Sefora Garza Bonilla

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Sefora Garza Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 594/2023. Puebla, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 594/2023-IV. Puebla, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el ocurso signado por la quejosa ***** por derecho propio, en el que da cumplimiento a la prevención formulada en el proveído inicial de este juicio, como sigue: 1. Aclara que el acto reclamado consiste en la negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, para tener acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra (de la quejosa); y 2. Manifiesta que solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, dentro de la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra, mientras se analiza la conducta del agente señalado como responsable. Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa y que aclaró con el escrito recibido en líneas anteriores, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el único acto combatido conforme al escrito aclaratorio, fue delimitado por la quejosa de la forma siguiente: La negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, para tener acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra. Sin embargo, esa negativa encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, porque la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, tampoco ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, y no se encuentra detenida ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis que se invoca enseguida. Tesis jurisprudencial 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que emergió de la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 2/2022-, de la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025272, como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN. Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. De la tesis jurisprudencial transcrita, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de permitirle el acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.3 Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del Ministerio Público, de otorgarle acceso a la carpeta de investigación, donde no ha sido llamada con el carácter de imputada y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por la quejosa en la cual pretende reclamar como único acto, el siguiente: La negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, para tener acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra. Pero los antecedentes narrados en la demanda de la quejosa, informan lo siguiente: No ha intervenido con el carácter de imputada en la referida carpeta; Tampoco ha sido entrevistada por el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras; y Sólo recibió información sobre la existencia de la mencionada carpeta porque dos agentes ministeriales al parecer adscritos a la Fiscalía General Regional de Zacatlán, se constituyeron en su domicilio. Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa de acceso a la carpeta de investigación: no tiene reconocido el carácter de imputada en la mencionada carpeta. Más aún, los antecedentes de la demanda y el escrito aclaratorio, tampoco revelan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra la quejosa, derivados de la referida carpeta. Entonces, si la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la carpeta mencionada y sólo existe la información de que se ubica en esa posición (de imputada), como se desprende de la demanda, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que la quejosa tenga reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra esta, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría a la quejosa instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en esta. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que la quejosa es imputada en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de acceso, sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado o bien que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Supuestos en los cuales no se encuentra la quejosa, conforme a lo narrado en su demanda. Incluso se advierte que ningún documento exhibió para demostrar actos de molestia dirigidos en su contra, o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían a la quejosa, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como la quejosa sin tener reconocida la calidad de imputada, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para la quejosa, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que la negativa combatida en la demanda, encuentra la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada, motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer a la quejosa el carácter de imputada, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la carpeta de investigación. Pero de momento no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, tampoco está detenida ante el Ministerio Público que la tramita, no ha sido citada para recabarle entrevista ni se le ha dirigido un acto de molestia. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto del único combatido conforme a su escrito aclaratorio, por las razones expuestas. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, porque el acto que reclamó al fiscal señalado como responsable, encontró la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta. Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, SIN QUE ACUDIERA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, POR TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL SIGUIENTE ACUERDO: JUICIO DE AMPARO 594/2023-IV Puebla, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el ocurso signado por la quejosa ***** por derecho propio, en el que da cumplimiento a la prevención formulada en el proveído inicial de este juicio, como sigue: 1. Aclara que el acto reclamado consiste en la negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, para tener acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra (de la quejosa); y 2. Manifiesta que solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, dentro de la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra, mientras se analiza la conducta del agente señalado como responsable. Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa y que aclaró con el escrito recibido en líneas anteriores, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el único acto combatido conforme al escrito aclaratorio, fue delimitado por la quejosa de la forma siguiente: La negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, para tener acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra. Sin embargo, esa negativa encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, porque la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, tampoco ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, y no se encuentra detenida ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis que se invoca enseguida. Tesis jurisprudencial 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que emergió de la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 2/2022-, de la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025272, como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN. Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. De la tesis jurisprudencial transcrita, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de permitirle el acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.3 Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del Ministerio Público, de otorgarle acceso a la carpeta de investigación, donde no ha sido llamada con el carácter de imputada y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por la quejosa en la cual pretende reclamar como único acto, el siguiente: La negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, para tener acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra. Pero los antecedentes narrados en la demanda de la quejosa, informan lo siguiente: No ha intervenido con el carácter de imputada en la referida carpeta; Tampoco ha sido entrevistada por el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras; y Sólo recibió información sobre la existencia de la mencionada carpeta porque dos agentes ministeriales al parecer adscritos a la Fiscalía General Regional de Zacatlán, se constituyeron en su domicilio. Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa de acceso a la carpeta de investigación: no tiene reconocido el carácter de imputada en la mencionada carpeta. Más aún, los antecedentes de la demanda y el escrito aclaratorio, tampoco revelan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra la quejosa, derivados de la referida carpeta. Entonces, si la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la carpeta mencionada y sólo existe la información de que se ubica en esa posición (de imputada), como se desprende de la demanda, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que la quejosa tenga reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra esta, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría a la quejosa instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en esta. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que la quejosa es imputada en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de acceso, sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado o bien que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Supuestos en los cuales no se encuentra la quejosa, conforme a lo narrado en su demanda. Incluso se advierte que ningún documento exhibió para demostrar actos de molestia dirigidos en su contra, o alguno que haya sido realizado con anterioridad a la presentación de la demanda, relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían a la quejosa, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que la quejosa no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como la quejosa sin tener reconocida la calidad de imputada, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para la quejosa, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que la negativa combatida en la demanda, encuentra la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada, motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer a la quejosa el carácter de imputada, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la carpeta de investigación. Pero de momento no tiene reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta, tampoco está detenida ante el Ministerio Público que la tramita, no ha sido citada para recabarle entrevista ni se le ha dirigido un acto de molestia. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto del único combatido conforme a su escrito aclaratorio, por las razones expuestas. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la quejosa, porque el acto que reclamó al fiscal señalado como responsable, encontró la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta. Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 594/2023-IV. Puebla, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por la quejosa *****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a la quejosa que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a la quejosa a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Prevención La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el acto reclamado y el capítulo de suspensión, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque la imprecisión en los aspectos mencionados, impide esclarecer la procedencia de la acción de tutela constitucional, en detrimento de la justicia expedita que se debe asegurar a la quejosa -si la demanda fuera admitida-. Para demostrarlo, debe indicarse que el reclamo planteado en la demanda, fue delimitado como sigue: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La privación a los derechos que me concede el artículo 20 constitucional en su apartado B fracción I, III, IV, VI, VIII, Y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales TODA VEZ QUE SE LE HA PRIVADO A LA SUSCRITA POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PODER COMPARECER DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***** A FIN DE QUE RECIBA MI ENTREVISTA, QUE SE ME HAGA SABER LOS HECHOS QUE SE ME IMPUTAN, ASI COMO LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN, COMO HA SER ASISTIDA POR UN ASESOR PARTICULAR, A TENER EL ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, ASI COMO OBTENER COPIA GRATUITA DE LOS MISMOS, A QUE SE RECIBAN LOS DATOS DE PRUEBA, Y TODA VEZ QUE EL ILICITO DE MERITO ES UN DELITO PATRIMONIAL NO VIOLENTO QUE ADMITE UNA SALIDA ALTERNA EL CUAL LA SUSCRITA PUEDO SOMETERME A MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIA EN MATERIA PENAL EN ZACATLAN, PUEBLA.". Esa delimitación resulta imprecisa porque fue soportada en una aseveración genérica: ".La privación a los derechos que me concede el artículo 20 constitucional en su apartado B fracción I, III, IV, VI, VIII, Y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Sin embargo, debe indicarse que los antecedentes relatados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, informan una negativa de la única autoridad señalada como responsable: el agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla (sic). En efecto, los antecedentes que obran en la demanda de amparo, permiten visualizar que aquélla compareció con el agente señalado como responsable, con la intención de participar en la mencionada carpeta de investigación, como persona investigada, a lo cual ".el fiscal me dijo que no podía comparecer dentro de la carpeta y mucho menos darme copias ya que ya estaba en etapa inicial de investigación y ya la iba a judicializar.". De modo que el acto reclamado parece involucrar una conducta específica del agente responsable: negó a la quejosa el acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra, y también le negó copias de los registros integrados a la carpeta. Por consiguiente, debe requerirse la aclaración del reclamo planteado en la demanda, a fin de tener certeza de si fue dirigido contra la negativa de acceso y de copias. Empero, la quejosa tendrá que aclarar esa parte de la demanda (el acto), sin variar los antecedentes porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si proporcionara antecedentes novedosos, en el escrito de aclaración, podría incurrir en la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al presentar la demanda de protección o bien, por introducir hechos novedosos que puedan implicar manifestaciones falsas. Por otro lado, debe indicarse que el capítulo de suspensión también resulta irregular, porque fue soportado en una petición genérica que dice: ".Toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, solicito a Usted se me conceda la suspensión provisional de los actos reclamados en virtud de que para el caso de que se llegaran a ejecutar me causaría violación y agravio con el carácter de irreparable.". Esa petición resulta imprecisa, porque no delimita los efectos concretos para los cuales se pretende la suspensión. No obstante, debe indicarse que la lectura integral de la demanda, permite visualizar que la intención de la quejosa es obtener la suspensión para que se detenga la investigación en la carpeta donde existe una denuncia en su contra, mientras se analiza la conducta del agente señalado como responsable: negó el acceso a la carpeta y también copias de los registros. Sólo que la quejosa debe ser quien aclare el capítulo de suspensión, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar la solicitud de suspensión y menos el acto reclamado, dado que este corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108 fracción IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste si el acto reclamado en su demanda, corresponde a la negativa verbal que le expresó el agente del Ministerio Público señalado como responsable, el cinco de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual negó el acceso a la carpeta de investigación donde existe una denuncia en su contra (de la quejosa), y también le negó copias de los registros integrados a la carpeta -en particular la que indicó en la demanda-; y 2. Exponga si la solicitud de suspensión que introdujo en su demanda, fue con el propósito de que se detenga la investigación en la carpeta donde existe una denuncia en su contra, mientras se analiza la conducta del agente señalado como responsable. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en esta ciudad de Puebla. Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ***** porque así lo solicitó aquélla y este tiene su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF del Poder Judicial Federal. En cambio, se tienen como autorizadas en términos restringidos, a las personas de nombres ***** porque si bien la quejosa les otorgó facultades amplias, también es verdad que estos no tienen registrada su cédula profesional en el referido sistema. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal a la quejosa; y cúmplase.

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