Sebastian Jurado Acevedo

Expediente 823/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
823/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Sebastian Jurado Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 823/2020 Puebla, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 823/2020 Puebla, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos promovida por ***, por propio derecho, con la firma electrónica de *, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro de la Ciudad de Puebla, Puebla y otra autoridad. .., se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Bajo ese contexto, se advierte que la demanda fue promovida, al parecer, por ****; sin embargo, fue firmada de manera electrónica por Rafael Flores Hernández, a quien se pretende autorizar en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Pero, dicha autorización no puede surtir efectos en el presente asunto, porque al no contener la firma electrónica de quienes se sustentan como quejosos, no puede apreciarse su voluntad para efectuar dicha autorización. En suma, contrario a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de los supuestos quejosos, ***. Ahora, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Sin embargo, en la especie, los quejosos señalaron como acto reclamado: ". el inconstitucional auto de Vinculación a Proceso y como consecuencia de dicha medida cautelar de prisión preventiva en nuestra contra de fechas veinte y veinticinco de septiembre del año dos mil veinte. Resoluciones por las cuales se nos considera su (sic) posible participación del hecho con apariencia de delito de Secuestro."; lo cual, si bien implica una afectación al derecho sustantivo a la libertad personal, lo cierto es que en ningún momento constituye un acto fuera de procedimiento; pues, los actos aquí reclamados fueron dictados en un proceso que se tramita con las reglas del sistema penal acusatorio, y además, la responsable ordenadora es una autoridad judicial, quien de conformidad con los artículos 167, párrafo tercero y 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, está facultada para ordenar la prisión preventiva así como dictar un auto de vinculación a proceso. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción para la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando el quejoso reclama actos urgentes De ahí que sea ineficaz la firma electrónica de la persona de nombre Rafael Flores Hernández, que utilizaron los quejosos para el envío de la demanda de amparo. Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por **, no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que los quejosos se encuentren incomunicados de modo tal que estén impedidos para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica de los propios quejosos, lo cual no acontece. En efecto el artículo 3 de la Ley de Amparo5, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos para su regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada" Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular Sebastián Jurado Acevedo, José Rodrigo Osorio Robles y Maidel Osorio Robles, presentaron -al parecer- la demanda de amparo; pero, omitieron agregar la evidencia criptográfica respectiva; y, en su lugar, agregaron la de Rafael Flores Hernández, a quien pretenden autorizar en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada"; sobre todo, porque como ya se explicó, en párrafos precedentes, los supuestos promoventes no se encuentran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que los faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica o a través de una firma electrónica distinta. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica de los quejosos; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se publiquen en este juzgado. Ahora, aunque el solicitante del amparo (Rafael Flores Hernández, quien firmó la demanda de amparo) solicita que las notificaciones electrónicas sean realizadas a través del usuario lic.rafael, el cual está vinculado con su nombre, correo electrónico y firma electrónica, resulta improcedente practicar en dicha forma las notificaciones, así como su propia autorización en los términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, pues como se indicó **no plasmaron su voluntad para ello. Por tal motivo, se tiene a Rafael Flores Hernández y a los restantes autorizados en los términos restringidos que establece el citado numeral, porque no se advierte que los directos quejosos le hayan otorgado facultades amplias de manera expresa. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial o mediante el sistema de citas explicado en apartados anteriores. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias..., procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ante la oposición expresa para la publicación de datos personales, se ordena salvaguardarlos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; por lista a la parte quejosa; y cúmplase.

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