclarar que para dictar el auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así pues, únicamente se debe resolver la vinculación o no a proceso con base en los datos de investigación a que haga referencia el Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a lo expuesto, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.". Además, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos. En ese sentido, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, los cuales son los siguientes: DE FORMA: Que sea emitido por una autoridad judicial competente; Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el justiciable conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional; Que de la exposición del Ministerio Público se exprese el delito que se reprocha al imputado; y, El lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Cabe destacar que además de la videograbación de la audiencia en la que el Juez de Control responsable emitió el auto de vinculación, consta por escrito dicha determinación. DE FONDO: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, deberá indicar que si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese orden de ideas, del estudio detallado de las constancias que remitió el juez responsable, en correlación con los registros audiovisuales de la audiencia relativa a la resolución de vinculación a proceso, y toda vez que la presente resolución se dicta a la luz del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso que nos ocupa se estima que el acto reclamado cumple con los requisitos de forma y fondo estipulados en el numeral constitucional en mención; por ende, puede aseverarse que la resolución reclamada en la cual se dictó auto de vinculación a proceso, se dictó ajustada a derecho y no irroga violación alguna a los derechos humanos de los quejosos. Lo anterior, acorde a las consideraciones que se procederán a exponer. El primer requisito de forma consistente en que el auto de vinculación a proceso conste en un registro se advierte satisfecho, pues tal situación se corrobora con la videograbación, además de que el juez responsable anexó copias de la versión escrita de la resolución de vinculación a proceso decretada en la causa penal 794/2018, en contra de los imputados, aquí quejoso (fojas 23 a 34 de autos). Lo anterior sin que la versión escrita fuera indispensable, toda vez que si bien la Constitución Federal dispone que todo acto de molestia que restrinja la libertad personal debe estar fundado y motivado, además de constar por escrito, ello no necesariamente implica que el auto de vinculación a proceso deba plasmarse en papel, pues al tratarse de un sistema oral lo trascendental es que exista registro de la audiencia en la que conste la motivación y fundamentación a fin de que el imputado pueda conocerla y garantizar así su derecho a una debida defensa, por lo que tal extremo se agota con la videograbación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se cita: ...El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho ya que la representación social formuló imputación contra los quejosos en la audiencia oral, ante la presencia del juez responsable, y en ese sentido, comunicó a los quejosos el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana (actuación judicial visualizable en el archivo obrante en el disco compacto). En torno al cuarto de los requisitos formales se estima cumplido, en razón a que en la citada audiencia el Juez de Control hizo saber a los imputados su derecho a declarar o guardar silencio, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto al quinto de los requisitos debe indicarse que el Juez de Control explicó a los imputados los términos en los cuales podría resolverse su situación jurídica; asimismo, les explicó que podían renunciar a dichos plazos y resolver su situación jurídica en la misma audiencia con los datos que obraran en la carpeta administrativa del Representante Social. Por lo que ve al sexto requisito se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado contra los quejosos, se especificó el ilícito por el cual se le formuló imputación, a saber: Contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con el artículo 234 de la Ley General de Salud, en términos del artículo 9, párrafo primero, en relación con el numeral 13, fracción III, del citado código punitivo. Asimismo, el aspecto relativo a que en el auto de vinculación a proceso se establezca el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de los hechos, se estima actualizado en razón a que en la resolución de vinculación a proceso se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, pues al respecto de manera toral se estipuló lo siguiente: ". que al parecer aproximadamente a las cinco horas con diecinueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, los elementos de la Policía Michoacán Roberto González Cortés, José Alberto Cárdenas Alvarado, Jonathan Muñoz Álvarez y José Manuel Ávalos Hernández, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Acuitzio, se encontraban en recorridos de reconocimiento y prevención del delito sobre la carretera estatal Acuitzio - Villa Madero, a la altura del crucero conocido como "Bachilleres", en Acuitzio, lugar éste último, en el que estaban detenidos, a bordo de la unidad 04-701, con los códigos encendidos, momento en que observaron aproximadadmente a setenta metros de distancia, una camioneta tipo pick up, que resultó ser marca Chevrolet verde, con placas de circulación MU8608Y, del Estado de Michoacán, que circulaba a exceso de velocidad con dirección de Sur a Norte, es decir de Villa Madero con dirección a Morelia, por lo que al aproximarse dicho vehículo les marcaron el alto mediante comandos de voz por el altoparlante, identificándose como elementos de la Policía Michoacán, sin acatar la orden, solicitándoles en repetidas ocasiones, motivo por el cual les dieron seguimiento ininterrumpido sin perderlos de vista, logrando detenerlos aproximadamente a doscientos metros adelante del citado crucero, descendiendo de la unidad, momento en el que el elemento José Manuel Ávalos Hernández brindó seguridad perimetral, mientras que el diverso policía Roberto González Cortés, se acercó al vehículo por el costado del chofer, alumbrando con su lámpara de mano, solicitándoles que bajaran la ventanilla, al hacerlo se percató de un olor con las características propias de la marihuana, aluzando la parte trasera del interior de la cabina, observando varios paquetes confeccionados con plástico transparente y cinta canela, por su parte, el elemento José Manuel Ávalos Hernández entrevistó al chofer quien resultó ser SERGIO SAUCEDO IBARRA, al abrir la puerta del conductor, observó cuatro paquetes con vegetal verde y seco, sellados con plástico transparente y cinta canela, solicitándoles el elemento José Alberto Cárdenas Alvarado, quien se localizaba por el costado del copiloto, que descendieran del vehículo, para ser inspeccionados corporalmente, siendo el elemento Roberto González Cortés, quien inspeccionó a SERGIO SAUCEDO IBARRA, el diverso policía José Alberto Cárdenas Alvarado, revisó corporalmente al copiloto ABEL SAUCEDO SAUCEDO, mientras que el elemento Jonathan Muñoz Álvarez, revisó a quien viajaba entre los diversos imputados, en la parte de en medio del asiento delantero, JOSÉ SAUCEDO SANTOLLO (sic); por su parte, el policía José Manuel Ávalos Hernández recolectó catorce paquetes envueltos con plástico transparente, sellados con cinta canela, conteniendo vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, con peso aproximado de cinco kilogramos cada uno, los cuales una vez que fueron inspeccionados por el perito especializado en la materia, arrojaron en su conjunto peso neto de 112.966 (ciento doce kilos, novecientos sesenta y seis gramos).". En el análisis de la resolución emitida por la juez responsable, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos del artículo 19 constitucional, es menester examinar cuales fueron los antecedentes de investigación expuestos por el fiscal que fueron considerados para tener por acreditados los datos de prueba que establezcan la comisión del hecho que la ley señala como el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, y la probabilidad de que los imputados lo hubieran cometido o participado en su comisión. Para ello, el juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A.J/25, que dice: ... Ahora bien, los elementos conformantes del hecho que la ley describe como delito de transporte de marihuana, son: a) La existencia de un narcótico, que constituye el objeto material, en el caso marihuana. b) Que el sujeto activo transporte ese narcótico, esto es, que lo movilice de un punto geográfico a otro, que constituyan medios diferentes, dentro de la República Mexicana; y, c) Que el transporte se lleve a cabo sin la autorización sanitaria correspondiente. Luego, para tener por acreditada la actualización de los elementos antes precisados, la autoridad responsable tomó en consideración los datos expuestos por el Ministerio Público, y en específico los que a continuación se señalan. Informe policial homologado. Evidencia material, consistente en catorce paquetes de plástico transparente sellados con cinta canela, que contenían vegetal verde y seco, conocido como marihuana, los cuales en total pesaban 112.966 (ciento doce kilos, novecientos sesenta y seis gramos). Inspección de evidencia material. Dictamen en materia de química forense. Inspección del lugar de los hechos. Dictamen de identificación vehicular. Dictamen de tránsito. Dictamen en materia de fotografía forense. Dictamen de toxicomanía. Además, oportunamente los inculpados manifestaron que no era su deseo rendir declaración, además de que primeramente estuvieron asistidos de su defensor particular, manifestaron que era su deseo que su situación jurídica se resolviera en seis días, y en la continuación de la audiencia inicial revocaron el carácter de defensor particular, por lo que fueron asistidos por la defensora pública federal, quien entabló conversación con el defensor que había asistido a los imputados y posterior a ello señaló que no contaba con medio ni dato de prueba alguno que ofrecer. Por lo que, con base en esas probanzas, el juez responsable consideró que en la causa penal de la que emana la resolución reclamada, se encuentra acreditado el cuerpo del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal. En efecto, para tener por acreditado el primero de los elementos del ilícito (consistente en la existencia física de la sustancia afecta), en la resolución reclamada se hizo una valoración adecuada de la diligencia de inspección del narcótico, con apoyo en lo establecido en los artículos 285 y 288 del ordenamiento procesal de la materia; máxime que la misma se relaciona de manera lógica y jurídica con el dictamen pericial en materia de química a que fue sometida, como lo indica el diverso numeral 286 del cuerpo de leyes invocado, adquiriendo, por tanto, valor probatorio pleno, cuyo alcance demostrativo conduce a tener plenamente acreditada su naturaleza, identificada como cannabis sativa I., conocida como marihuana, considerada psicotrópico, según el artículo 234, de la Ley General de Salud. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN". Asimismo, se tuvo por acreditado el segundo de los elementos, consistente en la transportación de la sustancia, ya que del informe policial homologado se advierte que los elementos policíacos informaron que aproximadamente a las cinco horas con diecinueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, mientras se encontraban en recorridos de reconocimiento y prevención del delito sobre la carretera estatal Acuitzio - Villa Madero, a la altura del crucero conocido como "Bachilleres", en Acuitzio, lugar éste último, en el que estaban detenidos a bordo de la unidad 04-701, con los códigos encendidos, observaron a la distancia aproximada de setenta metros, una camioneta tipo pick up, marca Chevrolet verde, con placas de circulación MU8608Y, del Estado de Michoacán, que circulaba a exceso de velocidad con dirección de Sur a Norte, es decir de Villa Madero con dirección a Morelia, por lo que al aproximarse les marcaron el alto mediante comandos de voz por el altoparlante, identificándose como elementos de la Policía Michoacán, sin acatar la orden pese a repetirla en diversas ocasiones, motivo por el cual les dieron seguimiento logrando detenerlos aproximadamente a doscientos metros adelante del aludido crucero, por lo que al descender de la unidad el policía José Manuel Ávalos Hernández brindó seguridad perimetral, mientras que el diverso Roberto González Cortés, se acercó al vehículo por el costado del chofer, alumbrando con su lámpara de mano, solicitándoles a los pasajeros de la camioneta que bajaran la ventanilla, al hacerlo se percató de un olor con las características propias de la marihuana, y al aluzar la parte trasera del interior de la cabina, observó varios paquetes confeccionados con plástico transparente y cinta canela; mientras que el elemento José Manuel Ávalos Hernández entrevistó al chofer quien resultó ser SERGIO SAUCEDO IBARRA, y al abrir la puerta del conductor, observó cuatro paquetes con vegetal verde y seco, sellados con plástico transparente y cinta canela, por lo que el policía José Alberto Cárdenas Alvarado, quien se localizaba por el costado del copiloto, les solicitó que descendieran del vehículo, para ser inspeccionados corporalmente, por lo que el elemento Roberto González Cortés inspeccionó a SERGIO SAUCEDO IBARRA; el diverso policía José Alberto Cárdenas Alvarado revisó corporalmente al copiloto ABEL SAUCEDO SAUCEDO; mientras que el elemento Jonathan Muñoz Álvarez revisó a JOSÉ SAUCEDO SANTOYO quien viajaba en la parte de en medio del asiento delantero, siendo que el policía José Manuel Ávalos Hernández recolectó los catorce paquetes envueltos con plástico transparente, sellados con cinta canela que contenían vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, con peso aproximado de cinco kilogramos cada uno, motivo por el cual fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal. Asimismo, en la resolución reclamada correctamente se consideró acreditado el elemento del delito consistente en la inexistencia de la autorización prevista en los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, de las autoridades sanitarias correspondientes para poseer el narcótico asegurado o que estuviera destinado a fines médicos o científicos, precisamente por no obrar en autos la probanza relativa a ello, siendo que ni la defensa ofreció prueba alguna tendente a acreditar tal autorización. De ahí que, con los datos de prueba señalados, correctamente se estableció en el acto reclamado que eran suficientes para acreditar que la existencia de la sustancia afecta que resultó ser marihuana con un peso total de 112.966 (ciento doce kilos, novecientos sesenta y seis gramos), la cual fue transportada de un punto geográfico inicial a otro al circular por la carretera donde los quejosos fueron detenidos por los elementos policíacos, dentro del territorio nacional, sin contar con permiso o autorización expedida por la autoridad competente, sin que ello haya sido controvertido por los justiciables. En efecto, este juzgador considera como se expuso en la resolución que se analiza que se acredita el hecho delictivo con los antecedentes existentes reseñados por el fiscal del fuero federal, tal como lo afirmó el juez responsable, los cuales valoró en términos de lo dispuesto en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La autoridad responsable tuvo por acreditada la probabilidad de que los imputados Sergio Saucedo Ibarra, Abel Saucedo Saucedo y José Saucedo Santoyo hayan participado en la comisión del lícito mencionado, con algunos de los datos de prueba mencionados con antelación, a los que se le confirió valor en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque en el informe policial homologado los captores fueron coincidentes en señalar a los justiciables aquí quejosos, como el conductor, y los pasajeros del automotor afecto a la causa, quienes iban en la parte delantera del vehículo, que a su vez contenía los catorce paquetes con la droga ya precisada, máxime que fueron detenidos al circular por la carretera estatal Acuitzio - Villa Madero, con dirección hacia Morelia, que al efectuar la revisión los elementos policiacos encontraron los envoltorios al interior del automotor en el cual se trasladaban y sin contar con el permiso correspondiente. Por lo que, esa circunstancia llevó al juez responsable a considerar que probablemente fueron los imputados y no otra persona quienes en conjunto realizaron la conducta que se les examina. Cabe añadir que, en términos del artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el fiscal federal actuante, al momento de solicitar la vinculación a proceso que nos ocupa, aportó los datos de prueba que sustentan el hecho que la ley describe como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana, así como la probabilidad de que los imputados aquí quejosos, participaron en su comisión, por lo cual, hasta esta etapa procesal existen elementos para evidenciar los extremos a que se ha hecho referencia y desvirtuar con ello la presunción de inocencia que la ley consagra en favor de los ahora procesados. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia V.4o. J/3, que dice: ...A mayor razón de lo anterior, si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas se desprenden datos de prueba para desvirtuar esa presunción de inocencia y por otro lado, los inculpados rechazan las imputaciones negando el delito y su participación en él, lógicamente que la carga de la prueba se revierte a estos últimos, pues si los medios de prueba fueron valorados de manera libre y lógica, así como justificando adecuadamente el valor otorgado a cada uno de los datos de prueba, y considerándolos a todos de manera conjunta, integral y armónica, de lo cual se desprende que existen elementos de probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. Lo que significa que toca a los imputados, aquí quejosos, probar los hechos positivos en los que descansa, en su caso, su postura excluyente, dado que no basta su sola negativa no corroborada con elementos de convicción eficaces, ya que de admitir como válida y por sí misma suficiente su manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la investigación expuesta por el Ministerio Público y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. Ahora bien, la parte quejosa aduce en sus conceptos de violación que es inconstitucional el acto reclamado, pues en la resolución de vinculación a proceso no se acreditó el elemento del hecho delictivo consistente en el transporte de la droga de un punto geográfico a otro. No le asiste razón al disidente, toda vez que tal y como ya fue reseñado en párrafos previos, los datos de investigación invocados por el fiscal, permitieron a la juez de control concluir adecuadamente que sí se acredita el hecho de la transportación de la sustancia afecta, ya que los imputados fueron detenidos mientras se trasladaban por la carretera Acuitzio - Villa Madero, a bordo de un vehículo pick up con dirección a la ciudad de Morelia, por tanto, existen datos suficientes que acreditan que el recorrido inició en un punto y culminaría en otro; sin embargo, en el trayecto fueron interceptados, lo que impidió que llegaran a su destino final, no obstante sí existió y está evidenciado el desplazamiento de los sujetos a bordo del automotor con la sustancia afecta; y, si bien refiere que los elementos captores carecen de competencia para realizar infracciones en carretera federal, cabe destacar que, como ya se dijo en párrafos que anteceden, los policías les indicaron que se detuvieran al advertir una actitud sospechosa por ir a exceso de velocidad, máxime que no se detuvieron en la primera ocasión sino que tuvieron que repetirles la indicación y fue entonces que al advertir el olor a marihuana y observar los paquetes que transportaban procedieron a su detención en flagrancia, tal como ya se precisó. Aunado a lo anterior destaca el hecho de que los quejosos viajaban por una carretera federal, misma que constituye una vía de comunicación abarcando distintos lugares a bordo de una camioneta pick up, vehículo que se considera de carga y que dadas sus características es útil para el desplazamiento del narcótico de un lugar a otro, por lo que si los quejosos fueron sorprendidos mientras circulaban a bordo de dicho automotor de carga por una carretera, resulta evidente hasta este momento el traslado de la droga afecta, siendo suficiente para ello los datos de prueba que tuvo en consideración el juez responsable. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2018145 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 49/2018 (10a.) Página: 670 DELITO CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE DE NARCÓTICOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA SU ACTUALIZACIÓN ES INNECESARIO ACREDITAR LOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE ORIGEN Y DESTINO DEL ESTUPEFACIENTE CUANDO EL TRASLADO ES EN UN VEHÍCULO DE CARGA SOBRE UNA CARRETERA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "transportación" en el delito contra la salud, debe entenderse como la realización de movimientos que implican el desplazamiento del narcótico a un lugar distinto de aquel en que se encontraba, con independencia de la distancia que exista, es decir, para su configuración no se requiere que dicho desplazamiento se realice hasta el lugar que se tenía previsto como destino final, sino que basta su traslado del lugar donde se obtuvo a otro. Así, para la actualización del delito contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos, previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, es innecesario acreditar los puntos geográficos de origen y destino del estupefaciente cuando el traslado es en un vehículo de carga sobre una carretera, ya que sólo se requiere como elemento esencial que éste desplace el narcótico de un medio geográfico a uno diverso, pues la conducta se actualiza de momento a momento mientras esté en curso el traslado del estupefaciente. Además, el hecho de que elementos de seguridad detengan el vehículo de carga en el que el sujeto activo desplaza el narcótico en una vía de comunicación, es un aspecto que revela, por sí solo, que ha tenido lugar su traslado, porque la acción abarcó lugares distintos que implicaron dicho transporte para efectos de la fracción I del artículo citado; esto es, cuando se detiene al activo a bordo del vehículo de carga que circulaba en una carretera, en el que se encontró el narcótico, se configura la modalidad de transporte, al margen de que se demuestre o no por el órgano acusador el lugar en el que comenzó el desplazamiento del estupefaciente, en virtud de que, dadas las circunstancias en que fue encontrado en el vehículo que circulaba en una carretera, hace patente su traslado de un punto geográfico a otro, ya que la acción comprendió lugares distintos e implicó un desplazamiento real. Contradicción de tesis 176/2017. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 6 de junio de 2018. La votación se dividió en dos partes: Mayoría de tres votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cuatro votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Suleiman Meraz Ortiz. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en los Mochis, Sinaloa, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 337/2016 (cuaderno auxiliar 58/2017), sostuvo que para que se actualice el delito de transportación de narcóticos, basta que la droga se traslade del lugar en que se obtuvo a otro, es de decir, que se inicie el desplazamiento del sitio en que se encontraba a uno diverso, sin que deba señalarse el punto geográfico de origen y el destino, pues la conducta se actualiza de momento a momento, mientras la droga sea trasladada, cualquiera que sea la distancia. El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 102/2015, que dio origen a la tesis aislada III.2o.P.84 P (10a.), de título y subtítulo: "DELITO CONTRA LA SALUD. DIFERENCIAS ENTRE LA MODALIDAD DE TRANSPORTACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE POSESIÓN CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo III, septiembre de 2015, página 2011, registro digital: 2010050. Tesis de jurisprudencia 49 /2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. De ahí lo infundado del concepto de violación aducido por la parte quejosa, aunado al hecho de que acorde al nuevo sistema de justicia penal para emitir el auto de vinculación a proceso únicamente se requieren de datos de prueba, tal como acontece en el caso concreto, no así un acreditamiento fehaciente y sin que tenga que ser parte de una cadena de distribución, ya que la conducta típica que se sanciona en el caso a estudio, es el desplazamiento de la droga, de ahí que también resulta infructuoso el hecho de que los quejoso no hubieran producido la sustancia o si pretendían o no comercializarla, pues, se reitera, la conducta que se les imputa es el transporte, como desplazamiento de un punto a otro de la sustancia, hechos por los cuales están sujetos a proceso, circunstancia respecto de cual existe evidencia. Finalmente, resulta correcta la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada por el juez responsable atendiendo al hecho de que el delito que se imputa a los quejosos está previsto en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal; y, en relación a dicha medida el diverso 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 167. Causas de procedencia Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: [.] XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero." Ello en razón de que la medida cautelar impuesta fue solicitada por el fiscal investigador y por encuadrar en el supuesto de la norma transcrita, motivos por los cuales el suscrito estima que dicha determinación es adecuada, máxime que ni los inculpados ni su defensa rebatieron dicha circunstancia. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio de los peticionarios de amparo derechos fundamentales, y dado que este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia de la queja que suplir, en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Saucedo Ibarra, Abel Saucedo Saucedo y José Saucedo Santoyo, contra las autoridades y el acto que fueron señalados, por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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