Selene Roldán Iturbe

Expediente 1365/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1365/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Selene Roldán Iturbe

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1365/2022-V.. Puebla, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuaderno incidental. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    --- JUICIO DE AMPARO 1365/2022-V. Puebla, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo con firma electrónica (evidencia criptográfica) de ++++++++++++++++++, quien refiere lo hace en representación de los +++++++++++++++++., contra actos del Director de Seguridad Pública del Municipio de San Martín Texmelucán, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se descarta tramitación urgente. Previo a proveer lo relativo a la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario emitir un pronunciamiento en torno a los supuestos actos de urgencia que alegan los quejosos. Los actos reclamados por los quejosos, son los siguientes: La omisión de brindar auxilio a ++++++++++++++++++++++++. quienes se encontraban en peligro de perder la vida ante el ataque violento de diversas personas dirigidas por ++++++++++++++++" con arma de fuego y arma pulso cortante, así como la privación ilegal de la libertad de la menor de nombre con iniciales ++++++++++++++++. quien se encontraba en el exterior del puesto s/n del pasillo uno del área +++++++++++++++++++, Puebla por diversas personas dirigidas por el mencionado +++++++++++++++++",. Empero, de la lectura del capítulo de hechos o abstenciones de la demanda de amparo los cuales el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en particular de lo narrado en los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se desprende que las personas por las que dice promover en su representación, se encuentran en libertad porque el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós -fecha en que está suscrita la demanda de protección de derechos- realizaban preparativos para apersonarse en la agencia del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. Hechos que descartan actos urgentes sobre los cuales pronunciarse. Por tanto, en la especie, los actos reclamados por los promoventes no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, a consideración de la suscrita, se surte la causa de improcedencia prevista en los artículos 1°, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción I del primero de dichos preceptos establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El segundo de los numerales antes mencionados dispone que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley. De igual manera, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Así se desprende de lo previsto en el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo2 . Y el tercero de los preceptos dispone la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. En consecuencia, la causa de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el primero de ellos contrario sensu, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el presente caso, porque Ismael Roldán Iturbe, refiere promover en representación de los quejosos ++++++++++++++++++++., y que reclama los siguientes actos. ". 1.- La omisión de brindar auxilio a los CC. ++++++++++++++++++++. quienes se encontraban en peligro de perder la vida ante el ataque violento de diversas personas dirigidas por el C. +++++++++ "N" con arma de fuego y arma pulso cortante. 2.- LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE LA MENOR DE NOMBRE CON INICIALES N.C.M.R. POR DIVERSAS PERSONAS DIRIGIDAS POR EL C. ++++++++++++++++++", MENOR QUE SE ENCONTRABA EN EL EXTERIOR DEL PUESTO S/N DEL PASILLO UNO DEL ÁREA LUIS DONALDO COLOSIO DEL TIANGUIS DE ROPA DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 3.- LOS DEMÁS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y QUE NO FUERON PRECISADOS. .". Empero, de la lectura del capítulo de hechos o abstenciones de la demanda de amparo los cuales el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, en particular de lo narrado en los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se desprende que las personas por las que dice promover en su representación, se encuentran en libertad porque el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós -fecha en que está suscrita la demanda de protección de derechos- realizaban preparativos para apersonarse en la agencia del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. Lo anterior refleja que ++++++++++++++ carece de legitimación para promover en representación de los directos quejosos +++++++++++++++++ la demanda de amparo, porque al estar en libertad +++++++++++++++++ están en aptitud legal de promover su demanda de amparo respecto de la omisión que se señala como primer acto reclamado, así como respecto de los que deriven de tal omisión. Por otra parte, respecto del segundo acto que señalan como reclamado y que hacen consistir en la privación ilegal de la libertad que refieren sufrió la menor de iniciales +++++++++++++++ el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós en el exterior del puesto sin número del pasillo uno del área Luis Donaldo Colosio del Tianguis de Ropa de San Martín Texmelucan, Puebla, al parecer fue realizada por diversas personas dirigidas por el C. ++++++++++++++ siendo esta última persona un líder del referido tianguis -como lo menciona bajo protesta de decir verdad el promovente del amparo en los antecedentes de los actos reclamados-. De ahí que dicha privación de la libertad de la indicada menor que atribuyen fue realizada el dieciocho de diciembre de dos mil veintidós por diversas personas dirigidas por el C. Roberto Medel "N", no se trata de un acto de autoridad que haga procedente la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 1°, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, de los que derivan de este segundo acto que señala el promovente como reclamado. Conforme a lo expuesto, es evidente que Ismael Roldán Iturbe, carece de legitimación para promover juicio de amparo en representación de los +++++++++++++++++++.; es decir, para ejercer la acción constitucional, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estimen violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; sin que en el caso se acredite alguna de las hipótesis que facultan a un tercero para promover el juicio de amparo en nombre de quien resulta directamente afectado por los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo 76, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de texto siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Por todo lo anterior, y al carecer de legitimación la promovente de la demanda para ejercer la acción constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 1°, fracción I, 6 y 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal. Sin embargo, se les hace de su conocimiento que quedan expeditos los derechos de ++++++++++++++++++++++ para denunciar ante el Ministerio Público las conductas que atribuye a los policías (la omisión de auxiliar) y a un particular (por la privación de la libertad). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene por señalado el usuario "++++++++++++++++++", relativo a los Servicios en Línea del Poder Judicial Federal para el acceso y consulta del expediente electrónico. En consecuencia, se instruye al secretario encargado de este expediente, habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes su acceso al referido usuario. Por otra parte, Ismael Roldan Iturbe queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, a los demás profesionistas con las facultades restringidas del mencionado artículo por no tener registradas sus cedulas profesionales en el mencionado sistema. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (vía electrónica) y cúmplase

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