Sergio Daniel Solorio Méndez

Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1331/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Sergio Daniel Solorio Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos exhibidos. Toda vez que la parte quejosa exhibió constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Sergio Daniel Solorio Méndez, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1331/2022. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contempladas en el aludido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. En el caso específico, la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II, de la Subprocuraduría Regional de La Piedad, Michoacán, con sede en Puruándiro, Michoacán, la omisión de dictar auto de "judicialización o no" de la carpeta de investigación 1003202101036, con número de expediente MOR/053/20626/2021, empero, de una interpretación de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que de lo que se duele el quejoso es que habiendo tenido acceso a los registros de la carpeta de investigación, particularmente, a los dictámenes periciales, los que a su consideración serían suficientes para que el órgano investigador decrete el no ejercicio de la acción penal y, al no hacerlo, en la base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública, sigue apareciendo como imputado, lo que le impide realizar la gestión de trámites, como por ejemplo, la expedición de la carta de no antecedentes penales. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala que: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Precepto que acota su notificación exclusivamente a la la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución; sin embargo, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales, entre los que se encuentran los del imputado, en términos del artículo 105, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales , durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de las partes, de conformidad con la tutela que prevé el artículo 134, fracción II del citado ordenamiento . En apoyo a lo anterior es de invocar el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido." Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, concluyó que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación sí entran en el rango de las determinaciones y el objeto del recurso innominado; por lo tanto, debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, que coincide en lo sustancial con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que determinó que tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Consecuentemente, previo a la promoción del presente juicio, se debió agotar el recurso ordinario de defensa, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones el ubicado en el número 62, interior 22, de la calle Leona Vicario, colonia Centro y autorizando para tal efecto a Miguel Aguilar Meza, quien gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a los pasantes de la carrera de Licenciado en Derecho a que alude. 3. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y da fe la Secretaría Mayra Stephany Medel Hernández.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SERGIO DANIEL SOLORIO MENDEZ, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Sergio Daniel Solorio Méndez, por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1331/2022. 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contempladas en el aludido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. En el caso específico, la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público Investigador del Módulo II, de la Subprocuraduría Regional de La Piedad, Michoacán, con sede en Puruándiro, Michoacán, la omisión de dictar auto de "judicialización o no" de la carpeta de investigación 1003202101036, con número de expediente MOR/053/20626/2021, empero, de una interpretación de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que de lo que se duele el quejoso es que habiendo tenido acceso a los registros de la carpeta de investigación, particularmente, a los dictámenes periciales, los que a su consideración serían suficientes para que el órgano investigador decrete el no ejercicio de la acción penal y, al no hacerlo, en la base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública, sigue apareciendo como imputado, lo que le impide realizar la gestión de trámites, como por ejemplo, la expedición de la carta de no antecedentes penales. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala que: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Precepto que acota su notificación exclusivamente a la la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución; sin embargo, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales, entre los que se encuentran los del imputado, en términos del artículo 105, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales , durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de las partes, de conformidad con la tutela que prevé el artículo 134, fracción II del citado ordenamiento . En apoyo a lo anterior es de invocar el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido." Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, concluyó que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación sí entran en el rango de las determinaciones y el objeto del recurso innominado; por lo tanto, debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, que coincide en lo sustancial con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que determinó que tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Consecuentemente, previo a la promoción del presente juicio, se debió agotar el recurso ordinario de defensa, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones el ubicado en el número 62, interior 22, de la calle Leona Vicario, colonia Centro y autorizando para tal efecto a Miguel Aguilar Meza, quien gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a los pasantes de la carrera de Licenciado en Derecho a que alude. 3. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y da fe la Secretaría Mayra Stephany Medel Hernández.

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