Sergio Eduardo Sifuentes Gallegos
Expediente 404/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Eduardo Sifuentes Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************-III, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el trece de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado en la misma fecha, ********************promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como vulnerado el contenido en el artículo 8 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el expediente ********************-III, se admitió a trámite; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, mediante auto de veintidós de junio de misma anualidad, la parte quejosa amplió la demanda y se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda, así como del informe justificado rendido, se desprende que el quejoso reclama de las autoridades siguientes: Al titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. El siguiente acto: Se reclama la omisión de emitir y notificar la respuesta debidamente fundada y motivada a su petición de tres de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, por lo que hace a la ampliación de la demanda, en la cual como actos y autoridades responsables señalo las siguientes: Lic. Omar Chacón Betancourt, del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Ciudad Juárez. El siguiente acto: La falta de fundamentación y congruencia del oficio ********************, de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El representante legal de la responsable, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado negó la existencia de los actos atribuidos, pues manifiesta que con posterioridad a la presentación de la solicitud por parte del quejoso, ese instituto dio la debida respuesta correspondiente. Así, en auto de veinticinco de mayo del año en curso, la responsable, mediante oficio ********************, dio contestación a la solicitud realizada por escrito de tres de marzo de misma anualidad. Al respecto, se toma en cuenta que este juicio de amparo se promovió el trece de abril de dos mil veintitrés, mediante demanda recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y, en el procedimiento de origen, se proveyó en relación a la solicitud realizada por el quejoso, mediante oficio de veinticinco de mayo del año en curso. Por lo tanto, se tiene como existente la omisión reclamada, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitió la responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consisten en copia del oficio ********************, de veinticinco de mayo del año en curso. De tal suerte que, al haberse presentado la demanda de amparo el trece de abril de dos mil veintitrés, es evidente la certeza de los actos omisivos combatidos por el accionante del amparo. En consecuencia, se desvirtúa la negativa y deben tenerse por ciertos los actos que les reclama la parte quejosa; además, que, para corroborar su dicho, la autoridad responsable remitió copia del oficio señalado en párrafos precedentes. Documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, por lo que hace a la autoridad y acto reclamado siguientes: Titular de la Subdelegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. El siguiente acto: La omisión de emitir y notificar la respuesta debidamente fundada y motivada a su petición de tres de marzo de dos mil veintitrés. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causa de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de dar contestación a la solicitud de información presentada por escrito de tres de marzo de dos mil veintitrés. Se afirma lo anterior, pues como se expuso en el considerando tercero, el licenciado Omar Chacón Betancourt, jefe del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Ciudad Juárez, mediante oficio ********************, de veinticinco de mayo del año en curso, dio contestación a la solicitud realizada por escrito de tres de marzo de misma anualidad. Por tanto, se estima que en el caso justiciable han cesado los efectos del acto reclamado en comento, habida cuenta que ya no existe la omisión reclamada, al haberse emitido la contestación al escrito presentado por la quejosa el tres de marzo de dos mil veintitrés y haber quedado enterada del contenido de dicha respuesta. De ahí que, la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente, Jurisprudencia con número de Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que reza de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así mismo, la tesis con número de Registro: No. 197367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71, Tesis: P. CL/97, Tesis Aislada, Materia(s): Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto por lo que hace al acto reclamado motivo del presente análisis, consistente en la omisión de dar contestación a la solicitud de información de que se dio cuenta. Precisado lo anterior, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia diversa a la antes estudiada, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta sentencia por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para esta resolutora. La parte quejosa argumenta, en lo medular, que el oficio reclamado es ilegal, en atención a que con éste se pretende dar respuesta a la petición que formuló; sin embargo, la autoridad responsable no fundó ni motivó la respuesta; aunado a que es incongruente pues no se ocupa de todos los puntos que fueron solicitados. Lo anterior es esencialmente fundado. En el caso concreto, tal como refiere la parte quejosa en sus argumentos, el oficio reclamado no cumple con el requisito de congruencia y exhaustividad con lo pedido. Se afirma así, toda vez que la autoridad responsable, al dar respuesta al escrito de solicitud de información presentado por el hoy quejoso respondió lo siguiente: Por lo que hace al punto cuarto, lo siguiente: CUARTO.- Remita copias del contrato y demás documentos con los que haya solicitado el trámite de apertura, así como del expediente correspondiente. La respuesta fue en el sentido siguiente: Cuarto.- se le solicita entrar al portal patronal de aclaranet, o acudir directamente al área de Recaudación fiscal para que le informen puntualmente de dicho crédito fiscal y las opciones de pago que le pueden ofrecer. Asimismo, por lo que hace al punto sexto, lo siguiente: SEXTO.- Se me indique si existe algún procedimiento por el cobro y el número de expediente. La respuesta fue en el sentido siguiente: Sexto.- si existe un procedimiento administrativo de ejecución tendiente al cobro del crédito fiscal, por lo que se le pide acudir al área de recaudación fiscal donde se le explicara lo concerniente al mismo. De igual manera, por lo que hace al punto séptimo, lo siguiente: SÉPTIMO.- Para el caso de que esa SUBDELEGACIÓN se encuentre impedida para realizar alguno de los trámites descritos en este apartado, solicito que: 1.- Informe las causas, motivos y hechos que le impiden realizar el trámite. 2.- Señale los fundamentos de derecho, en que base tal impedimento. 3.- Señale específica y detalladamente los trámites y procedimientos a los cuales el suscrito se ha de sujetar para cumplir con el objetivo buscado, expresando los fundamentos de derecho o normas de observancia general en que se base para seguir dicho trámite, la autoridad competente para tramitar, dar seguimiento y resolverlo, así como los requisitos necesarios para tenerlos por satisfechos De lo anterior se advierte que la responsable dio contestación parcial, dado que lo hizo en el sentido de que el solicitante podría verificar la información solicitada ingresando al portal de internet, así como solicitarla de manera presencial ante las instalaciones de dicho instituto, sin embargo no da respuesta de manera exhaustiva en relación con todos los puntos solicitados por la parte quejosa. Por lo que se observa falta de congruencia entre lo solicitado por la parte quejosa y las respuestas otorgadas por la autoridad responsable, pues fue omisa en pronunciarse de manera específica respecto todos los puntos contenidos en el escrito mediante el cual se le solicitó la misma, lo cual resulta necesario para acreditar la observancia del artículo 8° Constitucional, en atención al principio de exhaustividad que debe mediar en la respuesta otorgada por el servidor público a quien se le presenta una petición. Lo anterior dado que por lo que hace a la respuesta dada al punto número siete, fue omisa, en establecer de manera fundada y motivada, los motivos y razones de su respuesta. En ese tenor, se evidencia que la comunicación combatida viola lo dispuesto en los artículos 8º de la Constitución Federal, en virtud de que en ésta la autoridad responsable omitió dar una respuesta completa y congruente a la solicitud del promovente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 46, Tomo III, septiembre de 2017, página 1738, de título y subtítulo: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Efectos del amparo. El amparo concedido es para el efecto de que el titular de la Jefatura de Servicios jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, realice lo siguiente: Conteste por escrito, de manera completa y exhaustiva, la solicitud de información y documentos siguiente: "PRIMERO. Se informe al suscrito si existe algún tipo de crédito a mi nombre. SEGUNDO. De ser así, informe que tipo o el nombre de este y la fecha de trámite o apertura. TERCERO. - Se indique el monto o cantidad por la que se apertura. CUARTO.- Remita copias del contrato y demás documentos con los que haya solicitado el trámite de apertura, así como del expediente correspondiente. QUINTO. En caso de existir algún homologo, se me haga del conocimiento. SEXTO.- Se lile indique si existe algún procedimiento por el cobro y el número de expediente. SÉPTIMO.- Para el caso de que esa SUBDELEGACIÓN se encuentre impedida para realizar alguno de los trámites descritos en este apartado, solicito que: 1.- Informe las causas, motivos y hechos que le impiden realizar el trámite. 2.- Señale los fundamentos de derecho, en que base tal impedimento. 3.- Señale específica y detalladamente los trámites y procedimientos a los cuales el suscrito se ha de sujetar para cumplir con el objetivo buscado, expresando los fundamentos de derecho o normas de observancia general en que se base para seguir dicho trámite, la autoridad competente para tramitar, dar seguimiento y resolverlo, así como los requisitos necesarios para tenerlos por satisfechos." Contenidas las anteriores en el derecho de petición formulado ante dicha autoridad. Sin que, de ninguna manera, al verificarse el cumplimiento de la presente resolución deba analizarse la legalidad de lo resuelto por la autoridad, sino que únicamente ésta observe una fundamentación y motivación, pero sin analizar si aquella es debida o indebida; pues en caso de que la parte quejosa no esté de acuerdo con lo resuelto por la autoridad responsable tiene a su alcance los medios de defensa necesarios para hacerlos valer. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 203, de rubro: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". Finalmente, se resalta que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************respecto del acto reclamado y autoridad responsable, así como por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************en contra de las autoridades y por los actos fijados en el considerando segundo de esta sentencia, en los términos del quinto y para los efectos destacados en el diverso considerando sexto. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, el día quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta, abrace cuadernillo para que obre como corresponda, toda vez que el juicio de amparo al que va dirigido se encuentra con audiencia constitucional celebrada, y una vez que se dicte sentencia correspondiente agréguese al expediente, para que surta efectos legales que haya lugar. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, licenciado ******* del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte del licenciado ******* representante del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante refiere haber dado contestación a la petición de la parte quejosa y haber notificado la misma; sin embargo, no remite las constancias relativas, por tanto, a efecto de estar en posibilidad de resolver el presente asunto y en su caso advertir alguna causa de improcedencia que impida que esta juzgadora entre al estudio del fondo del asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al licenciado *******, titular del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su carácter de autoridad responsable, a fin de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados, remita las constancias relativas; apercibido que para el caso de incumplimiento, se le aplicará una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la responsable. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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