Sergio Gutierrez Ramon
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Gutierrez Ramon
- Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Enjuiciamiento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento a resolución de modificación de suspensión definitiva Visto el oficio remitido por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene al oficiante informando el cumplimiento dado a la resolución incidental de modificación a la suspensión definitiva de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en este incidente de suspensión. Se requiere registro audio visual certificado Se requiere al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, para que en un término de cuarenta y ocho horas, remita registro audiovisual certificado de la audiencia de revisión de medidas cautelares en la causa penal ********************/2022, de la que derivó el juicio oral ********************/2023, en la que se resolvió levantar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en su lugar imponer las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales indicadas en el oficio de cuenta. Se le apercibe de que en caso de ser omisa, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a la suma de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional 00/100, en términos de los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259, de la legislación en cita. Notifíquese en lista electrónica y por oficio al Juez responsable. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Primero. Juicio de amparo. El quejoso ** por conducto de su defensor particular, promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, consistentes en: La audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que determinó la improcedencia de inaplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y de someter a revisión dicha medida cautelar, esto en la causa penal 4188/2022, de la que derivó el juicio oral 61/2023, instruido en su contra. Lo anterior se lo atribuyó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Enjuiciamiento, en esta ciudad. Dicha demanda se admitió a trámite en auto de cuatro de septiembre del año en curso, donde se registró este asunto con el número de juicio de amparo 840/2023-IV. Segundo. Determinación de la suspensión provisional y definitiva. El mismo día cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional, en los siguientes términos: De manera que, ante las anteriores consideraciones, se concede la suspensión provisional, a efecto de que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Enjuiciamiento, de inmediato proceda a fijar una audiencia de revisión de la medida cautelar y, prescindiendo de las consideraciones que adoptó en la resolución emitida en la audiencia celebradas el veintinueve de julio y veinticinco de agosto del año en curso, en la causa penal 4188/2022 relativa al juicio oral 61/2023, de su índice, en las que impuso y reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, respectivamente, dicte otra diferente a ésta; es decir la que considere razonablemente adecuada; y en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización de procedimiento- de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos penales), podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. Lo anterior, siempre y cuando en las resoluciones de veintinueve de julio y veinticinco de agosto del año en curso, no se haya analizado la diversa medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que de ser el caso, dejaría de surtir efectos la concesión de la suspensión provisional emitida en el presente incidente. Al respecto, el Juez responsable, en su informe previo, manifestó lo siguiente: En fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar en la cual este Juzgador escuchó los argumentos de cada uno de los intervinientes, resolviendo que la misma fue debidamente justificada por parte de la agente del Ministerio Público y en virtud de que garantiza la asistencia del acusado al presente juicio, así como prevalecer el interés superior de la menor víctima y de los diversos testigos, además por la relación familiar que existió entre víctima y acusado, inclusive viven en el mismo fraccionamiento, por tanto para este Resolutor, quedó debidamente justificada la medida cautelar de prisión preventiva, resolución que fue emitida en ese sentido. Cabe mencionar, que a su informe previo el Juez responsable no anexó el registro de audio y video de la audiencia de veinticinco de agosto del año en curso. Posteriormente, en audiencia incidental de once de septiembre de dos mil veintitrés, resolvió sobre la suspensión definitiva en el sentido siguiente: Segundo. Incidente de suspensión sin materia. Como se indicó en el resultando primero, el licenciado Víctor Alonso Arellanes Ponce, en su carácter de defensor particular de Sergio Gutiérrez Ramón, reclamó del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, la determinación tomada en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el sentido de estimar improcedente la solicitud de inaplicación y revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta previamente. Al respecto, en su informe previo, la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, manifestó que el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se revisó la medida cautelar impuesta al quejoso, en la cual determinó que el agente del Ministerio Público justificó la solicitud de imponer al aquí quejoso, la medida cautelar prisión preventiva (justificada), ya que de esa manera se garantiza la asistencia del acusado al juicio, se garantiza el interés superior de la menor víctima y de los testigos, pues entre el acusado y la víctima existió un vínculo familiar, incluso viven en el mismo fraccionamiento, por lo cual, la Jueza responsable, se reitera, estimó justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora bien, en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, relativo a la suspensión provisional, se otorgó ésta medida suspensional al quejoso, para el efecto de que la Jueza responsable, de inmediato, procediera a fijar una audiencia de revisión de la medida cautelar, y prescindiendo de las consideraciones que adoptó en las resoluciones de veintinueve de julio y veinticinco de agosto del año en curso, en la causa penal 4788/2022, relativa al juicio oral 61/2023, de su índice, en las que impuso y reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, respectivamente, dictara otra diferente a ésta; es decir, la que considerara razonablemente adecuada; y en caso de que las analizadas no fueran suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento -de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales-), podría imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. Asimismo, se precisó que dicha suspensión provisional se otorgaba, en esos términos, siempre y cuando en las resoluciones de veintinueve de julio y veinticinco de agosto del año en curso, no se hubiere analizado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que de ser el caso, la suspensión provisional dejaría de surtir efectos. Por lo tanto, ya que en su informe previo, la Jueza responsable indicó que en audiencia de veinticinco de agosto del año en curso, relativa a la revisión de medidas cautelares, se impuso al quejoso la de prisión preventiva oficiosa, por las razones que sucintamente indicó, se concede al quejoso Sergio Gutiérrez Ramón, la suspensión definitiva, para el efecto de que quede a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad responsable que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, esto de conformidad con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se concede la suspensión definitiva al quejoso ***, para los efectos indicados en la última parte del considerando segundo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe. El subrayado y resaltado es nuestro. Tercero. Incidente de modificación a la suspensión definitiva. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el defensor particular del quejoso, solicitó la modificación a la suspensión definitiva. Al respecto, en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se inició la tramitación de esta incidencia y se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días; la cual fue desahogada por la parte quejosa, la agente del Ministerio Público de la Federación tercera interesada y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito Posteriormente, en auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se requirió al Juez responsable, su informe relativo, el cual se recibió en este Juzgado el veintinueve de septiembre del año en curso, quien posteriormente, el veintinueve de septiembre del año en curso, remitió registro certificado de audio y video de la audiencia de "revisión" de medidas cautelares, de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, celebrada en el juicio oral 61/2023. Tercero. Audiencia incidental. Una vez concluido el trámite de integración de este incidente de modificación a la suspensión definitiva, se señalaron fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente incidente de modificación a la suspensión definitiva, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Amparo. Segundo. Informe de Juez responsable. Como se indicó, en su informe, el Juez de Control responsable, manifestó lo siguiente: En fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar en la cual este Juzgador escuchó los argumentos de cada uno de los intervinientes, resolviendo que la misma fue debidamente justificada por parte de la agente del Ministerio Público y en virtud de que garantiza la asistencia del acusado al presente juicio, así como prevalecer el interés superior de la menor víctima y de los diversos testigos, además por la relación familiar que existió entre víctima y acusado, inclusive viven en el mismo fraccionamiento, por tanto para este Resolutor, quedó debidamente justificada la medida cautelar de prisión preventiva, resolución que fue emitida en ese sentido. Tercero. Fijación de la litis. En el caso, se tiene que al quejoso efectivamente se le impuso como medida cautelar, la de prisión preventiva oficiosa, así como que, en la resolución de suspensión definitiva, atendiendo a las precisiones de la suspensión provisional y a lo informado por el Juez responsable en su informe justificado, se concedió la suspensión definitiva esencialmente para el efecto de que el quejoso quedara a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de proceso, la continuación del mismo. Lo anterior, pues aparentemente, el Juez responsable sí había revisado, propiamente, la medida cautelar inicialmente impuesta, de prisión preventiva oficiosa, en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. De manera que, la litis en este incidente consiste en analizar si surgieron condiciones que ameriten modificar la situación determinada en la suspensión definitiva, en relación con la libertad personal del quejoso, en relación con la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en el juicio oral 61/2023, por el Juez responsable. Cuarto. Estudio de fondo. En principio, debe indicarse que el artículo 154 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 154. La resolución que conceda o niega la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. De conformidad con dicho numeral, el incidente de modificación a la suspensión definitiva, procede en aquellos casos en los que ocurra un hecho superveniente que obligue al Juzgado a ajustar la situación jurídica creada por la resolución inicialmente dictada, a las nuevas circunstancias fácticas. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 109/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 354, materia Común, Décima Época, con registro digital 2005043, que se invoca por identidad de razones, del rubro y texto siguientes: MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta la fecha recién señalada, establece la facultad del juez de distrito para revocar o modificar su decisión sobre la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, cuando aún no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por aquél al dictar la resolución sobre la suspensión. Sin embargo, de una interpretación textual y finalista del citado precepto legal se desprende que al ser una condición material para la modificación o revocación de la suspensión la existencia de un hecho superveniente, la determinación del juez al respecto deberá tomarse una vez que escuche a las partes del juicio de amparo y les haya permitido presentar pruebas y alegatos, tal como ocurre en el procedimiento ordinario de un incidente de suspensión de conformidad con el artículo 131 de la referida legislación. Por ende, el hecho superveniente no constituye un requisito de procedencia del incidente de modificación o revocación de la suspensión al que da lugar el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada; por el contrario, su calificativa como superveniente implica en sí misma un pronunciamiento sobre la viabilidad de tal situación fáctica para afectar el estatus jurídico que motivó la concesión o negativa de la suspensión. Por tales razones, se concluye que con la excepcionalidad de que sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente, el juzgador deberá tramitar el incidente relativo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley citada en términos de su artículo 2o., con el fin de permitir a las partes del juicio presentar pruebas y alegatos. Dicha notoria y evidente inexistencia no se origina por una simple deficiencia en la carga probatoria por el promovente, pues ello es materia de fondo del propio incidente; más bien, se dará cuando desde la solicitud interpuesta para modificar o revocar la suspensión, el juez advierta de forma clara e indubitable que no se satisfacen los requisitos primarios de un hecho superveniente; por ejemplo, podrá desecharse la solicitud del incidente cuando los acontecimientos o las pruebas aducidas como una causa superveniente ya fueron valoradas en la resolución de la suspensión, no guarden indiciariamente una relación con las partes o el acto reclamado, o ya hayan sido señalados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como causas no supervenientes, como la emisión y publicación de la jurisprudencia. El subrayado es nuestro. Pues bien, antes de entrar al estudio de la actualización, o no, de ese hecho superveniente, cuestión que, como indica la Primera Sala, es de fondo, se determina la actualización de los presupuestos correspondientes. Legitimación de la parte actora incidentista En el caso, este incidente de modificación a la suspensión definitiva, lo promovieron los autorizados del quejoso Sergio Gutiérrez Ramón, quien evidentemente resiente de forma directa los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso y de la suspensión definitiva cuya modificación se solicita. Existencia de una resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva de los actos reclamados. Dicho requisito de procedibilidad, evidentemente también se cumple, pues como se indicó, existe una resolución sobre la suspensión definitiva, en la cual se determinó que el quejoso, en cuanto a su libertad personal, quedaba a disposición del Juez de amparo, mientras que, en cuanto a la continuación del proceso penal, quedaba a disposición del Juez responsable. La sentencia dictada en el juicio principal, no haya causado ejecutoria. Constituye un hecho notorio para quien resuelve, que se invoca conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, que en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión, no se ha dictado sentencia. Indicado lo anterior, se procede a analizar la actualización, propiamente, de un hecho o circunstancias supervenientes. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta la situación jurídica que creó la resolución de suspensión definitiva que se pretenda modificar, ya que la finalidad que persigue esta incidencia, es demostrar que ese hecho superveniente trae como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la suspensión definitiva o, como se precisará más delante, del requisito de efectividad. Así es, como ya se indicó, el citado artículo 154 de la Ley de Amparo, constituye el fundamento del denominado incidente de revocación o modificación de la suspensión por hecho superveniente, figura conocida como mutabilidad o flexibilidad de las resoluciones que se dicten en el incidente de suspensión, el que procede dentro del trámite del incidente de suspensión, respecto de la resolución interlocutoria que resuelve acerca de la medida cautelar definitiva. Dicha flexibilidad de las providencias suspensionales tiene por objeto facultar al Juez de Distrito para revocar o modificar la resolución suspensiva, sin que esto constituya un medio para remediar o corregir errores o deficiencias del procedimiento, ni una oportunidad para enmendar la apreciación del juzgador o la conducta asumida por las partes, pues no se trata de un recurso que permita revalorar las condiciones en que se produjo tal resolución, ni admite analizar la legalidad del pronunciamiento suspensional. Lo que ocurre es el surgimiento de hechos con posterioridad a su dictado, que plantea un cambio de circunstancias que justifican su revocación y aun su modificación; tan es así que por hecho superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente, hecho de tal naturaleza, que lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación o modificación de la resolución jurisdiccional que concedió o negó el beneficio. Esto es, se trata de elementos fácticos sobrevenidos que el juzgador no estuvo en aptitud de considerar para decretar la medida suspensional por virtud de que éstos, en el instante en que se tenía que proveer sobre la medida, eran inexistentes o imprevisibles. Las anteriores precisiones encuentran apoyo en la jurisprudencia 443, aprobada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917977, visible a página 376, tomo VI, apéndice 2000, materia común, quinta época, que dice: SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Por hechos supervenientes sólo deben entenderse los que tienen lugar con posterioridad a la resolución dictada en el incidente de suspensión, y que modifican la situación jurídica existente cuando se pronunció esa resolución. Así como en la diversa tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, con registro 308679, página 5224, tomo LXXII, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente y que sea de tal naturaleza que lleve consigo como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada de la suspensión; pero si las pruebas que el quejoso rinde, tienden a justificar cosas o hechos que ya existían con anterioridad y que no se comprobaron en su oportunidad, no existe motivo para conceder la suspensión por causa superveniente. En el caso, como lo indicó el Juez responsable, el quejoso tenía impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues se le imputan los delitos de violación y abuso sexual, respecto de una menor de edad, que se encuentran comprendidos en el numeral 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, este último, que dispone lo siguiente: Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. El subrayado y resaltado es nuestro. Como se aprecia claramente del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los mencionados delitos están considerados como de aquellos en los cuales el agente del Ministerio Público de la Federación, no puede dejar de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y por su parte, el Juez, no puede dejar de imponerla, sino que, la posibilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos así considerados por la ley como los delitos indicados, traía aparejada indefectiblemente la imposición de dicha medida cautelar, se insiste, conforme al citado numeral. Sin embargo, posteriormente, en sesión ordinaria virtual de trece de julio de dos mil veintitrés, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, resolvió la contradicción de criterios 40/2023, en cuya ejecutoria, terminada de engrosar el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en lo que interesa, se expuso lo siguiente: H) Suspensión provisional en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 189. Ahora bien, bajo las anteriores consideraciones, es necesario determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, o en su caso, si solo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. 190. Por ello, es dable traer a colación que la disyuntiva interpretativa que originó la presente contradicción de criterios, surgió a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó al Estado Mexicano -las cuales fueron ampliamente desarrolladas en el apartado correspondiente de esta ejecutoria- mismas que se agotan en la declaración de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, en los términos en que se ha realizado hasta ahora en nuestro país. 191. Así, atendiendo al caso concreto y por cuanto hace a los alcances de la concesión de la medida suspensional provisional sobre la imposición de la prisión preventiva oficiosa, es necesaria la remisión a los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra señalan: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento". El resaltado es propio. "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo." El resaltado es propio. 192. Del contenido de los artículos 163 y 166 de la multicitada Ley de Amparo, se advierte que cuando una persona solicita el amparo contra actos que afecten su libertad personal dentro de un procedimiento penal -privativos o no-, la suspensión del acto reclamado tendrá un efecto específico, es decir, que el quejoso quedará a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, pero únicamente en lo que se refiere a su libertad personal. 193. En dichos numerales, claramente se prevén los efectos de la suspensión, tratándose de actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal y en el caso específico de medidas cautelares privativas de libertad, como lo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 194. Por tanto, el numeral 166 de la invocada ley fija que si se trata de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, a los contenidos en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta posible realizar ponderación alguna respecto del análisis a la apariencia del buen derecho, en virtud de que en su fracción I, establece los términos de procedencia de la suspensión y sus efectos. 195. Referente a ello, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ******** 21, al señalar entre otras cuestiones, que las normas establecidas en el apartado relativo a la suspensión en materia penal de la Ley de Amparo, son aplicables a los actos que de forma expresa ahí se establecen, porque tales disposiciones obedecen a circunstancias específicas que fueron valoradas a priori por el legislador ordinario y que consideró especialmente relevantes para darles una solución específica. 196. La ejecutoria anterior, dio origen a la tesis jurisprudencial de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL."12 197. En efecto, la ley de la materia realiza la precisión textual de cuáles son los términos y condiciones bajo los que habría de resolverse lo relativo a la suspensión de los actos en materia penal tratándose de delitos que impliquen la imposición de la de prisión preventiva oficiosa, es porque ciertamente, el legislador asumió el mandato constitucional previsto en el artículo 19 de la Carta Magna, adecuando y armonizando el apartado correspondiente respecto de esa especificidad de casos. 198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma. 199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado. 200. Sin que además deje de considerarse que a lo largo de las importantes sentencias emitidas por el Máximo Tribunal del país, así como de las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha podido observar cómo sin necesidad de descartar las disposiciones constitucionales, mediante el principio pro persona y la interpretación conforme, se ha desarrollado gradualmente un enfoque interpretativo que busca favorecer y maximizar los derechos de todas las personas, que a diferencia de la facultad de invalidar la Constitución , estas herramientas hermenéuticas sí son reconocidas constitucionalmente, y a través de ellas, el Poder Judicial de la Federación está obligado a proteger, respetar, promover y garantizar de manera plena y efectiva los derechos humanos de las personas. 201. Un ejemplo de ello es la resolución del amparo en revisión ******** 12, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una posible restricción sobre el tipo de indemnización que se debía otorgar por la expropiación de un bien, así con los mecanismos interpretativos respectivos, asunto en el que se determinó que debía optarse por el criterio más favorable para la persona, siendo este el establecido por el Tribunal Interamericano, sin necesidad de inaplicar el texto constitucional. 202. Ahora, este nuevo entendimiento del artículo 19 constitucional, busca que la prisión preventiva ya no tenga efectos automáticos, sino que esta sea razonada en cada caso concreto, ya que la forma en que hasta la fecha ha sido entendida, es más una medida punitiva, que una medida cautelar. 203. Luego, si bien es cierto la fracción I, del artículo 166 de la Ley de Amparo, receta expresamente que tratándose de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la concesión de la suspensión solamente tendrá como efecto que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que este señale -únicamente en lo que se refiera a su libertad-, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, también lo es que ello no impide que se realice una interpretación conforme, en la búsqueda de una protección más amplia. 204. El artículo 107, fracción X de la Carta Magna, que se replica en el diverso 138 de la Ley de Amparo, como ya se dijo, es en donde se establece la forma para determinar si es procedente la concesión de la medida suspensional, que concebida como una medida cautelar que se otorga de manera temporal y provisional, no implica una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. 205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios *******, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo. 206. Lo anterior se afirma, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad *******, determinó que existen excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida. 207. En el presente caso, este Pleno Regional considera que existen elementos que configuran la apariencia del buen derecho, lo que a su vez, hace verosímil que la suspensión provisional tenga efecto de tutela anticipada cuando el acto que se reclame consista en la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 208. Ciertamente, el pronunciamiento hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias correspondientes a los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que en lo que aquí concierne, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos suficientes que permiten afirmar que en el caso, se actualiza de manera efectiva el principio de la apariencia del buen derecho, ya que se presume que hay probabilidades considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional, esto es, cuando se resuelva el fondo de asunto. 209. Esta interpretación busca encontrar una armonía entre las normas nacionales e internacionales, priorizando aquella que brinde una protección más amplia, por tanto, es precisamente bajo esa interpretación aplicada al artículo 166 de la Ley de Amparo, que se puede concluir que tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva -en este caso oficiosa-, la persona juzgadora de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo, en relación al 107, fracción X, constitucional, es decir, conforme a las reglas generales de la suspensión, no deberá limitarse al efecto señalado, en la fracción I del numeral 166 de la Ley de Amparo, ya que ello no representa ningún beneficio para el quejoso y no protege el derecho humano a la libertad personal. 12 210. Así, ante el nuevo paradigma que representan las más recientes sentencias y jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la progresividad y dinamismo que caracteriza al sistema jurídico mexicano, éste órgano colegiado estima que en la búsqueda de una protección más amplia y exaltando la relevancia del principio pro persona bajo la apariencia del buen derecho, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa, ésta deberá concederse con efecto de tutela anticipada. 211. Ahora bien, no se soslaya que en la referida contradicción de criterios ******* , este Pleno Regional dirimió aspectos relativos a los efectos de la suspensión contra la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, mientras que en el presente asunto se está en presencia de la prisión preventiva oficiosa o automática, no obstante, no existe razón para utilizar una base argumentativa distinta en cuanto a la interpretación conforme del precepto, ya que en ambos casos el efecto de la suspensión es exactamente el mismo, es decir, que el quejoso solo quede a disposición de la persona juzgadora de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador de la causa para la continuación del procedimiento. 212. Asimismo, resulta pertinente destacar que en la referida contradicción de criterios *******, del índice de este Pleno Regional que fue mencionada anteriormente, se señaló que el Máximo Tribunal de nuestro país sostiene que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del promovente pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. 213. De manera que, para lograr el objetivo de la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, la Ley de Amparo contiene una serie de disposiciones legales encaminadas todas ellas a conservar viva la materia del amparo, analizar la afectación de intereses a terceros e intereses de la sociedad, y a su vez, dentro de esas disposiciones legales se prevé, desde la suspensión automática de los actos hasta la posibilidad de tomar las medidas que estime convenientes las juezas y jueces de Distrito para que no se afecten derechos de terceros, evitando perjuicios a los interesados hasta donde sea posible, lo que lleva implícito no sólo la suspensión -paralización de los actos reclamados-, sino la existencia y contemplación de otras medidas cautelares, revertir el efecto de una persona que se encuentra privada de la libertad, o levantar un estado de clausura ya ejecutada, actos que llevan implícito un adelanto de la efectividad de la sentencia de fondo, en caso de ser favorable a la parte quejosa. 214. Ejecutoria de este Pleno Regional en la que igualmente se hizo referencia a la diversa contradicción de criterios ******** 12 , en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. 215. Asimismo, la Segunda Sala hizo hincapié en la trascendencia de la suspensión del acto reclamado, misma que debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, ya que ambas pretenden generar las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, es incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. 216. Por tanto, señaló que la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa, ese beneficio conservará su vigencia únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. 217. Luego, se precisó que existe excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, circunstancia que se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo, argumentos que dieron origen a la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL."12 218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-. 219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares. 221. Entonces, basado en el principio pro persona, al ser la jurisprudencia de la Corte Interamericana no solo vinculante sino una extensión a la Convención Americana de Derechos Humanos, que representa una protección más amplia para aquel derecho, y respecto de la cual -Constitución y Convención- guardan una relación sin distinción jerárquica, cuando se pida la suspensión de un acto como el que se estudia, deberá otorgarse en los términos anteriormente señalados. 222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios ********, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto. 223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. 224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico. 225. En ese orden de ideas, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia 2026943, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo V, página 4512, materias Común y Penal, con registro digital 2026943, Undécima Época, del contenido siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA QUE DE INMEDIATO EL JUEZ DE CONTROL FIJE UNA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR E IMPONGA LA QUE CONSIDERE ADECUADA, QUE PUEDE SER INCLUSO LA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le impuso el Juez de Control en la audiencia inicial, y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado para que se prescindiera de ella. El Juez de Distrito negó la suspensión, al estimar que es improcedente otorgarla por disposición del artículo 128 de la Ley de Amparo, y porque los efectos restitutorios son propios de la sentencia de amparo. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe concederse la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa para el efecto de que el Juez de Control de inmediato fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada -que puede ser incluso la de prisión preventiva, pero justificada- para lograr la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del proceso. Justificación: En primer lugar, aunque el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, estableció que pueden existir excepciones a esta regla y es al Juez de amparo a quien le corresponde determinarlas. En segundo, conforme al segundo párrafo del artículo 147 de ese ordenamiento, es posible otorgarla con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), porque de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva, siempre que la medida cautelar privativa de la libertad impuesta tenga matices de devenir inconstitucional y pueda así declararse en la sentencia de fondo. En tercer lugar, existe apariencia del buen derecho, pues en un cálculo de probabilidades se avizora una sentencia favorable a quien acude a la acción de amparo, en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, estableció que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconvencional por transgredir los derechos fundamentales de libertad y presunción de inocencia, al no estar sujeta a un juicio de proporcionalidad (con la satisfacción de las cuatro gradas de: fin compatible con la Convención, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que sólo la autoridad judicial puede efectuar y la que debe justificar su imposición según las particularidades de cada caso, lo que no ocurre si se aplica de manera oficiosa. Además, también existe peligro en la demora si el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, si no se suspende esa medida cautelar con efectos restitutorios, al generarse una afectación permanente mientras persista y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente; y no existe afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares. En cuarto lugar, una vez satisfechos los elementos desarrollados con anterioridad, es procedente otorgar la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa, pero no para poner en inmediata libertad al quejoso -al existir una eventual afectación al interés social-, sino para que de inmediato la autoridad responsable fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada, que incluso puede ser la de prisión preventiva, pero justificada, a fin de cumplir con los fines de una medida cautelar previstos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, no se pierde de vista, que el día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el Juez responsable y el defensor particular del aquí quejoso, tenían conocimiento de la existencia de dicha ejecutoria de amparo, puesto que la tesis de jurisprudencia se publicó el cuatro de agosto del mismo año, en el Semanario Judicial de la Federación, mientras que, el engrose de la ejecutoria, concluyó el catorce de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, lo que sí constituye un hecho superviniente para este Juzgadora, es el conocimiento del contenido de la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, lo cual ocurrió hasta el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la cual si bien el Juez responsable pretendió "justificar" la prisión preventiva, como lo adujo el defensor particular del quejoso, en ningún momento dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se había impuesto al aquí quejoso, ni abrió, propiamente, debate de revisión de medidas cautelares, a efecto de imponer cualquiera otra, en vista de dicho debate, sino que, se insiste, se limitó "justificar" la prisión preventiva, sin aclarar si continuaba refiriéndose a la oficiosa, o bien, a la justificada, y respecto de esto la duda se pone de manifiesto tomando en cuenta que adujo que si bien en los precedentes de la Corte Interamericana que invocó la defensa, se estimó inconvencional la prisión preventiva oficiosa y se condenó al Estado Mexicano a armonizar en ese sentido su legislación, lo cierto es, dijo, que el Derecho positivo sí prevé dicha medida cautelar. Por lo tanto, en acatamiento a la ejecutoria descrita, así como al criterio que en ella se indicó, debe prevalecer, respecto de la privación de la libertad de un imputado, con motivo de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se modifica en el aspecto relacionado, se insiste, con su libertad personal, la suspensión definitiva dictada en este incidente de suspensión y se determina lo siguiente: El Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Enjuiciamiento, en esta ciudad, con base en las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba noticia de esta resolución (término que se fija en aplicación analógica del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales), señale fecha para la celebración de una audiencia en la que -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que impuso (cuyo análisis se negó a debatir en la audiencia inicial, negativa que constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo) al quejoso y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversa o diversas medidas cautelares, esto es, la que considere razonablemente adecuada; y en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización de procedimiento, de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 147 y 154 de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. Se declara procedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva planteado por la parte quejosa, para el efecto indicado en la última parte del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese en lista electrónica, personalmente a la parte quejosa (vía juicio en línea) y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y a la Fiscal Federal y asesor jurídico terceros interesados. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera, hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el día de hoy está señalada la audiencia incidental, en el incidente de modificación de suspensión definitiva, sin embargo, también se advierte que el auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se señaló esta fecha, no le fue notificado al agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito, como ahí se ordenó. Por lo tanto, se difiere dicha audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las trece horas con seis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Se comisiona a la Actuaría de este Juzgado, para que notifique al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, así como este proveído. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes, pues si era su deseo alegar en la audiencia que había sido señalada para el día de hoy, estuvieron en plena aptitud de hacerlo, ya que fueron oportunamente notificadas al respecto. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMR/LRV
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Se señalan fecha y hora para audiencia incidental, en incidente de modificación a la suspensión definitiva En atención a que de la certificación de cuenta, se advierte que la vista que se dio a las partes, en autos de veintiséis de septiembre, seis y once de octubre de dos mil veintitrés, ya transcurrió para todas y cada una, asimismo, del estado de autos se advierte que ya se cuenta con el informe que rindió el Juez responsable y con el registro certificado de audio y video de la audiencia de veinticinco de agosto del año en curso, relativa a la revisión de medidas cautelares, en el juicio oral ********************/2023. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Amparo, se señalan las trece horas con seis minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa al incidente innominado de modificación de suspensión. Notifíquese en lista electrónica; personalmente a la parte quejosa (en línea) y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (por correo electrónico); y, por oficio al asesor jurídico de la víctima tercera interesada, al agente del Ministerio Público tercero interesado, así como al Juez responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
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