Sergio Apolonio Guizar Ayala

Expediente 1309/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1309/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Sergio Apolonio Guizar Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta se desprende que no fue impugnado en legal término el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración de expedientes. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, con apoyo en el artículo 21, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo que antecede, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el juicio, conforme a lo establecido en el referido numeral. 3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas, ante ello, no se actualiza el primer supuesto del artículo 87 de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que constituye la negativa expresa a eliminar los años de impuesto predial de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto del predio urbano inscrito a nombre del extinto Heriberto Guizar Castro en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, con número de cuenta U039075, con clave catastral 069-001-99-045-579-00-000, así como la aplicación de recargos, multas, actualización y gastos de ejecución. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público y preferente, de conformidad con el precepto legal 62 de ese propio ordenamiento jurídico. En ese tenor, el precepto legal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, con la condición de que causen un agravio no reparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del artículo, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable a través de algún medio de defensa legal, lo cual lleva implícito el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción de la instancia Constitucional. Esto es, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o a través de la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con iguales alcances que los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los en ella consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Tal precisión implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad administrativa competente, a fin de que ésta agote las facultades que le corresponden, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad común. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de "actos definitivos", en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia - también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente, en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la última de ellas. En la especie, se reclama el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que constituye la negativa expresa de eliminar los años de impuesto predial de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto del predio urbano inscrito a nombre del extinto Heriberto Guizar Castro, en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, con número de cuenta U039075, con clave catastral 069-001-99-045-579-00-000, así como la aplicación de recargos, multas, actualización y gastos de ejecución, documento que adjuntó al escrito de demanda, en el que se le hace del conocimiento al quejoso los motivos, razones y fundamentos por los que no opera la prescripción que solicita. Ahora, el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, en el Capítulo IV, denominado "De los Recursos Administrativos", en particular en el artículo 457, dispone: "ARTÍCULO 457.- Los actos y resoluciones emitidos por las autoridades, que afecten el interés jurídico de los particulares, podrán ser impugnados en los términos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y la Ley Orgánica Municipal, según corresponda." Por su parte, los artículos 205, 206, 207 y 216 a 221 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 205. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por la Presidenta o Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnados mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Artículo 206. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. Artículo 207. Tratándose de actos y resoluciones que emitan la Presidenta o Presidente Municipal y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el recurso de revisión podrá interponerse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, bajo la reglamentación correspondiente. CAPÍTULO XLI DEL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN Artículo 216. El recurso de revisión, se tramitará conforme a lo establecido en esta Ley y en lo no previsto, se aplicará supletoriamente el Código de Justicia Administrativa. Artículo 217. El recurso de revisión, se interpondrá por escrito, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto haya ocurrido o se tenga conocimiento del mismo, o bien, haya surtido efectos la notificación de la resolución que se impugna. Artículo 218. El escrito a través del cual se interponga el recurso de revisión, contendrá los siguientes requisitos: I. El nombre, denominación o razón social y domicilio del inconforme y en su caso, de quien promueve en su nombre; II. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; III. La manifestación del particular, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que impugna; IV. La descripción clara y sucinta de los hechos o razones que den motivo al recurso; V. Los conceptos de violación o en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; VI. Las pruebas que en su caso ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; VII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión; VIII. El domicilio para oír notificaciones, el cual deberá ser dentro de la ciudad de residencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso o en su caso, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; y, IX. Cuando no se gestione en nombre propio, el carácter con el que ocurre. Artículo 219. Recibido el escrito de revisión, se abrirá un término de prueba de diez días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan admitido y ofrecido. Artículo 220. Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de cinco días hábiles dictará resolución. La notificación personal se hará directamente al recurrente, si acude a las oficinas de la autoridad, o en el domicilio señalado para tal efecto, o bien, por correo certificado con acuse de recibo; las demás notificaciones se harán por estrados. Artículo 221. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada." Del primero de los preceptos legales transcritos, se desprende que, contra los actos emitidos por las autoridades municipales que afecten los intereses de los particulares, con fundamento en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, procederá el recurso previsto en los términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, el recurso de revisión. Asimismo, de los demás preceptos se observa, que el aludido recurso de revisión se presentará ante el propio Ayuntamiento, donde el Secretario de este último fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente, o bien, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Además, que la interposición de ese medio de impugnación suspenderá la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. En ese orden de ideas, si el artículo 457 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, prevé como recurso ordinario el recurso de revisión que regula la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para impugnar los actos emitidos por las autoridades municipales, dictados con apoyo en las disposiciones de ese Código, como acontece en la especie, dado que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que negó eliminar los años de impuesto predial de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto del predio urbano inscrito a nombre del extinto Heriberto Guizar Castro en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, con número de cuenta U039075, con clave catastral 069-001-99-045-579-00-000, así como la aplicación de recargos, multas, actualización y gastos de ejecución, emitido por las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de La Piedad, Michoacán, en la que declaró entre otras determinaciones improcedente la solicitud para que se retiren los años prescritos del impuesto predial y descuento en recargos y multas, debido a que no cumple con los requisitos señalados por el Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitado por el quejoso en cuanto albacea testamentario de Heriberto Guizar Castro, con apoyo en los artículos 277, fracción III y 422, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, y en razón a que el objeto de ese medio de impugnación es revocar, modificar o confirmar el acto aquí reclamado, es evidente que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar tal medio de defensa, previo a la interposición del presente juicio de amparo. Máxime que, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que regula el procedimiento del aludido recurso de revisión, al interponerse el recurso de revisión de que se trata, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión. En apoyo de lo anterior aplica, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". En efecto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que no existe obligación de agotar el recurso procedente cuando la ley que rige el acto reclamado exige más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 221 de la Ley Municipal del Estado de Michoacán vigente, prevé la suspensión del acto impugnado a través del recurso de revisión antes referido y lo hace sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Es así, porque el aludido precepto legal, transcrito previamente, dispone que la interposición del recurso de revisión podrá suspender la ejecución del acto impugnado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 132, establece los requisitos para decretar la suspensión de los actos reclamados, pues sobre el particular dispone: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "ARTÍCULO 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". El examen comparativo de la disposición legal de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de las diversas de la Ley de Amparo, tratándose de los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado, lleva a la conclusión de que no son mayores las condiciones establecidas en el ordenamiento citado en primer término, que las que se consignan en los mencionados preceptos de la ley de la materia. Tampoco es obstáculo para tener por acreditada la causal de improcedencia invocada, lo relativo a la falta de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, toda vez que si bien es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, otra excepción al principio de definitividad lo constituyen aquellos casos en los que el acto reclamado carece de fundamentación, también lo es que, para que un acto sea considerado carente de este requisito, la autoridad que lo haya emitido debió omitir totalmente invocar el precepto que justifique el acto de molestia o privación, caso en el cual se estima que no existe obligación de agotar un recurso, por desconocer los fundamentos del acto y, por ende, la ley que lo rige. Empero, en el caso, específicamente, del acuerdo reclamado, se advierte que la autoridad responsable sí invocó el fundamento de su determinación, ya que la apoyó, en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Lo que implica que el acto no carece de absoluta fundamentación, motivo por el cual sí existe obligación de agotar el recurso ordinario que establece dicha ley que lo rige. Sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente rubro y texto: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia". Igualmente, no obsta para resolver como se hace, el hecho de que la parte quejosa aduzca, en sus motivos de inconformidad, violaciones directas a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto que además esas violaciones directas a la Constitución Federal, también alega cuestiones de legalidad, al señalar que se transgreden los artículos 17 y 123 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 449, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Se cita también la tesis aislada XXX.1o.3 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, cuyo contenido es: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga". En ese contexto, ciertamente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que en contra del oficio reclamado procede el recurso de revisión ante el propio Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, o bien, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; por tanto, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues como ya se ha visto, en la especie no se actualizó excepción alguna para relevar al impetrante de aquella carga. Resulta aplicable la tesis aislada VI.1o.A.40 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad". Además, el oficio reclamado no conlleva violación a los derechos humanos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal y tampoco importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE ASUNTO, por lo que queda insubsistente la fecha señalada para audiencia constitucional. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SERGIO APOLONIO GUIZAR AYALA EN CUANTO ALBACEA TESTAMENTARIO DE HERIBERTO GUIZAR CASTRO LA DETERMINACION DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que constituye la negativa expresa a eliminar los años de impuesto predial de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto del predio urbano inscrito a nombre del extinto Heriberto Guizar Castro en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, con número de cuenta U039075, con clave catastral 069-001-99-045-579-00-000, así como la aplicación de recargos, multas, actualización y gastos de ejecución. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público y preferente, de conformidad con el precepto legal 62 de ese propio ordenamiento jurídico. En ese tenor, el precepto legal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, con la condición de que causen un agravio no reparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del artículo, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable a través de algún medio de defensa legal, lo cual lleva implícito el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción de la instancia Constitucional. Esto es, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o a través de la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con iguales alcances que los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los en ella consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Tal precisión implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad administrativa competente, a fin de que ésta agote las facultades que le corresponden, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad común. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de "actos definitivos", en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia - también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente, en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la última de ellas. En la especie, se reclama el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que constituye la negativa expresa de eliminar los años de impuesto predial de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto del predio urbano inscrito a nombre del extinto Heriberto Guizar Castro, en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, con número de cuenta U039075, con clave catastral 069-001-99-045-579-00-000, así como la aplicación de recargos, multas, actualización y gastos de ejecución, documento que adjuntó al escrito de demanda, en el que se le hace del conocimiento al quejoso los motivos, razones y fundamentos por los que no opera la prescripción que solicita. Ahora, el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, en el Capítulo IV, denominado "De los Recursos Administrativos", en particular en el artículo 457, dispone: "ARTÍCULO 457.- Los actos y resoluciones emitidos por las autoridades, que afecten el interés jurídico de los particulares, podrán ser impugnados en los términos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y la Ley Orgánica Municipal, según corresponda." Por su parte, los artículos 205, 206, 207 y 216 a 221 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 205. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por la Presidenta o Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnados mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Artículo 206. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. Artículo 207. Tratándose de actos y resoluciones que emitan la Presidenta o Presidente Municipal y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el recurso de revisión podrá interponerse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, bajo la reglamentación correspondiente. CAPÍTULO XLI DEL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN Artículo 216. El recurso de revisión, se tramitará conforme a lo establecido en esta Ley y en lo no previsto, se aplicará supletoriamente el Código de Justicia Administrativa. Artículo 217. El recurso de revisión, se interpondrá por escrito, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto haya ocurrido o se tenga conocimiento del mismo, o bien, haya surtido efectos la notificación de la resolución que se impugna. Artículo 218. El escrito a través del cual se interponga el recurso de revisión, contendrá los siguientes requisitos: I. El nombre, denominación o razón social y domicilio del inconforme y en su caso, de quien promueve en su nombre; II. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; III. La manifestación del particular, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que impugna; IV. La descripción clara y sucinta de los hechos o razones que den motivo al recurso; V. Los conceptos de violación o en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; VI. Las pruebas que en su caso ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; VII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión; VIII. El domicilio para oír notificaciones, el cual deberá ser dentro de la ciudad de residencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso o en su caso, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; y, IX. Cuando no se gestione en nombre propio, el carácter con el que ocurre. Artículo 219. Recibido el escrito de revisión, se abrirá un término de prueba de diez días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan admitido y ofrecido. Artículo 220. Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de cinco días hábiles dictará resolución. La notificación personal se hará directamente al recurrente, si acude a las oficinas de la autoridad, o en el domicilio señalado para tal efecto, o bien, por correo certificado con acuse de recibo; las demás notificaciones se harán por estrados. Artículo 221. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada." Del primero de los preceptos legales transcritos, se desprende que, contra los actos emitidos por las autoridades municipales que afecten los intereses de los particulares, con fundamento en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, procederá el recurso previsto en los términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, el recurso de revisión. Asimismo, de los demás preceptos se observa, que el aludido recurso de revisión se presentará ante el propio Ayuntamiento, donde el Secretario de este último fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente, o bien, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Además, que la interposición de ese medio de impugnación suspenderá la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. En ese orden de ideas, si el artículo 457 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, prevé como recurso ordinario el recurso de revisión que regula la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para impugnar los actos emitidos por las autoridades municipales, dictados con apoyo en las disposiciones de ese Código, como acontece en la especie, dado que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que negó eliminar los años de impuesto predial de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto del predio urbano inscrito a nombre del extinto Heriberto Guizar Castro en la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, con número de cuenta U039075, con clave catastral 069-001-99-045-579-00-000, así como la aplicación de recargos, multas, actualización y gastos de ejecución, emitido por las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de La Piedad, Michoacán, en la que declaró entre otras determinaciones improcedente la solicitud para que se retiren los años prescritos del impuesto predial y descuento en recargos y multas, debido a que no cumple con los requisitos señalados por el Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitado por el quejoso en cuanto albacea testamentario de Heriberto Guizar Castro, con apoyo en los artículos 277, fracción III y 422, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, y en razón a que el objeto de ese medio de impugnación es revocar, modificar o confirmar el acto aquí reclamado, es evidente que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar tal medio de defensa, previo a la interposición del presente juicio de amparo. Máxime que, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, que regula el procedimiento del aludido recurso de revisión, al interponerse el recurso de revisión de que se trata, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión. En apoyo de lo anterior aplica, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". En efecto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que no existe obligación de agotar el recurso procedente cuando la ley que rige el acto reclamado exige más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 221 de la Ley Municipal del Estado de Michoacán vigente, prevé la suspensión del acto impugnado a través del recurso de revisión antes referido y lo hace sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Es así, porque el aludido precepto legal, transcrito previamente, dispone que la interposición del recurso de revisión podrá suspender la ejecución del acto impugnado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 132, establece los requisitos para decretar la suspensión de los actos reclamados, pues sobre el particular dispone: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "ARTÍCULO 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". El examen comparativo de la disposición legal de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de las diversas de la Ley de Amparo, tratándose de los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado, lleva a la conclusión de que no son mayores las condiciones establecidas en el ordenamiento citado en primer término, que las que se consignan en los mencionados preceptos de la ley de la materia. Tampoco es obstáculo para tener por acreditada la causal de improcedencia invocada, lo relativo a la falta de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, toda vez que si bien es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, otra excepción al principio de definitividad lo constituyen aquellos casos en los que el acto reclamado carece de fundamentación, también lo es que, para que un acto sea considerado carente de este requisito, la autoridad que lo haya emitido debió omitir totalmente invocar el precepto que justifique el acto de molestia o privación, caso en el cual se estima que no existe obligación de agotar un recurso, por desconocer los fundamentos del acto y, por ende, la ley que lo rige. Empero, en el caso, específicamente, del acuerdo reclamado, se advierte que la autoridad responsable sí invocó el fundamento de su determinación, ya que la apoyó, en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán. Lo que implica que el acto no carece de absoluta fundamentación, motivo por el cual sí existe obligación de agotar el recurso ordinario que establece dicha ley que lo rige. Sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente rubro y texto: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia". Igualmente, no obsta para resolver como se hace, el hecho de que la parte quejosa aduzca, en sus motivos de inconformidad, violaciones directas a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto que además esas violaciones directas a la Constitución Federal, también alega cuestiones de legalidad, al señalar que se transgreden los artículos 17 y 123 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 449, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Se cita también la tesis aislada XXX.1o.3 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, cuyo contenido es: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga". En ese contexto, ciertamente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que en contra del oficio reclamado procede el recurso de revisión ante el propio Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, o bien, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; por tanto, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues como ya se ha visto, en la especie no se actualizó excepción alguna para relevar al impetrante de aquella carga. Resulta aplicable la tesis aislada VI.1o.A.40 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad". Además, el oficio reclamado no conlleva violación a los derechos humanos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal y tampoco importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE ASUNTO, por lo que queda insubsistente la fecha señalada para audiencia constitucional. Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Presidente Municipal y representante del Cabildo del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Financiamiento, y Patrimonio, al Tesorero Municipal, y al Director de la Dirección de la Propiedad Inmobiliaria, todos del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, rindiendo informe justificado; con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 2.1. Prueba documental. Se tiene a las citadas autoridades remitiendo como complemento de su informe, copia certificada del requerimiento del Crédito Fiscal del predio materia del presente juicio, así como del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal de La Piedad, Michoacán, que constituye el acto reclamado; con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza; además, con dichas documentales se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerla por recibidas en ese acto. 1.1. Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

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