Sergio Armando Díaz Saavedra
Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Armando Díaz Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veintidós, se concedió a Sergio Armando Díaz Saavedra, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente a) Dejar insubsistente las fechas y horas señaladas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de los demandados y testimonial -esto es, a las nueve horas del nueve y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente dentro del juicio laboral 126/2019 b) Señale nueva fecha y hora para el desahogo dichas probanzas, las cuales deberán estar apegadas a lo plasmado en el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector En auto de veintiséis de agosto de la presente anualidad, se recibió el oficio signado por Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la determinación dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral J-VI-126/2019, de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que dejó insubsistente la fecha y hora señalada para las pruebas confesionales a cargo de los demandados y testimoniales y señaló nueva y hora para el desahogo dichas probanzas. Con lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sin que lo hubieran hecho, como se advierte de la certificación de cuenta. 3. Conclusión. En tales circunstancias, la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 4.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 5. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Visto lo de cuenta, se tiene al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, remitiendo copia certificada de la determinación dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral J-VI-126/2019, de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. ( Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la citada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; esto es: ". Dejar insubsistente las fechas y horas señaladas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de los demandados y testimonial -esto es, a las nueve horas del nueve y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente-, dentro del juicio laboral 126/2019; Señale nueva fecha y hora para el desahogo dichas probanzas, las cuales deberán estar apegadas a lo plasmado en el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo.". Atento al sentido del fallo protector, se solicita atentamente a dicha autoridad tenga a bien cumplir con lo indicado en el plazo referido, pues de lo contrario este juzgador se verá en la necesidad de proceder en términos de los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurran en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 605/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por Sergio Armando Díaz Saavedra por propio derecho; 2. Auto de tres de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se admitió a trámite la demanda de amparo; 3. Constancia de notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación; y, 4. Informe justificado rendido por la autoridad responsable. Finalmente, se da cuenta a la Juez con el pedimento registrado con el número 11577. A lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe y otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. En relación con el llamamiento de algún tercero interesado, se levanta la reserva y se provee: visto el contenido de los informes con justificación, se determina que no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no existe alguna persona a quien recaiga el carácter de tercero interesado que deba ser llamado a esta instancia constitucional. Finalmente, visto el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por el cual formula alegatos; mismos que se ordena relacionar en la etapa procesal correspondiente. Además, Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que solicita, previo recibo que se deje en autos. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: el secretario hace constar que únicamente la fiscal de la Federación adscrita hizo manifestaciones en esta vía. Al efecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación formulando alegatos y por perdido el derecho del resto de las partes en formularlos. Se levanta la presente acta para constancia legal, se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 605/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dos de junio de dos mil veintidós, Sergio Armando Díaz Saavedra presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 605/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora: El señalamiento de una fecha remota para el desahogo de la prueba confesional y testimonial ofrecidas dentro del juicio laboral 126/2019; lo que ha traído como consecuencia la dilación en la resolución del sumario laboral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal responsable, ya que así lo manifestó al momento de rendir el informe justificado; además, de las propias manifestaciones que obran en el mismose advierte la certeza del acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 308/2013. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Extemporaneidad La responsable afirma que la acción constitucional se instó de manera extemporánea, ya que se presentó fuera del plazo de quince días; sin embargo, tal causal resulta infundada. El artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, 18, y 19, todos de la Ley de Amparo, prevén la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo. Esto, ya que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, mismos que consisten en aquéllos contra los que no se promueva la acción constitucional dentro de los plazos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Así, esta causa de improcedencia tiene su explicación y su fundamento racional en el hecho de que, cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado; no obstante, si deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume la conformidad con el acto. Sin embargo, el señalamiento de una fecha lejana para el verificativo de una prueba en un juicio laboral es un acto de tracto sucesivo, respecto del cual no aplica el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo; esto, ya que la violación aducida se actualiza de momento a momento, pues se genera una abierta dilación para la tramitación del juicio. Así, para efectos del cómputo para la promoción del juicio de amparo, no se agota con la emisión del auto que contiene el señalamiento correspondiente, sino que produce una afectación directa y material al derecho fundamental de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional; lo que se traduce en una paralización del procedimiento que se prolonga en el tiempo hasta que se desahogue la prueba. Motivos por los cuales, resulta infundada la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada I.8o.T.2 L (11a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SEA FUERA DEL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO ES LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA POR LA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL. Hechos: El promovente de un juicio de amparo indirecto interpuso recurso de queja contra el auto por el que el Juez de Distrito desechó la demanda, al considerar que a la fecha de su presentación ya había fenecido el plazo de 15 días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. En la demanda se señaló como acto reclamado el acuerdo por el que la Junta fijó una fecha excesivamente lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es oportuna la presentación de la demanda de amparo indirecto aun cuando sea fuera del plazo de 15 días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, si el acto reclamado es la determinación de la Junta por la que señala una fecha excesivamente lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Justificación: Ello es así, pues la fijación de una fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones excesivamente lejana, genera una abierta dilación en la tramitación del juicio, que no se agota con la emisión del auto que contiene el señalamiento correspondiente, sino que produce una afectación directa y material al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como un derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."; en tal virtud, el acto que se analiza debe considerarse como de tracto sucesivo, dado que implica una paralización del procedimiento que se prolonga en el tiempo, hasta que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones". Inactualización de diversos motivos de improcedencia Realizado el estudio de las causas de improcedencia formuladas por las partes, esta juzgadora inadvierte que se actualice alguna diversa que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa sustancialmente arguye que como la Junta responsable señaló una fecha lejana para el verificativo de las pruebas confesionales a cargo de los demandados y testimonial -esto es, a las nueve horas del nueve y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente-, dentro del juicio laboral 126/2019; ello viola flagrantemente su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal. El motivo de discrepancia es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. En efecto, los artículos 686, 878, fracción VIII, 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, aplicables al momento en que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado, conforme al artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en lo medular disponen que el proceso del trabajo se sustanciará en los términos previstos en la ley; y, en el caso concreto, al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Hecho lo anterior, el desahogo de las pruebas se verificará dentro de los diez días hábiles siguientes, o bien, si por la naturaleza del medio de convicción no es posible su desahogo en una sola audiencia, se señalarán días y horas correspondientes; caso en el cual, no podrá excederse el plazo de treinta días. . En ese contexto, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el ahora quejoso presentó demanda laboral, correspondiendo conocer de dicha demanda a la Junta responsable, asignándosele el número de juicio laboral 126/2019, y que seguido por sus etapas correspondientes, el treinta de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Agotada esta etapa, se admitieron los medios de convicción correspondientes y en esa data fijaron las nueve horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la confesional a cargo de los demandados; en tanto que, el cinco de abril del año en curso, señaló las nueve horas del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para el verificativo de la prueba testimonial. En este sentido, es evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues se advierte que de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, transcurrirá más de once meses, a la fecha que señaló para el desahogo de dichas pruebas; lo que contraviene lo dispuesto en el numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo aplicable. Lo expuesto demuestra que la Junta laboral origina retardo en la tramitación del juicio de origen al no haber señalado una fecha más cercana y fijar un plazo excesivo para el desahogo de la audiencia en mención; con lo cual se evidencia la paralización del procedimiento, que resulta violatorio del derecho fundamental de justicia pronta y expedita. En ese contexto, es evidente que la junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Sergio Armando Díaz Saavedra, la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente resolución o sea confirmada por un tribunal superior, el Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, deberá: Dejar insubsistente las fechas y horas señaladas para el desahogo de las pruebas confesionales a cargo de los demandados y testimonial -esto es, a las nueve horas del nueve y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente-, dentro del juicio laboral 126/2019; Señale nueva fecha y hora para el desahogo dichas probanzas, las cuales deberán estar apegadas a lo plasmado en el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sergio Armando Díaz Saavedra, por la omisión atribuida al Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, por las razones precisadas en el considerando quinto y para los efectos asentados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando séptimo, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Sergio Adthael de la Paz Pérez9/2021
- Sergio Alejandro Comparan Gasca169/2018
- Sergio Alejandro Comparan Gasca.997/2017
- Sergio Antonio Arreguin Villa1258/2022
- Sergio Apolonio Guizar Ayala1309/2022
- Sergio Armando Díaz Saavedra1126/2019
- Sergio Arturo Rendon Leal1119/2022
- Sergio Bazan Silva606/2023
- Sergio Cardona Espinosa550/2020
- Sergio Cervantes Conde1002/2023
- Sergio Daniel Solorio Méndez1331/2022
- Sergio Díaz Manríquez1443/2022