Sergio Francisco Barredo Pott
Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Francisco Barredo Pott
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado El plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de uno de julio de dos mil veintiuno, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, para que el quejoso **, hiciera alguna manifestación respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, sin que se hubiese pronunciado al respecto. En consecuencia, se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 595/2020-I-1, promovido por **, para lo cual, se toman en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Considerando Demanda de amparo. En el Buzón Judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se recibió la demanda de amparo, misma que fue turnada a este juzgado el mismo día. En el escrito inicial **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de quien reclama: IV. ACTO RECLAMADO: EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictado por el responsable el día 17 de noviembre del año 2020 en la causa penal número 68/2019 que se tramita ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes Chih., en el que se me dictó vinculación a proceso por el delito de Violación cometido en perjuicio de persona menor de edad del sexo femenino de iniciales **. Tramitación del amparo. En auto de siete de diciembre de dos mil veinte, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 595/2020-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Sentencia emitida en el juicio de amparo. Una vez integrado el juicio de amparo, la audiencia constitucional se celebró a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno, y la sentencia se firmó el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, con el fin de que tuviera una defensa técnica y adecuada. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia Dado que ninguna de las partes se inconformó con la sentencia emitida, en auto de veintisiete de mayo dos mil veintiuno, causó ejecutoria dicha resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. En la misma fecha se requirió al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para que diera cumplimiento al fallo protector, que se concedió para los efectos siguientes: 1. Privilegiando el principio de inmediación y continuidad que rigen el sistema penal acusatorio y oral, de conformidad con los artículos 4º, 7º y 8º, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá de reponer la última parte de la audiencia inicial, desahogada dentro de la causa penal 68/2020, de su índice estadístico, y, antes de concluirla, deberá de proceder de acuerdo a los lineamientos que se indican: 2. Dicte las medidas necesarias para verificar plenamente que Claudia Casas Domínguez, defensora pública, o bien, **, defensor particular del imputado, cuentan con cedula profesional, verificando su autenticidad a través de las tecnologías de la información, como puede ser a través de internet utilizando la base de datos de la Dirección General de Profesiones, y en caso de que la cédula no cuente con fotografía, haga lo pertinente para verificar la correspondencia entre el individuo que compareció a la audiencia y la cedula profesional que autoriza el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho. Luego, deberá de señalar hora y fecha para celebrar la audiencia relativa en términos del artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del plazo legal, pudiendo diferirla únicamente para recabar la información que se menciona en el párrafo que antecede, y previamente o durante el desarrollo de la audiencia, cerciorarse de la cédula profesional. Audiencia en la que podrán desahogarse las pruebas que ofrezcan las partes únicamente respecto al tema relativo a la calidad de licenciado en derecho de quienes nos atañen. Una vez verificado dicho dato y resultando que el abogado sí cuenta con cedula profesional, deberá de dejar subsistente lo que ya resolvió, es decir, lo determinado en la audiencia respectiva y las partes quedaran de nueva cuenta en aptitud de ejercer sus derechos de defensa, teniendo otra vez oportunidad de impugnar lo resuelto a través de los recursos de defensa que consideren idóneos. 3. En el supuesto de que después de haber realizado la investigación quien fue designado como defensor no cuente con cedula profesional, deberá de reponer la totalidad de la audiencia, siendo un juez diverso quien conozca de la cuestión. En la inteligencia de que si el quejoso ya no cuenta con ese defensor, y alguien más pretende avocarse a la defensa, se deberá de reponer en su totalidad la audiencia. Atento a ello, por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio firmado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con copia certificada de la audiencia inicial celebrada el once de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 68/2021 de su índice y un disco compacto, con el fin de acatar la sentencia dictada. Vista a las partes. En proveído de dieciocho de junio del actual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, apercibido que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento; sin que haya hecho manifestación alguna. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, acreditó que ordenó reponer la audiencia de doce de noviembre de dos mil veinte. Además, como se desprende de la videograbación remitida, en la audiencia respectiva el juez cuestionó al licenciado **, por su licencia para ejercer la profesión; enseguida, tal profesional exhibió su cédula profesional 5420322 y el juzgador responsable corroboró que se encontraba registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y que lo acredita como licenciado en derecho, situación que quedó videograbada. En razón a lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación el Juez responsable restituyó al accionante del amparo en el goce de los derechos que se estimaron transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Determinación a la que se arriba sin perjuicio de hacerle saber a la parte quejosa que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: ÚNICO. Se declara que ha quedado cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 595/2020-I-1, promovido por Sergio Francisco Barredo Pott. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Cumplimiento de sentencia Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que conste como legalmente corresponda; en atención a su contenido, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Galeana, con sede Nuevo Casas Grandes Chihuahua, cumple con el requerimiento que se le formuló proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, pues remite copia certificada de la audiencia inicial celebrada el once de junio de dos mil veintiuno, y un disco compacto, por medio del cual aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista a la parte quejosa Con el contenido del oficio y con el disco compacto, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, realice las manifestaciones a su interés legal convenga, en la inteligencia que, una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del artículo referido en el párrafo que antecede. Asimismo, se le indica que, si lo considera necesario, puede consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga con relación al cumplimiento. Notifíquese personalmente y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la sentencia de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso *******, para efecto de que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galena, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, realice lo siguiente: Privilegiando el principio de inmediación y continuidad que rigen el sistema penal acusatorio y oral, de conformidad con los artículos 4º, 7º y 8º, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá de reponer la última parte de la audiencia inicial, desahogada dentro de la causa penal *******, de su índice estadístico, y, antes de concluirla, deberá de proceder de acuerdo a los lineamientos que se indican: Dicte las medidas necesarias para verificar plenamente que *******, defensora pública, o bien, *******, defensor particular del imputado, cuentan con cedula profesional, verificando su autenticidad a través de las tecnologías de la información, como puede ser a través de internet utilizando la base de datos de la Dirección General de Profesiones, y en caso de que la cédula no cuente con fotografía, haga lo pertinente para verificar la correspondencia entre el individuo que compareció a la audiencia y la cedula profesional que autoriza el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho. Luego, deberá de señalar hora y fecha para celebrar la audiencia relativa en términos del artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del plazo legal, pudiendo diferirla únicamente para recabar la información que se menciona en el párrafo que antecede, y previamente o durante el desarrollo de la audiencia, cerciorarse de la cédula profesional. Audiencia en la que podrán desahogarse las pruebas que ofrezcan las partes únicamente respecto al tema relativo a la calidad de licenciado en derecho de quienes nos atañen. Una vez verificado dicho dato y resultando que el abogado sí cuenta con cedula profesional, deberá de dejar subsistente lo que ya resolvió, es decir, lo determinado en la audiencia respectiva y las partes quedaran de nueva cuenta en aptitud de ejercer sus derechos de defensa, teniendo otra vez oportunidad de impugnar lo resuelto a través de los recursos de defensa que consideren idóneos. En el supuesto de que después de haber realizado la investigación quien fue designado como defensor no cuente con cedula profesional, deberá de reponer la totalidad de la audiencia, siendo un juez diverso quien conozca de la cuestión. En la inteligencia de que si el quejoso ya no cuenta con ese defensor, y alguien más pretende avocarse a la defensa, se deberá de reponer en su totalidad la audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galena, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional ($8,962.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Sirve de apoyo al procedimiento de ejecución, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo vigente, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo, para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. Corrobora lo anterior, el texto de la jurisprudencia 63/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, que se consulta en la página 6, con registro 2008147, del tenor siguiente: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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