Sergio Díaz Manríquez

Expediente 1443/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1443/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Sergio Díaz Manríquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Tribunal acusa recibo. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, atento a su contenido, se le tiene acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por Jesús Raúl Martínez Pérez, autorizado del quejoso José Raúl Martínez Pérez, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, el cual se registró como revisión administrativa 121/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por José Raúl Martínez Pérez, autorizado del quejoso Sergio Díaz Manríquez, en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, dentro del presente juicio. 1.1. Distribúyase entre las partes, copia del escrito de agravios y, una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, dentro del término de tres días, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, el escrito de agravios, copia del mismo y del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1443/2022, promovido por Sergio Díaz Manríquez, por propio de derecho y en cuanto representante legal de la persona moral denominada "SERVISEGPROSDM, Sociedad Anónima de Capital Variable", por alegada violación de los artículos 1o, 8o, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a Luis Roberto Rosiles Soberanis, Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda y escrito de ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama: De Luis Roberto Rosiles Soberanis, Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado: ( La omisión de dar contestación a la petición realizada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, a través de la cual solicitó que se le diera a conocer si dentro de las determinaciones tomadas en reunión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, era obligatorio o no, que el personal que pertenece a la asociación civil quejosa, se someta al examen de control de confianza, ya que el servicio que presta esa negociación, es sin arma de fuego. ( El acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se da contestación a su escrito de petición, en el sentido de pretender imponerle la obligación de realizar "evaluación de control de confianza" en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza. Del Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: ( Ordenar por medio de sus subalternos en reunión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el de imponer a la persona moral quejosa, la obligación de realizar "evaluación de control de confianza" en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Actos cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados al Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ya que así lo manifestaron categóricamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que en el presente contradictorio federal exista medio de prueba que resulte idóneo y eficaz para desvirtuar tales negativas. Así, ante la negativa externada por dichas autoridades responsables al rendir los informes en torno a los actos que les fue atribuido, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2o, básicamente porque en esas condiciones tales autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si las autoridades de mérito negaron haber ordenado a sus subalternos imponer a la persona moral quejosa, la obligación de realizar "evaluación de control de confianza" en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza; y, la parte promovente no desvirtuó tal negativa ni acreditó su existencia con prueba alguna; resulta evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, resulta inexistente el acto que nos ocupa, únicamente por lo que se refiere a las autoridades aludidas. Sin que en la especie se pueda llegar a la conclusión de que las autoridades responsables Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al ser superiores jerárquicos del Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; puedan, por ese sólo hecho, estar vinculados directamente a la emisión del acto reclamado de sus subalternos. Sirve de apoyo a lo anterior, por ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo." En congruencia con lo anterior, lo procedente en la especie es sobreseer en este juicio de amparo respecto al acto reclamado a las citadas autoridades responsables, en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir sus informes justificados tanto del escrito inicial de demanda, como de la ampliación. Existencia que se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad junto con su informe las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." I. Cesación de efectos. En relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que si bien es verdad que a la fecha en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo no había dado respuesta al escrito referido, lo cierto es que el cinco de enero de dos mil veintitrés, le notificó la respuesta de seis de diciembre del año inmediato anterior, con lo que considera han cesado los efectos del acto reclamado. Es fundada la causal de improcedencia invocada. En efecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento; y que también cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y de ningún modo dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de improcedencia se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado en su escrito inicial de demanda, la omisión por parte de la autoridad responsable de dar una respuesta a su escrito de petición de cinco de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó que se le diera a conocer si dentro de las determinaciones tomadas en reunión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, era obligatorio o no, que el personal que pertenece a la asociación civil quejosa, se sometiera al examen de control de confianza, ya que el servicio que presta esa negociación, es sin arma de fuego. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, se advierte que con fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que atendió la petición de la quejosa en escrito de cinco de diciembre de ese año, en los términos siguientes: "PRIMERO. Agréguese el escrito de referencia a las constancias que integran el expediente de la persona moral denominada "SERVISEGPROSDM, S.A. de C.V." con número de registro de autorización SSPSP-100082021, para que corresponda. SEGUNDO. El C. Sergio Díaz Manríquez, representante legal de la persona moral denominada "SERVISEGPROSDM, S.A. de C.V." solicita se le informe si las evaluaciones realizadas por el Centro Estatal de Acreditación, Control y Confianza son obligatorias para el personal operativo que integra la empresa a la cual representa, eso debido a que el servicio que presta la negociación denominada "SERVISEGPROSDM, S.A. de C.V." es sin arma de fuego. TERCERO. .se le hace de su conocimiento que las evaluaciones realizadas por el Centro Estatal de Acreditación, Control y Confianza, son obligatorias para el personal operativo que integra la empresa denominada "SERVISEGPROSDM, S.A. de C.V.", siempre y cuando se solicite a esta Dirección la autorización o revalidación para prestar servicios de seguridad privada en el Estado de Michoacán de Ocampo. Es importante mencionar que es un requisito indispensable y el cual se encuentra establecido en los artículos 23 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra reza: (lo transcribe) (.)" De igual forma, de las referidas constancias se advierte que el cinco de enero de dos mil veintitrés, se notificó a la persona aquí quejosa esa determinación, lo que se hizo mediante cédula de notificación por instructivo, fijado en la puerta; lo cual incluso se corrobora con el propio dicho de la parte quejosa en el escrito por el que compareció a ampliar su demanda de amparo. Bajo ese panorama, es evidente que el acto reclamado, consistente únicamente en la omisión de dar respuesta al escrito de petición formulado por la parte quejosa, quedó sin efectos con motivo de la emisión del acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, notificado el cinco de enero de dos mil veintitrés; con lo cual, la violación alegada dejó de surtir sus efectos. En ese contexto, respecto de la omisión de dar respuesta al escrito de petición de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio respecto del referido acto omisivo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. II. Falta de interés. Ahora, respecto del diverso acto reclamado a Luis Roberto Rosiles Soberanis, Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se dio contestación al escrito de petición realizado por la parte quejosa, en el sentido de pretender imponerle la obligación de realizar "evaluación de control de confianza" en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza; este órgano de control constitucional advierte oficiosamente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; [.]". Al respecto debe señalarse que los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República; y, 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, quien acredite la afectación virtud su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Aunque dichos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, debe tener interés jurídico para instar la vía constitucional, de ahí que, en esos supuestos, se descarta la posibilidad de alegar interés legítimo. En concordancia con lo anterior, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. De tal manera, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva la esfera jurídica del quejoso, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. En esa virtud, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. Lo anterior tiene sustento en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El interés legítimo refiere al vínculo entre ciertos derechos fundamentales y determinada persona, sin que a ésta asista alguna facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sin embargo, está en aptitud de expresar agravio diferenciado al resto de la sociedad, al tratarse de interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; de tal forma que la eventual protección constitucional le represente beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Bajo este contexto, cuando la eventual protección constitucional no represente al amparista algún beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, entonces no existe interés legítimo para instar la vía constitucional. Por tanto, contra cualquier acto derivado de autoridades diversas a tribunales, basta que el quejoso alegue y demuestre el interés legítimo; empero, ello no descarta la posibilidad de invocar interés jurídico, evento en el cual el estudio correspondiente debe circunscribirse en determinar si tal extremo está o no acreditado, sin necesidad de emprender el análisis de la demostración del interés legítimo, al no ser el sustento de la pretensión. Lo anterior se deriva de la primera parte de la jurisprudencia recién transcrita, donde en forma clara el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En el caso en particular, Sergio Díaz Manríquez, por propio de derecho y en cuanto representante legal de la persona moral denominada "SERVISEGPROSDM, Sociedad Anónima de Capital Variable", reclama del Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, el pretender obligarla para que sus elementos de seguridad privada realicen una evaluación de control de confianza en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Sin embargo, debe decirse que tal acto no genera a la parte aquí quejosa un agravio definitivo y, por ello, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, ya que la sola determinación de seis de diciembre de dos mil veintidós, a través de la cual, la responsable hace del conocimiento de la aquí quejosa a través de su representante, que las evaluaciones realizadas por el Centro Estatal de Acreditación, Control y Confianza, son obligatorias para el personal operativo que integra la empresa "SERVISEGPROSDM, S.A. de C.V." que representa, no causa por sí misma un agravio directo en la esfera jurídica de la impetrante de amparo. Ello, al tomar en consideración que la obligación de presentar una evaluación de control y confianza se encuentra supeditada a la solicitud que previamente realice el prestador de servicios de seguridad privada ante la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, ya sea ésta una solicitud inicial la cual cuenta con una vigencia de un año en términos del artículo 15 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, o una solicitud de revalidación. Lo anterior, incluso fue señalado expresamente por la autoridad responsable en el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós aquí reclamado, por el que dio respuesta al escrito de petición formulado por la parte quejosa y en el que expuso: ".se le hace de su conocimiento que las evaluaciones realizadas por el Centro Estatal de Acreditación, Control y Confianza, son obligatorias para el personal operativo que integra la empresa denominada "SERVISEGPROSDM, S.A. de C.V.", siempre y cuando se solicite a esta Dirección la autorización o revalidación para prestar servicios de seguridad privada en el Estado de Michoacán de Ocampo.". (Énfasis es añadido). Lo que se ve robustecido con lo previsto en los artículos 10, fracción IV, 13, 14, 15, 16, fracción I, y 17 de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Michoacán de Ocampo, de cuyo contenido se desprende: "ARTÍCULO 10. La autorización para prestar servicios de seguridad privada deberá cumplir y mantener los siguientes requisitos: (.) IV. Solicitar por escrito la autorización para una o más de las modalidades a que se refiere esta Ley; (.) ARTÍCULO 13. El interesado presentará solicitud por escrito ante la Secretaría y demostrará cumplir con todos los requisitos señalados, y ésta a su vez, contará con treinta días para determinar la autorización correspondiente, misma que será otorgada una vez completo el expediente, sólo hasta ese momento expedirá la autorización correspondiente y las identificaciones que portarán los elementos de seguridad privada. ARTÍCULO 14. La autorización correspondiente será anual, personal e intransferible, especificará los datos del prestador del servicio, el nombre comercial, domicilio, la modalidad autorizada, número de registro, año de validez; deberá ser puesta a la vista del público en general tanto en las oficinas correspondientes como en los vehículos identificados. ARTÍCULO 15. Las autorizaciones que otorgue la Secretaría, tendrán vigencia de un año calendario, pudiendo ser revalidadas para el siguiente año, suspendidas o canceladas en cualquier tiempo. ARTÍCULO 16. El procedimiento para la revalidación será de la siguiente manera: I. El prestador del servicio podrá solicitar dentro de los veinte días hábiles previos a la conclusión de su vigencia, mediante escrito dirigido a la Secretaría, acompañando todos los documentos que modifiquen cualesquier circunstancia; (.) ARTÍCULO 17. La Secretaría formará y llevará el Registro de prestadores de servicios y elementos de seguridad privada. El Registro contendrá la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores del servicio del personal que desempeñe cargos directivos, administrativos, elementos y de los socios, así como toda aquella información relativa a las funciones e identificación de los mismos, los contratos celebrados, los lugares en que se prestan los servicios de seguridad privada y su capacidad operativa. De lo anterior transcrito, se aprecia que los entes de seguridad privada que requieran prestar dicho servicio, deben presentar -entre otros requisitos- una solicitud ya sea ésta inicial o una de revalidación, a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, proceda a realizar conforme a sus facultades el procedimiento de regulación. No obstante, de las constancias de autos, ni de lo informado por la parte quejosa en su escrito demanda o ampliación se advierte que ésta haya realizado una solicitud ya sea inicial o de revalidación para adquirir la autorización correspondiente; por ende, se considera que no se ha situado en el supuesto actual y real de que le sea exigible la obligación de que su personal realice la evaluación de control y confianza de que se queja. Aunado a ello, no está por demás señalar que suponiendo que exista la solicitud a que se ha hecho referencia, de cualquier manera puede acontecer que los elementos de seguridad privada que integran la sociedad quejosa una vez efectuada la evaluación de que se habla, la autoridad señalada como responsable -Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Michoacán-, emita un resultado aprobatorio, en cuyo caso ninguna afectación se irrogaría en su perjuicio. Supuestos de los que se permite concluir, que la sola determinación de seis de diciembre de dos mil veintidós reclamada en la presente instancia constitucional, no produce agravio definitivo alguno al promovente del amparo, sino que únicamente representa la posibilidad de que en un futuro, dependiendo de la presentación o no de la solicitud, del resultado del procedimiento de regulación; y en su caso, del resultado de la propia evaluación. Por tanto, mientras ello no acontezca, no se materializará un perjuicio real y definitivo sobre la esfera jurídica de la parte quejosa. Bajo ese contexto, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Sergio Díaz Manríquez, por propio de derecho y en cuanto representante legal de la persona moral denominada "SERVISEGPROSDM, Sociedad Anónima de Capital Variable", conforme a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión de este fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Desahoga vista, se impone al contenido de informe justificado. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Sergio Díaz Manríquez; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista dada con el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y se le tiene por hechas las manifestaciones a que se refiere, lo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano